Costos adicionales de Catalina
Publicado el: 25 julio, 2017 Por: BERNARDO VEGA
Monseñor Agripino Núñez Collado y sus compañeros de trabajo presentaron un amplio y bien documentado análisis sobre la saga de Catalina la Grande. Sin embargo, omitieron incluir varios temas.
No explicaron por qué, después de que durante la transición del 2012 la CDEEE estaba bien avanzada en preparar invitaciones para que el sector privado licitara para invertir en plantas, de repente Danilo Medina ordenó detener la licitación, pues su Gobierno había decidido construir dos plantas estatales y de carbón. La comisión debió haber hurgado sobre el porqué se decidió que el Gobierno fuese el que invirtiese en generación. Se especula que lo hizo para poder ofertar energía barata y así obligar a los generadores privados a hacer lo mismo, pero ese propósito se está logrando hoy día al obligar a las generadoras a primero vender a precio spot y, terminado el Acuerdo de Madrid, tener todas las generadoras que licitar su oferta. El argumento de que el sector privado no quería invertir es falso, pues durante la transición del 2012 existía esa disposición.
La comisión plantea que Punta Catalina debe “inicialmente quedarse bajo control estatal”, sin embargo, no cita los argumentos de peso, a favor y en contra, tras tan importante recomendación. ¿Por qué?
Para nosotros lo más importante que sí dijo la comisión fue que el contrato con Odebrecht es un “llave en mano”, es decir a precio fijo, por lo que cualquier incremento en costos es por cuenta de Odebrecht y sus subcontratistas, no por cuenta del contribuyente. La comisión consignó “que el Poder Ejecutivo debe prestar atención especial al posible escalamiento de costos y por tanto del precio del contrato, que podría derivarse de los atrasos en la construcción” ligado a un supuesto atraso en los pagos gubernamentales. Agregó: “Este es un proyecto llave en mano y, por lo tanto, no se deben aceptar ajustes de precios hacia arriba de lo establecido a precios constantes acordados en el presupuesto contratado”. La comisión percibió “un criterio bastante generalizado” de parte tanto de Odebrecht como de la CDEEE, de que los atrasos en la obra se deben a retrasos en la entrega de fondos por parte del Estado. La comisión agregó que: “No está convencida de que el atraso sea causado por atrasos en pagos”. El señor Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, ha declarado (¿por qué nunca dice nada el presidente de la CDEEE?) que es probable que se tenga que negociar incrementos en el costo de la obra, pero nunca se ha querido divulgar el costo acumulado. De hecho la obra tiene casi un año de atraso en su construcción. Lo importante no es el monto a que fue contratada la obra, después del descuento logrado por el presidente Medina, sino que ese sea el monto real que se pague y no que surjan ahora nuevas “addenda” para justificar pagos adicionales. Sería el colmo que Odebrecht, que tanto daño ha causado al país con obras sobrevaluadas, ahora logre, sin culpa del gobierno dominicano, dinero adicional por encima de lo contratado bajo el sistema de llave en mano. La comisión concluye: “El gobierno dominicano debe determinar las verdaderas razones del retraso en la construcción de la planta y estimar el costo de las pérdidas para solicitarle al consorcio la debida compensación”. Es decir que no solo no se pague más, sino que se obtenga compensación.
El ministro administrativo de la presidencia, señor Peralta, ha declarado que el presidente Medina aceptará todas las recomendaciones de la comisión. Para nosotros la principal recomendación es la de solo pagar a Odebrecht lo estipulado en el contrato, después del descuento que logró el presidente Medina y también recibir compensación por el atraso.
Sería una tragedia política para el Presidente que, no haciendo caso a la comisión, autorice pagos adicionales a una Odebrecht que sobrevaluó las otras obras que ha construido en el país. Medina ha querido que Catalina quede fuera del escándalo, pero si admite pagos adicionales y no pide compensaciones por el atraso, a pesar de lo recomendado por la comisión que él mismo nombró para evitar que el escándalo abarcase su obra magna, la opinión pública no se lo perdonará.
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