Pablo Iglesias ha dimitido. Se ha ido. No ha podido más. Lo han echado. Ha preferido proteger a su familia que seguir jugándose la vida por defender sus ideas de justicia. Ha dicho basta a los ataques, bulos, odio y veneno mediático y judicial del que ha sido víctima. El hombre al que las encuestas le otorgaban un 28% de intención de voto en 2014 se ha ido porque los medios de comunicación lo han convertido en el ser más odiado de España para evitar que fuera presidente del Gobierno.
Le preguntaba el otro día a una amiga personal de Pablo Iglesias cómo es él en privado y qué relación tiene con sus hijos. Me habló de un padre tierno, cariñoso y rabiosamente volcado en la educación de sus hijos, que se tiraba a jugar con sus tres niños en el suelo de casa y que cuadraba a diario la agenda para dormir siempre en casa y darle un beso de buenas noches a cada uno de ellos. El relato me parecía tan hermoso que se me hizo un nudo en la garganta de la emoción. "Es como si me hablaras de otra persona, nadie lo diría” , le dije. A lo que ella me respondió: “Él es así, no como lo pintan los medios. Es tierno, cariñoso, cuida a su gente, te llama si intuye que estás mal y te habla siempre de una forma delicada para no herirte. Son los medios de comunicación quienes llevan siete años trabajando para que parezca que es el diablo y un macho alfa”.
La conversación lleva resonándome sin parar desde que Iglesias abandonó la política el pasado martes. Estudié Periodismo y tuve asignaturas que explicaban la estructura de propiedad de los medios. Los profesores me explicaron que los grandes medios de comunicación tienen la capacidad de dirigir un país a base de titulares y de convertir en un trapo a quien se atreva a defender al pueblo de la voracidad del poder económico. Por cuestiones que no vienen al caso, conozco algo la política argentina y el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, quien perdió las elecciones en 2015 después de años de tertulias, titulares y mentiras sobre su supuesta corrupción que años después ha quedado en nada.
Vi en directo cómo decenas de motos con cámaras siguieron a la expresidenta argentina, como si fuera el Tour de Francia, desde su casa hasta los juzgados a declarar cuando la denunció la oposición y como esos mismos medios de comunicación no hicieron la misma espectacularización cuando fue ella la que denunció a la derecha argentina por haberla estando espiando en una versión propia de las cloacas del Estado que han operado en España contra Pablo Iglesias. Una red parapolicial, creada por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz y que conocían miembros de PP y PSOE, ha estado creando informes falsos contra Podemos, casi desde su nacimiento, que se filtraban a medios de comunicación que luego los difundían sabiendo de antemano que eran mentira y que habían sido mandados a fabricar. Que la gente piense que Venezuela ha financiado a Podemos se debe a informes policiales falsos que han sido reproducidos por los medios de comunicación. No creo que haya siglos para tapar esta vergüenza democrática que recae sobre el establishment mediático, político y judicial de España.
En una de las vistas orales, la expresidenta argentina le dijo al juez algo más o menos así: “Nos intentan acusar de que somos chorros (ladrones) porque lo que no pueden decir es que nos sientan en este banquillo por defender a los pobres frente al poder económico concentrado”. El kirchnerismo no sólo aprobó planes en contra de la pobreza extrema en un país rico como Argentina, sino que se atrevió a aprobar una ley para restringir la entrada del poder económico concentrado en la propiedad de los medios de comunicación. Es decir, aprobó una ley para evitar que lo que la gente lee, oye o ve esté en propiedad de pocas manos. O lo que es lo mismo, aprobó la democratización de un derecho fundamental como la información para que ningún grupo empresarial diera un golpe de Estado a través de los medios de comunicación de su propiedad.
El todopoderoso Grupo Clarín, vinculado con el Grupo Prisa (El País o la Ser), impugnó los artículos de la ley que limitaban al 25% el máximo de acciones que un grupo empresarial podía tener sobre un mismo medio de comunicación. En 2015, Cristina Fernández de Kirchnner perdió las elecciones, gracias a la violencia desmedida de los medios de comunicación. Su sustituto, Mauricio Macri, hijo de uno de los mayores empresarios del país, lo primero que hizo nada más llegar fue anular los artículos que limitaban el peso que una misma corporación podía tener sobre la propiedad de los medios de comunicación. Ni que decir tiene que Macri contó con el apoyo inestimable del Grupo Clarín en Argentina y del Grupo Prisa en España, a pesar de que aumentó la pobreza en cuatro millones de personas y de que el país sudamericano se volvió a endeudar de nuevo con el FMI, después de que el kirchnerismo saldara toda la deuda externa que llevó a Argentina al colapso.
La violencia fue tal que la hija de Cristina Fernández de Kirchner acabó ingresada en una clínica de salud mental y se tuvo que ir fuera del país para poder alejarse del odio y la violencia de los medios de comunicación. El marido de Cristina Fernández, el también expresidente Néstor Kirchner, murió de un infarto en 2010. En realidad, más que medios de comunicación, sería más acertado si habláramos de ejércitos, que son propiedad del poder económico concentrado. Los nuevos golpes de Estado contra los progresistas del mundo ya no son militares, no hace falta. Un opositor denuncia sin base, un juez de instrucción abre una investigación que tarda años y los medios de comunicación informan sobre la investigación como si fueran hechos probados y hubiese una sentencia en firme. Horas y horas de difamación, señalamiento y mentiras o medias verdades, que es la peor forma de mentir, son suficiente para hacer caer la imagen pública de quien se atreva a desprivatizar una empresa que antes fue pública, subir el sueldo a los trabajadores, regular los precios del mercado del alquiler o ponerle límites al poder económico concentrado.
No son periodistas, son militares
Hoy ha sido Pablo Iglesias, ayer fue Cristina Fernández de Kirchner, anteayer fue Lula da Silva o Dilma Rousseff y mañana será Yolanda Díaz si dice que se tiene que cumplir el acuerdo de gobierno con el PSOE y derogar la reforma laboral en contra de la postura de Nadia Calviño, que no es más que una de las representantes del poder económico concentrado en el Consejo de Ministros. La democracia está herida de muerte cuando, como ocurre en España, dos grandes corporaciones, Mediaset (Telecinco, Cuatro) y Atresmedia (La Sexta, Onda Cero, Antena 3, Planeta), controlan la casi totalidad de lo que se lee, se oye o se ve por televisión. Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Vicente Vallés o Susana Griso no son periodistas, son militares.
España debe ir pensando muy en serio, si hay algún político que se atreva a tanto sabiendo a qué se atiene, en regular los ejércitos comunicativos y ponerle límites al poder económico concentrado en la propiedad de lo que se ve, se lee y se oye. De la misma manera que uno de los mayores logros de la Transición fue democratizar el Ejército, en esta segunda transición que vive España es urgente democratizar los nuevos ejércitos, los medios de comunicación, si queremos que la democracia siga existiendo.
Los medios de comunicación han conseguido destruir la imagen pública de un hombre bueno, que tenía como objetivo acabar con la pobreza que sufre un tercio de la población española. Un tercio de gente en pobreza en la cuarta economía de la Eurozona es un delito de lesa humanidad. Los medios te dejan organizar un telemaratón para recaudar fondos contra la pobreza infantil, pero no te permiten preguntarte por qué hay niños y niñas pobres en un país rico y tomar medidas de redistribución de la riqueza para acabar con la pobreza en perjuicio de los que lo tienen todo y quieren todavía más. Si se te ocurre mirar de frente al poder económico concentrado, lo que te espera es un ejército cuyas bombas son televisiones, radios y periódicos que publican lo mismo en varios colores para que el pueblo crea que pluralidad es decir lo mismo con diferentes presentadores. Ya no hacen falta secuestros, torturas o aviones de la muerte para eliminar a líderes progresistas incómodos para el poder económico. Matar civilmente a un político incómodo es tan fácil como disparar mentiras y odio desde los medios de comunicación. A Pablo Iglesias no lo ha echado el pueblo, lo han matado civilmente los medios de comunicación.
https://laultimahora.es/los-medios-de-comunicacion-son-los-nuevos-ejercitos/
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