Deuda pública | Magín Díaz: Profesionalización del manejo de la deuda ha permitido a RD postergar reforma fiscal

Ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.Fuente externa

Magín Díaz: Profesionalización del manejo de la deuda ha permitido a RD postergar reforma fiscal

La realización de una reforma fiscal en República Dominicana es una de las acciones que el gobierno y los sectores productivos mantienen en la lista de pendientes, a pesar de ser un mandato legal.

Santo Domingo, RD. | 08/05/2026 09:46 | Ángel Valdez | Deuda pública | 

La realización de una reforma fiscal en República Dominicana es una de las acciones que el gobierno y los sectores productivos mantienen en la lista de pendientes, a pesar de ser un mandato legal. Tras la última reforma fiscal realizada en 2012, el Poder Ejecutivo no ha logrado el consenso para cumplir con la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo para el año 2030.

Es precisamente esta pieza la que ordena la ejecución de una transformación del marco tributario del país basada en la progresividad y sostenibilidad financiera a largo plazo. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, expresó ayer lo que considera como la explicación ante el funcionamiento del sistema económico público del Estado sin una modernización fiscal: la profesionalización del manejo de la deuda.

“Eso es lo que nos ha permitido llegar, lo que nos ha permitido mantener el nivel de gasto, que ha ido aumentando, pero los ingresos no. Eso sea financiado con la profesionalización del manejo de la deuda en los últimos 15 años”, afirmó, mientras participaba en una reunión con empresarios de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Díaz indicó que las autoridades gubernamentales están concentradas en manejar la crisis del petróleo causada por el conflicto bélico registrado en Medio Oriente, intentando reducir el impacto en los segmentos poblacionales más expuestos. No obstante, aclaró que “no hay un momento óptimo para una reforma fiscal”.

“En el 2004, en medio de la crisis bancaria económica, hubo que hacer una, en el 2011, (el expresidente) Leonel Fernández tuvo que hacer una porque lo  importante es mantener la estabilidad macroeconómica, si eso está en juego, hay que hacer lo que hay que hacer”, dijo Díaz al analizar en un conversatorio la coyuntura económica internacional y el impacto que tiene en el territorio nacional.

El funcionario resaltó que los ingresos recaudados por el Estado dominicano “son cortos”. Es por esta razón que, según dijo, “en algún momento como sociedad tendremos que ver ese tema”.

Subirá el precio de los combustibles

El Poder Ejecutivo ha destinado miles de millones de pesos para mitigar el alza de los carburantes, causada por el conflicto bélico registrado en Oriente Medio.

Sin embargo, la decisión de las autoridades no podrá calmar el malestar provocado en quienes se transportan a través de vehículos, ya que el plan del tren gubernamental consiste en continuar estableciendo “aumentos graduales en los precios de los combustibles”.

“Los aumentos tendrán que ser graduales para que la población se vaya adaptando. Estamos ante un choque del precio del petróleo de una magnitud muy grande. El combustible ha aumentado en un 12%”, expresó.

Díaz precisó que han destinado en promedio RD$1,500 millones cada semana para subsidiar los distintos combustibles comercializados en el país.

“(A pesar del) aumento del precio, el gobierno está subsidiando con un monto considerable para evitar que haya un aumento desproporcionado de precio en la economía”, declaró.

Según detalló, el Presupuesto General del Estado contiene un margen para aumentar el déficit, el cual está situado en 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, aclaró que en algún momento la cartera del Gobierno tendrá un límite para seguir subsidiando.

Para enfrentar el tope, las autoridades tendrían que recurrir a “reasignar partidas de gastos” contempladas en el presupuesto, permitiendo la continuidad de la subvención, “y combinarlo con aumentos graduales y razonables de los precios de combustibles”.

“Vamos a monitorear el precio internacional para ver hasta dónde el Gobierno puede llegar”, puntualizó.

20 % más rico de la población se queda con subsidios de la gasolina

Por otro lado, Díaz informó que el tren gubernamental optará por una estrategia más eficiente, a través de la cual sea la población vulnerable la más beneficiada: la focalización de los subsidios.

Estos serían aplicados en sectores como el transporte, fertilizantes, al igual que en productos de la canasta básica, si fuese necesario.

“Cuando aumenta el precio de los combustibles, vamos reduciendo los subsidios generalizados y parte de ese dinero podemos utilizarlo para mejorar los subsidios focalizados”, dijo.

De acuerdo con su explicación, el subsidio generalizado es más fácil, llega a todo el mundo, pero es ineficiente.

“La mitad del subsidio se lo lleva el 20% más rico de la población. Entonces lo ideal es ir desmontando lo generalizado y concentrarnos en los grupos más vulnerables de la población”, destacó.

Reducción del gasto corriente

Mientras tanto, el Gobierno apuesta por aplicar acciones que tienen el objetivo de eficientizar el gasto corriente del presupuesto.

“ (Reducir) gastos operativos, menos compras de bienes… vamos a tratar de optimizar para reasignar ese gasto a los subsidios o a la inversión”, reiteró.

“Hemos sobrellevado con éxito las crisis anteriores y ahora haremos lo propio salvaguardando la estabilidad macro y social del país”, contenía en imagen el cierre de la presentación que realizó Díaz ante un grupo de empresarios en la sede de la AIRD-

https://listindiario.com/la-republica/gobierno/20260508/magin-diaz-profesionalizacion-manejo-deuda-permitido-rd-postergar-reforma-fiscal_904889.html

💰🇩🇴 Magín Díaz: Profesionalización del manejo de la deuda ha permitido postergar la reforma fiscal

El ministro de Hacienda explica que, pese a ser un mandato legal, la reforma fiscal sigue pendiente gracias a una gestión más profesional de la deuda pública 📊. En un contexto de alza del petróleo por el conflicto en Medio Oriente 🌍🛢️, el Gobierno prioriza la estabilidad macroeconómica, subsidios focalizados y aumentos graduales de los combustibles 🚗⛽.

También advierte que los ingresos del Estado son limitados y que, como sociedad, el debate fiscal será inevitable 🤝.

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La deuda no puede seguir sustituyendo la reforma fiscal

La afirmación de Magín Díaz —que la profesionalización del manejo de la deuda ha permitido postergar la modernización tributaria— describe con crudeza una realidad: la estabilidad macro se ha defendido más con financiamiento que con reformas. Pero el crédito compra tiempo, no resuelve el problema de fondo.

La reforma fiscal en República Dominicana se ha convertido en ese pendiente que todos reconocen y casi nadie quiere tocar. Se admite en privado, se menciona en foros empresariales, se diagnostica en documentos técnicos y se posterga en la agenda política. El resultado es una paradoja: el país ha logrado sostener estabilidad, expandir gasto y atender shocks externos sin la modernización tributaria que la ley manda y que la economía demanda. Y ahí radica el valor —y el riesgo— de la frase del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz: la profesionalización del manejo de la deuda ha permitido mantener el nivel de gasto aun cuando los ingresos no han crecido al mismo ritmo.

Ese reconocimiento, por transparente, merece una lectura seria. No es un elogio automático ni una confesión impropia. Es, más bien, la descripción de un mecanismo que ha sostenido el equilibrio: ante ingresos “cortos” y la falta de consenso para una reforma, el Estado ha recurrido a financiar la diferencia de manera cada vez más ordenada, aprovechando mejores prácticas de colocación, perfilamiento de vencimientos, manejo de riesgos y reputación de mercado. En un mundo donde el crédito es también confianza, gestionar la deuda con disciplina ha sido una forma de comprar estabilidad. Pero el tiempo comprado se agota, y el costo de seguir comprándolo puede aumentar de golpe cuando la coyuntura internacional se complica.

La Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo con horizonte 2030, no se planteó como un texto ornamental. Ordena una transformación del marco tributario con criterios de progresividad y sostenibilidad financiera de largo plazo. Sin embargo, desde la última reforma en 2012, el país no ha logrado el consenso necesario para una revisión integral. No es solo un tema de tecnicismo fiscal: es un problema de economía política. Porque cada reforma real toca intereses, modifica equilibrios y obliga a una conversación incómoda sobre quién paga, cuánto paga y qué recibe a cambio.

Por eso resulta relevante la otra idea expuesta por Díaz: “no hay un momento óptimo para una reforma fiscal”. La historia dominicana lo confirma. En 2004, en plena crisis bancaria y económica, hubo que actuar. En 2011, también se tomaron decisiones en nombre de la estabilidad. La lección es clara: cuando la estabilidad macroeconómica está en juego, las sociedades hacen lo que no querían hacer. La pregunta, entonces, no es si habrá o no reforma; es si se hará por convicción, planificación y pacto social, o por urgencia, presiones y poco margen de maniobra.

El contexto actual agrega un ingrediente explosivo: el choque petrolero derivado del conflicto bélico en Medio Oriente. El Gobierno ha reaccionado con subsidios millonarios para amortiguar el golpe, destinando —según lo explicado— alrededor de RD$1,500 millones semanales, en medio de un aumento del combustible cercano al 12%. Esa política puede ser defendible en el corto plazo como medida de contención social y de estabilidad de precios, pero no es neutra fiscalmente. Si el Presupuesto contempla un margen de déficit de 3.2% del PIB, ese margen no es infinito. Y aun cuando exista holgura momentánea, la persistencia del shock erosiona el espacio fiscal y obliga a escoger entre opciones difíciles: o se reasignan partidas, o se recorta gasto, o se suben ingresos, o se acelera el endeudamiento, o se combina todo con un costo político notable.

Aquí entra un punto medular que el ministro también puso sobre la mesa: la focalización. Los subsidios generalizados tienen una virtud operativa —son rápidos y alcanzan a todos— pero cargan un pecado de diseño: suelen beneficiar más a quienes más consumen, y quienes más consumen suelen ser quienes más ingresos tienen. Si, como se afirmó, la mitad del subsidio a la gasolina se la queda el 20% más rico, entonces estamos ante un esquema socialmente regresivo, aunque se vista de alivio colectivo. En ese escenario, la política pública inteligente no es prolongar indefinidamente el subsidio universal, sino transitar hacia apoyos focalizados: transporte, fertilizantes, canasta básica si hiciera falta, y transferencias mejor dirigidas a quienes realmente lo necesitan.

Pero focalizar no es solo mover una perilla; es mejorar el Estado. Requiere registros sociales confiables, interoperabilidad, trazabilidad, verificación y capacidad de auditoría. Requiere, también, credibilidad: que la población crea que el retiro de un subsidio generalizado no es un castigo, sino una redistribución más justa. Y esa credibilidad se construye con transparencia y con resultados, no con discursos.

El componente de gasto también es ineludible. “Reducir gasto corriente”, “menos compras”, “optimizar” para reasignar a inversión o subsidios focalizados: todo eso suena correcto y, en teoría, debería acompañar cualquier conversación fiscal. Sin embargo, el debate público dominicano suele caer en un falso dilema: o se habla solo de impuestos o se habla solo de recortes. La sostenibilidad exige un enfoque integral: ingresos suficientes, gasto eficiente y deuda administrada con prudencia. Quitar una pata de esa mesa es condenarla a tambalearse.

Lo que está en juego no es un tecnicismo contable; es el modelo de desarrollo. Un país que aspira a crecer con más productividad, atraer inversión, sostener políticas sociales y mejorar infraestructura no puede depender permanentemente del financiamiento para cubrir una brecha estructural entre gasto e ingresos. La deuda puede ser una herramienta legítima para inversión y para manejar ciclos, pero cuando se convierte en sustituto de una estructura tributaria moderna, termina imponiendo su propia agenda: mayores pagos de intereses, menor flexibilidad presupuestaria y más vulnerabilidad ante tasas internacionales y choques externos.

La profesionalización del manejo de la deuda, entonces, es una buena noticia… hasta que se usa como coartada para no hacer lo inevitable. La reforma fiscal no debe ser un “evento” traumático, sino un proceso pactado, gradual y creíble, con metas y calendarios, con protección a los más vulnerables y con compromisos verificables de eficiencia del gasto. Postergarla puede ser políticamente cómodo, pero económicamente costoso. Y si la hacemos solo cuando la estabilidad esté a punto de romperse, la haremos tarde, a la carrera y con menor justicia.

Al final, la pregunta que debemos hacernos como sociedad no es si queremos o no pagar más. La pregunta correcta es si queremos seguir pagando de la manera menos transparente —con subsidios regresivos, déficits crecientes o deuda acumulada— o si preferimos pagar de forma más justa, más eficiente y más alineada con el desarrollo. El crédito puede comprar tiempo. La reforma compra futuro. Y el futuro, a diferencia del tiempo, no se refinancia.

Luis Orlando Díaz Vólquez

En el Concordia Horizon Summit 2026, Yayo destaca cómo RD convierte inversión extranjera en empleo local

En el Concordia Horizon Summit 2026, Yayo destaca cómo RD convierte inversión extranjera en empleo local

Durante su ponencia en el panel “Impulsando un crecimiento que importa”, el titular del MICM demostró cómo el país ha consolidado un modelo de inversión inclusivo.

20 de febrero de 2026 | GE

Punta Cana, República Dominicana. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, participó en el Concordia Horizon Summit: Dominican Republic 2026, en el panel: “Impulsando un crecimiento que importa: conectando el capital y las comunidades en la RD”.

Frente a líderes empresariales y tomadores de decisión, Sanz Lovatón desglosó cómo el país está garantizando que el crecimiento de la inversión extranjera y nacional en sectores clave, como la manufactura y las energías renovables, se traduzca de manera directa en inclusión social, territorial y laboral.

El ministro estableció que el empleo formal es la prioridad absoluta del Estado, expresando que las zonas francas alcanzaron un máximo histórico en 2025 con más de 200,000 empleos directos, acompañados de un aumento salarial acumulado del 66% que ha mejorado sustancialmente la calidad de vida laboral. A la par, la industria nacional generó casi 120,000 nuevos empleos el pasado año.

Para sostener este ritmo competitivo, Sanz Lovatón destacó la fuerte apuesta del Gobierno por la formación de talento y la movilidad social. Esto se ejecuta mediante programas de formación dual para jóvenes en polos industriales, iniciativas de "Universidad + Industria" donde estudiantes resuelven retos corporativos, y becas especializadas en la Industria 4.0 (software, inteligencia artificial y ciberseguridad).

El funcionario destacó el impacto de la Ley 12-21 de Desarrollo Fronterizo, la cual, solo con los proyectos aprobados en 2025, proyecta más de 3,500 empleos en zonas vulnerables. Asimismo, resaltó la creación de parques eco-industriales orientados a la economía circular y resiliencia climática, el diseño de una hoja de ruta para cerrar las brechas de género en la manufactura, y los programas de responsabilidad social donde las industrias apadrinan parques recreativos y educativos en sus entornos.

Las Mipymes como motor de los encadenamientos productivos

Como eje transversal de este crecimiento inclusivo, el titular del MICM posicionó a las micro, pequeñas y medianas empresas que hoy representan el 98% del tejido empresarial, el 61.6% del empleo y el 32% del PIB como el centro de la política económica nacional.

Para garantizar su competitividad, el Gobierno ha desplegado una estrategia que combina financiamiento, innovación y "burocracia cero". Solo en 2025, se canalizaron RD$10,900 millones vía PROMIPYME y se logró un hito regional junto a la OMPI: permitir el uso de marcas y patentes como garantía de crédito a través del SEGM, sumando más de 150,000 registros. A la par, la digitalización de la Ventanilla Única redujo los tiempos de formalización en un 80%, consolidando la creación de más de 54,000 nuevas empresas en el último quinquenio.

Este ecosistema de apoyo se blinda con una fuerte política de equidad y asistencia territorial. Más de 18,700 personas han recibido asesoría directa mediante las "Rutas MIPYMES", mientras que el Estado actúa como el gran cliente de la producción nacional al otorgar acceso preferencial de compras públicas a más de 8,200 empresas con la certificación "Mipymes Mujer" y priorizar al sector industrial local a través del Decreto 31-22.

“Hoy nuestras mipymes son proveedores altamente competitivos del turismo, la agroindustria y las zonas francas. Impulsar su formalización, innovación y sostenibilidad desde el MICM no es solo una política pública, es el camino obligatorio para acelerar el crecimiento inclusivo y alcanzar la meta nacional de duplicar nuestro PIB al 2036”, recalcó el ministro.

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EDITORIAL

Inversión que se siente: cuando el capital aterriza en el empleo y en la comunidad

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

En tiempos en que la economía global oscila entre incertidumbres, tensiones geopolíticas y transiciones tecnológicas, los países que logran sostener el crecimiento no son necesariamente los que atraen más anuncios de inversión, sino aquellos capaces de convertir ese capital en prosperidad compartida. Esa es, en esencia, la discusión que volvió a colocarse sobre la mesa durante el Concordia Horizon Summit: Dominican Republic 2026, donde se insistió en un principio que debería guiar toda estrategia de desarrollo: crecer no basta; lo que importa es cómo se crece y para quién.

La República Dominicana ha sido, en los últimos años, un caso de interés regional por su capacidad de mantener dinamismo productivo, captar inversión y fortalecer sectores clave como la manufactura, las energías renovables y los servicios vinculados a las cadenas globales. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión —y el reto permanente— es asegurar que ese flujo de inversión no se quede en cifras macroeconómicas o en titulares optimistas, sino que se traduzca en empleo formal, salarios dignos, movilidad social y oportunidades territoriales reales.

La afirmación de que el empleo formal constituye prioridad del Estado no es un eslogan: es un criterio de evaluación. Si en 2025 las zonas francas superaron los 200,000 empleos directos y registraron un aumento salarial acumulado de 66%, el mensaje de fondo es que la competitividad ya no puede construirse a partir de precariedad laboral. Paralelamente, si la industria nacional generó casi 120,000 nuevos empleos, entonces debemos comprender que el músculo productivo interno —la capacidad de transformar, agregar valor y sostener encadenamientos— sigue siendo una vía legítima y estratégica para elevar el bienestar.

Pero toda cifra, por impresionante que parezca, exige una segunda pregunta: ¿es sostenible? Y ahí aparece la otra gran variable del desarrollo: la calidad del talento. Un país no escala en productividad solo por atraer plantas o firmar acuerdos; escala cuando forma a su gente para ocupar y crear puestos de trabajo de mayor valor agregado. En esa dirección, los programas de formación dual, los esquemas “Universidad + Industria” y las becas especializadas en competencias de Industria 4.0 —software, inteligencia artificial y ciberseguridad— son señales de que la discusión se está moviendo hacia donde debe: la productividad del futuro se decide hoy en las aulas, en los talleres, en los laboratorios y en la conexión práctica entre educación y empresa.

Ahora bien, cualquier modelo que aspire a ser inclusivo debe vencer un obstáculo histórico: la desigualdad territorial. Las oportunidades no se distribuyen por igual y, si la política industrial se concentra únicamente en las zonas tradicionales, el crecimiento terminará reproduciendo brechas. Por eso tiene relevancia el enfoque de desarrollo fronterizo: si la Ley 12-21, con proyectos aprobados en 2025, proyecta más de 3,500 empleos en zonas vulnerables, con las políticas del presidente Luis Abinader, el país está, al menos, intentando colocar inversión donde antes llegaba tarde o no llegaba. A eso se suman apuestas contemporáneas como parques eco-industriales, economía circular y resiliencia climática: no son lujos discursivos, son condiciones de supervivencia productiva en un mundo que penaliza cada vez más lo ineficiente y lo contaminante.

El crecimiento inclusivo también se mide por la capacidad de abrir puertas a quienes han quedado sistemáticamente rezagados. La hoja de ruta para reducir brechas de género en manufactura es una pieza necesaria: no puede hablarse de modernización industrial si se mantiene una estructura laboral donde las mujeres continúan enfrentando barreras de acceso, permanencia y ascenso. Una industria competitiva no es solo la que exporta más; es la que integra mejor su talento, amplía participación y eleva estándares.

Sin embargo, si existe un componente donde se juega la estabilidad social de la economía dominicana, ese es el universo de las mipymes. No se trata de un eslabón menor: representan el 98% del tejido empresarial, el 61.6% del empleo y el 32% del PIB. Son, en la práctica, el “sistema circulatorio” de la economía. Cuando las mipymes respiran, la economía se mueve. Cuando se asfixian por crédito caro, burocracia o informalidad, la economía cojea.

De ahí que resulte estratégico combinar financiamiento, innovación y simplificación. Canalizar RD$10,900 millones vía PROMIPYME en 2025 apunta a un objetivo: sostener liquidez y ampliar capacidad de producción. Permitir, junto a la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), que marcas y patentes sirvan como garantía de crédito a través del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM) abre un capítulo moderno: reconocer que el valor de una empresa no está únicamente en sus activos físicos, sino también en su capital intangible —marca, conocimiento, propiedad industrial—. Y reducir en un 80% los tiempos de formalización mediante la Ventanilla Única sugiere que la competitividad comienza, muchas veces, por algo tan simple y decisivo como **no hacer perder tiempo a quien quiere emprender**.

La asistencia territorial —con más de 18,700 personas atendidas en “Rutas MIPYMES”— y el uso de compras públicas como palanca de mercado —incluyendo la certificación “Mipymes Mujer” y la priorización del sector industrial local conforme al Decreto 31-22— completan el círculo: financiamiento, acompañamiento, mercado y reglas claras. Ese es el ecosistema que necesita una economía que quiere crecer sin expulsar a los pequeños del juego.

Con todo, sería ingenuo afirmar que el modelo está “resuelto”. Un país puede crear empleos y, aun así, enfrentarse a desafíos de productividad, informalidad persistente, costos energéticos, brechas de infraestructura, logística y presión por competitividad global. Por eso el editorialismo responsable no se limita a aplaudir; también exige continuidad, evaluación y corrección. Las metas —como duplicar el PIB al 2036— son útiles solo si vienen acompañadas de indicadores verificables: empleo formal neto, salarios reales, inserción territorial, participación femenina, densidad de encadenamientos, innovación y exportaciones con mayor valor agregado.

Lo importante de la conversación abierta en Punta Cana es que plantea una ruta: inversión que llega, pero también inversión que se queda; capital que se instala, pero también capital que forma; empresas que producen, pero también empresas que integran; crecimiento que luce bien en estadísticas, pero que se siente en el hogar. En definitiva, el país debe consolidar un contrato productivo moderno: atraer inversión con reglas competitivas y, al mismo tiempo, asegurar que esa inversión genere capacidades nacionales, empleos formales, mipymes fuertes y comunidades más resilientes.

En una economía que aspira a dar el salto, el debate no es “más inversión” a secas. El debate es mejor inversión: la que eleva productividad, mejora salarios, reduce brechas y construye futuro.

Sobre el autor

 

Luis Orlando Díaz Vólquez es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.

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En el Concordia Horizon Summit 2026, Yayo Sanz Lovatón destaca cómo RD convierte inversión extranjera en empleo local

En el panel “Impulsando un crecimiento que importa”, el ministro del MICM expuso el modelo dominicano de inversión inclusiva, con énfasis en formalidad laboral, formación de talento y fortalecimiento de mipymes.

20 de febrero de 2026 | @GuasabaraEditor

Punta Cana, República Dominicana. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, participó en el Concordia Horizon Summit: Dominican Republic 2026, como panelista en la sesión “Impulsando un crecimiento que importa: conectando el capital y las comunidades en la RD”, donde presentó los avances del país en la articulación de inversión, productividad y bienestar social.

Durante su intervención ante líderes empresariales y tomadores de decisión, Sanz Lovatón explicó cómo la República Dominicana ha consolidado un modelo de crecimiento inclusivo que procura que el dinamismo de la inversión extranjera y nacional en sectores estratégicos —como manufactura y energías renovables —se traduzca en inclusión social, territorial y laboral, elevando oportunidades en distintas regiones del país.

“El empleo formal es la prioridad absoluta del Estado. No hablamos solo de atraer capital, sino de convertirlo en mejores puestos de trabajo y en movilidad social para la gente”, afirmó el ministro.

Zonas francas e industria: empleo formal y mejora salarial

Sanz Lovatón destacó que las zonas francas alcanzaron un máximo histórico en 2025, superando los 200,000 empleos directos, junto a un aumento salarial acumulado de 66%, lo que ha contribuido a mejorar sustancialmente la calidad de vida laboral. En paralelo, señaló que la industria nacional generó casi 120,000 nuevos empleos durante el último año.

Formación de talento y movilidad social

Para sostener el ritmo competitivo y ampliar la participación de la población en las oportunidades de la economía, el titular del MICM subrayó la apuesta gubernamental por la formación de talento, mediante:

- Programas de formación dual para jóvenes en polos industriales.

- Iniciativas de “Universidad + Industria”, donde estudiantes apoyan la solución de retos corporativos.

- Becas especializadas en Industria 4.0, incluyendo software, inteligencia artificial y ciberseguridad.

Desarrollo territorial, economía circular y equidad

El ministro también resaltó el impacto de la Ley 12-21 de Desarrollo Fronterizo, indicando que, con los proyectos aprobados en 2025, se proyectan más de 3,500 empleos en zonas vulnerables. Además, enfatizó el impulso a parques eco-industriales enfocados en economía circular y resiliencia climática, junto a la elaboración de una hoja de ruta para reducir brechas de género en la manufactura.

En el mismo marco, mencionó programas de responsabilidad social que promueven la integración comunitaria, incluyendo iniciativas donde industrias apadrinan parques recreativos y educativos*en sus áreas de influencia.

Las mipymes como motor de los encadenamientos productivos

Como eje transversal de este crecimiento inclusivo, Sanz Lovatón posicionó a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)—que representan el 98% del tejido empresarial, el 61.6% del empleo y el 32% del PIB—como el centro de la política económica nacional.

Para fortalecer su competitividad, explicó que el Gobierno ejecuta una estrategia integral basada en financiamiento, innovación y simplificación de trámites (“burocracia cero”). Entre los principales avances, destacó que en 2025 se canalizaron RD$10,900 millones a través de PROMIPYME y se logró un hito regional junto a la OMPI al permitir el uso de marcas y patentes como garantía de crédito mediante el SEGM, alcanzando más de 150,000 registros.

Asimismo, indicó que la digitalización de la Ventanilla Única redujo los tiempos de formalización en 80%, contribuyendo a la creación de más de 54,000 nuevas empresas en el último quinquenio.

Asistencia territorial y compras públicas como palanca de crecimiento

En materia de equidad y acompañamiento, el ministro informó que más de 18,700 personas han recibido asesoría directa a través de las “Rutas MIPYMES”. También subrayó el rol del Estado como impulsor de la producción nacional mediante el acceso preferencial a compras públicas para más de 8,200 empresas con la certificación “Mipymes Mujer”, así como el respaldo al sector industrial local a través del Decreto 31-22.

“Hoy nuestras mipymes son proveedores altamente competitivos del turismo, la agroindustria y las zonas francas. Impulsar su formalización, innovación y sostenibilidad desde el MICM no es solo una política pública: es el camino obligatorio para acelerar el crecimiento inclusivo y alcanzar la meta nacional de duplicar nuestro PIB al 2036”, recalcó Sanz Lovatón.

Sobre el MICM

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) lidera las políticas públicas orientadas al fortalecimiento del aparato productivo, la competitividad, el comercio y el desarrollo integral de las mipymes, promoviendo un crecimiento sostenible e inclusivo.

La otra advertencia: 1.5%

Raúl Ovalle advierte que el sector, que creció 1.5% en el 2025 y aporta más de US$16,000 millones en valor agregado, de mantenerse esa tendencia podría perder el liderazgo

La otra advertencia: 1.5%

No es otra cifra, es un diagnóstico. Y el paciente es el sector de mayor peso de la economía.

Raúl Ovalle

18 febrero, 2026 10 minutos de lectura

En un artículo reciente advertimos que el crecimiento promedio del PIB de 3.4% del último sexenio era el menor en más de dos décadas. El 1.5% apunta al origen sectorial de esa erosión: es el crecimiento tendencial de 2025 del sector construcción, el que resulta de descontar el ruido estacional y cíclico. Su velocidad de crucero. Y es el menor nivel de los últimos treinta y tres años. La señal es estructural; la pregunta es si el daño aún es reversible.

La columna que sostiene el edificio

Si el 1.5% enciende alertas, es porque no estamos hablando de un sector marginal. La construcción dominicana aporta más de US$16,000 millones en valor agregado, lidera todos los sectores. Supera la economía de Bahamas. Como proporción del PIB, solo Panamá le sobrepasa en América Latina.

Cuando se incorpora su ecosistema ampliado, incluyendo servicios inmobiliarios, préstamos hipotecarios y a desarrolladores, seguros, fideicomisos, administración de propiedades, junto a la demanda que genera sobre otros sectores como el manufacturero, la minería o el transporte, su participación supera el 20% del PIB. En otras palabras, al menos uno de cada cinco pesos generados en la economía gravita, directa o indirectamente, alrededor de la construcción.

La construcción no solo pesa, también arrastra la inversión del país. Cerca del 80% de la formación de capital pasa por el sector. Desde su pico de 14% del PIB en 2022, su participación viene cayendo alrededor de medio punto por año, en paralelo al retroceso observado de la inversión total, sobre todo la privada.

De mantenerse esa trayectoria, hacia mediados del próximo año podría perder el liderazgo que hoy mantiene en participación y contribución al crecimiento.

De hecho, el impacto ya es visible en las cuentas nacionales: la contribución directa del sector al crecimiento del PIB se redujo a la mitad entre 2023 y 2025 de un punto porcentual a apenas medio punto.

El sector no solo se encoge; está frenando al resto de la economía.

La tormenta perfecta

También aquí sería injusto ignorar el contexto. Desde la pandemia, pocos sectores de la economía dominicana han absorbido tantos choques simultáneos en tan poco tiempo:

(1) un aumento acumulado de costos —materiales, logística y mano de obra— superior al crecimiento del ingreso de los hogares;

(2) un alza sostenida de tasas de interés desde los mínimos pandémicos, que encareció tanto el financiamiento de proyectos como la cuota hipotecaria de las familias;

(3) una volatilidad cambiaria inusualmente alta en un sector intensivo en insumos importados;

(4) cambios regulatorios bancarios que restringieron los préstamos en dólares a constructores y adquirientes, lo que altera el modelo de financiamiento del sector;

(5) una política migratoria reactiva, ejecutada vía operativos episódicos que contrajo súbitamente la oferta laboral y elevó su costo en zonas de alta actividad;

(6) estafas inmobiliarias aisladas cuyo ruido mediático erosionó la confianza de la diáspora, comprador clave del segmento de vivienda de bajo costo;

(7) una reducción deliberada de la inversión pública en infraestructura y

(8) una permisología cada vez más lenta y compleja, que opera como un impuesto regulatorio al encarecer y retrasar la ejecución de proyectos.

Ocho choques que convergen sobre un mismo sector. Y varios aún no ceden, porque la tormenta no termina de pasar.

La crisis haitiana sigue volátil e incierta, perpetúa el desorden en la oferta laboral. Los costos logísticos internacionales permanecen sujetos a disrupciones geopolíticas, particularmente desde el sudeste asiático. El marco fiscal 2026-2029 proyecta la inversión pública en los menores niveles en décadas.

Y a pesar de la caída reciente de las tasas locales, mientras las externas no cedan —y podrían no hacerlo si la percepción de menor independencia de la FED eleva las expectativas de inflación— el entorno doméstico de tasas y tipo de cambio podría tardar en normalizarse.

Advierto, si no se actúa, el 1.5% dejará de ser una anomalía. Será la norma.

Lo que no estamos viendo

El problema no termina en el PIB del sector. Empieza ahí. Un estudio revelador de Daniel De Oleo, de la Universidad de Kyushu (Japón), presentado en enero de este año, muestra que cuatro de cada diez hogares dominicanos sufren déficit habitacional.

La revelación más incómoda, sin embargo, es otra. El déficit habitacional dominicano ya no es, principalmente, un problema de paredes y techos: cerca del 70% de los hogares con carencias habitan estructuras adecuadas y, aun así, carecen de condiciones básicas: les falta agua, saneamiento y espacio habitable. El problema no es solo de unidades; es de hábitat. Y ese déficit habitacional tiene dos mapas: en las ciudades es más frecuente; en el campo, más severa.

Otro hallazgo revelador es que los hogares que financian su vivienda con crédito hipotecario tienden a presentar menos carencias que los propietarios sin crédito. En otras palabras, el financiamiento no solo facilita la compra; también se asocia con mejores condiciones de habitabilidad. Pero sin infraestructura pública que haga funcionales las viviendas y sus comunidades, como acueductos, alcantarillado, redes eléctricas o soluciones viales, ni el crédito ni la construcción de nuevas unidades resolverán el problema de fondo.

Lo que no estamos viendo es esto: si la desaceleración de la construcción se vuelve estructural y la inversión en infraestructura pública no se reactiva, el déficit habitacional no solo persistirá; puede profundizarse, encarecer su corrección y volverse territorialmente más desigual.

El riesgo de fondo tiene dos caras: por un lado, la erosión del principal motor de la economía y, con ella, del crecimiento potencial del país. Por el otro, el deterioro progresivo de las condiciones de vida de los dominicanos más vulnerables, hoy y en los años por venir.

Reconstruyendo el andamiaje

Revertir ambas caras del riesgo exige una ingeniería a la inversa: imaginar primero el destino y luego diseñar las rutas. Ese destino incluye un sector construcción recuperando participación en el PIB y aporte al crecimiento, una inversión agregada retomando la trayectoria necesaria para sostener el potencial del país, y un déficit habitacional reduciéndose de forma sostenida. Ese es el punto de llegada.

El punto de partida es la inversión pública. Deng Xiaoping lo resumió de forma elocuente: “si quieres hacerte rico, primero construye carreteras”. En RD esa frase además incluye acueductos, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, redes eléctricas confiables, conectividad logística eficiente, entre otras inversiones clave.

Se necesita un programa plurianual de infraestructura, con horizonte mínimo de un lustro, capaz de trascender el ciclo electoral. Cerrar brechas de infraestructura no es una meta de gobierno; es una meta de país. La cartera de proyectos debe diversificarse geográficamente y priorizarse con criterios explícitos: impacto en empleo y PIB regional, capacidad para reducir brechas habitacionales y potencial de activar nuevos encadenamientos productivos.

No es teoría. La Autovía del Coral no solo redujo tiempos de traslado entre la ciudad principal y el polo turístico más importante del país: amplió la frontera económica del Este, elevó su atractivo para la inversión privada y profundizó encadenamientos en turismo, logística, comercio, construcción y entretenimiento. Su costo fue comparable al de un hotel mediano, pero, a diferencia del hotel, sus efectos multiplicadores persisten en el tiempo.

Una carretera bien diseñada, al igual que otras infraestructuras públicas, no compite con la inversión privada; la hace viable y amplifica su retorno social.

Con esa misma lógica debe leerse la discusión sobre nuevas conexiones estratégicas: la carretera del Ámbar; corredores que integren polos agropecuarios del Sur con el Cibao; conectividad aérea más eficiente entre Cibao–Punta Cana. No se trata de un archipiélago de obras, sino de una red logística integrada que reduzca costos, conecte mercados y transforme potencial productivo en crecimiento efectivo, empleo y menor pobreza.

En segundo lugar, si el acceso al crédito formal se asocia con mejores condiciones habitacionales —como sugiere el estudio de De Oleo—, conviene explorar mecanismos que canalicen el ahorro de los trabajadores hacia el financiamiento de vivienda.

Hoy, el fondeo del sector depende en gran medida de liberaciones cíclicas de encaje del BCRD: un esquema que ata al sector al vaivén de las tasas y dificulta cerrar el déficit habitacional de forma sostenida. Se necesita una fuente más estable de financiamiento que preserve el acceso al crédito hipotecario, independientemente del ciclo monetario.

La región ofrece referencias útiles. Colombia avanzó con el Fondo Nacional del Ahorro, que articula cesantías, crédito para vivienda y ahorro voluntario, incluyendo trabajadores informales y la diáspora. Chile desarrolló esquemas escalonados por ingreso que combinan ahorro, subsidio estatal y crédito hipotecario para ampliar el acceso y sostener oferta formal.

Si el rediseño del régimen de cesantías sigue siendo una tarea pendiente, ¿por qué no evaluar simultáneamente un instrumento que habilite el uso parcial y prudente de estos recursos para vivienda?

Tercero, resolver la permisología de raíz. Esto debe asumirse con un propósito de legado institucional: dejar un sistema que funcione por reglas, plazos y capacidades técnicas, y no por la capacidad desigual del funcionario de turno.

Hay referentes internacionales que vale la pena estudiar: tiempos diferenciados según acreditación previa de empresas (Australia) o nivel de riesgo del proyecto (Emiratos Árabes Unidos); tercerización de procesos en firmas certificadas de ingeniería (Bahréin); y esquemas de silencio administrativo positivo para evitar parálisis cuando la administración incumple plazos (Alemania).

La descentralización también es una ruta clave, aunque transitoria, en el camino hacia la digitalización de los procesos. Con cerca de 40% del PIB de la construcción concentrado en el Cibao —más que cualquier otra región del país, incluida la capital—, mantener procesos críticos de permisos dependientes de Santo Domingo ya no es eficiente.

La meta es simple: equipos técnicos capacitados y capacidad resolutiva más cerca de donde ocurre la actividad. Siempre se ha dicho que “en Santo Domingo se firman los cheques”; ya es tiempo de que “en Santiago se firmen los permisos”, eficientemente.

Otro frente clave es la gestión inteligente de flujos laborales: permisos temporales, revisables según demanda, con biometría y trazabilidad. La meta no es abrir sin control ni cerrar sin criterio, sino equilibrar la necesidad económica del sector con la seguridad nacional para que casos como Friusa no solo no se repitan, sino que nunca vuelvan a escalar hasta ese punto.

Alguna vez un sabio dijo que una buena pregunta es aquella que tiene muchas respuestas. A la pregunta de cómo evitar que el crecimiento potencial de República Dominicana siga deteriorándose, la reactivación estructural del sector construcción es parte de la respuesta. No toda. Pero sin ella, las demás difícilmente funcionen.

El 3.4% fue una primera advertencia. Si lo que sigue es decisión, el 1.5% más que la segunda… podría ser la última.

https://www.elcaribe.com.do/opiniones/la-otra-advertencia-1-5/ 

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Magín Díaz reafirma economía RD volverá a crecer entre un 4.5 y 5 % en 2026

Economía | Magín Díaz reafirma economía RD volverá a crecer entre un 4.5 y 5 % en 2026

El gasto de capital cerrará entorno a los RD$200,000 millones y se espera que para el próximo año siga su tendencia hacia el alza

9 de diciembre 2025 | El Nuevo Diario | SANTO DOMINGO.- 

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sostuvo que para el 2026 se mantienen perspectivas económicas positivas en las que se proyectan que la República Dominicana volverá a su ritmo de crecimiento habitual entre un 4.5 y 5 % del producto interno bruto (PIB).

El funcionario consideró que para este panorama sigue siendo clave la política monetaria independiente que realiza el Banco Central en coordinación con la política fiscal que lidera el Ministerio de Hacienda y Economía.

Explicó que esa proyección positiva ya ha sido refrendada por los principales organismos internacionales en materia macroeconómica que han divulgado sus informes.

En ese sentido, en una entrevista en el programa El Despertador de Color Visión, el funcionario indicó que la inversión pública se ha aumentado en los últimos seis meses para incentivar el dinamismo económico principalmente mediante la ejecución de obras de infraestructura.

“La tasa de interés viene bajando. El Banco Central ha puesto a disposición liquidez en la economía para mover los créditos. Esa es la parte monetaria. En la parte fiscal el gasto de inversión pública se ha duplicado en los últimos seis meses desde que asumimos el ministerio. Ese era uno de los principales objetivos”, resaltó Díaz.

Como resultado de esto explicó que el gasto de capital cerrará entorno a los RD$200,000 millones y se espera que para el próximo año siga su tendencia hacia el alza.

Se recuerda que el gasto de capital es el que se destina a la adquisición o compra, instalación y acondicionamiento de activos físicos que duran mucho tiempo y que generan valor. Por ejemplo: la compra de trenes.

A nivel general consideró que el 2025 también ha sido un año estable a pesar de las condiciones internas y externas que influyen en el plano económico.

“A nivel macro ha sido un año razonablemente bueno dada la coyuntura internacional porque nadie pensó en enero que iba a ver esta hecatombe de los mercados internacionales con el cambio geopolítico de Trump de los aranceles”, comentó.

En su intervención también resaltó la fortaleza del sistema financiero nacional, así como las amplias reservas internacionales del Banco Central, las cuales son indicadores fundamentales para argumentar que no existe riesgo de una crisis macroeconómica en el país.

https://elnuevodiario.com.do/magin-diaz-reafirma-economia-rd-volvera-a-crecer-entre-un-4-5-y-5-en-2026/, 

Crecimiento con responsabilidad: por qué República Dominicana puede volver al 4.5–5 % en 2026

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

La prudencia técnica y el sentido de oportunidad política se cruzan en el mensaje del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, cuando afirma que la economía dominicana está en condiciones de recuperar su ritmo histórico de crecimiento y ubicarse entre 4.5 % y 5 % del PIB en 2026. En un año 2025 que ha sido razonablemente bueno en términos macroeconómicos, aunque objetivamente más lento que el potencial de largo plazo, la proyección optimista no es voluntarista, sino la lectura de señales concurrentes: moderación de tasas, solidez del sistema financiero, reservas externas robustas, y una política fiscal que reorienta el gasto hacia inversión pública con clara intención contracíclica (IMF, 2025; Diario Libre, 2025). A diferencia de otros ciclos, el país exhibe fundamentos que permiten sostener un impulso de demanda interna sin desanclar expectativas de inflación ni comprometer la estabilidad cambiaria (IMF, 2025; Noticiassin, 2025).

Actualización informativa (9 de diciembre de 2025). En una entrevista en el programa El Despertador (Color Visión), Magín Díaz reafirmó que en 2026 la economía dominicana volverá a su ritmo habitual con un crecimiento de 4.5–5 %, subrayando que la política monetaria independiente del Banco Central y la coordinación con la política fiscal son claves para ese escenario. Además, indicó que en los últimos seis meses la inversión pública se ha duplicado para dinamizar la actividad —en particular mediante obras de infraestructura— y que el gasto de capital cerrará en torno a RD$200,000 millones, con una tendencia al alza para 2026; estos planteamientos han sido, dijo, respaldados por organismos internacionales en sus informes recientes. [eldinero.com.do], [listindiario.com], [tiktok.com]

El punto de partida del argumento es admitir que 2025 cerrará por debajo del potencial, con una expansión en torno a 2.2–2.3 %, tras meses de volatilidad internacional y una desaceleración con causas internas y externas, siendo el shock arancelario de Estados Unidos la principal fuente exógena de incertidumbre sobre flujos comerciales y precios de importación (U.S. News & World Report, 2025; Peterson Institute, 2025). Aun así, los últimos meses han mostrado la transmisión efectiva de una política monetaria más acomodaticia: los recortes de la tasa de política del Banco Central, junto a medidas de liquidez, redujeron la tasa interbancaria y abarataron el crédito de la banca múltiple, abriendo espacio para la reactivación del consumo y la inversión privada en 2026 (Revista Banca, 2025; Diario Libre, 2025). La literatura económica para economías pequeñas y abiertas —incluida evidencia específica para República Dominicana— confirma estos canales con rezagos: los choques de tasas impactan crédito y actividad con desfases de varios trimestres, mientras los precios responden con mayor inercia (Jiménez Polanco, Paredes & Ramírez, 2014; López & Ramírez, 2021).

La pieza fiscal del rompecabezas es determinante en el corto plazo. El incremento del gasto de capital aprobado en el Presupuesto reformulado de 2025 —con una expansión de 0.4 % del PIB— es la señal inequívoca de que el Gobierno utiliza el instrumento contracíclico más eficaz en economías de ingreso medio: obra pública útil y rápida que active encadenamientos productivos y empleo, sin deteriorar la credibilidad fiscal (Revista Mercado, 2025; El Día, 2025). La evidencia empírica comparada muestra que la inversión pública tiene multiplicadores superiores a otras modalidades de gasto, especialmente en fases contractivas o con escasez de capital: meta‑análisis y estudios recientes estiman efectos promedio cercanos a 1.5 en horizontes de dos a cinco años, y mayores cuando el gasto se ejecuta con eficiencia y existe espacio fiscal (GI Hub & CEPA, 2020; Adarov, Clements & Tovar Jalles, 2024). Incluso nuevas contribuciones teóricas con complementariedades productivas entre capital público y privado muestran multiplicadores potencialmente más altos cuando la infraestructura reduce costos y aumenta el uso de insumos privados (Dimakopoulou, Economides & Philippopoulos, 2025; IMF, 2023). En ese marco, la Ley 35‑24 de Responsabilidad Fiscal ancla expectativas al fijar reglas sobre crecimiento del gasto primario y trayectoria de deuda hacia 2035, permitiendo política contracíclica dentro de límites claros (Ministerio de Hacienda, 2024; vLex, 2024).

Un rasgo clave del futuro inmediato es que la calidad de la inversión pública —no solo el volumen— determinará la magnitud y persistencia del impulso. La experiencia regional y la literatura de eficiencia del gasto de capital subrayan que seleccionar proyectos con análisis costo‑beneficio, asegurar trazabilidad físico‑financiera y mantener disciplina presupuestaria elevan la rentabilidad social e incrementan el multiplicador (IMF, 2023; Adarov, Clements & Tovar Jalles, 2024). Para República Dominicana, esta agenda de calidad tiene nombres propios: infraestructura de transporte y conectividad vial que abarata logística; agua y saneamiento que mejora productividad y salud; equipamiento hospitalario y redes de energía resiliente; y vivienda con estándares de construcción seguros que reduce vulnerabilidad (World Bank, 2023; GFDRR, 2024).

El frente externo impone prudencia. El retorno de aranceles generalizados en Estados Unidos en 2025 configuró el mayor shock comercial en décadas, con impactos en precios, cadenas de suministro y volatilidad financiera (U.S. News & World Report, 2025; Al Jazeera, 2025). Modelizaciones de frontera coinciden en efectos contractivos sobre el PIB de EE. UU. y global, con presiones inflacionarias y pérdida de bienestar que se agravan con represalias; los mecanismos incluyen pass‑through alto a precios de importación y distorsiones en términos de intercambio y cadenas de valor (Bank for International Settlements, 2025; McKibbin, Noland & Shuetrim, 2025). La evidencia revisada y publicada en Quarterly Journal of Economics ya había documentado que los consumidores y las firmas importadoras absorben la mayor carga de tarifas, con pérdidas de bienestar netas aun considerando recaudación y ganancias de productores (Fajgelbaum, Goldberg, Kennedy & Khandelwal, 2020). Para economías abiertas como la dominicana, el shock implica riesgos de menor demanda externa, encarecimiento de insumos y potenciales desvíos de comercio; de ahí la importancia de fortalecer motores internos y diversificar mercados (IMF, 2025; World Bank, 2025).

Las proyecciones de organismos internacionales ofrecen un ancla de credibilidad. El FMI ubica la expansión del PIB dominicano en torno a 4.5 % en 2026, mientras el Banco Mundial estima 4.3 %, y la CEPAL, con un sesgo más conservador, la sitúa en 3.6 %, con advertencias sobre menor dinamismo del consumo y la demanda externa en el trienio (IMF, 2025; World Bank, 2025). El Banco Central, por su parte, proyecta 4–5 % para 2026 y destaca inflación dentro de la meta de 4 % ± 1 %, expansión del crédito privado de 10–12 % y sólida posición de reservas (Express Diario, 2025; Listín Diario, 2025). En materia de reservas, los estándares de suficiencia han evolucionado desde las “reglas de dedo” —tres meses de importaciones— hacia métricas integrales (ARA‑EM) que consideran deuda de corto plazo, base monetaria y riesgos de salida de capital; útiles para emergentes como la DR (IMF, 2011–2016; World Bank Data, 2024).

La resiliencia climática merece una integración explícita en la estrategia de crecimiento. La Country Climate and Development Report (CCDR) del Banco Mundial para República Dominicana documenta vulnerabilidades significativas en agua, agricultura, turismo, infraestructura y ecosistemas costeros, con funciones de daño específicas que reducen productividad laboral y elevan costos de capital; a la vez, identifica co‑beneficios de una senda de bajo carbono sobre competitividad y bienestar (World Bank, 2023; PreventionWeb, 2023). En ciudades y vivienda, la evidencia regional del GFDRR y el Banco Mundial muestra que la rápida urbanización, la insuficiencia de códigos y la informalidad elevan exposición y pérdidas; estandarizar normas, reforzar fiscalización, enlazar seguros con reducción de riesgo y planificar usos de suelo son pilares para proteger hogares y finanzas públicas (GFDRR, 2024; ReliefWeb, 2024). Para infraestructura costera, las soluciones basadas en la naturaleza —restauración de manglares, barreras verdes, gestión de playas— resultan costo‑efectivas, con beneficios en protección, biodiversidad y turismo (IDB, 2022; OECD, 2024). En energía, los avances hacia redes más limpias y resilientes en el Caribe muestran el potencial de agregación regional, almacenamiento y garantías parciales para atraer inversión privada y bajar costos (ECCB/World Bank, 2025; World Bank, 2024).

Las investigaciones internacionales refuerzan que la inversión pública “verde” es, además, macroeconómicamente potente: los green multipliers estimados por Batini et al. muestran que cada dólar en energía limpia o conservación genera más de un dólar de actividad, frecuentemente superando el gasto “no verde” en horizontes comparables (Batini, Di Serio, Fragetta, Melina & Waldron, 2021; Batini et al., 2022). La revisión de Hepburn et al. identifica cinco paquetes con alto multiplicador y alto impacto climático: infraestructura limpia, eficiencia en edificios, inversión en capital humano, capital natural e I+D limpia; lecciones directamente aplicables a economías de ingreso medio con restricciones de espacio fiscal y metas de resiliencia (Hepburn, O’Callaghan, Stern, Stiglitz & Zenghelis, 2020; Oxford Review of Economic Policy, 2020). Integrar el enfoque climático a la inversión pública no solo reduce riesgo físico y financiero, sino que potencia la productividad y las oportunidades de encadenamientos con mayor contenido tecnológico (OECD, 2024; ECLAC, 2025).

En gobernanza, la agenda internacional para infraestructura crítica subraya la necesidad de adoptar un enfoque de riesgos “all‑hazards” a lo largo del ciclo de vida del activo: multi‑sectoriedad, análisis de interdependencias, herramientas e incentivos para priorizar medidas costo‑efectivas y cooperación transfronteriza; el promedio IGI de países OCDE refleja avances, pero también brechas en el uso de instrumentos a lo largo del ciclo (OECD, 2025; OECD/IDB, 2017). Para América Latina, la acción propuesta por la OCDE estima necesidades de inversión ≈3.12 % del PIB anual hasta 2030 —frente al 1.8 % histórico—, y demanda mejorar gobernanza para alinear planificación, desarrollo e inversiones con estrategias resilientes e inclusivas (OECD Infrastructure Forum, 2024; Allianz GI, 2025). En el plano local, la Ley 35‑24 debe traducirse en rutina de ejecución y seguimiento: marcos fiscales predecibles, reglas claras, sanciones efectivas y reportes públicos que vinculen metas de deuda y gasto con resultados de inversión (Ministerio de Hacienda, 2024; Hoy, 2024). El financiamiento climático multilateral, hoy en récord, abre oportunidades: los MDBs aportaron US$125 mil millones en 2023, de los cuales US$74.7 mil millones a economías de ingreso bajo y medio, con un tercio para adaptación; la región debe aprovechar esta ventana con planes bankable, plataformas país y proyectos de alta calidad (IDB Invest, 2024; IDB, 2023).

Conviene una lectura realista de los riesgos de 2026. El primero es un escalamiento arancelario adicional o un giro imprevisible en exenciones que altere términos de intercambio y precios de insumos críticos; los escenarios ya han sido documentados con alta volatilidad y retroalimentación negativa sobre mercados (Bank for International Settlements, 2025; McKibbin, Noland & Shuetrim, 2025). El segundo es un shock de materias primas —energía, granos— que encarezca importaciones y presione la inflación; mientras la tasa interna se mantiene en meta, el sistema debe permanecer vigilante ante desbalances temporales con efecto de segunda ronda (U.S. News & World Report, 2025; Al Jazeera, 2025). El tercero es el clima: eventos extremos pueden afectar oferta agrícola, infraestructura y costos logísticos, con impacto en la canasta y la ejecución de obras; los informes del IPCC y la CEPAL insisten en que integrar adaptación a políticas sectoriales es condición de éxito (IPCC, 2022; ECLAC, 2025). La cuarta fuente, doméstica, es la ejecución: la promesa de inversión pública se invalida si la trazabilidad contractual no se traduce en obras entregadas en tiempo y presupuesto; la transparencia operativa es tan importante como la asignación (IMF, 2023; OECD, 2025).

A pesar de ello, el balance se inclina a favor del escenario de recuperación. Tres argumentos sostienen esta postura. Primero, la evidencia del segundo semestre de 2025: la caída de tasas activas y la normalización de la tasa interbancaria indican que el costo del dinero se ha reducido de manera significativa; su impacto pleno se observará en el ciclo de inversión y consumo de 2026 (Revista Banca, 2025; Diario Libre, 2025). Segundo, la fortaleza del sistema financiero y el nivel de reservas —evaluadas con métricas actualizadas de adecuación— amortiguan la volatilidad cambiaria y evitan que choques temporales se conviertan en episodios de crisis (El Nacional, 2025; IMF, 2011–2016). Tercero, la reorientación del gasto público hacia inversión que eleva productividad potencial, y la insistencia en disciplina fiscal con reglas claras, dan credibilidad a un trazo que busca dinamizar sin desordenar; el diseño 2025–2026, con fuentes de financiamiento reconocidas y vocación por cumplir la regla fiscal, constituye una novedad institucional respecto de ciclos previos (Revista Mercado, 2025; Ministerio de Hacienda, 2024).

No obstante, algunas precisiones deben incorporarse para evitar una narrativa triunfalista. El 4.5–5 % es un rango compatible con el potencial, pero no garantiza mejoras automáticas en la calidad del crecimiento; elevar la productividad total de factores, diversificar exportaciones y potenciar encadenamientos con mayor contenido tecnológico son tareas que trascienden el ciclo 2026 (OECD, 2025; World Bank, 2025). El consumo privado, motor dominante en los últimos años, podría aportar menos en un entorno de incertidumbre externa; por eso es crucial que la inversión —pública y privada— sea el pivote del crecimiento próximo (ECLAC, 2025; IMF, 2025). Si bien el turismo ha sido bálsamo contracíclico, la política industrial para zonas francas y manufactura debe profundizarse para reducir vulnerabilidades frente a vaivenes geopolíticos, apoyándose en infraestructura verde, logística moderna y capital humano (Peterson Institute, 2025; IPCC, 2022).

Como opinión, sostengo que el optimismo de Díaz está bien calibrado si se acompaña de cuatro compromisos concretos. Primero, rendición de cuentas trimestral de la inversión pública con métricas de avance físico y financiero, auditorías ex post de costo‑beneficio y publicación de indicadores de eficiencia; cada peso de gasto de capital debe traducirse en valor social y productividad (IMF, 2023; Adarov, Clements & Tovar Jalles, 2024). Segundo, coordinación fina con el Banco Central, evitando mensajes que confundan al mercado sobre el curso de tasas y la provisión de liquidez; la alineación mostrada en 2025 es un activo a preservar (Revista Banca, 2025; Diario Libre, 2025). Tercero, diversificación comercial y apoyo a la modernización logística y energética resiliente, para amortiguar riesgos arancelarios y encarecimiento de insumos (Bank for International Settlements, 2025; McKibbin, Noland & Shuetrim, 2025). Cuarto, resiliencia climática obligatoria como criterio de elegibilidad en proyectos públicos —con evaluaciones de riesgo, soluciones basadas en la naturaleza, estándares de construcción segura y métricas de adaptación—, aprovechando las ventanas de financiamiento de MDBs y programas como CIF‑NPC en cuencas prioritarias (IDB Invest, 2024; CIF/GCAP, 2024).

Una economía que crece no solo debe hacerlo “más”, sino “mejor”. República Dominicana ha probado que puede gestionar la estabilidad con inteligencia y que posee motores de divisas y un sector financiero resiliente. El desafío inmediato es convertir el repunte en salto cualitativo: más productividad, mejor infraestructura, mayor inclusión y mayor resiliencia. Si 2026 alcanza el 4.5–5 %, quedará demostrado que la combinación de prudencia monetaria, inversión pública útil y gobernanza fiscal responsable —con ambición climática— no es un ideal abstracto, sino una práctica posible. Con ejecución rigurosa, el país podrá mirar 2027 con ambición y serenidad: dos virtudes que, juntas, definen el mejor liderazgo económico.

Autor: Luis Orlando Díaz Vólquez | 20 de diciembre de 2025

Adarov, A., Clements, B., & Tovar Jalles, J. (2024). Revisiting Public Investment Multipliers: Nonlinear Effects of the Business Cycle, Fiscal Space, Efficiency, and Capital Stock (Policy Research Working Paper No. 10954). World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/41429

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Batini, N., Di Serio, M., Fragetta, M., Melina, G., & Waldron, A. (2021). Building Back Better: How Big Are Green Spending Multipliers? (IMF Working Paper WP/21/87). https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2021/03/19/building-back-better-how-big-are-green-spending-multipliers-50264

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El Nuevo Diario (2025, 9 de diciembre). Economía | Magín Díaz reafirma economía RD volverá a crecer entre un 4.5 y 5 % en 2026. El gasto de capital cerrará entorno a los RD$200,000 millones… (entrevista en El Despertador, Color Visión). Apoyos y registros: elDinero, 29 de diciembre 2025, Listín Diario, 12 de diciembre 2025 y publicación audiovisual de El Nuevo Diario (TikTok) con declaraciones del ministro (9 de diciembre 2025).

Noticiassin. (2025, December 20). Sistema financiero cierra 2025 con fortaleza y perspectivas. https://noticiassin.com/sistema-financiero-con-perspectivas-de-crecimiento-sostenido-2024022

OECD. (2024, December 13). Caribbean Development Dynamics 2025—Press release. https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2024/12/climate-resilience-access-to-finance-and-regional-integration-are-the-keys-to-unleashing-the-potential-of-caribbean-economies.html

OECD. (2025). Government at a Glance 2025—Ensuring the resilience of critical infrastructure. https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-2025_0efd0bcd-en/full-report/ensuring-the-resilience-of-critical-infrastructure_896f59cf.html

OECD & IDB. (2017). Policy Evaluation Framework on the Governance of Critical Infrastructure Resilience in Latin America. https://publications.iadb.org/publications/english/document/Policy-Evaluation-Framework-on-the-Governance-of-Critical-Infrastructure-Resilience-in-Latin-America.pdf

Oxford Review of Economic Policy. (2020). Supplement_1 (vol. 36). https://academic.oup.com/oxrep/article/36/Supplement_1/S359/5832003

PreventionWeb. (2023, December 1). Dominican Republic country climate and development report. https://www.preventionweb.net/publication/dominican-republic-country-climate-and-development-report

Revista Banca. (2025, October 31). El Banco Central vuelve a recortar su tasa de interés y la lleva a 5.25 %. https://revistabanca.com.do/2025/10/31/el-banco-central-vuelve-a-recortar-su-tasa-de-interes-y-la-lleva-a-5-25-anual/

Revista Mercado. (2025, August 25). Presupuesto 2025 suma 0.4 % del PIB en inversión pública. https://revistamercado.do/money-invest/presupuesto-2025-suma-0-4-del-pib-en-inversion-publica/

ReliefWeb. (2024, April 19). Building resilience: Understanding and managing risk to the housing sector in the Caribbean. https://reliefweb.int/report/dominican-republic/building-resilience-understanding-and-managing-risk-housing-sector-caribbean

U.S. News & World Report. (2025, December 26). Trump overturned decades of US trade policy in 2025. https://www.usnews.com/news/business/articles/2025-12-26/trump-overturned-decades-of-us-trade-policy-in-2025-see-the-impact-of-his-tariffs-in-four-charts

World Bank. (2023). Dominican Republic Country Climate and Development Report (CCDR). https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/40674

World Bank. (2024, November 28). Report Points to Opportunities to Strengthen climate Resilience in the Eastern Caribbean. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/11/28/world-bank-report-points-to-opportunities-to-strengthen-climate-resilience-in-the-eastern-caribbean

World Bank Data. (2024). Total reserves in months of imports. https://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.MO

ECCB / World Bank. (2025, April 17). Caribbean Countries Strengthen Energy Resilience via New Facility. https://www.eccb-centralbank.org/news/caribbean-countries-strengthen-energy-resilience-via-new-facility

vLex República Dominicana. (2024). Ley Nº 35‑24. De responsabilidad fiscal de las instituciones estatales. https://do.vlex.com/vid/ley-n-35-24-1047604771

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Economía | Editorial
Magín Díaz reafirma: la economía dominicana volverá a crecer entre 4.5 % y 5 % en 2026
@Magindiazrd @MinHaciendard @BancoCentralRD

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

La afirmación del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, de que la República Dominicana recuperará su ritmo de crecimiento histórico y se ubicará entre 4.5 % y 5 % del PIB en 2026, llega en un contexto de desaceleración en 2025, pero también de señales de estabilización macroeconómica y recalibración de políticas públicas. Su condición de ministro está oficialmente respaldada por el Decreto 386-25 y la reorganización del gabinete tras la fusión institucional, hechos que otorgan coherencia político-administrativa al mensaje. [eldinero.com.do], [diariolibre.com] [presidencia.gob.do], [diariolibre.com], [proceso.com.do]

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1) El relato oficial y sus fundamentos

El punto de partida de Díaz es claro: 2025 cerraría con un crecimiento modesto —en torno a 2.2–2.3 %— y una recuperación más robusta a partir de 2026, apoyada por la coordinación entre política monetaria (Banco Central) y política fiscal (Hacienda y Economía). En efecto, la autoridad monetaria ha recortado gradualmente la tasa de política y ha facilitado liquidez, lo que se ha traducido en una caída de las tasas activas de la banca múltiple y un abaratamiento del crédito. [eldinero.com.do] [revistabanca.com.do], [diariolibre.com]

La solidez del sistema financiero y la moderación de las tasas interbancarias en el segundo semestre de 2025 refuerzan este diagnóstico, con indicadores de morosidad bajos (≈1.9 %) y solvencia holgada (≈17 %), condiciones que habilitan una transmisión más eficaz de la política monetaria hacia la demanda interna. En el frente externo, las reservas internacionales se han mantenido elevadas —en el entorno de US$14–15 mil millones durante 2025—, lo que redunda en capacidad de intervención cambiaria y contención de episodios de volatilidad. [listindiario.com], [noticiassin.com] [elnacional.com.do], [enteraterd.com]

2) El gasto de capital como palanca contracíclica

Díaz subraya el “doble impulso” fiscal: más inversión pública y aceleración de obras de infraestructura. Según sus declaraciones, el gasto de capital de 2025 cerrará alrededor de RD$200,000 millones, y se consolidará como tendencia al alza en 2026. Esa cifra encuentra respaldo en las plataformas oficiales de presupuesto e inversión (MapaInversiones), que muestran un presupuesto vigente de gasto de capital superior a RD$200,000 millones, con una expansión respecto de 2024 y concentraciones en transporte, vivienda y salud. [eldinero.com.do] [mapainvers...pyd.gob.do]

El Congreso aprobó un Presupuesto reformulado para 2025 con aumento del gasto de capital (≈20 % adicional, ≈0.4 % del PIB), financiado en buena medida por excedentes y autorizaciones previas, buscando evitar presiones sobre la deuda pública y manteniendo la regla fiscal. Esa arquitectura fiscal contracíclica pretende compensar la desaceleración de la demanda y catalizar empleo y productividad mediante obras prioritarias (MOPC, OPRET, INAPA, SNS), en línea con la recomposición que el Ejecutivo ha delineado. [lanavedigital.com.do], [revistamercado.do] [expressdiario.com]

3) Los vientos externos: tarifas de EE. UU., volatilidad y precios

El telón de fondo internacional de 2025 ha sido particularmente hostil. El retorno del presidente Donald Trump a la Casa Blanca trajo un giro arancelario de gran escala: un arancel base de 10 % a casi todas las importaciones, más tasas “recíprocas” por país, con episodios de ajuste y pausas parciales que introdujeron alta volatilidad financiera y comercial. Diversos análisis y reportes coinciden en que estas medidas elevaron la tasa arancelaria efectiva a niveles no vistos en décadas, encarecieron importaciones y presionaron el costo de vida, a la vez que sacudieron los mercados y reconfiguraron flujos de comercio. [usnews.com], [infobae.com] [lasvegassun.com], [aljazeera.com]

Para economías abiertas como la dominicana, este shock implica riesgos de menor demanda externa, encarecimiento de insumos importados y potenciales desvíos de comercio. Modelizaciones independientes estiman impactos negativos sobre el crecimiento global y la inflación, especialmente en escenarios con represalias y mayor prima de riesgo sobre activos estadounidenses —escenarios que afectan precios de materias primas, condiciones financieras y paridades cambiarias con efectos de segunda ronda en la región. En paralelo, la debilidad del dólar durante 2025 —asociada a recortes de la Fed y la incertidumbre arancelaria— tuvo efectos mixtos: abarató exportaciones estadounidenses, pero elevó precios de bienes importados para consumidores; un fenómeno que también transmite volatilidad a socios comerciales. [piie.com], [budgetmode....upenn.edu] [markets.bu...nsider.com]

4) ¿Es verosímil el 4.5–5 % en 2026?

Las proyecciones de organismos internacionales aportan un piso de credibilidad al rango anunciado por Díaz. El FMI ubica el crecimiento dominicano en torno a 4.5 % para 2026, mientras el Banco Mundial estima 4.3 %; la CEPAL, más conservadora, lo sitúa cerca de 3.6 %. El propio Banco Central proyecta un abanico entre 4 % y 5 % para 2026, coherente con el potencial de la economía y con un sistema financiero sólido. [revistamercado.do], [dmklawyers.com], [hoy.com.do] [expressdiario.com]

Si Hacienda y Economía mantiene la disciplina fiscal —déficit en torno a lo presupuestado y enfoque en inversión eficiente—, y el Banco Central sostiene la inflación dentro de meta con transmisión efectiva del crédito, el rango 4.5–5 % es alcanzable, pese a la incertidumbre externa. No obstante, persisten riesgos: un escalamiento arancelario adicional, shocks de materias primas, o eventos climáticos, podrían recortar entre 0.3–0.7 pp el crecimiento, según sensibles del comercio y la demanda externa publicados en 4T-2025. [eldinero.com.do], [elcaribe.com.do] [diariolibre.com]

5) Lo que conviene vigilar en 2026

• Ejecución del gasto de capital y calidad de proyectos (MAPA de inversión, sectores con mayor asignación y trazabilidad contractual). [mapainvers...pyd.gob.do]
• Dinámica del crédito privado (meta de expansión 10–12 %, tasas activas y spread bancario). [noticiassin.com]
• Reservas internacionales y cuenta corriente (cobertura en meses de importaciones y suficiencia frente a choques). [mepyd.gob.do]
• Inflación y transmisión de tasas (TPM y banca múltiple). [revistabanca.com.do], [diariolibre.com]
• Exposición sectorial a aranceles (manufactura, agro, zonas francas, turismo). [cnbc.com]

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Conclusión: Optimismo condicionado, ejecución rigurosa

El mensaje del ministro Magín Díaz no es una promesa vacía: se sustenta en datos, en una recalibración fiscal-monetaria y en la resiliencia financiera del país. Sin embargo, el éxito del 4.5–5 % dependerá de tres factores no negociables: calidad y oportunidad de la inversión pública; coordinación fina entre Hacienda y Banco Central para sostener el crédito sin desanclar expectativas; y gestión de riesgos externos en un mundo más proteccionista. [eldinero.com.do], [listindiario.com] [proceso.com.do], [elnacional.com.do], [aljazeera.com]

Apostar por infraestructura útil, mejorar la focalización del gasto y continuar fortaleciendo reservas y estabilidad financiera es el camino para que ese rango de crecimiento sea más que un titular. Con ejecución rigurosa, la economía dominicana tiene margen para volver a su ritmo habitual en 2026 y sostenerlo en 2027. [expressdiario.com]