miércoles, 12 de julio de 2017

Expertos sostienen expediente de Odebrecht demuestra desinterés PGR en lucha contra corrupción

Expertos sostienen expediente de Odebrecht demuestra desinterés PGR en lucha contra corrupción

"El acuerdo con Odebrecht establece muy claro que la empresa iba a entregar no solo los nombres de los sobornos sino las pruebas, los medios de pago y las transacciones que es una prueba por excelencia".
Kharla Pimentel /Acento.com.do - 12 de Julio de 2017 
Foto: Edgar Hernández/Acento.com.do / Apelación caso Odebrecht.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Expertos en justicia penal manifestaron que la decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que varió las medidas de coerción contra los imputados del caso Odebrecht, demuestra la falta de interés de la Procuraduría General de la República en la lucha contra la corrupción.
“La decisión de la magistrada Germán y su voto disidente pone en evidencia que el MP está relajando con este país”, destacó el abogado Carlos Pimentel quien además señaló la necesidad de fiscales independientes para que investiguen el caso, como se solicitó desde el inicio de la investigación en el país.
“El procurador preparó un expediente mediático, por eso la forma en que lo ha manejado que no conduce a tener una acusación que verdaderamente le presente a este país los responsables y las sanciones que está esperando”
Añadió que el Ministerio Público no tiene la independencia, las capacidades técnicas ni la voluntad para instrumentar un expediente sólido y robusto que permita hacer justicia, imputar y sancionar a los acusados del caso.
“El procurador preparó un expediente mediático, por eso la forma en que lo ha manejado que no conduce a tener una acusación que verdaderamente le presente a este país los responsables y las sanciones que está esperando”, agregó Pimentel.
Asimismo, al abogado penalista Bartolomé Pujals resaltó que el voto disidente de la magistrada Miriam Germán Brito refleja lo que se ha venido diciendo desde que se inició el proceso de la poca intensión del Ministerio Público de llevar un proceso con toda la voluntad.
Empero Pujals asegura que el voto disidente también presenta detalles que contradicen con lo que habla la Constitución sobre el principio de presunción de inocencia en materia de persecución de la corrupción.
“Dice que en materia de corrupción, que el funcionario tiene que demostrar que bienes tiene antes y después de salir de la función pública; no es verdad que el principio de presunción opera igual que como operaria a un ciudadano común y corriente”, explicó Pujals.
Al tiempo dijo que uno pudiera anticipar que de cara a la acusación ese expediente pudiera evidentemente caerse, no quiere decir que ahora en la fase de la instrucción no exista la base suficiente para mantener a estos imputados bajo la sujeción de medida de coerción.
“Como puede ser que a un ciudadano que se robe 7 libras de yuca le den 3 meses de prisión preventiva, y para un caso con la magnitud de este se quiera decir que el principio de presunción de inocencia opera igual y no es así porque la constitución lo establece”, criticó el abogado.
Mientras que Pimentel recordó que el expediente de la Procuraduría General de la República también debe estar sustentado en los documentos que la empresa Odebrecht acordó a entregar a través de un acuerdo homologado en los tribunales del país.
“El acuerdo establece muy claro que la empresa iba a entregar no solo los nombres de los sobornos sino las pruebas y los medios de pago, y como se hacían las transacciones que es una prueba por excelencia”, resaltó.
Pujals ratificó lo manifestado por Pimentel, y a añadió también el tema de que las medidas de coerción solo se fundamentan en las delaciones premiadas que dieron en Brasil sin otro tipo de fundamentos.
“Debió ir acompañado de las declaraciones que se tenían que derivar del acuerdo de Odebrecht porque una de las cuestiones que establece el acuerdo era que a partir de ahí se iban a dar nombres, modus operandi, entre otros”, agregó.
Destacó que contrario a como pasó en otros países, donde los fiscales si fueron y constataron esas declaraciones más allá de las que se establecieron en las documentaciones que recibió el Ministerio Público, República Dominicana carece de pruebas propias de los miembros de la empresa
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