El abogado defensor Jaime Rodríguez confirmó la detención en el extremo sur de Tegucigalpa, la capital, del hondureño José Adolfo Sierra.
Sierra, que es representante legal de la empresa Servicios e Inversiones, fue capturado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y es acusado del delito de lavado de activos, indicó Rodríguez a la radio HRN, de Tegucigalpa.
Dijo que espera que Sierra sea trasladado en las próximas horas a un juzgado de Tegucigalpa y presentado el lunes ante la jueza de la causa, Lidia Álvarez, quien deberá determinar su situación jurídica.
El abogado defensor lamentó que en Honduras “los fiscales no cumplen con la ley. El requerimiento fiscal es escueto y no profundiza las supuestas irregularidades de mi representado”.
Sierra es una de las 38 personas acusadas de desviar más de 11,7 millones de dólares para financiar campañas políticas en las elecciones de 2013, según la denuncia presentada en junio por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic).
La segunda detención fue confirmada a periodistas por el portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, y se trata del hondureño Lenin Rigoberto Rodas.
Rodas es acusado del delito de “lavado de activos en calidad de encubrimiento” y fue arrestado en la colonia Cerro Grande de Tegucigalpa, señaló Galindo.
Según medios locales, Rodas es diputado suplente por el minoritario partido Unificación Democrática, extremo que no fue confirmado ni desmentido por el portavoz de la ATIC.
La declaración oficial del Tribunal Supremo de Elecciones de Honduras sobre los electos en los comicios de 2017 incluye entre los 23 diputados suplentes por el departamento de Morazán a un Lenin Rigoberto Rodas Velázquez por el Partido Unificación Democrática.
La magistrada Lidia Álvarez ordenó la captura internacional de las 38 personas y las ha citado para este lunes en una audiencia de declaración de imputados, afirmó a Efe el sábado un portavoz judicial que pidió el anonimato.
Además, ordenó contra las mismas 38 “la solicitud de decretar el aseguramiento e incautación por lo que se debe de proceder a la inscripción de la medida de prohibición de celebrar actos y contratos en el registro público de los bienes inmuebles”, según la resolución divulgada este domingo por el diario La Tribuna.
Las autoridades hondureñas no han precisado cuántos diputados están acusados, ni sus identidades, tampoco si han sido notificados de la citación o si están o no en el país, lo mismo que del resto de señalados.
Álvarez conocerá la primera etapa del caso, conocido como “Pandora”, que involucra, entre otros, al exalcalde del municipio de Yoro Arnaldo Urbina Soto, preso por blanqueo de dinero desde 2014, y al exministro de Finanzas William Chong Wong, quien falleció el 17 de junio a causa de un cáncer que padecía desde hace varios meses.
El caso fue investigado por un equipo de expertos de la Ufecic y de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), tras una denuncia de Pietro Di Battista, inversionista italiano y ex cónsul honorario en la isla hondureña de Roatán.
Di Battista denunció una presunta “utilización indebida de la fundación Dibattista en operaciones atípicas y no autorizadas. Se acumuló a la misma, la auditoría especial realizada por el Tribunal Superior de Cuentas, practicada a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)”, indicó en junio la Maccih en un comunicado.
El equipo de investigación halló “indicios suficientes (de) que fondos públicos destinados a fondos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas (…) habían sido destinados a financiar las campañas políticas tanto del Partido Nacional (en el poder) como el Partido Liberal, en el año 2013, y otros gastos personales por un monto de 282.016.165 lempiras (unos 11,7 millones de dólares)”, añadió.
Los recursos, según la investigación, provenían de los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Finanzas, y para desviar los fondos se utilizaron las fundaciones “Todos Somos Honduras” y “Dibattista”, precisó la Maccih.
Los recursos, según la investigación, supuestamente fueron “depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores (concejales) del Partido Nacional, del Partido Frente Amplio (Faper) y directamente a las arcas del Partido Liberal”. EFE
