A la empresa que administra y opera el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y otras cinco terminales aéreas del país solo le quedan nueve años de los 30 de la concesión que le hizo el Estado para dirigir estos establecimientos aeronáuticos.
Aunque su directora general, Mónika Infante, prefiere no decir directamente que el Estado debería renovar el contrato que originalmente firmó en 1999 con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) –hoy propiedad de Vinci Airports, que opera 46 aeropuertos en el mundo–, comenta que, si se cuenta con un actor que está “probado a nivel internacional”, es una “buena opción a considerar seguir hablando con él”.
Pero hablar de Aerodom para esta fecha significa también recordar que el pasado 23 de mayo, el AILA fue objeto de un alegado sabotaje a su sistema eléctrico, por un supuesto robo de cables, que provocó la salida de servicio de las luces de la pista de aterrizaje entre las 7:12 de la noche hasta las 11:45 de la noche, y generó pérdidas estimadas en RD$30 millones.
La Policía Nacional arrestó a uno de los presuntos responsables, al que identificó como Luis Abel Bens (a) Chiricui y/o Alicui, de 21 años, a quien la Justicia le impuso tres meses de prisión como medida de coerción.
Según la Policía, Bens y su hermano Anderson Torres (a) Cochin (prófugo) penetraron por el megapuerto “a través de un camino desolado que da acceso”. Sustrajeron 800 pies de cables eléctricos, siete transformadores de aislamiento y 20 conectores primarios. Dijo que ambos “acostumbraban a penetrar a las zonas aledañas” del aeropuerto “en busca de desechos”.
Infante enfatiza que la responsabilidad de ese tipo de eventos recae en el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), por ser el ente encargado de la parte operativa de la seguridad. Su posición es contraria a lo que argumentó al periódico El Día el presidente de la Junta de Aviación Civil, José Marte Piantini, quien dijo que la terminal es responsable, ya que el Cesac tiene que velar por la seguridad de los pasajeros y de los perímetros.
Una auditoría realizada en 2015 a Aerodom por el Ministerio de Obras Públicas afirma que la seguridad aeroportuaria es una responsabilidad del Cesac, con el apoyo y equipamiento de la concesionaria.
Desde el Cesac nuevamente se negó una entrevista a Diario Libre para conocer su posición sobre el tema de la seguridad en el AILA, el segundo aeropuerto con más flujo de viajeros del país, que fue la vía de entrada de 463,799 pasajeros en los primeros cuatro meses de 2021.
Desde antes de que se firmara el contrato de concesión con Aerodom en 1999, y los años posteriores, los robos de equipaje y de carga en el AILA han sido una constante denuncia de pasajeros y empresas. En tanto que, en los últimos 20 años, la prensa ha reportado al menos cinco casos de averías en el sistema eléctrico de la terminal ubicada en Punta Caucedo.
Desde antes de que se firmara el contrato de concesión con Aerodom en 1999, y los años posteriores, los robos de equipaje y de carga en el AILA han sido una constante denuncia de pasajeros y empresas. En tanto que, en los últimos 20 años, la prensa ha reportado al menos cinco casos de averías en el sistema eléctrico de la terminal ubicada en Punta Caucedo.
Infante respondió las siguientes preguntas en una entrevista con Diario Libre en su oficina en el aeropuerto de Las Américas.
—La concesión a Aerodom, desde que se hizo en el 1999-2000, ha sido cuestionada. De hecho, hubo unos años en que se criticaba la tasa que cobraba de 1.30 dólares por pasajero, que se argumentaba iba en detrimento del Departamento Aeroportuario ¿Por qué entienden que esta concesión ha sido cuestionada?
En la historia de las concesiones, precisamente porque actores privados administran bienes públicos, normalmente se tiende mucho a cuestionarlas, eso no es un tema de Aerodom. Cualquier otra concesión que tú puedas identificar en el país puedes ver que tiene ese tipo de críticas (...) La concesión de Aerodom ha pasado por todo tipo de exámenes. La inconstitucionalidad de la concesión fue cuestionada al inicio de la concesión y fue fallada a favor del contrato, y cada vez que ha habido un cuestionamiento de alguno de los temas de Aerodom, el Estado, a través de sus órganos, el Poder Judicial, e incluso el Poder Legislativo, ha reconocido los derechos que están plasmados en el contrato.
—Les quedan nueve años del contrato de concesión. ¿Les interesa renovarlo? ¿Ya están hablando sobre eso?
Vinci es un operador con vocación de largo plazo (...) Como Aerodom y como Vinci lo que queremos es ser aliados del Estado dominicano, queremos apoyar en las necesidades inmediatas y en las futuras, y eso va a ser una decisión del Estado en su momento, cuando le toque pensar qué hacer con los aeropuertos.
—¿Pero han conversado y han sugerido desde ya al Gobierno discutirlo?
Aerodom siempre ha hablado con las autoridades, con estas y con las anteriores, de su vocación de pensar a largo plazo.
—Cuando habla de largo plazo, ¿sería que se renueve por otros 30 años?
Eso sería parte de una discusión y una negociación con el Estado (...) Si el Estado tiene interés de que un operador aeroportuario global, el primero del mundo, o sea el que más pasajeros mueve a nivel global, siga invirtiendo, ese es el modelo de negocios de Vinci, de llegar a un país y no irse, sino seguir (...) Pienso que si tú tienes un actor que está probado a nivel internacional, que tiene las mejores prácticas reconocidas, que tiene las capacidades financieras de hacer las inversiones, y que ya lo tienes en la casa, simplemente creo que es una buena opción a considerar seguir hablando con él, a ver qué cosas buenas se pueden hacer por un país que está primero colocado estratégicamente.
—¿Por qué ha sido tan difícil para la administración del aeropuerto de Las Américas controlar el robo de equipaje?
En todas partes el mundo, en los aeropuertos de las ciudades más avanzadas, hay robo de equipaje, eso ocurre por factor humano y activos, ocurre. ¿Cuál es la manera del operador aeroportuario controlarlo? Teniendo sistemas de seguridad por cámaras, rastreo del equipaje, todo el tiempo, pero, además, la seguridad del contenido del equipaje es una obligación de la aerolínea (...) Eso es una debilidad del sistema, tenemos que seguir mejorando. ¿Cuál es el compromiso nuestro? Mantener, por ejemplo, todo el sistema de CCTV que pueda tener el rastreo completo de cualquier maleta, dar acceso a las aerolíneas a su sistema de seguridad para que puedan también garantizar que no hay violación de maletas.
—Ahora que menciona el sistema de cámaras, hay unas 10 cámaras fuera de servicio que fueron desmontadas. ¿Por qué no se han podido reinstalar y comenzar a operar?
Los recursos están y está contratada la firma que está trabajando eso, y se van a instalar. Incluso, se va a ampliar el ámbito de ese sistema de cámaras, porque antes eran parte del perímetro y ahora se llega hasta la Ruta 66, y es un sistema de cámaras térmicas que permite identificar quién trata de acceder al vallado (...) y puede dar una alerta.
—¿Y eso cuándo va a entrar en operación?
En 60 días.
—Ha habido opiniones distintas sobre a quién le compete la seguridad del aeropuerto. ¿Realmente es a ustedes o al Cesac?
La Ley de Seguridad Aeroportuaria establece las obligaciones de los operadores aeroportuarios de hacer las inversiones en equipos y sistemas de seguridad. Nosotros, como operador aeroportuario, por ejemplo, si el Cesac me dice: yo necesito un cuartel, porque el cuartel que tengo les queda pequeño a mis empleados, nos ponemos de acuerdo en cuáles son las dimensiones necesarias con base en la proyección de tráfico, y construimos el cuartel (...) O sea que la obligación de nosotros es poner a disposición del Cesac, que es quien tiene todo el entrenamiento y el conocimiento e inteligencia de aeropuertos, pero aparte de eso es quien tiene el recurso humano el que administra la seguridad. Entonces, nosotros hacemos las inversiones y ellos hacen la implementación.
—¿O sea que la parte operativa de la seguridad del aeropuerto es al Cesac que le compete?
Claro, todo lo que es seguridad de la aviación, tanto en campo aéreo, e incluso, aquí, como en parte del área pública.
—¿Y por qué dice el presidente de la Junta de Aviación Civil que es a ustedes?
Me imagino que hubo una confusión. Quizás él quiso referirse a la inversión en infraestructura de seguridad (...) En el 2017, Aerodom firmó un acuerdo con el Cesac donde se puso de acuerdo en la forma en que se harían todas la inversiones, porque hay una tasa de seguridad que está dentro de la tasa de pasajeros, de 1.25, que nosotros invertimos en equipos y sistema de seguridad (...) Te lo digo porque me gustaría que quede claro que nosotros no estamos en deuda en términos de inversión en seguridad con el Cesac, nosotros estamos en cumplimiento de un acuerdo que se va ejecutando constantemente.
—Si a ustedes les toca la parte de inversión y al Cesac la seguridad, ¿cómo ven que el Cesac está trabajando? ¿Están conformes?
El Cesac es un órgano que ha sido premiado. En el 2017, aquí se hizo una auditoria de la OACI de seguridad y la República Dominicana recibió la más alta calificación: 97 (...) Entiendo que el Cesac se está conduciendo bien. O sea, no tengo ningún reclamo.
—¿Qué fue lo que pasó el 23 de mayo?
Identificamos que hubo un corte de cables y una extracción. Los dejaron (los cables) cerca de los registros, probablemente para retirarlos más tarde, pero parece que, como las alertas se dieron, no pudieron llevarse los cables. Pero, aparentemente, dicen las autoridades hasta ahora, es que fue un robo de cables. Y eso es algo que se conoce en este país, aquí hay gente que se dedica a robar cables de cobre y a venderlos.
—¿Y por qué el director del Cesac sostuvo que fue un cortocircuito?
Sí hubo un cortocircuito porque ocurrió un corte en caliente. Al momento en que llegaron ante el registro eléctrico, lo abrieron, y con una cizalla cortaron el cable, y eso produjo una pequeña explosión ahí mismo que tumbó el sistema de luces (responde el portavoz de Aerodom, Luis José López).
—¿Y por qué venir hasta el aeropuerto a cortar esos cables?
Parece que son personas de la zona.
—¿Y no estarían vinculados con los militares del Cesac?, porque el presidente Luis Abinader dijo que uno de ellos se movió de su puesto por motivos de salud, una hora antes del hecho
No me atrevería a hacer (comentario), porque ya estaría yo sacando conclusiones sobre un tema de investigación.
—Entonces, según lo que me explicó, ¿todo lo que pasó aquí, como fue parte de la seguridad operativa, es responsabilidad del Cesac?
Bueno, es un tema de seguridad.
—A raíz de lo que salga en la investigación, ¿qué entienden que debe tomarse como medida?
Seguir identificando oportunidades de mejora. Los aeropuertos son así. La tecnología que teníamos en el año 2000 o en el 2010 no es la que tenemos hoy (...) Seguir fortaleciendo aquellos elementos de infraestructura críticos para que cada vez sea más difícil que nadie desautorizado pueda ponerle la mano.
—¿Están tramitando el cobro de algún seguro por lo sucedido?
Todavía no hemos llegado ahí (...) Habría que ver cuáles son los principales daños. Si correspondería de parte nuestra identificar los daños que nos afectan directamente a nosotros para nosotros compensarlos a través del seguro.
—¿Sospechan que esto fue un acto para dañar la imagen de Aerodom y que no se le dé un visto bueno para renovar el contrato de concesión?
De ninguna manera, no puedo ni siquiera sospechar que a alguien le pueda pasar algo así por la cabeza (...) Debo aclarar que en ningún momento se puso en peligro la seguridad operacional, no hubo ningún vuelo en peligro. Esto se supo a tiempo para que los pilotos pudieran tomar las decisiones que tomaron con base en la información que estaba aquí. Cuando Aerodom pudo entrar a la pista a colocar las luces de emergencia, nos tomó alrededor de 12 minutos colocar las luces de emergencia (...) Nuestro director de aeropuerto, que es un extranjero que tiene 30 años de experiencia, dice que lo que se hizo aquí, en esas condiciones, de que se hizo rápidamente, es un récord.
Las inversiones auditadas
Además del AILA, Aerodom administra bajo concesión los aeropuertos internacionales Gregorio Luperón (Puerto Plata), El Catey–Presidente Juan Bosch (Samaná), María Montez (Barahona) y La Isabela–Doctor Joaquín Balaguer (Santo Domingo). También, el aeródromo doméstico Arroyo Barril (Samaná).
De los seis, las operaciones aéreas son muy reducidas en el María Montez, El Catey y Arroyo Barril.
La auditoría al periodo 2000-2015, realizada a Aerodom por el Ministerio de Obras Públicas, reportó que la empresa había invertido entre la fecha de inicio de la concesión y el 28 de febrero de 2015 US$454,122,868 para renovar, ampliar, equipar, operar y modernizar los aeropuertos concesionados.
Calculó que Aerodom había invertido en exceso a lo que indicaba el contrato la suma de US$62,122,868.
Además, que el desarrollo de la concesión aeroportuaria había generado un aumento del patrimonio de los aeropuertos estatales en 2.5 veces el valor inicial total, partiendo de las inversiones realizadas.
Entre 2015 y 2021, Aerodom reporta inversiones por US$64,897,254.64 en los seis aeropuertos que opera.
Fechas clave de la concesión
- 1998 Se inicia proceso de licitación de un contrato para operar los principales aeropuertos del país por 20 años.
- 1999 Se firma el contrato entre Aerodom y el Gobierno. Por el Estado firmó Diandino Peña, en calidad de secretario de Obras Públicas, y por Aerodom Abraham Hazoury, entonces presidente de la empresa.
- 2000 El Estado cede a Aerodom las operaciones de los aeropuertos Las Américas, Gregorio Luperón, Arroyo Barril y María Montez.
- 2001 Se enmienda el contrato para extender la concesión a 25 años e incluir a los aeropuertos La Isabela y El Catey.
- 2004 El Gobierno extiende la concesión a 30 años.
- 2008 Las acciones de Aerodom son adquiridas por Advent International.
- 2015 Advent Airports suscribe contrato de compraventa con Vinci Airports.
- 2016 Vinci Airports inicia la gestión de los seis aeropuertos concesionados a Aerodom.
- 1998 Se inicia proceso de licitación de un contrato para operar los principales aeropuertos del país por 20 años.
- 1999 Se firma el contrato entre Aerodom y el Gobierno. Por el Estado firmó Diandino Peña, en calidad de secretario de Obras Públicas, y por Aerodom Abraham Hazoury, entonces presidente de la empresa.
- 2000 El Estado cede a Aerodom las operaciones de los aeropuertos Las Américas, Gregorio Luperón, Arroyo Barril y María Montez.
- 2001 Se enmienda el contrato para extender la concesión a 25 años e incluir a los aeropuertos La Isabela y El Catey.
- 2004 El Gobierno extiende la concesión a 30 años.
- 2008 Las acciones de Aerodom son adquiridas por Advent International.
- 2015 Advent Airports suscribe contrato de compraventa con Vinci Airports.
- 2016 Vinci Airports inicia la gestión de los seis aeropuertos concesionados a Aerodom.
