viernes, 20 de marzo de 2026

Opinión | La crisis importada y el deber de gobernar con reglas: energía, alimentos y estabilidad social | Por Luis Orlando Díaz Vólquez

56.º Consejo de Ministros

Editorial | La crisis importada y el deber de gobernar con reglas: energía, alimentos y estabilidad social

La República Dominicana está frente a una coyuntura internacional que obliga a pensar en términos de Estado, no de reflejos. No se trata de un “pico” pasajero de precios, sino de una disrupción global con componentes energéticos, logísticos y agroalimentarios que se retroalimentan. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) lo sintetizó con una frase que no deja margen para subestimar el momento: la guerra en Oriente Medio está provocando “la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial”. Y cuando una crisis se define como “sin precedentes”, lo responsable es abandonar la improvisación y adoptar reglas claras, con equidad y sostenibilidad. 

El primer impacto es el más visible: la energía. El precio del WTI ha escalado con fuerza en lo que va de año, pasando —según los datos de coyuntura que circulan en el propio debate público— de US$58 al cierre de diciembre a casi US$100 por barril. El segundo impacto es menos mediático, pero igual de determinante: la logística. En semanas recientes, los fletes marítimos en rutas clave han mostrado repuntes; indicadores y reportes del mercado de contenedores apuntan a incrementos notables en tarifas spot y a la posibilidad de nuevos recargos vinculados al conflicto. El tercer impacto es el que suele llegar “en silencio” y golpear “en diferido”: fertilizantes. El encarecimiento de urea y otros insumos nitrogenados se ha acelerado en el contexto de la disrupción regional y los cuellos de botella, con riesgos de traspaso a precios de alimentos con rezago de meses. En otras palabras: quien crea que todo se reduce a la gasolina está mirando apenas una parte del problema.

Ahora bien, una crisis importada no se gestiona solo con diagnósticos; se gestiona con restricciones presupuestarias. El Presupuesto contemplaba alrededor de RD$10,500 millones para subsidiar combustibles bajo el supuesto de un WTI en US$65. Pero con un WTI por encima de US$95, el subsidio semanal proyectado ronda RD$1,500 millones, lo que implica que hacia finales de abril o inicios de mayo se habría consumido el monto presupuestado. Este dato tiene una consecuencia política concreta: la discusión no es si el subsidio “es bueno” o “es malo”, sino si es financiable sin sacrificar prioridades sociales y sin debilitar la estabilidad macro.

Y aquí emerge el núcleo del dilema: estabilidad social vs. subsidio generalizado. El Gobierno ha planteado tres objetivos que, en lo esencial, son correctos: preservar la estabilidad macro y fiscal —y por encima de todo, la estabilidad social—; monitorear alimentos e insumos agrícolas para amortiguar impactos locales; y evitar, en lo posible, una caída de la inversión pública para sostener una política fiscal contracíclica. Esta jerarquía no es un capricho: es una lección básica de economía política. Cuando el Estado pierde capacidad fiscal, la primera víctima suele ser la inversión; y cuando se recorta inversión, se reduce crecimiento y empleo; y cuando cae empleo, la presión social escala.

La fortaleza del país ayuda, pero no debe malinterpretarse. Las reservas internacionales se ubican alrededor de US$16,180.7 millones (febrero 2026), y los datos oficiales muestran que la inflación interanual se situó en 4.67% en febrero, dentro del rango meta. Esas cifras son un amortiguador, sí, pero un amortiguador no es un permiso para convertir una medida excepcional en un compromiso permanente. Las reservas sirven para sostener confianza y estabilidad; no para financiar indefinidamente distorsiones que terminan drenando el presupuesto. 

Por eso el país debe entender una verdad incómoda: el subsidio generalizado a combustibles no es neutral. La evidencia comparada es consistente: los subsidios universales tienden a concentrar beneficios en hogares de mayores ingresos porque consumen más energía y combustible. Y el argumento distributivo que se discute internamente es contundente: si el 20% de mayores ingresos consume el 50% de gasolinas y gasoil, entonces una parte significativa del subsidio termina favoreciendo, por diseño, a quienes menos lo necesitan. Eso no solo es fiscalmente caro: es socialmente injusto.

De ahí la lógica —y la necesidad— de un ajuste gradual como el incremento acumulado de RD$15 en gasolinas y gasoil. La pregunta que muchas personas se hacen es por qué un aumento adicional de RD$10 tras uno previo de RD$5. Los “dos nuevos datos” que se citan en la discusión pública son reveladores: crece la incertidumbre sobre la reapertura de Ormuz por riesgos de seguridad (incluidas minas y ausencia de cobertura de seguros para navieras), y la destrucción de instalaciones petroleras y gasíferas sugiere un shock de oferta más prolongado. Es decir, no es capricho: es administración de un escenario que empeoró.

Más aún: aun después del aumento, estos combustibles siguen subsidiados. Con un WTI de referencia cercano a US$96, los cálculos plantean subsidios por galón que todavía serían significativos, especialmente en gasoil. Esta es una pieza clave para el debate público: no se trata de “retirar el apoyo” de golpe, sino de reducir la velocidad de una sangría fiscal para poder proteger lo verdaderamente social. En paralelo, mantener sin variación el GLP es coherente con un criterio de equidad: el GLP impacta directamente la cocina del hogar y actividades esenciales como el transporte público, donde el golpe se siente con más dureza en los estratos de menores ingresos.

El enfoque correcto, entonces, no es defender un subsidio universal “hasta que el mundo se calme”, porque nadie puede garantizar cuándo ocurrirá eso. El enfoque correcto es mover el país hacia una política de protección inteligente: focalizar apoyos en hogares vulnerables y en rubros esenciales; sostener el GLP; reforzar programas sociales; y, muy importante, proteger la canasta básica por la vía preventiva: el subsidio a fertilizantes por tres meses, con un monto dispuesto de RD$1,000 millones, apunta exactamente a contener el traspaso futuro a precios de alimentos. La literatura de shocks de oferta muestra que cuando los fertilizantes suben, los alimentos lo reflejan después; prevenir hoy puede costar menos que compensar mañana. 

La comparación regional también debe leerse con honestidad. En 2022, Centroamérica aplicó congelamientos, reducciones de impuestos o aumentos de subsidios por la crisis asociada a la guerra en Ucrania; y luego desmontó esas medidas transitorias. El recordatorio es pertinente: las políticas de emergencia no pueden ser eternas sin romper finanzas públicas. La excepción dominicana en mantener esquemas por más tiempo no debe convertirse en obligación indefinida; debe convertirse en oportunidad para diseñar una transición más justa y transparente.

En definitiva, esta crisis exige una pedagogía política: explicar que el problema es triple —energía, logística y fertilizantes— y que la respuesta debe ser también triple —estabilidad macro, protección social focalizada y prevención alimentaria—. El país tiene liquidez y solvencia, sí; pero precisamente por eso debe usarlas con inteligencia: subsidio generalizado, no; protección focalizada y gradualidad razonable, sí. Y sobre todo: reglas claras, transparencia del costo fiscal y una ruta de salida. Porque al final, la estabilidad social se defiende mejor cuando el Estado mantiene su capacidad de invertir, de proteger a los vulnerables y de sostener confianza. Esa es la diferencia entre apagar fuegos y construir resiliencia.

Luis Orlando Díaz Vólquez
Ingeniero de sistemas de computadora · Editor bibliográfico · Productor de medios de comunicación

Ante el alza internacional del petróleo, el Gobierno actúa para proteger a los dominicanos

Viernes 20 de marzo de 2026

En un escenario global marcado por la incertidumbre y la volatilidad energética, la República Dominicana ha optado por una decisión clara: proteger a su gente sin comprometer la estabilidad del país.

La escalada del conflicto armado en Medio Oriente ha sacudido los mercados internacionales de energía. De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, el mundo enfrenta la mayor interrupción del suministro petrolero de la historia, una situación que ha disparado el precio del crudo de referencia WTI en cerca de un 70 % en lo que va de 2026. Esta presión externa, ajena a la realidad productiva nacional, amenaza con trasladarse directamente al bolsillo de las familias si no se actúa con responsabilidad y visión de Estado.

Frente a este contexto, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció un conjunto de medidas orientadas a amortiguar el impacto de la crisis global, priorizando la protección de los sectores más vulnerables y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Durante esta semana, el Estado asumirá un subsidio proyectado de RD$1,702.2 millones, un esfuerzo fiscal significativo que demuestra el compromiso del Gobierno con la estabilidad social. Sin embargo, conscientes de que los recursos públicos no son infinitos, se dispuso un reajuste focalizado de RD$10 pesos en los precios de las gasolinas y el gasoil, una corrección moderada que permite preservar la operatividad fiscal y garantizar que los subsidios lleguen donde realmente se necesitan.

Aun con este reajuste, el Estado continúa absorbiendo una parte sustancial del impacto internacional: más de RD$45 pesos por galón en la gasolina premium y más de RD$90 pesos por galón en el gasoil óptimo. Es una señal clara de equilibrio entre responsabilidad fiscal y sensibilidad social.

El corazón de la protección social, sin embargo, se mantiene intacto. El Gobierno decidió congelar el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), reconociendo su papel esencial en la vida cotidiana de los hogares dominicanos. El GLP es cocina, alimento, transporte público y sustento diario. Mantener su precio estable significa preservar la base económica de miles de familias y garantizar la continuidad de servicios esenciales.

Como respaldo adicional, el Estado ha identificado RD$10,000 millones en ahorros internos, provenientes de partidas no prioritarias del presupuesto, que serán utilizados para sostener los subsidios sin aumentar el gasto total del Gobierno. Esta decisión reafirma una política de orden, disciplina y previsión.

Precios de los combustibles

Semana del 21 al 27 de marzo de 2026

  • Gasolina Premium: RD$305.10 por galón (sube)
  • Gasolina Regular: RD$287.50 por galón (sube)
  • Gasoil Regular: RD$239.80 por galón (sube)
  • Gasoil Óptimo: RD$257.10 por galón (sube)
  • Avtur: RD$323.49 por galón (sube)
  • Kerosene: RD$366.60 por galón (sube)
  • Fueloil #6: RD$201.38 por galón (sube)
  • Fueloil 1%S: RD$215.86 por galón (sube)
  • Gas Licuado de Petróleo (GLP): RD$137.20 por galón (sin variación)
  • Gas Natural: RD$43.97 por m³ (sin variación)

La tasa de cambio promedio semanal utilizada fue de RD$61.18, según las publicaciones diarias del Banco Central.

En tiempos de crisis global, gobernar es decidir con responsabilidad. La República Dominicana responde con medidas firmes, focalizadas y humanas, demostrando que es posible proteger a la gente, cuidar las finanzas públicas y mantener el rumbo de estabilidad que el país ha construido.
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Sobre el autor, Luis Orlando Díaz Vólquez, es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.

Santo Domingo, República Dominicana. Viernes, 20 de marzo de 2026 | #GuasabaraEditor @LuisOrlandoDia1 @GuasabaraEditor

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Ante alza internacional del petróleo, Gobierno activa medidas para proteger a los dominicanos

Ante alza internacional del petróleo, Gobierno activa medidas para proteger a los dominicanos

Viernes 20 de marzo, 2026.

El Estado congela el GLP y aplica un reajuste focalizado en combustibles para evitar que la crisis global afecte a los sectores más vulnerables

Santo Domingo – El Estado congela el GLP y aplica un reajuste focalizado en combustibles para evitar que la crisis global afecte a los sectores más vulnerables

Santo Domingo, D.N. — Frente a la inestabilidad del mercado petrolero global a raíz del conflicto armado en Medio Oriente, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció hoy un conjunto de medidas orientadas a proteger la economía de las familias dominicanas y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esta decisión gubernamental responde a una crisis mundial sin precedentes: de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, la actual coyuntura bélica está provocando la mayor interrupción de suministro en la historia petrolera mundial, lo que ha elevado el precio del barril WTI en un 70 % en lo que va de 2026.

Para mitigar este impacto de forma inmediata, el Gobierno asumirá un subsidio proyectado de RD$ 1,702.2 millones durante esta semana. No obstante, como una medida de responsabilidad fiscal, el Estado ha dispuesto un reajuste de RD$ 10 pesos en los precios de las gasolinas y el gasoil. Esta corrección focalizada permite preservar las finanzas operativas y garantizar que los recursos públicos se dirijan hacia quienes verdaderamente los necesitan. Para proteger la cadena productiva nacional, el Estado absorberá más de RD$ 45 pesos por galón en la gasolina premium y más de RD$ 90 pesos en el gasoil óptimo.

Para asegurar que este reajuste no afecte la base económica de las familias dominicanas, el Gobierno ha trazado una línea de contención, manteniendo congelado el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP). Esta medida garantiza la estabilidad en los costos de preparación de alimentos en todos los hogares y ayuda a la operatividad del transporte público de pasajeros.

Simultáneamente, el Estado identificó de ahorros internos por RD$ 10,000 millones en partidas estatales no prioritarias que serán utilizados para seguir subsidiando los combustibles.

Precios de los combustibles

Para la semana del 21 al 27 de marzo de 2026, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$305.10 por galón; sube.

  • Gasolina Regula, RD$287.50 por galón; sube.
  • Gasoil Regular, RD$239.80 por galón; sube.
  • Gasoil Óptimo, RD$257.10 por galón; sube.
  • Avtur, RD$323.49 por galón; sube.
  • Kerosene, RD$366.60 por galón; sube.
  • Fueloil #6, RD$201.38 por galón; sube.
  • Fueloil 1%S, RD$215.86 por galón; sube.
  • Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.
  • Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$61.18, de las publicaciones diarias del Banco Central.

https://micm.gob.do/ante-alza-internacional-del-petroleo-gobierno-activa-medidas-para-proteger-a-los-dominicanos/

República Dominicana y el “dividendo democrático” que sostiene el desarrollo (Meta RD 2036) | Por Luis Orlando Díaz Vólquez

República Dominicana y el “dividendo democrático” que sostiene el desarrollo (Meta RD 2036)

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

En un mundo donde la democracia retrocede a niveles equivalentes a 1978 para el ciudadano promedio, el dato dominicano no es menor: es una señal de “calidad institucional” en medio del ruido global.

El Democracy Report 2026 del V‑Dem Institute describe un escenario en el que las autocracias superan a las democracias (92 frente a 87 al cierre de 2025) y donde 74% de la población mundial vive bajo regímenes autocráticos, con apenas 7% en democracias liberales.
Ese contexto define, sin exageración, el nuevo tablero: el crecimiento ya no depende solo de mercados, sino de confianza, y la confianza se construye con instituciones. 

La trascendencia del reconocimiento a la República Dominicana —ubicada entre los casos que profundizan su democracia dentro del reducido grupo de procesos de democratización en curso— debe leerse como un activo estratégico comparable a una mejora en el “rating” institucional.
En términos prácticos, esto significa que el país gana margen de maniobra: más credibilidad para atraer inversión, más resiliencia para gestionar shocks externos, y mayor capacidad para sostener reformas de largo plazo sin que la incertidumbre política las descarrile.

Lo relevante aquí no es el aplauso internacional per se; es lo que ese aplauso habilita. El propio V‑Dem advierte que la democratización global lleva más de 15 años de estancamiento, con 44 países autocratizando y solo 18 democratizando.
Cuando la tendencia mundial es el deterioro de libertades —en especial la libertad de expresión, uno de los componentes más atacados—, sostener y mejorar estándares democráticos deja de ser “discurso” y se convierte en infraestructura invisible del desarrollo.

Democracia como plataforma productiva: el puente hacia Meta RD 2036

Aquí es donde la noticia conecta, de forma directa, con Meta RD 2036: una visión-país que busca duplicar el PIB real, eliminar la pobreza extrema, crear 1.7 millones de empleos, triplicar el salario medio y elevar la economía hacia estándares de prosperidad comparables con los países de mayor ingreso en la región.
Ese paquete de metas exige algo más difícil que crecer: exige sostener el crecimiento con productividad, innovación, capital humano e institucionalidad. 

Por eso el hallazgo del V‑Dem importa tanto: porque Meta RD 2036 no es solo un programa económico; es una apuesta por coordinación, ejecución, gobernanza y continuidad.
La estrategia se concibe como un esfuerzo articulado con comités sectoriales y seguimiento de resultados para convertir objetivos en acciones medibles, precisamente lo que distingue a los países que convergen hacia el desarrollo de los que se quedan atrapados en el ingreso medio. 

El “dividendo democrático” y la competitividad

En un entorno internacional donde el capital busca refugio en jurisdicciones previsibles, la estabilidad democrática funciona como un multiplicador de competitividad.
No es una abstracción: los inversores valoran reglas claras, justicia funcional, controles institucionales y alternancia legítima porque reducen el riesgo de arbitrariedad.
Cuando V‑Dem define la democracia liberal como la combinación de elecciones competitivas con pesos y contrapesos, Estado de derecho y libertades civiles, está describiendo, en el fondo, el clima donde florecen contratos, innovación y crédito a largo plazo. 

Dicho de otro modo: sin institucionalidad, la inversión sube de costo; con institucionalidad, el país puede aspirar a mejores condiciones de financiamiento, a cadenas de valor más sofisticadas y a políticas públicas con horizonte de década —exactamente el marco que requiere Meta RD 2036.

Lo que esta noticia exige: cuidar la ventaja

Ahora bien, una ventaja institucional no se administra con triunfalismo. Se administra con disciplina democrática:

  • Fortalecer la calidad regulatoria y la transparencia para que el Estado sea predecible y eficiente. 
  • Proteger libertades cívicas y espacios de deliberación, porque V‑Dem identifica la libertad de expresión como el derecho que más se deteriora globalmente; quien la cuida, se diferencia.
  • Hacer de la rendición de cuentas una práctica cotidiana, no un evento; la medición de resultados es parte del “ADN” de Meta RD 2036.

Si el mundo vive una “gran reversión” democrática, la respuesta inteligente no es celebrar: es blindar las instituciones para que el desarrollo no dependa de coyunturas, sino de reglas.

Una lectura país: reputación democrática como activo geopolítico

Finalmente, hay una dimensión que no debemos subestimar: la reputación democrática es también un activo geopolítico. V‑Dem subraya que el “centro de gravedad” de la experiencia humana y de la gobernanza global se desplaza hacia el autoritarismo, con países grandes y poderosos capaces de reconfigurar normas y organizaciones internacionales.
En ese tablero, la República Dominicana se fortalece cuando proyecta confiabilidad institucional: mejora su posición como socio, como plataforma de negocios y como actor regional con voz propia. 

Meta RD 2036 —en su esencia— es la ambición de convertir crecimiento en prosperidad compartida.
Y esa transformación requiere una condición previa: que el país tenga instituciones capaces de sostener políticas consistentes, resolver conflictos con legitimidad y garantizar que el progreso no sea un paréntesis, sino una trayectoria. 

Ahí está la trascendencia real de la noticia: no en el titular, sino en el mensaje estructural. En tiempos de incertidumbre global, la democracia —cuando se profundiza— no es solo un valor: es una ventaja comparativa.

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Sobre el autor, Luis Orlando Díaz Vólquez, es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.

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Presidente Abinader posiciona a República Dominicana como ejemplo democrático global, revela informe V-Dem 2026

_De ocho procesos en curso, el país figura entre las naciones que profundizan su democracia, mientras cinco lograron pasar de autocracias a democracias para 2025._

Santo Domingo, R.D., 19 de marzo de 2026.—* El presidente Luis Abinader ha posicionado a la República Dominicana como uno de los principales ejemplos de avance democrático a nivel global, según el más reciente informe del V-Dem Institute 2026, que destaca al país entre las pocas naciones que fortalecen sus instituciones en medio de un contexto mundial marcado por el retroceso de la democracia.

El estudio, titulado Democracy Report 2026, advierte que la democracia a nivel global ha caído a niveles de 1978, con más autocracias que democracias y con cerca del 74 % de la población mundial viviendo bajo regímenes no democráticos. En este escenario, la República Dominicana se posiciona como una excepción, al formar parte del reducido grupo de países que avanzan en la calidad de su sistema político.

El informe establece que solo existen ocho episodios en curso de democratización independiente en el mundo, todos en países que ya eran democráticos. Dentro de este grupo, la República Dominicana figura entre los tres casos de profundización democrática, junto a Sri Lanka y las Islas Salomón, lo que implica un fortalecimiento sostenido de sus instituciones.

De estos ocho casos, cinco países lograron hacer la transición desde regímenes autocráticos hacia democracias para 2025, mientras que tres, incluida la República Dominicana, ya eran democracias y continúan perfeccionando su sistema institucional.

En una región donde la democracia muestra señales mixtas, la República Dominicana se posiciona como uno de los casos más sólidos de estabilidad y progreso institucional.

El informe también señala que la democratización global lleva más de 15 años estancada, con solo 18 países en proceso de avance frente a 44 en autocratización, lo que resalta aún más la relevancia del caso dominicano.

En medio de este panorama, la República Dominicana emerge como un modelo de fortalecimiento institucional y compromiso con el Estado de derecho, consolidándose como un referente regional y global en materia de gobernanza democrática.
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Gobierno califica como "grave" la crisis petrolera por la guerra en Medio Oriente y anuncia medidas

Gobierno califica como "grave" la crisis petrolera por la guerra en Medio Oriente y anuncia medidas

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, expresó: "Estamos ante una crisis que no controlamos"

Stephanie Hilario Soto - Santo Domingo - mar. 19, 2026 | 08:40 p. m.| 5 min de lectura

Gobierno califica como "grave" la crisis petrolera por la guerra en Medio Oriente y anuncia medidas
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, habla con los medios de comunicación tras la finalización del segundo Consejo de Gobierno en el Palacio Nacional. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)
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El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, calificó la noche de este jueves como grave la actual situación del mercado petrolero internacional, en el contexto de la guerra en Medio Oriente, advirtiendo que se trata de una crisis grave con impacto directo sobre la economía dominicana.

El funcionario ofreció estas declaraciones al término del segundo Consejo de Gobierno en lo que va de este 2026, el cual estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña.

La reunión se extendió por tres horas y en ella se pasó balance a los avances de las prioridades de crecimiento económico y la estrategia nacional Meta RD 2036.

El incremento

Magín Díaz explicó que el precio del petróleo ha experimentado un aumento significativo, al pasar de menos de 60 dólares al cierre del año pasado a niveles entre 95 y 100 dólares en la actualidad, lo que representa un incremento de entre 65 % y 70 % en lo que va de año.

Ante este escenario, Díaz indicó que el Gobierno ha definido tres objetivos fundamentales:

  • Preservar la estabilidad macroeconómica
  • Garantizar la sostenibilidad fiscal 
  • Proteger la estabilidad social, con especial énfasis en los sectores más vulnerables

"Estamos ante una crisis que no controlamos, pero que encuentra al país en una posición fiscal y macroeconómica fuerte y resiliente", afirmó.

Subsidios de combustibles

Informó que el presupuesto nacional contempla alrededor de 12,000 millones de pesos destinados a subsidios de combustibles, calculados sobre la base de un precio del petróleo WTI de 65 dólares, y que ya se han identificado partidas adicionales por más de 10,000 millones de pesos para reasignación en caso de ser necesario. 

"Los aumentos de precios que hubo en los comuns esta semana de 5 pesos representan apenas entre 1.7 % y un 2 % de aumento del precio final al consumidor. Y hay que tomar en cuenta que como es un subsidio generalizado, el 20 % más rico de la población va a pagar 50 % de este aumento. O sea que estamos tratando de proteger a los grupos más vulnerables", afirmó.

Asimismo, se resaltó que el país cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos para enfrentar este escenario, incluyendo reservas internacionales cercanas a US$16,000 millones, niveles adecuados de liquidez y acceso a financiamiento tanto en mercados internacionales como domésticos.

En ese sentido, se indicó que los depósitos del sector público superan los RD$300,000 millones entre el Banco Central y el Banco de Reservas, mientras que los ingresos fiscales se sitúan aproximadamente RD$4,000 millones por encima de lo presupuestado, lo que fortalece la capacidad de respuesta del Estado.

Asimismo, anunció la implementación de un subsidio a los insumos de fertilizantes, para mitigar el impacto del alza internacional —que ha alcanzado hasta un 40 %— y evitar que esto se traduzca en aumentos en los precios de los alimentos.

Para esta iniciativa se han destinado aproximadamente 1,000 millones de pesos, con cobertura prevista para los próximos tres meses.

Otro de los ejes de acción será amortiguar el impacto del incremento de los precios internacionales en el mercado interno, especialmente en alimentos, insumos agropecuarios y combustibles.

El ministro también aseguró que las medidas se ejecutarán sin afectar la inversión pública. Por el contrario, indicó que el Gobierno buscará incrementarla como parte de una política contracíclica orientada a sostener el crecimiento económico.

"El objetivo principal es mantener la estabilidad macroeconómica, fiscal y, sobre todo, la estabilidad social, protegiendo a los grupos más vulnerables", reiteró.

El ministro concluyó señalando que, aunque persiste un alto nivel de incertidumbre sobre la duración de la crisis, las autoridades cuentan con la experiencia, la liquidez y las herramientas necesarias para enfrentar el escenario actual.

Otros temas abordados 

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, manifestó que durante la reunión, en términos generales de avances, se destacó el proceso en la formación de capital humano, con la expansión de liceos técnicos y programas de becas en área STEM, alineado a las necesidades del mercado. 

En turismo, informó que "se avanza una norma para el manejo del salgazo, que es una crisis regional conocida, y en la adecuación de la formación técnico-profesional del sector". 

Asimismo, en construcción se registraron mejoras en la reducción de la permisología y un aumento en la inversión en infraestructura, mientras que en zonas francas se fortaleció la promoción internacional del país como hub regional y se desarrollan herramientas financieras para ampliar la capacidad de los parques industriales.

De igual forma, en el ámbito logístico se reportaron avances en los procesos de reexportación desde centros logísticos y en la implementación del plan para posicionar a la República Dominicana como hub logístico regional

En el sector agropecuario, se destacó la ejecución de programas orientados a elevar la eficiencia y productividad, incluyendo iniciativas de capacitación para la exportación de aguacate, el fortalecimiento del sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria y la creación de fondos de inversión para la producción de café y cacao.

https://www.diariolibre.com/politica/gobierno/2026/03/19/gobierno-anuncia-medidas-ante-posible-impacto-guerra-medio-oriente/3475612#google_vignette

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Consejo de Ministros y Directores, Consejo de Ministros, Gobierno, Institucional, Luis Abinader, José Ignacio Paliza, Magín Díaz, ECONOMIA,

COMENTARIO EDITORIAL

La crisis que no controlamos… y la política que sí debemos controlar

Que el Gobierno haya calificado como “grave” la actual tensión del mercado petrolero internacional no es retórica: es un reconocimiento necesario de que la economía dominicana vuelve a quedar expuesta a un riesgo exógeno —geopolítico, energético y financiero— que no se resuelve con voluntarismo, sino con estrategia. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, lo resumió con una frase que debería convertirse en guía de política pública: “Estamos ante una crisis que no controlamos”.

El dato duro es el que manda. En pocas semanas, el barril pasó de estar por debajo de US$60 a moverse entre US$95 y US$100, un salto de 65%–70% en lo que va de año, según explicó el propio ministro. Ese incremento no es una abstracción: se transmite —con rezagos y amortiguadores— a la factura petrolera, al costo del transporte, a la cadena logística, al precio de la electricidad y, finalmente, al bolsillo de los hogares. En países importadores netos de energía, el petróleo es una variable de inflación, de balanza de pagos y de gobernabilidad social al mismo tiempo. 

Por eso el anuncio de tres objetivos —preservar estabilidad macroeconómica, garantizar sostenibilidad fiscal y proteger la estabilidad social— es correcto en su arquitectura, porque ordena prioridades en el mismo sentido en que se ordenan los choques externos: primero evitar desanclajes (inflación, tipo de cambio, expectativas), luego cuidar el espacio fiscal y, sobre todo, proteger a los vulnerables. Sin estabilidad, la política social se encarece; sin sostenibilidad, la estabilidad se vuelve frágil. 

Ahora bien, el verdadero debate no es si habrá medidas, sino qué tan inteligentes serán. En el corto plazo, el Gobierno apuesta a amortiguadores conocidos: subsidios a combustibles presupuestados por unos RD$12,000 millones calculados con WTI en US$65, y partidas adicionales identificadas por más de RD$10,000 millones para reasignación si el escenario se prolonga. También se ha insistido en que el país cuenta con fundamentos para resistir: reservas internacionales cercanas a US$16,000 millones, depósitos del sector público por encima de RD$300,000 millones y un desempeño de ingresos fiscales alrededor de RD$4,000 millones por encima de lo presupuestado. Todo eso ayuda. Pero ayuda si se administra con prudencia. 

Aquí aparece el primer dilema: subsidio generalizado vs. subsidio focalizado. El ministro argumenta que los ajustes recientes —RD$5 en “los combustibles comunes”— equivalen apenas a 1.7%–2% del precio final, y que al ser un subsidio generalizado el 20% más rico termina pagando una mayor parte del aumento, con lo cual se protege relativamente a los vulnerables. Es un razonamiento atendible para una semana de tensión; pero si el petróleo alto se convierte en régimen, el subsidio generalizado se vuelve un “agujero” regresivo e ineficiente: premia consumo, desincentiva ahorro energético y drena recursos que deberían ir a transferencias directas, transporte público y protección alimentaria. 

Por eso, más que repetir el libreto, conviene actualizarlo: mantener amortiguación en el shock inicial —para que no explote la inflación de golpe— y transitar hacia un esquema de apoyo más focalizado. La política inteligente no es la que “congela” precios para siempre, sino la que compra tiempo para ejecutar reformas sin romper el tejido social.

El segundo dilema es agroalimentario. El Gobierno anunció un subsidio a insumos de fertilizantes ante alzas internacionales que han alcanzado hasta 40%, con unos RD$1,000 millones para cobertura estimada de tres meses. Esta medida, bien diseñada, puede ser clave: cuando sube la energía, sube el fertilizante; cuando sube el fertilizante, sube el alimento; y cuando sube el alimento, se recalienta la conflictividad social. Es el triángulo más sensible de cualquier economía abierta. Pero el subsidio debe ir amarrado a productividad y trazabilidad: que llegue al productor real, que no se filtre por intermediación, y que premie eficiencia (rendimientos, prácticas sostenibles, compras agregadas). 

El tercer dilema —y el más estructural— es energético. El Gobierno, en paralelo, ha coordinado con generadores térmicos medidas preventivas y ha informado que muchas empresas reportan garantías de abastecimiento de carbón y gas natural suficientes para cubrir operaciones durante el resto del año. Esa coordinación reduce riesgo de desabastecimiento, pero no elimina el riesgo de precios. En otras palabras: podemos tener combustible, pero más caro; y el precio, tarde o temprano, entra a la economía.

De ahí que el país necesite algo más que amortiguadores: necesita una doctrina de seguridad energética acoplada a la visión de Meta RD 2036. El propio Consejo de Ministros pasó balance a prioridades de crecimiento y a avances en capital humano (liceos técnicos, becas STEM), turismo (norma para manejo de sargazo), construcción (permisología), zonas francas, logística y agropecuaria, todo dentro del marco de Meta RD 2036. Ese relato de transformación productiva es valioso, pero debe incorporar una verdad incómoda: sin resiliencia energética, la productividad se vuelve vulnerable

La guerra en Medio Oriente —y la volatilidad asociada— nos recuerda que la globalización no se rompió: se volvió más cara, más incierta y más política. Y eso afecta el crédito. Los mercados financieros tienden a reprecificar riesgo cuando sube el petróleo: se endurecen condiciones, suben primas, y el costo de financiamiento para emergentes puede incrementarse incluso si el país “hizo la tarea”. Por eso, la sostenibilidad fiscal no es solo contabilidad; es señal. Señal a inversionistas, a calificadoras y a los propios dominicanos: el Estado no improvisa.

¿Qué sería, entonces, una respuesta de Estado a la altura del choque?

  1. Regla de salida para los subsidios: no basta con anunciar montos; hay que anunciar criterios. Si el petróleo se mantiene en banda alta por X semanas, el subsidio generalizado debe ir migrando a focalización (bonos transporte, transferencias a hogares vulnerables, apoyo a productores clave), con cronograma y métricas.

  2. Gestión de riesgo de precio: así como empresas cubren riesgos, el Estado puede explorar coberturas parciales y escalonadas para la factura petrolera, sin apuestas temerarias. No se trata de “jugar” con derivados, sino de reducir volatilidad presupuestaria.

  3. Ahorro energético como política social: el kilovatio que no se consume es el más barato. Eficiencia en alumbrado público, compras gubernamentales eficientes, incentivos a flotas más eficientes, y una cruzada real contra pérdidas y cuellos logísticos. Lo social no solo es subsidio: también es productividad.

  4. Transporte público y logística: si el petróleo sube, el país con peores congestionamientos paga doble. Reducir tiempos en carretera, mejorar transporte masivo y ordenar la distribución urbana son políticas antiinflacionarias de primera línea.

  5. Acelerar la diversificación: gas natural, renovables y modernización de redes. La crisis debe leerse como oportunidad para empujar decisiones que en tiempos normales se postergan.

En lo inmediato, el Gobierno ha subrayado que aplicará medidas sin afectar la inversión pública e incluso con enfoque contracíclico para sostener crecimiento. Esa apuesta es defendible: cortar inversión en plena incertidumbre puede amplificar la desaceleración. Pero hay una condición: inversión pública no es sinónimo de “más gasto”, sino de mejor gasto. En tiempos de choque, la calidad del gasto decide si el país sale fortalecido o sale endeudado.

Al final, la frase “crisis que no controlamos” debe completarse con la otra mitad del diagnóstico: sí controlamos la velocidad de reacción, la focalización del apoyo, la transparencia del gasto y la agenda de reformas. Controlamos si convertimos el shock en palanca de resiliencia. Controlamos si el discurso de Meta RD 2036 se conecta con decisiones energéticas, logísticas y productivas que reduzcan dependencia y vulnerabilidad.

La historia económica dominicana enseña que los choques externos pasan; lo que queda es la arquitectura institucional con la que se enfrentaron. Hoy, más que calma, necesitamos dirección. Y más que subsidios, necesitamos estrategia.

Luis Orlando Díaz Vólquez  

La crisis que no controlamos… y la política que sí debemos controlar | Por Luis Orlando Díaz Vólquez

COMENTARIO EDITORIAL

La crisis que no controlamos… y la política que sí debemos controlar

Que el Gobierno haya calificado como “grave” la actual tensión del mercado petrolero internacional no es retórica: es un reconocimiento necesario de que la economía dominicana vuelve a quedar expuesta a un riesgo exógeno —geopolítico, energético y financiero— que no se resuelve con voluntarismo, sino con estrategia. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, lo resumió con una frase que debería convertirse en guía de política pública: “Estamos ante una crisis que no controlamos”.

El dato duro es el que manda. En pocas semanas, el barril pasó de estar por debajo de US$60 a moverse entre US$95 y US$100, un salto de 65%–70% en lo que va de año, según explicó el propio ministro. Ese incremento no es una abstracción: se transmite —con rezagos y amortiguadores— a la factura petrolera, al costo del transporte, a la cadena logística, al precio de la electricidad y, finalmente, al bolsillo de los hogares. En países importadores netos de energía, el petróleo es una variable de inflación, de balanza de pagos y de gobernabilidad social al mismo tiempo. 

Por eso el anuncio de tres objetivos —preservar estabilidad macroeconómica, garantizar sostenibilidad fiscal y proteger la estabilidad social— es correcto en su arquitectura, porque ordena prioridades en el mismo sentido en que se ordenan los choques externos: primero evitar desanclajes (inflación, tipo de cambio, expectativas), luego cuidar el espacio fiscal y, sobre todo, proteger a los vulnerables. Sin estabilidad, la política social se encarece; sin sostenibilidad, la estabilidad se vuelve frágil. 

Ahora bien, el verdadero debate no es si habrá medidas, sino qué tan inteligentes serán. En el corto plazo, el Gobierno apuesta a amortiguadores conocidos: subsidios a combustibles presupuestados por unos RD$12,000 millones calculados con WTI en US$65, y partidas adicionales identificadas por más de RD$10,000 millones para reasignación si el escenario se prolonga. También se ha insistido en que el país cuenta con fundamentos para resistir: reservas internacionales cercanas a US$16,000 millones, depósitos del sector público por encima de RD$300,000 millones y un desempeño de ingresos fiscales alrededor de RD$4,000 millones por encima de lo presupuestado. Todo eso ayuda. Pero ayuda si se administra con prudencia. 

Aquí aparece el primer dilema: subsidio generalizado vs. subsidio focalizado. El ministro argumenta que los ajustes recientes —RD$5 en “los combustibles comunes”— equivalen apenas a 1.7%–2% del precio final, y que al ser un subsidio generalizado el 20% más rico termina pagando una mayor parte del aumento, con lo cual se protege relativamente a los vulnerables. Es un razonamiento atendible para una semana de tensión; pero si el petróleo alto se convierte en régimen, el subsidio generalizado se vuelve un “agujero” regresivo e ineficiente: premia consumo, desincentiva ahorro energético y drena recursos que deberían ir a transferencias directas, transporte público y protección alimentaria. 

Por eso, más que repetir el libreto, conviene actualizarlo: mantener amortiguación en el shock inicial —para que no explote la inflación de golpe— y transitar hacia un esquema de apoyo más focalizado. La política inteligente no es la que “congela” precios para siempre, sino la que compra tiempo para ejecutar reformas sin romper el tejido social.

El segundo dilema es agroalimentario. El Gobierno anunció un subsidio a insumos de fertilizantes ante alzas internacionales que han alcanzado hasta 40%, con unos RD$1,000 millones para cobertura estimada de tres meses. Esta medida, bien diseñada, puede ser clave: cuando sube la energía, sube el fertilizante; cuando sube el fertilizante, sube el alimento; y cuando sube el alimento, se recalienta la conflictividad social. Es el triángulo más sensible de cualquier economía abierta. Pero el subsidio debe ir amarrado a productividad y trazabilidad: que llegue al productor real, que no se filtre por intermediación, y que premie eficiencia (rendimientos, prácticas sostenibles, compras agregadas). 

El tercer dilema —y el más estructural— es energético. El Gobierno, en paralelo, ha coordinado con generadores térmicos medidas preventivas y ha informado que muchas empresas reportan garantías de abastecimiento de carbón y gas natural suficientes para cubrir operaciones durante el resto del año. Esa coordinación reduce riesgo de desabastecimiento, pero no elimina el riesgo de precios. En otras palabras: podemos tener combustible, pero más caro; y el precio, tarde o temprano, entra a la economía.

De ahí que el país necesite algo más que amortiguadores: necesita una doctrina de seguridad energética acoplada a la visión de Meta RD 2036. El propio Consejo de Ministros pasó balance a prioridades de crecimiento y a avances en capital humano (liceos técnicos, becas STEM), turismo (norma para manejo de sargazo), construcción (permisología), zonas francas, logística y agropecuaria, todo dentro del marco de Meta RD 2036. Ese relato de transformación productiva es valioso, pero debe incorporar una verdad incómoda: sin resiliencia energética, la productividad se vuelve vulnerable

La guerra en Medio Oriente —y la volatilidad asociada— nos recuerda que la globalización no se rompió: se volvió más cara, más incierta y más política. Y eso afecta el crédito. Los mercados financieros tienden a reprecificar riesgo cuando sube el petróleo: se endurecen condiciones, suben primas, y el costo de financiamiento para emergentes puede incrementarse incluso si el país “hizo la tarea”. Por eso, la sostenibilidad fiscal no es solo contabilidad; es señal. Señal a inversionistas, a calificadoras y a los propios dominicanos: el Estado no improvisa.

¿Qué sería, entonces, una respuesta de Estado a la altura del choque?

  1. Regla de salida para los subsidios: no basta con anunciar montos; hay que anunciar criterios. Si el petróleo se mantiene en banda alta por X semanas, el subsidio generalizado debe ir migrando a focalización (bonos transporte, transferencias a hogares vulnerables, apoyo a productores clave), con cronograma y métricas.

  2. Gestión de riesgo de precio: así como empresas cubren riesgos, el Estado puede explorar coberturas parciales y escalonadas para la factura petrolera, sin apuestas temerarias. No se trata de “jugar” con derivados, sino de reducir volatilidad presupuestaria.

  3. Ahorro energético como política social: el kilovatio que no se consume es el más barato. Eficiencia en alumbrado público, compras gubernamentales eficientes, incentivos a flotas más eficientes, y una cruzada real contra pérdidas y cuellos logísticos. Lo social no solo es subsidio: también es productividad.

  4. Transporte público y logística: si el petróleo sube, el país con peores congestionamientos paga doble. Reducir tiempos en carretera, mejorar transporte masivo y ordenar la distribución urbana son políticas antiinflacionarias de primera línea.

  5. Acelerar la diversificación: gas natural, renovables y modernización de redes. La crisis debe leerse como oportunidad para empujar decisiones que en tiempos normales se postergan.

En lo inmediato, el Gobierno ha subrayado que aplicará medidas sin afectar la inversión pública e incluso con enfoque contracíclico para sostener crecimiento. Esa apuesta es defendible: cortar inversión en plena incertidumbre puede amplificar la desaceleración. Pero hay una condición: inversión pública no es sinónimo de “más gasto”, sino de mejor gasto. En tiempos de choque, la calidad del gasto decide si el país sale fortalecido o sale endeudado.

Al final, la frase “crisis que no controlamos” debe completarse con la otra mitad del diagnóstico: sí controlamos la velocidad de reacción, la focalización del apoyo, la transparencia del gasto y la agenda de reformas. Controlamos si convertimos el shock en palanca de resiliencia. Controlamos si el discurso de Meta RD 2036 se conecta con decisiones energéticas, logísticas y productivas que reduzcan dependencia y vulnerabilidad.

La historia económica dominicana enseña que los choques externos pasan; lo que queda es la arquitectura institucional con la que se enfrentaron. Hoy, más que calma, necesitamos dirección. Y más que subsidios, necesitamos estrategia.

Luis Orlando Díaz Vólquez  

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Gobierno califica como "grave" la crisis petrolera por la guerra en Medio Oriente y anuncia medidas

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, expresó: "Estamos ante una crisis que no controlamos"

Stephanie Hilario Soto - Santo Domingo - mar. 19, 2026 | 08:40 p. m.| 5 min de lectura

Gobierno califica como "grave" la crisis petrolera por la guerra en Medio Oriente y anuncia medidas
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, habla con los medios de comunicación tras la finalización del segundo Consejo de Gobierno en el Palacio Nacional. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)
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El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, calificó la noche de este jueves como grave la actual situación del mercado petrolero internacional, en el contexto de la guerra en Medio Oriente, advirtiendo que se trata de una crisis grave con impacto directo sobre la economía dominicana.

El funcionario ofreció estas declaraciones al término del segundo Consejo de Gobierno en lo que va de este 2026, el cual estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña.

La reunión se extendió por tres horas y en ella se pasó balance a los avances de las prioridades de crecimiento económico y la estrategia nacional Meta RD 2036.

El incremento

Magín Díaz explicó que el precio del petróleo ha experimentado un aumento significativo, al pasar de menos de 60 dólares al cierre del año pasado a niveles entre 95 y 100 dólares en la actualidad, lo que representa un incremento de entre 65 % y 70 % en lo que va de año.

Ante este escenario, Díaz indicó que el Gobierno ha definido tres objetivos fundamentales:

  • Preservar la estabilidad macroeconómica
  • Garantizar la sostenibilidad fiscal 
  • Proteger la estabilidad social, con especial énfasis en los sectores más vulnerables

"Estamos ante una crisis que no controlamos, pero que encuentra al país en una posición fiscal y macroeconómica fuerte y resiliente", afirmó.

Subsidios de combustibles

Informó que el presupuesto nacional contempla alrededor de 12,000 millones de pesos destinados a subsidios de combustibles, calculados sobre la base de un precio del petróleo WTI de 65 dólares, y que ya se han identificado partidas adicionales por más de 10,000 millones de pesos para reasignación en caso de ser necesario. 

"Los aumentos de precios que hubo en los comuns esta semana de 5 pesos representan apenas entre 1.7 % y un 2 % de aumento del precio final al consumidor. Y hay que tomar en cuenta que como es un subsidio generalizado, el 20 % más rico de la población va a pagar 50 % de este aumento. O sea que estamos tratando de proteger a los grupos más vulnerables", afirmó.

Asimismo, se resaltó que el país cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos para enfrentar este escenario, incluyendo reservas internacionales cercanas a US$16,000 millones, niveles adecuados de liquidez y acceso a financiamiento tanto en mercados internacionales como domésticos.

En ese sentido, se indicó que los depósitos del sector público superan los RD$300,000 millones entre el Banco Central y el Banco de Reservas, mientras que los ingresos fiscales se sitúan aproximadamente RD$4,000 millones por encima de lo presupuestado, lo que fortalece la capacidad de respuesta del Estado.

Asimismo, anunció la implementación de un subsidio a los insumos de fertilizantes, para mitigar el impacto del alza internacional —que ha alcanzado hasta un 40 %— y evitar que esto se traduzca en aumentos en los precios de los alimentos.

Para esta iniciativa se han destinado aproximadamente 1,000 millones de pesos, con cobertura prevista para los próximos tres meses.

Otro de los ejes de acción será amortiguar el impacto del incremento de los precios internacionales en el mercado interno, especialmente en alimentos, insumos agropecuarios y combustibles.

El ministro también aseguró que las medidas se ejecutarán sin afectar la inversión pública. Por el contrario, indicó que el Gobierno buscará incrementarla como parte de una política contracíclica orientada a sostener el crecimiento económico.

"El objetivo principal es mantener la estabilidad macroeconómica, fiscal y, sobre todo, la estabilidad social, protegiendo a los grupos más vulnerables", reiteró.

El ministro concluyó señalando que, aunque persiste un alto nivel de incertidumbre sobre la duración de la crisis, las autoridades cuentan con la experiencia, la liquidez y las herramientas necesarias para enfrentar el escenario actual.

Otros temas abordados 

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, manifestó que durante la reunión, en términos generales de avances, se destacó el proceso en la formación de capital humano, con la expansión de liceos técnicos y programas de becas en área STEM, alineado a las necesidades del mercado. 

En turismo, informó que "se avanza una norma para el manejo del salgazo, que es una crisis regional conocida, y en la adecuación de la formación técnico-profesional del sector". 

Asimismo, en construcción se registraron mejoras en la reducción de la permisología y un aumento en la inversión en infraestructura, mientras que en zonas francas se fortaleció la promoción internacional del país como hub regional y se desarrollan herramientas financieras para ampliar la capacidad de los parques industriales.

De igual forma, en el ámbito logístico se reportaron avances en los procesos de reexportación desde centros logísticos y en la implementación del plan para posicionar a la República Dominicana como hub logístico regional

En el sector agropecuario, se destacó la ejecución de programas orientados a elevar la eficiencia y productividad, incluyendo iniciativas de capacitación para la exportación de aguacate, el fortalecimiento del sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria y la creación de fondos de inversión para la producción de café y cacao.

https://www.diariolibre.com/politica/gobierno/2026/03/19/gobierno-anuncia-medidas-ante-posible-impacto-guerra-medio-oriente/3475612#google_vignette