Avanza el aterrizaje suave en la elección de la JCE | Por: Juan Bolívar Díaz

Por: Juan Bolívar Díaz |  Fecha: 5 noviembre, 2016 |  En:  Enfoques,

Avanza el aterrizaje suave en la elección de la JCE

Las declaraciones de los ministros de la presidencia Gustavo Montalvo y José Ramón Peralta marcaron esta semana la opción del gobierno por el “aterrizaje suave” en la elección de los titulares de la Junta Central Electoral (JCE), frenando los ímpetus de senadores y dirigentes partidistas que pregonan la simple imposición del poder político.
Al caer la semana se daba por hecho en múltiples ámbitos políticos que el gobierno impulsaría un consenso para llevar al doctor Julio César Castaños Guzmán a la presidencia del organismo, acogiendo el reclamo de árbitros electorales independientes enarbolado por toda la oposición política y cada vez más amplios segmentos de la sociedad civil.
Lanzamiento de Montalvo
Para el miércoles 2 estaba anunciada la decisión sobre la elección de los cinco nuevos titulares de la JCE en la Comisión Especial del Senado que en los últimos tres meses recibió y procesó los expedientes de 222 aspirantes a esos cargos, los cuales ya habrían sido reducidos a 60, y predominaba el discurso de que sólo los senadores tienen facultad para deliberar al respecto.
Pero el martes 1 HOY desplegó la opinión del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien expresó: “confío que la nueva JCE se conforme con personas idóneas, que tengan el perfil adecuado, que sean personas que no estén atadas a ningún compromiso de ninguna naturaleza, ni que respondan a partidos políticos o a grupos de presión”.
La opinión cayó como bomba entre los más pugnaces del Senado y del partido de gobierno y en su inmensa legión de comunicadores, algunos con tantos ímpetus que dieron por hecho que la comisión propondría las ternas y se procedería de inmediato a la elección en la sesión previamente convocada para el miércoles, lo que no ocurrió, a lo que también contribuyó otra declaración, esta vez del ministro Administrativo de la Presidencia.
José Ramón Peralta, quien hace semanas era parte de la línea dura de la imposición y llegó a descalificar hasta los reclamos de la sociedad civil, avaló de inmediato a Montalvo, indicando que “La ley dice que lo mejor es que sean jueces sin vinculación política, independientes, y que si no hubiese independientes, que sea una junta equilibrada. Es lo que dice la ley y yo me acojo a lo que diga la Constitución”.
Una decisión del gobierno
Sólo los fanáticos intentaron desconocer las señales del gobierno. Gustavo Montalvo y  Peralta son los dos funcionarios principales del presidente Danilo Medina, y  el primero ha sido catalogado como un primer ministro, quien por demás es el más renuente a dar opiniones a la prensa, pero que junto a su equipo técnico-jurídico y político ha asumido decisiones importantes en cuestiones conflictivas, como fue el caso de la ley para amortiguar la sentencia de la  desnacionalización, la observación al código penal en el asunto del aborto terapéutico o la rectificación sobre los terrenos de Bahía de las Águilas.

La realidad es que el presidente Medina no ha sido indiferente en ningún caso, sino que ha dejado que “el equipo de Montalvo” cargue el peso de las cuestiones más conflictivas, sobre todo cuando hay choque de intereses al interior de su partido. Por su parte, Peralta encabezó la pelea por reducir el poder del expresidente Leonel Fernández para lograr la reforma de la Constitución que permitió la reelección del actual mandatario.

Sería un error creer que el presidente ha capitulado o asumido por completo los reclamos de la oposición política y de la sociedad civil organizada. Más bien estaría tratando de neutralizarlos, haciendo concesiones. Aunque desde el inicio del debate sobre la JCE tras el anárquico resultado en que devino el resultado de las elecciones de mayo, empañando su amplia victoria, Danilo Medina habría comenzado a buscar distancia de la línea que proclamaba la ratificación de los actuales titulares, y se le atribuyó apoyar personas con mayor legitimidad y menos conflictividad. Roberto Rosario estaba descalificado antes que Estados Unidos le quitara las visas.
Reclamo que gana terreno

El gobierno no puede ignorar el terreno que ha ganado la demanda de una JCE consensuada, con profesionales de experiencia, eficiencia, integridad e independencia de cualquier otro poder, logrando el apoyo de la Conferencia del Episcopado, (incluyendo el escepticismo expresado por el arzobispo Ozoria), de altos empresarios y medios de comunicación, y del mediador Agripino Núñez.  A ello ha contribuido la integración en un bloque de toda la oposición política y la constitución de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM) que agrupa a unas 40 instituciones sociales y consorcios de organizaciones, desde las empresariales, y religiosas hasta las sociales y comunitarias.

Ha ayudado también la coherencia con que los demandantes han sostenido su planteamiento de árbitros imparciales, y tanto los 12 partidos de oposición como las organizaciones sociales han sostenido un firme rechazo al reparto de puestos en la JCE, fomentando la institucionalidad democrática, libre de conflictos de  intereses. La declinación del doctor Eddy Olivares a ser reelecto en la JCE, por estar vinculado al principal partido de oposición, el PRM,  y la decisión de éste partido de someter a juicio  disciplinario a dos dirigentes que presentaron candidaturas, fueron elementos impactantes.
Varios documentos de esos partidos, incluyendo una carta esta semana al mediador Agripino Núñez Collado, constituyeron planteamientos de firme oposición y advertencias de dificultades de gobernabilidad en caso de que el PLD ratifique su control de los órganos arbitrales. Aunque desperdiciaron el escenario de mediación de Núñez Collado y no atendieron el llamado de la sociedad civil para mantenerlo.
La fórmula Castaños Guzmán
Desde  mediados de la semana en diversos ámbitos políticos se barajaba la transacción gubernamental que promueve para la presidencia de la JCE al doctor Julio César Castaños Guzmán, portador de honorabilidad familiar, de espíritu conciliador y casi imposible de ser objetado por ningún sector político o social significativo. Actualmente primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y presidente de su Sala Civil y Comercial, fue miembro de la JCE del  2002 al 2010, y la presidió en el período 2006-10, sin generar antagonismos con ningún sector.
Castaños no pasó por la evaluación de la comisión senatorial, pero con su récord  no la necesita y el pleno del Senado tiene facultad para escogerlo. Esta semana disertó sobre los desafíos de la democracia. Ha sonado también para presidente, con auspicios del sector que lidera Leonel Fernández, el exfiscal y actual juez José M. Hernández Peguero, considerado parcial por haber sido precandidato del PLD. Se mencionó también a Jorge Subero, quien presidió brevemente la JCE, antes de ser electo presidente de la Suprema Corte, pero habría sido objetado por el sector leonelista.
El “aterrizaje suave” del gobierno incluiría al doctor Santiago Sosa, quien fuera dirigente de Participación Ciudadana, y en los últimos años preside la Junta Electoral del Distrito Nacional. Suenan también Henry Mejía, vinculado al Partido Revolucionario Dominicano, el actual director del departamento de partidos políticos de la JCE, Guarino Cruz, la abogada y comunicadora Carmen Imbert Brugal, y los exmiembros de la JCE Luis Mora, Salvador Ramos y Rafaelina Peralta.
De los actuales miembros, descartado Rosario y autoexcluido Eddy Olivares, se baraja a Rosario Graciano, quien llegó como dirigente del PLD, y al politólogo y abogado José Angel Aquino, el mejor técnico para dar continuidad, pero objetado por Roberto Rosario, quien lo llevó a la JCE pero no pudo doblegarlo. Rosario estaría promoviendo ante sus amigos del Senado a Mejía y a Ramos. Objeta a Graciano, quien en la evaluación lo habría acusado de personalizar la JCE, la que deja con déficit de mil millones de pesos.
Urge concertación política
Aunque no haya repartición en la JCE como plantea la oposición política y la sociedad civil, tendrá que mediar algún nivel de concertación, no sólo para la presidencia, sino también para los otros 4 titulares del organismo. La oposición señala el caso del Tribunal Superior Electoral donde llevaron de presidente a un honorable académico de la Universidad Madre y Maestra, Mariano Rodríguez, pero lo rodearon de jueces comprometidos políticamente que lo dejaron sin poder de decisión.
La concertación político-social, planteada por la IDEM, tendría el beneficio adicional de abrir acuerdos para integrar el Tribunal Electoral y la Cámara de Cuentas, lo que también es inminente, y crearía un nuevo escenario donde podrían replantearse los pendientes pactos eléctrico y fiscal.
Las perspectivas fiscales del gobierno, con un presupuesto altamente deficitario para el próximo año, y acabándosele la pista del endeudamiento, recomiendan transar en busca de gobernabilidad. Se cree que por lo menos un sector del gobierno lo entiende así, pero no en los ámbitos del Partido de la Liberación Dominicana. 

http://noticiassin.com/2016/11/avanza-el-aterrizaje-suave-en-la-eleccion-de-la-jce/

Conviene a la gobernabilidad una suave elección de la JCE

septiembre 18, 2016 by Juan Diaz

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente Danilo Medina tiene el desafío de ejercer su liderazgo político para contener a los legisladores y dirigentes de su partido que pretenden elegir los integrantes de la Junta Central Electoral (JCE) sin dar oportunidad a que fluya el diálogo político iniciado con la mediación de monseñor Agripino Núñez, que él mismo solicitó.

No hay dudas que el partido de gobierno tiene sobradas fuerzas para volver a imponer los integrantes de la JCE, del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, pero si sigue apretando la rosca, podría fortalecer las resistencias políticas y sociales y generar ingobernabilidad, cuando tiene urgencias de resolver precariedades fiscales.

Preocupante precipitación

La Comisión del Senado para evaluar candidatos a integrar la JCE pareció lanzada a la precipitación, comenzando a entrevistar a unos 30 interesados que habían completado expedientes, aún antes de cerrar el plazo de inscripción fijado para este lunes 19 a las 6:00 de la tarde, tratando de ignorar el intento de concertación que coordina Núñez Collado. El senador Dionis Sánchez, quien preside la comisión, es de la línea dura que se anticipó a descartar la participación de la sociedad civil en el proceso, y que desprecia y subestima los partidos opositores, que han venido coordinando posiciones y actuaciones desde que concluyó el proceso electoral en mayo.

La línea dura del oficialismo, representada ampliamente en el Senado, se radicalizó tras informarse que el gobierno de Estados Unidos había suprimido los visados del presidente de la JCE, Roberto Rosario, y como sus múltiples voceros en los medios de comunicación, proponía ratificar los actuales integrantes del organismo, aunque uno, Eddy Olivares, lo ha rechazado, sumándose a quienes propugnan por una total renovación. Negaron la pausa para dar tiempo al diálogo, propuesta de los dos senadores del PRM.

La embajada norteamericana reiteró la política de no informar razones de supresión de visas, aunque es un secreto a voces que Rosario es responsabilizado internacionalmente de violación de los derechos humanos de miles de personas que han quedado apátridas desde que la JCE comenzó a negar actas de nacimiento a dominico haitianos registrados, seis años antes de la sentencia del Tribunal Constitucional que pretendió legitimarla.

Piden renovación total

En la reunión del martes 13, del diálogo que coordina Agripino Núñez, 11 partidos de oposición presentaron un documento reclamando “una renovación total de los organismos de arbitraje electoral” y que los mismos “sean integrados por personas sin filiación política partidaria a fin de garantizar su imparcialidad”. Se basan en el reciente informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre las recientes elecciones, que depositaron en la mesa de diálogo, proclamando que evidenció “el colapso del sistema electoral dominicano”, citando sus principales conclusiones y recomendaciones.

Plantearon que la sociedad civil no solo sea escuchada, sino que “tenga un acompañamiento permanente” en el diálogo de todas las fuerzas políticas, que “debe tener un carácter plural y democrático, manteniéndose abierto frente a todos los sectores más representativos de la sociedad”, esperanzados en que “pueda parir reformas estructurales y el nombramiento de órganos electorales y apartidistas que garanticen la celebración de elecciones libres y limpias como eje esencial del sistema democrático”.

El documento es suscrito por representantes de los partidos Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano, Alianza País, Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, Quisqueyano Demócrata, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Opción Democrática y Socialista Cristiano.

Suave aterrizaje en la JCE

La renovación de la JCE se ha constituido en elemento clave del proceso político nacional, prioritario a las leyes pendientes y para abrir pasos a concertaciones, como la del pacto eléctrico en discusión hace año y medio, y sobre todo para el pacto fiscal que pudiera alentar el incremento de la presión fiscal. Así se aprecia en los más diversos ámbitos sociales y hasta entre los diplomáticos.

Esa preocupación fue recogida en el editorial de este domingo del periódico Camino, del arzobispado de Santiago, adelantado a los medios informativos, que aboga por la elección de una JCE independiente de los partidos como forma de superar la fragilidad institucional que “ha sido base para sustentar arbitrariedades, prepotencia, favoritismo y el secuestro de la libertad de nuestros pueblos. También abona el terreno para que brote la perpetuidad de un sector político determinado”.

Personas que se dicen bien informadas aseguran que el presidente Danilo Medina está entre los partidarios de un “aterrizaje suave” en la JCE, que descarta por lo menos la ratificación de Roberto Rosario como presidente, entendiendo que es una piedra de contradicción en el sistema político y con la sociedad civil, y hasta en los ámbitos internacionales, sin pretender ignorar a los Estados Unidos, entre los poderes fácticos. Se llamó la atención a que el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se ha distanciado últimamente de las posiciones radicales.

Salvar la gobernabilidad

Los apremios fiscales por los que atraviesa el Gobierno, con un déficit que superará los 75 mil millones de pesos programado para este año, debiendo más de dos mil millones de pesos solo a constructores de escuelas, con múltiples reclamos de salarios y la necesidad de afrontar siquiera parcialmente la deuda social en salud, transporte, seguridad social, agua potable y electricidad, obligan a algún grado de concertación. En días recientes la DGII cerró algunos comercios en San Francisco de Macorís, en su empeño por reducir evasiones, y la respuesta inmediata fue la paralización de las actividades de la ciudad. Nadie parece dispuesto a tributar más sin que reduzcan el dispendio y el clientelismo.

Los economistas concuerdan en que el nivel de endeudamiento de los últimos años, que ha llevado la deuda consolidada del Estado sobre los 34 mil millones de dólares, ya es insostenible. Proseguir ese camino constituiría un peligroso legado al final del último gobierno de Danilo Medina. El mismo dijo el 16 de agosto que la mayoría de los organismos estatales tienen sus presupuestos congelados desde el 2012.

Desde cualquier punto de vista la nación está abocada a algún nivel de concertación que permita mejorar la gobernabilidad y fortalecer las instituciones, como base del desarrollo, que es lo que reclama la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática. La imposición política sería una inversión en dirección opuesta y promovería un fortalecimiento de la oposición sobre las olas de las insatisfacciones sociales a la vista de todo el que ve más allá de la “curvita de la Paraguay”.

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