Presidente, ¡atienda la institucionalidad del país! _ Editorial

Por acento.com.do . 13 de diciembre de 2014 - 12:04 am -

Nunca, nunca habíamos oído a un presidente de la SCJ, expresar públicamente una opinión jurídica personal fuera de las sentencias, que es el único espacio de que disponen para sentar cátedra jurídica.

Con motivo del debate sobre el Código Penal, y en particular sobre las observaciones del presidente de la República, Danilo Medina, hay declaraciones de personajes relevantes que deberían alarmar al país.

Una de las más notables fue la del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, quien dijo que el Código Penal debía quedarse como fue aprobado originalmente, y no con las observaciones del presidente de la República. Como abogado Mariano Germán puede opinar lo que desee, pero en su función de presidente de la Suprema Corte de Justicia, sus declaraciones son un desafío a la institucionalidad del país, y una desconsideración al rol que le corresponde jugar al Poder Ejecutivo.

¿Y cuando le llegue un caso contencioso sobre el tema a la Suprema Corte de Justicia, qué hará Mariano Germán, se abstendrá de la decisión de juez ya que opinó sin corresponderle hacerlo en un debate previo?

Y lo mismo ocurre con las declaraciones de su eminencia, Nicolás de Jesús López Rodríguez, cardenal y arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, quien dijo que todo el mundo debía callarse y que los únicos con derecho a hablar, aparte de la Iglesia y sus representantes, eran los médicos y los abogados. ¿Y las mujeres, que son víctimas de violaciones, de atropellos y que son las usuarias de las clínicas clandestinas para abortar en las peores condiciones?

Como hemos afirmado sobre los roles y los peleles que están desempeñando organismos como el Tribunal Constitucional y la Junta Central Electoral, que boicotean deliberadamente políticas públicas impulsadas por el gobierno del presidente Danilo Medina, en el país las cosas marchan en un sentido contrario al interés del sistema democrático. Hay intolerancia, irracionalidad, odio, intención de callar las opiniones de los demás. Gente que, bajo la cobija de instancias del Estado, buscan el desequilibrio del gobierno, para favorecer con ello a otros políticos que se esconden tras esas instancias.

La Suprema Corte de Justicia, que se había mantenido alejada del activismo de los otros organismos, ahora se ha alineado con ellos. Hay que entender que el estupor vale en un caso como este, pues el presidente de la SCJ opinó en contra de las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a tres artículos del Código Penal.  Nunca, nunca habíamos oído a un presidente de la SCJ, expresar públicamente una opinión jurídica personal fuera de las sentencias, que es el único espacio de que disponen para sentar cátedra jurídica.

La ley de Organización Judicial prohíbe a los jueces emitir opiniones sobre asuntos contenciosos o que eventualmente puedan llegar a serlo y con toda probabilidad algunos casos de interrupción del embarazo llegarán a los tribunales, estén o no en el Código Penal  los eximentes que recomienda el Presidente.  Esa intervención desafortunada nos coloca a la par con los llamados “Estados fallidos”, porque ¿qué puede caracterizar más un Estado fallido que la ruptura, la quiebra de las instituciones?  Como está ocurriendo entre nosotros.

A diferencia del golpe de fuerza (coup de main), que es la obra de militares insubordinados contra el poder civil, el Golpe de Estado, lo propician poderes del Estado cuando se introducen en el área de competencia de otro poder.  El primero en hacerlo fue el Tribunal Constitucional, que con la famosa sentencia 168-13 distrajo la atención del Presidente de otros problemas para resolver esa grave violación a los derechos humanos, pre validos de que sus decisiones son inatacables y se imponen a todos los poderes y órganos públicos.

Otro acto de agresión es la sentencia 256-14 mediante la cual ese tribunal dictaminó que el acto de adhesión a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y a la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH) era inconstitucional, desconociendo los poderes propios del Presidente de la República y que nos coloca otra vez a los ojos del mundo como una república bananera, sin organización, ni respeto de los pactos concluidos con organismos internacionales u otros países.

No podemos permitir la proclamación ni la vigencia del trujillismo, porque entendemos esa una etapa superada, pero sería bueno que el Presidente de vez en cuando desatienda los índices de popularidad y deje de encajar golpes como boxeador sin suerte en el ring, que su legado a esta nación no sea la construcción de escuelas, sino la preservación de la institucionalidad y que no ceda a los chantajes de gentes que no le han aportado ni le aportarán nada a él o al país. Presidente, ¡atienda la institucionalidad del país!

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