Por Luis Orlando Díaz Vólquez
La escalada del conflicto EE. UU.–Israel vs. Irán confirma una verdad incómoda: la distancia geográfica no protege cuando se alteran los nervios energéticos y logísticos del comercio mundial. En las últimas horas, la industria marítima ha reaccionado con decisiones que hablan por sí solas: reportes señalan retiros o cancelaciones de coberturas de “war‑risk” (seguros contra riesgos de guerra), necesidad de renegociar seguros a primas adicionales y pausas o desvíos de servicios ante el deterioro de la seguridad en la zona del Golfo y el Estrecho de Ormuz. Cuando el seguro se encarece o desaparece, el costo del riesgo se traslada al flete, y el flete termina en el precio fin
al de casi todo lo que importamos.
Para la economía dominicana, el shock no se limita al precio del combustible. Lo que llega a la puerta de la casa —y a la estructura de costos de las empresas— es un “impuesto geopolítico” compuesto por volatilidad del crudo, sobrecargos por riesgo de guerra, re‑ruteo de rutas, más días de tránsito, congestión y mayores costos de inventario. La evidencia del momento lo ilustra con crudeza: reportes del 2 y 3 de marzo describen presiones al alza en primas de riesgo y reconfiguración de itinerarios, con impactos directos en tiempos y tarifas. En términos simples: cuando el mundo se vuelve más peligroso, el comercio se vuelve más caro, y esa cuenta viaja hasta el carrito del supermercado.
En este escenario, la República Dominicana necesita que sus instituciones actúen con visión de Estado. La Dirección General de Aduanas (DGA) no es un engranaje menor ni un simple recaudador: es autoridad nacional de frontera y, por definición, un actor de seguridad económica. La propia DGA establece que su responsabilidad trasciende lo tributario para ser garante de la seguridad del Estado y la protección de la población, mientras facilita el comercio. De ahí que, en una crisis global como la actual, su rol deba ser más audaz: operar como “aduana de resiliencia”, capaz de sostener la continuidad del abastecimiento, proteger ingresos públicos y, al mismo tiempo, endurecer controles donde el riesgo sea alto sin paralizar el flujo legítimo.
Hoy el país cuenta con amortiguadores macro que conviene reconocer, pero también con vulnerabilidades que no admiten autoengaño. A la fecha del 2 de marzo de 2026, el Banco Central reporta una inflación interanual de 4.98% (enero 2026), una tasa de política monetaria de 5.25% (marzo 2026) y reservas internacionales brutas de US$16,180.7 millones (febrero 2026); además, publica tipo de cambio de referencia para el 2 de marzo en torno a RD$59.136 compra y RD$60.021 venta por dólar. Son herramientas reales para anclar expectativas y amortiguar volatilidad, pero no sustituyen la gestión del riesgo externo cuando la factura energética y logística sube.
La vulnerabilidad estructural más evidente es la dependencia de hidrocarburos importados. Con cifras oficiales citadas por prensa económica, las importaciones de combustibles alcanzaron US$5,132.3 millones en 2024, equivalentes a 16.9% del total importado. Y los datos parciales disponibles confirman la sensibilidad: entre enero y mayo de 2025, el país destinó US$2,053.6 millones a combustibles, que representaron 20.36% de las importaciones en ese período, según cifras de la DGA divulgadas por medios. Esto significa que un shock prolongado en energía y rutas marítimas presiona simultáneamente la inflación, la cuenta corriente y el margen fiscal, con impacto directo sobre hogares y competitividad.
Por eso, el primer paso audaz de la DGA debe ser operar con inteligencia en tiempo real. En crisis no basta con “trabajar más”: hay que trabajar distinto. La lógica moderna —respaldada por el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC— es concentrar controles en las consignaciones de alto riesgo y acelerar el despacho de las de bajo riesgo, evitando discriminación arbitraria y reduciendo fricción innecesaria. En otras palabras: si cada día de demora se vuelve más caro por flete y seguro, Aduanas debe recortar días sin recortar seguridad. Esto exige una sala situacional 24/7 con puertos, navieras, operadores logísticos, Hacienda y seguridad, para priorizar bienes críticos y anticipar cuellos de botella derivados del re‑ruteo global que hoy reporta la industria.
El segundo paso audaz es multiplicar confianza mediante el Operador Económico Autorizado (OEA). El marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas (OMA/WCO) fue creado precisamente para asegurar y facilitar el comercio global mediante alianzas aduana‑empresa y estándares de cadena logística segura. La República Dominicana tiene base para escalar: la DGA informó que el país alcanzó 685 empresas certificadas como OEA (septiembre 2025), con modalidades que incluyen un componente simplificado para pymes. En el contexto actual, ese programa debe convertirse en el “escudo logístico” del país: carriles expeditos, prevalidación y menor fricción para operadores confiables, mientras la DGA fortalece la trazabilidad y la capacidad de enfoque sobre lo verdaderamente riesgoso.
El tercer paso audaz es defender estabilidad económica desde la frontera con transparencia de datos. En momentos de incertidumbre, el rumor puede ser más dañino que la estadística. Cuando el comercio se encarece por seguros y desvíos, la confianza se sostiene con información oportuna: tableros públicos sobre tiempos de despacho, composición de importaciones críticas, variaciones de costos CIF por rubro y señales tempranas de congestión. La DGA dispone de infraestructura de estadísticas e informes; en crisis, ese activo debe transformarse en comunicación técnica que ancle expectativas y reduzca el margen para pánico o acaparamiento.
Ahora bien, audacia no es laxitud. En shocks de precios altos crecen incentivos para subvaluación, falsificación y contrabando. La respuesta inteligente es elevar la tasa de detección sin elevar el tiempo promedio de despacho: más analítica, más inteligencia, más cooperación interagencial; no más burocracia. Esa es, otra vez, la esencia de la gestión de riesgo promovida por la OMC: controles focalizados y facilitación para el flujo legítimo.
Y hay un frente que no se puede postergar: la seguridad digital. En entornos de conflicto crecen los riesgos de operaciones cibernéticas y fraude; y Aduanas es un nodo crítico de recaudación y logística. El informe conjunto BID‑OEA sobre ciberseguridad regional reconoce avances, pero advierte brechas persistentes en recursos, talento y coordinación intersectorial, que mantienen vulnerabilidades frente a amenazas cada vez más complejas. Blindar sistemas aduaneros no es “un tema de TI”: es continuidad económica. Un incidente que afecte plataformas de despacho, pagos o validaciones puede amplificar el shock logístico internacional en cuestión de horas.
En síntesis, la República Dominicana no controla Ormuz ni la guerra, pero sí controla su capacidad institucional para amortiguar el impacto. Si la DGA actúa en modo país —inteligencia 24/7, corredores expeditos basados en riesgo, expansión estratégica del OEA, transparencia de datos, combate focalizado a ilícitos y blindaje digital— el país puede reducir costos, sostener abastecimiento y proteger competitividad en uno de los momentos más inciertos del comercio global reciente. Y si no lo hace, el costo llegará multiplicado: más días, más inflación y menos confianza. En crisis globales, una Aduana moderna no es un trámite: es política pública de seguridad económica.
Martes, 3 de marzo de 2026
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