Este mes, empresas públicas y privadas, conforme la ley 225-20, comenzarán a tributar para la Gestión y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (CRS), cuyos fondos irán a un fideicomiso que permitirá manejar los residuos, coordinado por @ambienterd. https://t.co/dT8Gvtsgmf
— Orlando Jorge Mera (@orlandojm) July 29, 2021
Las empresas públicas y privadas comenzaron a pagar el impuesto por la Gestión y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (CRS) y el Estado dominicano espera recaudar entre 1,800 y 2,000 millones de pesos al año por el nuevo tributo que desde este mes cobra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Luis Valdez Veras, titular de la DGII, explicó que los recursos que lo que recaude por ese concepto Impuestos Internos se destinará a un fideicomiso que será manejado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Valdez Veras detalló que es un nuevo tributo para las empresas por los residuos sólidos que generan, pero indicó que la función de la DGII es solo el procedimiento para recaudarlo.
Recientemente la institución comunicó a los contribuyentes que a partir de julio se iniciaría el pago de la contribución al CRS, establecido en la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos, aprobada en julio del pasado año, la cual que no se había implementado a espera del reglamento.
La legislación establece en su artículo 36 que toda persona jurídica o entidad deberá pagar una contribución especial obligatoria con base en sus ingresos, con el objetivo de crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la actual disposición de los residuos y desarrollar un sistema integral de gestión de estos.
Para tales fines, la legislación ordena los montos que se cobrarán y los cuales serán indexados anualmente, conforme el índice de precios al consumidor del Banco Central.
Además, se precisa que la liquidación del impuesto será realizada anualmente por las personas jurídicas de naturaleza privada ante Impuestos Internos, junto con la declaración del ejercicio fiscal anterior.
En el caso de las empresas públicas, la Dirección General de Presupuesto (Digepres) deberá descontar del presupuesto asignado a la institución, el monto corres- pondiente a la contribución y remitirlo dentro de los primeros 30 días de cada año a la Tesorería Nacional, que a su vez deberá transferirlo a la cuenta del fideicomiso.
El fideicomiso también podrá nutrirse de recursos provenientes de aportes de personas físicas y jurídicas, contribuciones, donaciones de organismos nacionales e internacionales, públicos o privados.
La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, indicó que la contribución se deducirá del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que deben hacer las compañías y que por lo tanto no penalizaría a las empresas formales que cumplen con sus obligaciones fiscales.
Reveló que durante la discusión del proyecto hubo varias alternativas que se plantearon para el cobro de la contribución, “pero esta fue la mejor vía que se encontró para que no produjera un obstáculo para el comercio porque poner un impuesto a la importación, exportación o las ventas generaba distorsiones”.
“Es una contribución que se hace no solo para la gestión de residuos, sino también para lograr la solución de los vertederos. Ese era el interés que tenía el gobierno pasado y los congresistas, de que hubiera una especie de contribución sostenible a nivel nacional. La preocupación era que si se ponía una tasa en algún lugar específico (como a las ventas) podía castigar a empresas que tuvieran un volumen grande de ventas y no necesariamente esto es ganancia”, precisó Circe Almánzar. precisó Circe Almánzar.
La Ley 225-20 tiene por objeto prevenir la generación de residuos, además de establecer el régimen jurídico de su gestión integral para fomentar la reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización. Además, regular los sistemas de recolección, transporte y barrido; los sitios de disposición final, estaciones de transferencia, entre otros.
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