Audacia responsable: el plan que protege a la gente y preserva el crecimiento
El Gobierno reasigna RD$10,000 millones a programas sociales, subsidia RD$1,000 millones en fertilizantes y mantiene la inversión pública para amortiguar el choque petrolero; la medida, negociada con sectores productivos y sociales, combina protección inmediata, disciplina fiscal y visión hacia la Meta RD 2036.
Editorial | Luis Orlando Díaz Vólquez
La República Dominicana enfrenta una coyuntura exigente que pone a prueba la capacidad de gestión pública y la cohesión social. El alza abrupta del precio del petróleo, desencadenada por la guerra en Irán, no es un fenómeno aislado: repercute en la inflación, encarece insumos clave y presiona las cuentas públicas. Frente a ese escenario, el Gobierno que preside Luis Abinader ha presentado un plan de contingencia que merece ser valorado por su efectividad, su audacia y la buena gobernanza que lo sustenta. No se trata de una reacción improvisada, sino de una estrategia articulada en tres ejes —protección social, seguridad alimentaria e inversión pública— diseñada para amortiguar el impacto inmediato sin hipotecar el futuro del país y manteniendo viva la hoja de ruta de la Meta RD 2036.
La primera virtud del plan es su efectividad técnica. La reasignación de RD$10,000 millones desde partidas no prioritarias hacia programas sociales demuestra una lectura responsable de prioridades: proteger a las familias más vulnerables sin recurrir a un aumento del gasto público que comprometa la disciplina fiscal. Esa decisión es doblemente inteligente: actúa con rapidez donde más se necesita y, al mismo tiempo, preserva la credibilidad macroeconómica que resulta esencial para mantener la inversión y el acceso a financiamiento en condiciones favorables. En tiempos de incertidumbre externa, la credibilidad fiscal es un activo estratégico que protege el empleo y la inversión privada.
El subsidio de RD$1,000 millones para fertilizantes es otra medida con impacto directo y medible. Evitar que el alza internacional de insumos agropecuarios se traslade íntegramente al precio final de los alimentos es una intervención que protege la canasta básica y, por ende, la estabilidad social. La agricultura familiar y los pequeños productores son el sostén de la seguridad alimentaria; proteger sus costos de producción es proteger el abastecimiento y evitar que la inflación alimentaria golpee con mayor dureza a los hogares de menores ingresos. Este subsidio, focalizado y temporal, busca contener la transmisión de choques externos a la mesa de los dominicanos.
Mantener la inversión pública como motor de crecimiento es otra decisión de peso. En lugar de caer en la tentación de recortar obras para equilibrar cuentas, el Gobierno opta por sostener proyectos de infraestructura que generan empleo, dinamizan la demanda interna y mejoran la competitividad a mediano plazo. La inversión pública bien dirigida no es gasto improductivo; es una palanca para la recuperación y la transformación productiva. La consigna oficial —que la coyuntura no puede hipotecar el futuro— resume con claridad una opción de política pública que prioriza la resiliencia económica.
La audacia del plan se manifiesta en la combinación de medidas técnicas y sensibilidad social. Ajustar gradualmente los combustibles, con aumentos del orden del 5.2 % al 6.7 % en gasolinas y gasoil, fue una medida necesaria para evitar que el Estado cargue con subsidios insostenibles cuando el precio internacional del barril se ha disparado. Ese ajuste permitirá un ahorro estimado de RD$12,000 millones en subsidios durante el año, recursos que pueden ser redirigidos a prioridades sociales y productivas. La audacia consiste en tomar decisiones difíciles, pero hacerlo con criterios técnicos y con medidas compensatorias que protejan a los más vulnerables.
Esa sensibilidad social se expresa, además, en la decisión de congelar el GLP para proteger a los hogares que más dependen de este combustible para cocinar. Mantener el precio del GLP es una medida focalizada que evita un golpe directo al presupuesto doméstico de las familias de menores ingresos. La combinación de firmeza en la corrección de distorsiones y protección a los sectores más expuestos es la marca de una audacia responsable: se actúa para corregir desequilibrios fiscales y, simultáneamente, se protege a quienes menos pueden absorber incrementos en bienes esenciales.
La gobernanza detrás del plan es otro elemento que merece reconocimiento. Antes de su implementación se dialogó con empresarios, comerciantes, sector social, sindicalistas, productores del agro y de la industria, partidos de oposición y otros actores relevantes. Ese proceso de consulta no es un trámite; es una práctica de gobernanza que fortalece la legitimidad de las decisiones y mejora su viabilidad operativa. Cuando las políticas públicas se construyen con la participación de quienes las ejecutarán y las sufrirán, aumentan las probabilidades de éxito y disminuyen las resistencias que suelen entorpecer la implementación.
La fortaleza financiera del país ofrece un margen de maniobra que pocas administraciones han tenido. Con reservas internacionales superiores a US$16,000 millones, la República Dominicana cuenta con un colchón que permite enfrentar choques externos con mayor serenidad. A ello se suma la diversificación energética, con contratos de gas natural asegurados por un año y la fijación de precios del carbón para Punta Catalina, lo que reduce la dependencia exclusiva del petróleo y atenúa la volatilidad de los costos energéticos. Estas condiciones no eliminan los riesgos, pero sí amplían las opciones de política y reducen la probabilidad de respuestas precipitadas.
No obstante, ningún plan está exento de riesgos. El presidente Luis Abinader ha sido franco al advertir sobre presiones inevitables en electricidad, transporte y alimentos. Esa honestidad es valiosa: reconocer riesgos permite preparar respuestas y distribuir responsabilidades. La exhortación a la corresponsabilidad —empresas que promuevan el teletrabajo, ciudadanos que optimicen el consumo de combustible— no es una llamada moral vacía; es una estrategia práctica para reducir la demanda energética y mitigar presiones sobre la balanza de pagos. La cooperación entre el sector público y privado será determinante para que las medidas públicas alcancen su máximo efecto.
La experiencia internacional muestra que las crisis se gestionan mejor cuando existe un pacto social mínimo que priorice la estabilidad y la recuperación. En ese sentido, la convocatoria al diálogo y la negociación con los distintos sectores es un activo político que debe ser preservado. La implementación efectiva del plan requerirá seguimiento, transparencia en el uso de los recursos reasignados y mecanismos claros de rendición de cuentas. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se ejecutan las medidas y qué resultados producen en términos de protección social y estabilidad de precios.
En definitiva, el plan de contingencia combina protección social, apoyo a la producción y continuidad de la inversión, todo ello enmarcado en una política de disciplina fiscal y diálogo social. Es un enfoque que pondera la urgencia con la responsabilidad, la audacia con la prudencia, y la protección inmediata con la visión de largo plazo de la Meta RD 2036. Si la nación acompaña con corresponsabilidad y si las instituciones garantizan transparencia y eficacia, estas medidas pueden no solo amortiguar el impacto del choque petrolero, sino también fortalecer la resiliencia económica y social del país.
Firmo este editorial con la convicción de que, con medidas bien diseñadas y la cooperación de todos los sectores, la República Dominicana podrá sortear la tormenta y mantener el rumbo hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible.
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Audacia responsable para proteger a la gente y preservar el crecimiento. 🇩🇴
Reasignamos RD$10,000M a programas sociales, RD$1,000M en fertilizantes y mantenemos inversión pública. Ajustes responsables en combustibles; GLP congelado. Corresponsabilidad nacional. 💪🌱⚖️
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— Luis Orlando Díaz Vólquez #GuasábaraEditorr
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Audacia responsable: medidas para proteger a las familias y sostener el crecimiento. 🇩🇴✨
El Gobierno activó un plan de contingencia que reasigna RD$10,000 millones a programas sociales, subsidia RD$1,000 millones en fertilizantes y mantiene la inversión pública como motor de empleo y desarrollo. Ajustes graduales en combustibles (5.2%–6.7%) y GLP congelado para proteger hogares vulnerables.
Hemos dialogado con empresarios, sindicatos, productores y partidos para asegurar viabilidad y consenso. Con reservas sólidas y diversificación energética, actuamos con efectividad, audacia y buena gobernanza. Corresponde a todos acompañar con responsabilidad. 🤝🌾🏗️
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@PresidenciaRD
— Luis Orlando Díaz Vólquez
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Audacia responsable para cuidar a la gente y al país. 🇩🇴❤️
➡️ RD$10,000M a programas sociales
➡️ RD$1,000M en fertilizantes para proteger la canasta básica
➡️ Inversión pública que mantiene empleos y futuro
⛽ Ajustes responsables en combustibles; GLP congelado para los hogares más vulnerables.
Dialogamos con todos los sectores para garantizar viabilidad y transparencia. Si actuamos unidos, salimos adelante. 💪🌱🏗️📈
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