Liberación de Rondón y Díaz Rúa crea dudas con el caso Odebrecht
Con la puesta en libertad del empresario Ángel Rondón y el exministro Víctor Díaz Rúa, los dos únicos encartados del caso Odebrecht que aún guardaban prisión preventiva en la cárcel de Najayo, crecen las dudas en la población en torno al proceso judicial que se llevará a cabo contra los catorce acusados de haber recibido los US$92 millones que pagó la empresa brasileña para sobornar a funcionarios y legisladores dominicanos.
Rondón y Díaz Rúa fueron liberados el lunes pasado después que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, variara las medidas de coerción de los dos imputados, que en el caso de Rondón era de un año de prisión preventiva y en el de Díaz Rúa de nueve meses.
Argumentando que los imputados no presentan peligro de fuga, Ortega Polanco le impuso una garantía económica de RD$70 millones a Rondón y de RD$50 millones a Díaz Rúa, quienes además tendrán que presentarse de forma periódica en los tribunales y tienen impedimento de salida del país.
Argumentando que los imputados no presentan peligro de fuga, Ortega Polanco le impuso una garantía económica de RD$70 millones a Rondón y de RD$50 millones a Díaz Rúa, quienes además tendrán que presentarse de forma periódica en los tribunales y tienen impedimento de salida del país.
La variación de la medida provocó serias dudas en el procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, quien calificó la decisión como funesta y sospechosa.
Es como la “crónica de una muerte anunciada”, dijo Rodríguez al tiempo de llamar al pueblo a permanecer atento y vigilante ante las actuaciones de los jueces.
La variación de las medidas de coerción también fue criticada por Participación Ciudadana y la Marcha Verde, que anunció el sometimiento de una denuncia penal en contra del presidente de la República, Danilo Medina.
La variación de las medidas de coerción también fue criticada por Participación Ciudadana y la Marcha Verde, que anunció el sometimiento de una denuncia penal en contra del presidente de la República, Danilo Medina.
Otras variaciones. Rondón y Díaz Rúa fueron los últimos implicados en recibir variaciones en sus medidas de coerción. Antes que ellos las recibieron, el ocho de julio de este año, siete acusados.
En el caso de Conrado Pittaluga, recibió nueve meses de arresto domiciliario, en lugar de estar en Najayo; mientras que fueron liberados Temístocles Montás, Andrés Bautista, Ruddy González, César Sánchez y Máximo De Oleo, a quienes les impusieron fianzas, presentación periódica e impedimento de salida.
En el caso de Radhamés Segura, que tenía prisión domiciliaria, se le varió por fianza, presentación periódica e impedimento de salida. Roberto Rodríguez, con prisión domiciliaria durante nueve meses, no apeló la medida de coerción.
Por otro lado, los legisladores Julio César Valentín, Tommy Galán y Alfredo Pacheco, con inmunidad parlamentaria, recibieron impedimento de salida y garantías económicas.
Las medidas de coerción originales fueron dictadas por el magistrado Ortega Polanco el 7 de junio y la variación por los jueces Miriam Germán Brito, Estela Agelán Casasnova y Juan Hirohito Reyes.
La detención. La madrugada del 29 de mayo la sociedad dominicana se despertó con la noticia de que habían sido arrestados a primera hora al empresario Rondón, quien había sido señalado como el hombre que recibió los US$92 millones que Odebrecht pagó para sobornar a los funcionarios dominicanos; a Montás, ministro de Industria y Comercio; Bautista, expresidente del Senado y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Díaz Rúa, exministro de Obras Publicas; González, quien era diputado en la época en la que se pagaron los sobornos; y al abogado Conrado Pittaluga.
También fueron detenidos Sánchez y Segura, quienes son exvicepresidentes ejecutivos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee); Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potable (Inapa); y De Óleo, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).
Además fueron acusados Valentín, Galán y Pacheco, quienes no fueron detenidos por su inmunidad; y Bernardo Castellanos de Moya, que no fue apresado hasta el 2 de agosto pasado cuando llegó de Panamá, donde se encontraba realizando unos trabajos.
Dos días después Castellanos recibió una medida de coerción de presentación periódica, fianza de RD$5 millones e impedimento de salida. El juez Ortega Polanco aplicó la medida.
El inicio de todo. Aunque el escándalo Odebrecht sacudió a la región de América Latina en el año 2015 cuando detienen al CEO de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, en el marco del caso Petrobras, en República Dominicana el caso no se comenzó investigar hasta el 21 de diciembre del 2016 cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América informó a la comunidad internacional el alcance del entramado de actos de corrupción encabezados por la empresa brasileña en X países.
Cinco días después, el 26 de diciembre del 2016, el Procurador anunció que el Ministerio Público evaluaría la información ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ordenó a las instituciones del Estado que entregaran los contratos suscritos con la compañía Odebrecht desde el 2001.
El 10 de enero comenzaron los interrogatorios. El primero fue Marcelo Hofke, representante de Odebrecht en República Dominicana, quien aseguró que le entregó los US$92 millones a Rondón, quien fue interrogado el 12 de enero. El 16 enero le tocó el turno a Radhamés Segura y el 17 de enero a Alberto Holguín, Freddy Pérez y Roberto Rodríguez.
El 18 de enero la Procuraduría allanó, durante más de cinco horas, las oficinas de Odebrecht en el país y al día siguiente interrogó de nuevo a Hofke.
El día 20 de enero el procurador anunció que Odebrecht se comprometió a pagarle una indemnización de US$184 millones a la República Dominicana por los sobornos que entregó para que le otorgaran los contratos. Los primeros US$30 millones fueron entregados el 31 de enero.
Los otros interrogatorios realizados fueron a Bautista y a Sánchez, el 23 de enero; a Leonardo Guzmán, yerno de Díaz Rúa, el 7 de febrero; a Pittaluga, el 8 de febrero; Díaz Rúa, el 7 de marzo; Reinaldo Pared Pérez, 16 de marzo; Cristina Lizardo, 17 de marzo; Valentín, el 22 de marzo; Abel Martínez, Larry Shell (directivo de Stanley Corporation -empresa que hizo la licitación de Punta Catalina-), y Henry Macual, gerente de Punta Catalina, el 23 de marzo; y Ramón Alburquerque, expresidente del Senado, el 28 de marzo.
Surge la Marcha Verde. La lentitud de las investigaciones provocó la indignación de la población, que el domingo 22 de enero salió masivamente a las calles y tiñó de verde el Parque Independencia para dar origen a la Marcha Verde, un movimiento que reclama el cese de la corrupción y la impunidad.
La marcha ha salido a la calle en diversas ocasiones. Las concentraciones más multitudinarias fueron realizadas en Puerto Plata, el 5 de marzo; en Santiago, el 26 de marzo; en Azua, el 21 de mayo; en Santo Domingo, el 16 de julio; en Nagua, el 6 de agosto; en Moca, el 16 de agosto; y en Punta Catalina, Baní el 20 de agosto.
En cada concentración la Marcha Verde ha expresado su inconformidad con el proceso llevado contra los encartados de Odebrecht puesto que sostiene que además deberían estar acusados Pared Pérez, Rubén Bichara, Gonzalo Castillo, Cristina Lizardo, Vicente Bengoa, Lucía Medina, Simón Lizardo y Abel Martínez. Además ha pedido investigar a Félix Nova y Carlos Amarante Baret.
En el caso de Conrado Pittaluga, recibió nueve meses de arresto domiciliario, en lugar de estar en Najayo; mientras que fueron liberados Temístocles Montás, Andrés Bautista, Ruddy González, César Sánchez y Máximo De Oleo, a quienes les impusieron fianzas, presentación periódica e impedimento de salida.
En el caso de Radhamés Segura, que tenía prisión domiciliaria, se le varió por fianza, presentación periódica e impedimento de salida. Roberto Rodríguez, con prisión domiciliaria durante nueve meses, no apeló la medida de coerción.
Por otro lado, los legisladores Julio César Valentín, Tommy Galán y Alfredo Pacheco, con inmunidad parlamentaria, recibieron impedimento de salida y garantías económicas.
Las medidas de coerción originales fueron dictadas por el magistrado Ortega Polanco el 7 de junio y la variación por los jueces Miriam Germán Brito, Estela Agelán Casasnova y Juan Hirohito Reyes.
La detención. La madrugada del 29 de mayo la sociedad dominicana se despertó con la noticia de que habían sido arrestados a primera hora al empresario Rondón, quien había sido señalado como el hombre que recibió los US$92 millones que Odebrecht pagó para sobornar a los funcionarios dominicanos; a Montás, ministro de Industria y Comercio; Bautista, expresidente del Senado y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Díaz Rúa, exministro de Obras Publicas; González, quien era diputado en la época en la que se pagaron los sobornos; y al abogado Conrado Pittaluga.
También fueron detenidos Sánchez y Segura, quienes son exvicepresidentes ejecutivos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee); Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potable (Inapa); y De Óleo, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).
Además fueron acusados Valentín, Galán y Pacheco, quienes no fueron detenidos por su inmunidad; y Bernardo Castellanos de Moya, que no fue apresado hasta el 2 de agosto pasado cuando llegó de Panamá, donde se encontraba realizando unos trabajos.
Dos días después Castellanos recibió una medida de coerción de presentación periódica, fianza de RD$5 millones e impedimento de salida. El juez Ortega Polanco aplicó la medida.
El inicio de todo. Aunque el escándalo Odebrecht sacudió a la región de América Latina en el año 2015 cuando detienen al CEO de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, en el marco del caso Petrobras, en República Dominicana el caso no se comenzó investigar hasta el 21 de diciembre del 2016 cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América informó a la comunidad internacional el alcance del entramado de actos de corrupción encabezados por la empresa brasileña en X países.
Cinco días después, el 26 de diciembre del 2016, el Procurador anunció que el Ministerio Público evaluaría la información ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ordenó a las instituciones del Estado que entregaran los contratos suscritos con la compañía Odebrecht desde el 2001.
El 10 de enero comenzaron los interrogatorios. El primero fue Marcelo Hofke, representante de Odebrecht en República Dominicana, quien aseguró que le entregó los US$92 millones a Rondón, quien fue interrogado el 12 de enero. El 16 enero le tocó el turno a Radhamés Segura y el 17 de enero a Alberto Holguín, Freddy Pérez y Roberto Rodríguez.
El 18 de enero la Procuraduría allanó, durante más de cinco horas, las oficinas de Odebrecht en el país y al día siguiente interrogó de nuevo a Hofke.
El día 20 de enero el procurador anunció que Odebrecht se comprometió a pagarle una indemnización de US$184 millones a la República Dominicana por los sobornos que entregó para que le otorgaran los contratos. Los primeros US$30 millones fueron entregados el 31 de enero.
Los otros interrogatorios realizados fueron a Bautista y a Sánchez, el 23 de enero; a Leonardo Guzmán, yerno de Díaz Rúa, el 7 de febrero; a Pittaluga, el 8 de febrero; Díaz Rúa, el 7 de marzo; Reinaldo Pared Pérez, 16 de marzo; Cristina Lizardo, 17 de marzo; Valentín, el 22 de marzo; Abel Martínez, Larry Shell (directivo de Stanley Corporation -empresa que hizo la licitación de Punta Catalina-), y Henry Macual, gerente de Punta Catalina, el 23 de marzo; y Ramón Alburquerque, expresidente del Senado, el 28 de marzo.
Surge la Marcha Verde. La lentitud de las investigaciones provocó la indignación de la población, que el domingo 22 de enero salió masivamente a las calles y tiñó de verde el Parque Independencia para dar origen a la Marcha Verde, un movimiento que reclama el cese de la corrupción y la impunidad.
La marcha ha salido a la calle en diversas ocasiones. Las concentraciones más multitudinarias fueron realizadas en Puerto Plata, el 5 de marzo; en Santiago, el 26 de marzo; en Azua, el 21 de mayo; en Santo Domingo, el 16 de julio; en Nagua, el 6 de agosto; en Moca, el 16 de agosto; y en Punta Catalina, Baní el 20 de agosto.
En cada concentración la Marcha Verde ha expresado su inconformidad con el proceso llevado contra los encartados de Odebrecht puesto que sostiene que además deberían estar acusados Pared Pérez, Rubén Bichara, Gonzalo Castillo, Cristina Lizardo, Vicente Bengoa, Lucía Medina, Simón Lizardo y Abel Martínez. Además ha pedido investigar a Félix Nova y Carlos Amarante Baret.
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