El Gobierno se propone intervenir todas las variables que tienen que ver con el flujo del agua, desde los ríos hasta los hogares dominicanos, en un amplio plan a ejecutarse en 15 años que busca desafiar los pronósticos negativos que auguran escasez y lucha futura por este recurso.
El presidente Luis Abinader puso en manos del Consejo Económico y Social (CES) una propuesta para un Pacto por el Agua que deberá llevarse a cabo desde este 2021 y hasta el 2036, como una única política respecto al manejo de este líquido.
El documento fue elaborado por el Gabinete del Agua, creado por el mandatario y en cuyas reuniones él mismo participa.
Como parte de la estrategia para garantizar el agua a la capital y a todo el país, el Gobierno estudia la construcción de presas en los ríos Haina, Artibonito y Yuna, así como las presas de Don Juan y Las Placetas.
El coordinador del Gabinete del Agua, ingeniero hídrico Gilberto Reynoso, explicó a Diario Libre que el Gobierno también analiza levantar presas sobre los ríos Chavón y Soco, en la región Este, la Mina y Miho, en el Sur y Ámina y Yásica en el Cibao.
Estas obras se llevarían una inversión de 8,500 millones de dólares en sus 15 años, con un promedio anual de 567 millones de dólares. El jefe de Estado indicó que parte de los fondos para las construcciones que se llevarán a cabo durante su gobierno ya fueron identificados, pero que una porción importante de los recursos se obtendrán con préstamos.
El presidente Abinader dijo que una forma de comprometer a futuras administraciones con la continuidad de este plan es la aprobación de la Ley del Agua, que 16 años después no ha podido ser aprobada en el Congreso Nacional.
Aparte del suministro, un pacto por el agua tendría que abordar lo relativo a la protección y conservación de las cuencas hidrográficas y una gestión eficiente.
La propuesta de Compromiso Nacional para un Pacto por el Agua entregada al CES plantea la superación de desafíos en materia de recursos hídricos: escasez, contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, impactos de la variación climática, ausencia de institucionalidad del sector, débil gestión, marco legal inapropiado y poco conocimiento y desarrollo de tecnologías.
El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, consideró que el problema más grave para poder abordar la problemática del agua es la institucionalidad.
Ceara Hatton dijo que la institucionalidad del sector agua es confusa, dispersa e incompleta. Precisó que hay 18 instituciones que intervienen.
El economista e investigador sostuvo que no hay claridad en el rol que juega cada institución y hay confusión entre el órgano rector, que dirige las políticas públicas, y el regulador, que aplica las políticas que define el ente rector.
En ese sentido, afirmó que no existe un órgano que articule y regule las políticas hacia el sector, que lo planifique y evalúe de manera integral en todas sus dimensiones. El ministro de Economía adelantó que en parte este problema empieza a ser tratado en el Gabinete de Agua.
“Pero hay que dar un paso más allá, hace falta la visión estratégica del corto, mediano y largo plazo, entendiendo que el largo plazo se inicia en el corto plazo”, afirmó.
El documento que entregó el Gobierno al CES aborda, entre otros temas, los desafíos del sector agua en la República Dominicana, el agua como recurso, asentamientos seguros y gestión de riesgos, servicios de agua potable y saneamiento, almacenamiento y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas, sistemas de riego, gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, el marco legal del sector y la inversión en infraestructura.
Agrega que el nivel de desarrollo económico y social al que aspira el país requiere del acceso de agua potable y saneamiento en condiciones de cantidad, calidad y oportunidad, así como un correcto aprovechamiento de los recursos hídricos.
El presidente Abinader llamó a cambiar nuestro modo de relacionarnos con el agua.
“No podemos seguir viéndola como un recurso inagotable, sino como un bien escaso y costoso, que es necesario manejar responsablemente para nuestro beneficio y el de las futuras generaciones”, aseguró. Estimó necesaria la participación de todos los sectores: Gobierno, proveedoras de servicios, sociedad, entidades privadas y comunidades.
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