Milton Ray Guevara y la salud de la justicia dominicana: una alarma oportuna en tiempos de turbulencia regional
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
Resumen | El jurista Milton Ray Guevara —expresidente del Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana— ha reactivado el debate público sobre la “salud” de la justicia dominicana y su resiliencia institucional frente a un entorno hemisférico de alta incertidumbre. Sus intervenciones más recientes, incluidas las conversaciones con Pablo McKinney (10 de enero de 2026) sobre el conflicto entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, y sus llamados a corregir vacíos normativos en el sistema judicial y electoral, constituyen una alerta que trasciende la coyuntura y demanda una agenda de reformas de Estado. Esta pieza propone una lectura académica y crítica de ese conjunto de advertencias, su fundamento en el derecho constitucional comparado y su aplicación práctica para robustecer el Estado de derecho dominicano.
Introducción
En el ecosistema institucional dominicano, la figura de Milton Ray Guevara ocupa un lugar de referencia por trayectoria, rigor doctrinal y liderazgo institucional. Primer presidente del TC (2011–2023), docente y exlegislador, su voz ha sido decisiva en debates sobre migración, sistema de partidos y diseño constitucional, con impacto en sentencias paradigmáticas y en procesos de reforma. La biografía oficial del TC y su perfil enciclopédico dan cuenta de su formación y aporte sistemático a la institucionalidad democrática del país.
Esa autoridad —sumada a intervenciones públicas frecuentes— le permite hoy advertir en dos planos interconectados: (a) la necesidad de fortalecer la justicia dominicana mediante reglas claras, controles y transparencia; y (b) el impacto que las inestabilidades políticas regionales —como la crisis venezolana y su dimensión geopolítica respecto de EE. UU.— pueden tener sobre la estabilidad democrática y el Estado de derecho en la República Dominicana. Sus diálogos recientes y notas periodísticas de referencia muestran un hilo conductor: cerrar brechas normativas antes de que la polarización y la desinformación las conviertan en palancas de desinstitucionalización.
I. Trayectoria y autoridad epistémica
Ray Guevara no habla desde la opinión ligera, sino desde la experiencia de gobierno judicial y el conocimiento del diseño constitucional. Su paso por el TC, su liderazgo en la sentencia 168‑13 sobre nacionalidad y su rol como coordinador de comisiones técnicas en materia migratoria evidencian una comprensión integral de la relación entre Constitución, derechos fundamentales y políticas públicas. Esta dimensión biográfica —verificada por fuentes oficiales y periodísticas— otorga contexto y peso a sus advertencias actuales.
Además, su despedida del TC en 2023 y los reconocimientos de la Suprema Corte y de entidades públicas subrayan la legitimidad de sus aportes al sistema institucional. En sus rendiciones de cuentas y actos de homenaje se resaltan cifras de ejecución de sentencias, logros en educación constitucional y un compromiso sostenido con la supremacía de la Carta Magna, lo que refuerza el carácter técnico de su voz pública.
II. La “salud” de la justicia: gobierno judicial, evaluación y transparencia
1. El CNM y la evaluación de jueces.
Ray Guevara ha señalado que el Consejo Nacional de la Magistratura requiere una ley —no solo reglamentos— que regule de manera suficiente la evaluación de desempeño de jueces de altas cortes. La ausencia de parámetros claros, garantías de publicidad y motivación robusta abre espacio a discrecionalidades que erosionan la confianza social y la percepción de independencia judicial. En entrevistas recientes y análisis televisivos, el exmagistrado ha enfatizado que la evaluación judicial, por su impacto en la carrera y estabilidad de los jueces, demanda certeza normativa para evitar ciclos de politización.
Este reclamo se alinea con estándares comparados: donde los procesos de evaluación carecen de rango legal y criterios verificables, la gobernanza judicial se vuelve frágil y la justicia deja de ser vista como poder “extrapoder” y pasa a ser un espacio vulnerable a mayorías coyunturales. La crítica de Ray Guevara, por tanto, no es una postura corporativa sino un argumento de seguridad jurídica para la arquitectura del sistema.
2. Gestión institucional y ejecución de sentencias.
El TC ha mostrado históricamente indicadores relevantes de cumplimiento y publicación oportuna de sentencias. La continuidad de esa cultura de gestión —con datos que el propio tribunal ha comunicado en rendiciones recientes— debería extenderse como buenas prácticas a otras instancias del sistema de justicia, con mecanismos de auditoría pública, trazabilidad y control de tiempos procesales. La insistencia en gobernanza judicial abierta es coherente con el legado institucional que el TC describe y que la prensa recoge en reseñas.
III. Sistema de partidos y candidaturas independientes: una armonización urgente
El segundo eje de preocupación recurre al tema de las candidaturas independientes. Ray Guevara ha advertido que la sentencia del TC que promueve su regulación puede resultar “grave” si no se armoniza cuidadosamente con la Constitución y con el régimen de sustituciones, vacancias y responsabilidades institucionales. Su tesis no niega la participación ciudadana, sino que subraya la necesidad de evitar contradicciones sistémicas que podrían desembocar en crisis de gobernabilidad en futuras elecciones.
La propuesta práctica que surge de esa advertencia es doble: encargar a la Junta Central Electoral (JCE) la elaboración técnica de un proyecto legislativo —con evidencia comparada, proporcionalidad de requisitos y garantías de fiscalización— y someter al Congreso un debate abierto que produzca una norma integrada, evitando la reproducción literal de cargas pensadas para partidos en aspiraciones no partidarias. El llamado a la JCE y al Congreso aparece reiterado en medios, y la crítica a la confusión normativa se articula con referencias históricas sobre la presencia de candidaturas independientes en el país.
Ray Guevara también ha respaldado iniciativas orientadas a blindar la Constitución frente a reformas oportunistas —el “candado” a la reelección, por ejemplo— y a reforzar la independencia funcional y presupuestaria del Ministerio Público. Su apoyo a ajustes que impidan la manipulación del texto constitucional por mayorías de turno se funda en una visión de estabilidad de reglas que protege la justicia contra interferencias circunstanciales. En declaraciones recogidas por medios audiovisuales, el jurista contextualiza estas propuestas dentro de una pedagogía de límites y de respeto a la supremacía constitucional.
El énfasis en educación constitucional —en escuelas y universidades— complementa esa cultura de límites y fortalece la inmunidad social frente a prácticas antidemocráticas (compra de votos, voto asistido, captura de instituciones). Diversas entrevistas de referencia han insistido en que la ciudadanía informada es condición para que la justicia conserve legitimidad en escenarios de alta polarización.
Los diálogos con Pablo McKinney (10 de enero de 2026) agregan un vector regional a la alerta institucional: la crisis venezolana, con su disputa de legitimidad y su tensión con EE. UU., genera presiones que pueden amplificar discursos extremos y normalizar excepciones. Ray Guevara subraya que la erosión del Estado de derecho no ocurre de golpe, sino por acumulación de “pequeñas” excepciones, captura institucional y desinformación. La conversación pública ha estado cruzada por contenidos virales, incluidos materiales que reportan supuestas detenciones de Nicolás Maduro, lo que obliga a reforzar el compromiso con verificación y prudencia informativa.
Más allá de la veracidad de cada pieza viral, el punto del jurista es preventivo: cuidar la alternancia y la independencia de los poderes en República Dominicana, evitando que la importación de narrativas externas degrade nuestra institucionalidad. El caso venezolano —con expedientes en foros internacionales y persistentes denuncias de abusos— funciona como recordatorio de que la estabilidad democrática es frágil cuando se desdibuja la separación de poderes y se toleran “excepciones permanentes”. La prensa local ha reflejado este enfoque, subrayando el contraste entre la estabilidad dominicana y el deterioro sostenido del orden democrático en Venezuela.
VI. Migración, nacionalidad y seguridad: el cruce con la justicia constitucional
La trayectoria de Ray Guevara también se vincula con discusiones sobre migración y nacionalidad, donde su liderazgo en la sentencia 168‑13 y su posterior designación para revisar la normativa migratoria han sido decisivos. Aquí, la salud de la justicia no es solo un debate doméstico: es un componente de política de Estado que debe ordenar derechos, procedimientos y garantías en clave de seguridad y de respeto a la Constitución. El equilibrio entre soberanía y derechos —en un contexto de crisis haitiana y presiones regionales— demanda instituciones estables, jueces protegidos del vaivén político y marcos normativos claros.
Estas materias —sensibles por su impacto social— exigen un tribunal constitucional fuerte, una JCE competente y un CNM regido por ley. La “salud” de la justicia se prueba en casos límites: donde se deciden estatus de personas, fronteras normativas y garantías de no discriminación. La combinación de jurisprudencia y política pública que el jurista ha empujado indica el tipo de institucionalidad que el país necesita para resistir presiones y preservar derechos.
A la luz de las advertencias y del inventario de temas levantados por Ray Guevara, una agenda académica y de política pública para robustecer la justicia dominicana podría contener, al menos, los siguientes ejes:
Ley del CNM y evaluación judicial con rango legal.
- Definir parámetros de desempeño, garantías de transparencia (con salvaguardas), motivación reforzada y derecho a contradicción; establecer estándares probatorios y escalas de proporcionalidad para medidas disciplinarias.
- Incluir mecanismos de auditoría externa y reportes periódicos a la ciudadanía, evitando que reglamentos generales sustituyan el mandato del legislador.
Armonización de la Ley 20‑23 y candidaturas independientes.
- Diseñar requisitos específicos para aspiraciones no partidarias que eviten vacíos (sustituciones, financiamiento, fiscalización), sin replicar las cargas idénticas de los partidos que desnaturalicen lo “independiente”.
- Mandatar a la JCE la elaboración de propuestas técnicas y al Congreso su debate con evidencia comparada; prever cláusulas de transición para 2028‑2032.
Blindajes constitucionales y cultura de límites.
- Discutir candados frente a reformas coyunturales; reforzar independientes del Ministerio Público y su sostenibilidad presupuestaria.
- Implementar educación cívica‑constitucional en currículos escolares y universitarios; campañas públicas contra prácticas antidemocráticas en procesos electorales.
Gobernanza judicial abierta.
- Publicar indicadores de gestión (tiempos de respuesta, ejecución de sentencias, tasas de congestión) en formatos de datos abiertos; establecer metas anuales de reducción de mora.
- Crear mesas permanentes de diálogo con colegios de abogados, academia y sociedad civil para monitorear la “salud” del sistema.
Política de integridad y anticaptura institucional.
- Protocolos de conflicto de interés en nombramientos; procedimientos claros de recusación y transparencia patrimonial de altos cargos judiciales.
- Protección de denunciantes y trazabilidad de decisiones en procesos sensibles (electorales, disciplinarios, migratorios); auditorías externas periódicas.
VIII. Comparación regional: lecciones para inmunizar la institucionalidad
Las democracias latinoamericanas que han resistido con mayor éxito los ciclos de polarización comparten ciertas características: cortes con independencia funcional y presupuestaria, mecanismos de evaluación y nombramiento con rango legal y transparencia, y sistemas electorales con reglas claras y previsibles. La experiencia dominicana —por su relativa estabilidad y por la consolidación del TC en su primera década— ofrece una base sobre la cual construir blindajes adicionales. La propia narrativa institucional del TC y las crónicas sobre el cierre del período de Ray Guevara aluden a esa arquitectura en proceso de maduración.
Mirar el espejo venezolano —y la circulación de contenidos de alto impacto emocional— debe empujarnos a fortalecer protocolos de verificación y a sostener una pedagogía de prudencia informativa. La convergencia de geopolítica y comunicación digital puede amplificar la presión sobre instituciones si hay vacíos normativos que abren puertas a decisiones discrecionales. La insistencia de Ray Guevara en cultura de límites y reglas claras apunta justamente a ese umbral de resiliencia.
Conclusión: de la alarma a la ejecución
La advertencia de Milton Ray Guevara sobre la salud de la justicia dominicana no es un gesto retórico: es una invitación a pasar del diagnóstico a la ejecución legislativa y administrativa. La estabilidad democrática no se preserva con buenos discursos, sino con instituciones sanas y reglas que resistan presiones internas y externas. Fortalecer el gobierno judicial, armonizar el régimen electoral y estabilizar el orden constitucional son acciones preventivas que elevan el umbral de resiliencia institucional frente a ciclos de polarización y desinformación.
El caso venezolano —en su complejidad y en la manera en que permea el debate público regional— sirve como recordatorio de que la normalización de excepciones, la captura de instituciones y la desinformación pueden degradar rápidamente un sistema político. La República Dominicana tiene la ventaja de contar con una comunidad jurídica activa, un TC que ha acumulado buenas prácticas y una ciudadanía cada vez más involucrada en el escrutinio público. La responsabilidad que surge de las advertencias de Ray Guevara es cristalina: cerrar los vacíos con ley, blindar la Constitución con cultura de límites y abrir la justicia con métricas, transparencia y educación cívica.
Si ese tránsito del diagnóstico a la ejecución se materializa, la “salud” de la justicia dominicana no solo mejorará hoy: quedará inmunizada para resistir las turbulencias de mañana.
Referencias (selección y verificación)
- Perfil y biografía institucional de Milton L. Ray Guevara. Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
- Perfil enciclopédico: Milton Ray Guevara, Wikipedia en español.
- Entrevista y análisis sobre CNM, evaluación de jueces y reforma laboral: CDN 37.
- Artículo analítico sobre omisión legislativa en evaluación de jueces y crítica al vacío normativo: noticia.do.
- Debate sobre candidaturas independientes y armonización con la Constitución: 7dias.com.do; Prensa Libre Independiente.
- Rendición de cuentas y gestión del TC bajo Ray Guevara: CDN (cobertura de 2023).
- Reconocimiento institucional por la Suprema Corte y defensa de valores constitucionales: Poder Judicial (nota de prensa, 2024).
- Apoyo a blindajes constitucionales y cultura de límites: RNN (declaraciones sobre reforma y “candado”).
- Conversación con Pablo McKinney (10 ene 2026): “Lo que nadie dice sobre Maduro y EE. UU.”, canal de YouTube de Pablo McKinney.
- Cobertura de Color Visión sobre la coyuntura venezolana y el enfoque de Ray Guevara (7 ene 2026).
- Trayectoria en migración y normativa (designación como coordinador, 2025): Diario Libre; Infórmate Diario.
⚖️ Artículo de opinión: La salud de la justicia dominicana en tiempos de turbulencia regional.
A partir del diálogo entre Milton Ray Guevara y Pablo McKinney (10 de enero de 2026), planteo una agenda mínima: ley del CNM para la evaluación judicial, regulación proporcional de candidaturas independientes, blindajes constitucionales, y gobernanza judicial abierta con métricas de gestión y ejecución de sentencias.
La presión geopolítica (Venezuela–EE. UU.) y la economía de la desinformación exigen instituciones resilientes. Destaco además la firmeza del presidente Luis Abinader en el tema haitiano, como ejemplo de política de Estado respaldada por reglas y límites.
📺 Contexto: https://youtu.be/mRRJgnslIqc?si=wubBoQXDtzkkpgVs
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Milton Ray Guevara Expresa Profunda Preocupación por la Salud de la Justicia Dominicana
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
El debate sobre la salud de la justicia dominicana ha recobrado intensidad a partir de las recientes intervenciones públicas de Milton Ray Guevara, primer presidente del Tribunal Constitucional durante su primera década de vida institucional y una voz respetada por su rigor doctrinal, su experiencia en gobierno judicial y su constante pedagogía constitucional. En su conversación con Pablo McKinney, el 10 de enero de 2026, a propósito del conflicto entre Nicolás Maduro y Estados Unidos, y de los posibles reacomodos de poder en el Caribe, el jurista articuló una advertencia que excede la coyuntura: las instituciones que administran justicia —cuando operan con vacíos normativos, discrecionalidades y debilidades de control— se exponen más fácilmente a la presión política, a los ciclos de polarización y a la erosión del Estado de derecho. Bajo esa premisa, la preocupación no es meramente descriptiva; es prescriptiva y convoca a una agenda de reformas que blinde el sistema frente a la imprevisibilidad regional y la volatilidad de la política doméstica.
El peso de la palabra de Ray Guevara proviene de una autoridad epistémica ganada a pulso, no solo por el volumen y la calidad de las decisiones que le tocó conducir en el Tribunal Constitucional, sino por su participación en reformas clave, su rol docente y su interacción permanente con el debate público. Desde esa plataforma, el jurista insiste en que la salud de la justicia no es una cuestión abstracta ni de elites; es el núcleo que garantiza derechos, equilibra poderes y delimita fronteras entre las mayorías eventuales y la supremacía de la Constitución. En términos prácticos, su advertencia se concentra en dos planos interconectados: la necesidad de reglas claras, controles efectivos y transparencia para el gobierno judicial, y la urgencia de inmunizar el sistema frente a las tensiones geopolíticas del entorno, que, por la vía de la desinformación o la importación de narrativas extremas, pueden desestabilizar instituciones si estas exhiben grietas normativas.
Un primer aspecto que Ray Guevara ha subrayado con insistencia es el relativo al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y a los procesos de evaluación del desempeño de jueces de altas cortes. La lógica que propone es sencilla y contundente: sin una ley que regule con jerarquía suficiente la evaluación, los criterios de valoración quedan a merced de reglamentos generales y prácticas administrativas que, por definición, carecen del blindaje de un mandato legislativo claro y susceptible de control democrático. Cuando la evaluación no está parametrizada con estándares verificables, garantías de motivación reforzada, publicidad razonable y derecho a contradicción, el riesgo de discrecionalidades —y con ellas, de una erosión de confianza ciudadana y de percepción de independencia— se multiplica. No es una defensa corporativa de los jueces; es la defensa de la seguridad jurídica del sistema de justicia como infraestructura crítica de la democracia. La evaluación de magistrados impacta carreras, legitimidades y la integridad del diseño constitucional que descansa en poderes capaces de resistir los vaivenes de la política, por lo que el régimen de evaluación, lejos de ser un apéndice técnico, es una pieza estructural del Estado de derecho.
A esa dimensión se suma la necesidad de consolidar una cultura de gestión y de ejecución de sentencias que se convierta en práctica trans-sistémica, y no solo en emblema de una jurisdicción constitucional. La salud de la justicia también se mide por su capacidad de cumplir, de publicar oportunamente y de comunicar de forma inteligible los razonamientos que sostienen sus decisiones. Esa cultura de métricas y transparencia, con indicadores de tiempos de respuesta, tasas de congestión y ejecución efectiva de fallos, fortalece la confianza pública y ofrece herramientas para la rendición de cuentas, sin las cuales el discurso sobre independencia se vuelve retórico. En un ecosistema informacional saturado de mensajes virales y narrativas emocionales, el lenguaje de datos abiertos y de trazabilidad institucional actúa como antídoto contra la volatilidad del rumor y como marco para el escrutinio informado, indispensable para una ciudadanía constitucionalmente educada.
El segundo eje que el jurista ha puesto sobre la mesa es complejo y delicado: la regulación de las candidaturas independientes a partir de la jurisprudencia más reciente. Para Ray Guevara, el reconocimiento y la promoción de estas figuras no pueden desvincularse de una armonización cuidadosa con la Constitución y con el sistema de partidos, en especial con los regímenes de sustituciones, vacancias y responsabilidades institucionales. Sostener que la apertura a candidaturas independientes amplía la participación ciudadana es correcto; concluir de ello que las reglas partidarias pueden trasladarse sin adaptación a aspiraciones no partidarias es apresurado y riesgoso. La gobernabilidad futura no debería depender de remiendos jurisprudenciales ni de soluciones de emergencia ante vacíos mal previstos. La salida, de naturaleza técnica y política, pasa por un mandato claro a la Junta Central Electoral para que elabore propuestas legislativas proporcionales y funcionales —diseñadas con evidencia comparada y sensibilidad constitucional— y por un debate en el Congreso que produzca una norma integrada, con cláusulas de transición, que preserve el equilibrio entre pluralismo y estabilidad. Aquí, de nuevo, la salud de la justicia exige diseño, no improvisación.
Todo ello se entrelaza con una visión de reformas constitucionales que prioricen el blindaje frente al oportunismo de mayorías de turno. Ray Guevara ha defendido la cultura de límites, incluidos los denominados “candados” contra la manipulación del texto constitucional para fines coyunturales, y aboga por reforzar la independencia funcional y presupuestaria del Ministerio Público. Esta postura se sostiene en un principio sencillo: la previsibilidad de las reglas es condición para la eficacia de la justicia. Cuando cada ciclo político ensaya reescrituras del terreno de juego, el poder judicial entra, quiera o no, en el horizonte de la disputa, y las garantías que le hacen “extrapoder” se degradan. El blindaje no es inmovilidad; es límites razonables que impiden la captura institucional bajo el pretexto de la reforma. Esta cultura de límites, sin embargo, se vuelve insuficiente si no es acompañada por una educación constitucional sistemática. Enseñar la Constitución, sus principios y sus técnicas de interpretación no es lujo académico, sino política pública para construir ciudadanía, defender el voto libre de prácticas antidemocráticas y comprender la diferencia entre crítica legítima y hostilidad contra instituciones.
La conversación con McKinney introdujo, además, el espejo venezolano como advertencia extendida al Caribe. La crisis de legitimidad, las tensiones con Estados Unidos y las piezas virales que circulan con afirmaciones de alto impacto emocional sobre el destino de Nicolás Maduro y su entorno ponen a prueba la prudencia informativa y la capacidad de las instituciones dominicanas para resistir la presión externa. El mensaje del jurista fue claro: la erosión del Estado de derecho a menudo se cocina en la normalización de “pequeñas” excepciones que, sumadas, terminan capturando instituciones y habituando a la sociedad a un régimen de excepcionalidad permanente. En ese contexto, preguntarse si estamos ante un “nuevo orden en el Caribe” no es retórica geopolítica; es evaluar cómo la reconfiguración de alianzas, sanciones y presiones puede afectarnos en migración, seguridad, energía y discurso público, y cómo nuestras instituciones responden con reglas y transparencia, o con improvisación y discrecionalidad.
El caso venezolano, con su carga simbólica y su potencia viral, obliga a un doble cuidado. En primer lugar, evitar que narrativas externas —a menudo polarizadas y diseñadas para el impacto inmediato— contaminen el sistema dominicano, empujándolo a decisiones impulsivas sin el debido proceso institucional. En segundo lugar, reconocer que la solidez de un Estado de derecho no se mide en su capacidad para reaccionar con dureza a cada episodio, sino en su capacidad para mantener reglas, derechos y límites aun bajo presión. Ese es el punto en el que la preocupación de Ray Guevara sobre la salud de la justicia dominicana se vuelve una tesis estratégica: la mejor defensa frente a la turbulencia regional es una institucionalidad sana, una arquitectura de reglas que minimice la discrecionalidad y una ciudadanía capaz de distinguir entre información verificada y espectáculo digital.
La reflexión no sería completa sin abordar el cruce entre migración, nacionalidad y seguridad, donde el jurista ha sido actor y referente. Su liderazgo en la sentencia 168‑13 y su posterior participación en la revisión de la normativa migratoria le han dado una perspectiva integral sobre la necesidad de equilibrar soberanía y derechos bajo parámetros constitucionales claros. En este punto resulta pertinente reconocer la admiración que ha expresado hacia el presidente Luis Abinader por no haberse “doblegado” en el tema haitiano, preservando una política de frontera y de control que, en su lectura, responde al deber primario del Estado de proteger su territorio y su orden jurídico. Esa admiración no impide —y, de hecho, exige— que el enfoque migratorio se encuadre en reglas escrupulosas, procedimientos garantistas y comunicaciones públicas responsables, pues la legitimidad de toda política de soberanía se sostiene tanto en su eficacia como en su apego a derechos y a la Constitución.
Si la salud de la justicia se prueba en los casos límites, pocos ámbitos son más desafiantes que el régimen migratorio y de nacionalidad. Allí confluyen emociones, desigualdades y tensiones históricas que requieren un tribunal constitucional con prestigio, una JCE competente y un CNM regido por ley. De lo contrario, cada expediente difícil amenaza con convertirse en detonante de polarización y con convertir la justicia en moneda de cambio de la política de corto plazo. Resistir esa dinámica implica institucionalizar procesos, educar, medir y comunicar.
Una agenda académica y de política pública coherente con las advertencias del jurista debería desplegarse como narrativa y como práctica. Narrativa, para consolidar una cultura de límites y de supremacía constitucional que desacople la justicia de la ansiedad coyuntural. Práctica, para concretar una ley del CNM que especifique criterios, garantías y controles; para encargar a la JCE proyectos legislativos que regulen candidaturas independientes con proporcionalidad y claridad; para establecer métricas abiertas y metas de reducción de mora judicial que dignifiquen la experiencia del ciudadano ante los tribunales; para implementar protocolos de integridad y prevención de captura institucional en nombramientos, recusaciones y gestión patrimonial de altos cargos; para incorporar educación cívica‑constitucional en la formación escolar y universitaria, de manera que el voto y la opinión se ejerzan con responsabilidad y conocimiento. Al final, la institucionalidad no se afirma con consignas, sino con diseño, con datos y con coherencia entre discurso y práctica.
La comparación regional aporta más argumentos. Las democracias latinoamericanas que han resistido con mayor éxito ciclos de polarización comparten cortes con independencia funcional y presupuestaria, sistemas electorales con reglas previsibles y mecanismos de evaluación judicial con rango legal y transparencia. La experiencia dominicana ofrece una base valiosa: un Tribunal Constitucional que, en su primera década, acumuló jurisprudencia y buenas prácticas; una ciudadanía cada vez más activa en el escrutinio público; y una narrativa que reivindica la supremacía de la Carta Magna. Pero esa base necesita ser reforzada. La geopolítica del Caribe no va a conceder tregua; la comunicación digital no va a disminuir su intensidad; y los conflictos de legitimidad en países vecinos seguirán proyectando sombras y luces sobre nuestro propio debate. La salud de la justicia, como la salud en general, depende de prevención, hábitos y disciplina, no de intervenciones ocasionales cuando el síntoma se vuelve insoportable.
De la alarma a la ejecución, el trayecto que propone Milton Ray Guevara es exigente pero factible. Redactar la ley que el CNM necesita, armonizar con prudencia el régimen electoral ante la realidad de candidaturas independientes, blindar la Constitución frente a la tentación de rehacerla en cada ciclo político, abrir la justicia con métricas y transparencia, profesionalizar el discurso público con educación constitucional y combatir la desinformación con verificación y responsabilidad: esa es la receta para que República Dominicana convierta las advertencias en resiliencia. No se trata de replicar modelos ajenos, sino de profundizar el propio, bajo el entendido de que la democracia no se defiende con ocurrencias ni con excepcionalidades, sino con reglas y con límites que, a la vez, habilitan el pluralismo y protegen la esencia del Estado de derecho.
El Caribe vive tiempos de turbulencia, y la conversación con McKinney, al vincular la coyuntura venezolana con la salud institucional dominicana, ofreció un marco para pensar con frialdad en medio del ruido. Si el objetivo es asegurar que nuestras instituciones no sucumban al vértigo de la polarización ni al magnetismo del espectáculo, entonces la respuesta no puede ser otra que la disciplina del diseño institucional, la humildad ante la complejidad y la persistencia en la cultura de límites. Al final, la justicia dominicana será tan sana como lo sean sus reglas, sus hábitos y su ciudadanía. La advertencia de Milton Ray Guevara nos recuerda, con autoridad y urgencia, que esa salud no se da por sentada: se construye, se defiende y se renueva antes de que la tormenta llegue.
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⚖️🇩🇴 La justicia dominicana necesita ley, límites y datos.
Del debate Maduro–EE. UU. al Caribe: blindar instituciones es prioridad.
🎥 Contexto: #PabloMcKinney
🔗 https://youtu.be/mRRJgnslIqc?si=wubBoQXDtzkkpgVs
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