El primer vicepresidente de Perú, Martín Vizcarra, es un hombre tranquilo, y va a necesitar mucha calma para enfrentarse a la tarea de gobernar un país con una clase política desacreditada ante los ciudadanos como muy pocas en la región. Vizcarra está de camino a Lima desde Ottawa y, por ley, debe reemplazar al presidente Pedro Pablo Kuczynski,
quien ha enviado al Congreso su carta de renuncia este miércoles. Horas después del anuncio, Vizcarra se ha pronunciado en Twitter donde ha mostrado su indignación por la situación que vive el país y ha asegurado que se pondrá a "disposición del país, respetando lo que manda la Constitución". Hace tres meses, la decisión de Vizcarra de prometer que renunciaría si Kuczynski era destituido ayudó a frenar la maniobra, por el riesgo de que el poder quedara en manos del fujimorismo. Esta vez el vicepresidente dejó claro que no renunciaría, y eso añadió presión a PPK, que finalmente dimitió.
Vizcarra ya está empezando a tomar el poder incluso desde Canadá y ha conversado con la canciller saliente para expresar que será él quien reciba a los jefes de Estado
en la próxima Cumbre de las Américas de abril en Lima. "El presidente ha dicho que conversará mañana (jueves) con Vizcarra", dijo uno de los ministros a EL PAÍS, minutos después de que el Gabinete presentase su renuncia.
El ingeniero y expresidente regional de Moquegua tendrá que recomponer las relaciones con los principales partidos, debilitados ante los ojos de la ciudadanía. Vizcarra fue nombrado embajador en Canadá el septiembre pasado y ha permanecido al margen de
las acusaciones contra Kuczynski por sus vínculos con Odebrecht. En el Ejecutivo esperan que su juramentación se dé el viernes.
Durante el año y ocho meses de Gobierno de PPK, los políticos se han atacado con dureza con todo tipo de acusaciones. Además, el lenguaje utilizado en los vídeos y audios que difundió el fujimorismo el martes ha indignado a los peruanos por el nivel de descomposición que observan en un sistema político poco institucional y corrupto. El descrédito se ha extendido no solo al presidente, sino a todo el Parlamento, por lo que unas nuevas elecciones, la única fórmula para recuperar credibilidad, tendrían un resultado más incierto que nunca en un ambiente de escepticismo generalizado con la élite.
Según el Barómetro de las Américas, difundido el martes, el 91% de los peruanos cree que la mitad o más de los políticos están involucrados en actos de corrupción. La muestra fue tomada entre febrero y abril de 2017, antes de las revelaciones de la participación masiva de Odebrecht, con dinero de la contabilidad paralela, en las elecciones generales de 2006 y 2011.
Para un 27% de los peruanos, la corrupción es el principal problema del país, el porcentaje más alto del continente, incluso mayor que en Brasil (19%), cuya política está afectada por el caso Lava Jato.
De acuerdo a la misma encuesta regional, Perú es uno de los ocho países que menos defienden la democracia en la región: un 38% señala que apoyaría un golpe presidencial, el porcentaje más alto en el continente. Ante la debilidad demostrada por Kuczynski, en las calles de Lima algunos vuelven a pensar en un hombre fuerte, precisamente el ambiente que aprovechó Fujimori en 1992 para su autogolpe.
De acuerdo al Barómetro de las Américas, solo un 7,5% de los peruanos consultados tiene confianza en los partidos políticos, el nivel más bajo desde que empezó a realizarse el estudio en Perú.
Los últimos 18 meses se han caracterizado por los ataques de Fuerza Popular -de Keiko Fujimori- y del APRA contra el Ejecutivo y la bancada de Peruanos por el Kambio y sus actuales aliados: los 10 fujimoristas disidentes liderados por Kenji Fujimori.
Pero, además, la sombra de Odebrecht en la política y la consecuente revelación de pruebas, tanto por los procesos de colaboración eficaz de los ejecutivos del gigante brasileño como por las investigaciones de la Fiscalía peruana, han golpeado a
Kuczynski, a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, a la excandidata presidencial Fujimori, y a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. La empresa indica que aportó fondos a las campañas presidenciales de García (en 2006), de Humala, Fujimori y Kuczynski en 2011, y contra la destitución de Villarán en 2013.
Las normas electorales no castigan penalmente en Perú el ingreso de aportes no declarados por los partidos, y el Congreso actual se ha negado a legislar para imponer sanciones.
La fiscalía actualmente investiga por posible lavado de activos a Fujimori y a sus financistas y exencargados de campaña, y el Consejo de Ministros aprobó este miércoles enviar a Estados Unidos el pedido de extradición de Toledo, preparado por el Poder Judicial.
El analista político y ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fernando Tuesta, destacó en una conferencia con la prensa extranjera la mañana del miércoles, que en Perú "ningún presidente con mayoría absoluta opositora en el Congreso ha sobrevivido", es decir, no ha podido concluir su período de cinco años, como ha ocurrido con Kuczynski. El único que evitó ese destino fue Fujimori, quien cerró el Congreso con un autogolpe en 1992.
Tuesta destacó que debe modificarse la norma acerca de la "vacancia del presidente por incapacidad moral", ya que la figura de la destitución podría usarse cada vez que la oposición logre 87 de 130 votos, independientemente del motivo.
Por su parte, el politólogo Eduardo Dargen
t dijo que con la dimisión de Kuczynski, hay un aspecto positivo: "Caen ministros con intereses empresariales, que no conocían de administración de programas sociales ni de reforma educativa". Dargent espera que Vizcarra reclute algunas personas con talento, por ejemplo, el exministro de Educación Jaime Saveedra, y plantee una reforma policial y educativa. "Mucho de lo que ocurra en la política, además, dependerá de que siga Pablo Sánchez en la Fiscalía de la Nación (por las investigaciones a los líderes de los partidos políticos)", comentó. https://elpais.com/internacional/2018/03/21/actualidad/1521671510_561129.html
