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| María Waleska Álvarez, William Malamud, Nelson Arroyo, Francesca Rainieri, Alexander Schad y Karina de Pool. |
Director de Aduanas, Nelson Arroyo, reafirma compromiso con fortalecer la alianza público‑privada a través del CNFC
Santo Domingo, R.D. | 20 de enero de 2026.— El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano —a través de la Dirección General de Aduanas (DGA)— de continuar estrechando la colaboración con el sector privado en beneficio del comercio exterior. La declaración tuvo lugar durante una reunión de trabajo con una delegación de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), encabezada por su presidenta, Francesca Rainieri, para abordar temas de interés en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC).
En el encuentro, ambas partes conversaron sobre planes y metas a corto, mediano y largo plazo del CNFC, espacio de articulación público‑privada para la implementación de medidas que simplifiquen, modernicen y armonicen los procesos vinculados al comercio transfronterizo. Arroyo aseguró que la DGA brindará todo el apoyo necesario para la ejecución de la agenda acordada en el Comité.
“Esta gestión pondrá todo su empeño para que esa alianza público‑privada que representa el CNFC siga fortaleciéndose cada día”, manifestó Arroyo ante la delegación de AMCHAMDR.
Por su parte, Rainieri destacó los frutos de la cooperación público‑privada en los últimos años y reiteró la disposición del empresariado de seguir sumando capacidades a la hoja de ruta del Comité:
“Hemos sentido durante los últimos años, como sector empresarial, un apoyo importante de lo que es realmente una unión público‑privada, y sabemos que eso puede continuar con su gestión”, expresó Rainieri.
Por la DGA participaron Anulfo Pascual, subdirector de Zonas Francas; los asesores Gabino José Polanco y Eduardo Rodríguez; y Rosario Del Castillo, encargada del CNFC. Por AMCHAMDR asistieron William Malamud, vicepresidente ejecutivo; María Waleska Álvarez, vicepresidenta; Alexander Schad, director; y Karina de Pool, gerente de proyectos.
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| William Malamud, Nelson Arroyo y Francesca Rainieri. |
El Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC) es el órgano creado para coordinar internamente la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Funciona como mesa permanente de diálogo entre los sectores público y privado para tratar políticas, proyectos y regulaciones que impactan la facilitación comercial y la logística.
El CNFC está integrado por los principales ministerios e instituciones del Gobierno (Agricultura; Industria, Comercio y Mipymes; Relaciones Exteriores; Defensa; Salud Pública; Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana – CEI‑RD; Consejo Nacional de Competitividad – CNC; y el Consejo Nacional de Zonas Francas – CNZF), así como por las principales asociaciones empresariales (AIRD, CONEP, AMCHAMDR, entre otras), bajo un modelo de alianza público‑privada orientado a la competitividad.
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| Representantes de AmchamDR y de la DGA |
COMENTARIO
Alianza público‑privada en la DGA: del enunciado a los resultados medibles
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
La visita de la presidenta de AMCHAMDR, Francesca Rainieri, al director general de Aduanas, Nelson Arroyo, es una buena noticia por dos razones: confirma que el Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC) sigue siendo la mesa donde se alinean prioridades de Estado y sector privado; y ocurre en el primer tramo de una nueva gestión en la DGA, cuando las decisiones imprimen rumbo. En un país abierto y dependiente de su inserción logística, que el regulador siente a la principal cámara binacional para hablar de metas a corto, mediano y largo plazo del CNFC no es protocolo: es política económica aplicada.
Conviene enmarcar el momento. Nelson Arroyo asumió la DGA el 8 de enero de 2026, con un mandato explícito de aumentar recaudaciones, facilitar el comercio y garantizar una transición ordenada tras el paso de Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón al MICM. El propio Palacio Nacional fijó el tono: equilibrio presupuestario sin sacrificar fluidez operativa. Ese es el delicado binomio —control y facilitación— que toda aduana moderna debe dominar.
El CNFC, por su parte, no es un invento local: surge del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC y en República Dominicana se creó por Decreto 431‑17; la Ley 168‑21 de Aduanas lo reforzó, y su reglamento de aplicación lo ha ido precisando. Traducido al terreno: la República Dominicana se comprometió a simplificar, digitalizar y hacer predecibles los flujos fronterizos, y dotó de un órgano mixto —con ministerios, agencias y gremios— para darle continuidad.
En los últimos años, ese andamiaje dejó logros concretos. Se consolidaron programas como Despacho en 24 Horas, horario extendido, la masificación del Motor de Riesgo (MOR), y se dio impulso a VUCE‑RD como ventanilla única para permisos, licencias y certificaciones. Esas piezas se tradujeron en ahorros para los contribuyentes, mayor trazabilidad y mejores tiempos de levante en los principales puertos, especialmente Haina y Caucedo. El propio CNFC documentó la reducción de tiempos y el salto de productividad que conllevó la digitalización, mientras VUCE‑RD unificó trámites antes dispersos.
El capítulo OEA (Operador Económico Autorizado) ilustra la potencia de la alianza público‑privada cuando hay metas compartidas: el programa pasó de poco más de 300 empresas en 2020 a alrededor de 685–700 certificadas en 2025, con una modalidad OEA Simplificado que integró pymes a la cadena de beneficios. Ese tejido de confianza reduce inspecciones físicas, prioriza el análisis de riesgo y abarata la logística. Es, además, un mensaje a inversionistas: el cumplimiento paga.
También hubo avances institucionales dentro del propio CNFC: AMCHAMDR fue reelecta como secretaría y el órgano intensificó sus mesas de trabajo (zonas francas, laboratorio, riesgo, cadena de frío) y su agenda de nearshoring, con más de 50 reuniones de seguimiento en 2024, incluyendo un primer Logistics Summit. Es la arquitectura que permite aislar la facilitación de los ciclos políticos y blindar la continuidad.
Con este telón de fondo, el encuentro Arroyo–AMCHAMDR proyecta un mensaje correcto: continuidad con ambición. Pero de aquí en adelante, la diferencia entre una foto cordial y un salto cualitativo dependerá de cinco definiciones.
Primero, metas verificables de tiempo y costo. El CNFC debería acordar un Tablero 2026 con indicadores de “punta a punta”: tiempo puerta‑puerto, costo de cumplimiento documental, porcentaje de expedientes 100% digitales, y tasa de canal verde por perfil OEA, desagregados por aduana. Sin métricas comparables —y publicadas— no hay reforma que resista la niebla de la percepción. El acervo técnico está: estudios de tiempos de despacho y series históricas de D24H y MOR existen y pueden actualizarse.
Segundo, VUCE‑RD como plataforma, no solo portal. La ventanilla única debe interoperar de forma plena con sanidades, Medio Ambiente, Agricultura, Salud y Defensa, y compartir datos estructurados bajo estándares OMA/CEFACT. El objetivo no es “subir PDFs”, sino datos reutilizables que eviten dobles digitaciones y auditorías ex post. La literatura regional lo dice con claridad: sin gobernanza y sin estándares, la VUCE pierde su promesa.
Tercero, gestión de riesgo interagencial. El MOR de Aduanas probó su eficacia; el siguiente paso es amarrar matrices de riesgo con las otras agencias de frontera (sanitarias y de seguridad) para que el mismo contenedor no sea un misterio para cada institución. El CNFC ya ha trabajado mesas de riesgo; toca pasar del piloto a la rutina.
Cuarto, profundizar OEA en eslabones críticos. Más que sumar certificados por sumar, el foco 2026 debería estar en transportistas, consolidadores, depósitos y operadores de perecederos, donde el riesgo operativo es alto y el impacto de cumplimiento es inmediato en tiempos. El crecimiento 2020–2025 mostró que el modelo funciona; ahora hay que cerrar brechas y priorizar cadenas con mayor elasticidad a la facilitación.
Quinto, gobernanza del CNFC y transparencia proactiva. La base legal está consolidada (Decreto 431‑17, Ley 168‑21 y su reglamentación); lo que falta es publicar sistemáticamente actas, acuerdos, indicadores y hojas de ruta, de manera que la opinión pública pueda auditar el avance sin depender de ruedas de prensa. Es lo que hacen los países que aspiran a hubs logísticos creíbles.
En suma: el guiño de Aduanas a AMCHAMDR llega en el momento justo. Arroyo hereda una DGA con logros verificables en facilitación y un CNFC que maduró su institucionalidad; pero también hereda la expectativa de que esa alianza se traduzca en menos fricción y más competitividad medible —para el contenedor de la pyme y para el operador global—. Si el 2026 nos encuentra con un tablero público de tiempos y costos, una VUCE plenamente interoperable, un OEA más profundo y un MOR interagencial, la visita de hoy habrá sido más que un gesto: habrá sido el primer paso de una segunda generación de reformas. Esa es, y debe ser, la vara.
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