El eructo de la embajada americana | José Luis TaverasJosé Luis Taveras

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José Luis TaverasJosé Luis Taveras

Santo Domingo - nov. 24, 2022 | 12:00 a. m. | 7 min de lectura

El eructo de la embajada americana

No sé si la Embajada de los Estados Unidos respira por la herida o transpira su culpa al reclama
r un trato que su país ignora en su propio territorio con relación a los ciudadanos haitianos que aquí defiende.

El pasado sábado 19 de noviembre la Embajada de los Estados Unidos publicó en su portal una nota vaga, confusa y tendenciosa. En ella advierte que “en los últimos meses los viajeros a la República Dominicana han reportado haber sido retrasados, detenidos o sujetos a un mayor interrogatorio en los puertos de entrada (…) basados en su color de piel”.  A pesar de que la misión diplomática no aporta datos que puedan probar un patrón operativo consistente, respetamos su derecho a informar a los ciudadanos estadounidenses, siempre que lo ejerza con apego a la verdad.

Lo que resulta extraño es atar esta advertencia a un cuadro separado de hechos. Así, la Embajada indica que “… en días recientes (…) agentes de Migración Dominicana (DGM) han llevado a cabo operaciones generalizadas destinadas a detener a aquellos que creen que son migrantes indocumentados, especialmente personas de ascendencia haitiana. En algunos casos, las autoridades no han respetado el estatus legal de estas personas en la República Dominicana o su nacionalidad”.

Las preguntas inquietan: ¿Cuál es la correlación causal entre un evento y otro? ¿Inferir una aparente confusión entre afroamericanos y haitianos indocumentados? ¿Establecer un trato discriminatorio para sus ciudadanos de color como el que a su parecer reciben los haitianos no documentados? ¿Es real su intención o es retórica diplomática? El color de piel no es razón suficiente para deducir la nacionalidad de inmigrantes, más cuando se trata de viajeros que llegan mayoritariamente por vía aérea provistos de sus pasaportes y con su propia identidad étnica-cultural. Asociar condiciones tan inconexas es restarle verosimilitud a la advertencia.

La imprecisión de esta nota suscita sospechas y no conspirativas. Una de ellas la propone el propio contexto, cuando precisamente la República Dominicana deporta a indocumentados haitianos por imperativos apremios de seguridad y para reducir la enorme presión local que causa la actual ingobernabilidad de Haití.

Con una sutileza punzante, el Departamento de Estado deja correr, a través de la Embajada, un relato errante frente a una situación potencialmente explosiva. Insinúa un comportamiento racista del Estado dominicano y usa como pretexto una causa aparentemente propia (la de sus ciudadanos) para censurar con ello la resolución de la República Dominicana en materia de deportaciones. Eso no es sensato, pertinente ni leal.

Como forma de no interferir (al menos retóricamente) en los asuntos internos del país, la Embajada americana lo hace por vía tangencial y con base en el peor argumento: el racismo. Invocar este oscuro motivo en el estado de crispación social que hoy vive Haití es inflamable y parece no tener otro objetivo que estrecharle el cerco al Estado dominicano para que detenga las proscripciones de indocumentados haitianos.

Podemos estar de acuerdo en estimar que las repatriaciones no responden a las deseadas condiciones de dignidad; que prevalecen indudables prejuicios históricos entre las dos naciones; que la valoración social del inmigrante ilegal es residual; que faltan marcos legales seguros y estables entre dos países divididos por el pasado, las costumbres y la cultura, pero sugerir que el Estado dominicano practica y promueve con sistematicidad y ex profeso una política de prejuicio racial es tan ignorante como irresponsable.

No tenemos una historia de crímenes ni tragedias de odio racial, ni hemos necesitado políticas o leyes apartheid para segregar la convivencia de un mismo conglomerado social; somos una sociedad fundada étnicamente sobre el mestizaje y el sincretismo; no contamos con mártires defendiendo derechos de minorías excluidas; ninguno de nuestros presidentes ha tenido que reconocer, como lo admitió recientemente Joe Biden, que el “racismo sistémico” de la sociedad americana resulta “corrosivo”, “destructivo” y “costoso”; tampoco hemos recibido ultimátum alguno para que el Estado dominicano “adopte medidas inmediatas y tangibles para eliminar el racismo estructural” como hace apenas cuatro meses lo requirió el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas con respecto a los Estados Unidos.

No sé si la Embajada de los Estados Unidos respira por la herida o transpira su culpa al reclamar un trato que su país ignora en su propio territorio con relación a los ciudadanos haitianos que aquí defiende. Y es que la organización Amnistía Internacional, en un reciente informe del 22 de septiembre de 2022 titulado “Tortura y otros malos tratos relacionados con la raza y la condición migratoria contra personas haitianas que buscan seguridad en los Estados Unidos”, emplaza a esa nación a cesar la detención arbitraria y los tratos discriminatorios que constituyen tortura basada en la raza en contra de los haitianos que piden asilo.

El informe, basado en entrevistas a veinticuatro personas haitianas expulsadas por las autoridades estadounidenses entre septiembre de 2021 y enero de 2022, muestra que sucesivos gobiernos intentan disuadir a haitianos de que pidan asilo en Estados Unidos “mediante diversas políticas concebidas para interceptarlas, detenerlas y expulsarlas, desde la década de 1970…”. Pide a los Estados Unidos “que aborden y desmantelen la discriminación racial sistémica y reconozcan que el racismo está enraizado en estructuras y prácticas que surgieron durante el colonialismo y la esclavitud”. “Las autoridades estadounidenses deben tomar medidas para reformar todas las instituciones, la legislación, las políticas y las prácticas que refuercen los estereotipos nocivos basados en la raza y la nacionalidad”, enfatiza el informe. Me pregunto ¿con cuál autoridad juzgar? ¿Con qué derecho reclamar? ¿Con qué valor insinuar?

El tema haitiano genera en ambos países fuertes pasiones. Vivimos un momento nublado por los prejuicios en el que a cualquiera le imputan un tatuaje ideológico. Los radicalismos de ambos lados estrechan las comprensiones racionales. A los que buscamos otras perspectivas nos acusan de ultranacionalistas o traidores progresistas, según la posición del juzgador. Y es que nos han empujado a mirar el relato en un solo tono: negro o blanco. Ese extremismo nocivo y virulento ha hecho perder el discernimiento para separar dos conceptos distintos, esos que la Embajada de los Estados Unidos induce a confundir: uno es el derecho a una política migratoria soberana y otro es el racismo.

Las repatriaciones responden a una situación de insostenibilidad social y económica para una República Dominicana agobiada por sus propios problemas; el racismo, a una visión cultural que no tiene mayor incidencia en las políticas migratorias del Estado dominicano porque, entre otras tantas razones, esto no es Estados Unidos. ¡Que se sepa!

Y es que la organización Amnistía Internacional, en un reciente informe del 22 de septiembre de 2022 titulado “Tortura y otros malos tratos relacionados con la raza y la condición migratoria contra personas haitianas que buscan seguridad en los Estados Unidos”, emplaza a esa nación a cesar la detención arbitraria y los tratos discriminatorios que constituyen tortura basada en la raza en contra de los haitianos que piden asilo.

https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/2022/11/23/el-caso-de-la-embajada-americana/2149998

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— José Luis Taveras (@Josel_taveras) November 24, 2022

¿Qué está pasando en la Cámara de Cuentas? | José Luis Taveras @Josel_taveras

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José Luis Taveras

Santo Domingo - sep. 22, 2022 | 12:01 a. m.| 7 min de lectura

¿Qué está pasando en la Cámara de Cuentas?

No debe sorprender que la misma red de periodistas, comunicadores, abogados y políticos que siempre estuvieron al servicio de esos intereses sean los que hoy mantengan viva esta “ingenua” cruzada moral en los medios. ¿Cómo no evitar la conexión?

Sería ingenuo ignorar los síntomas. Lo que está pasando en la Cámara de Cuentas no es fortuito. Las señales revelan una acción dirigida. La idea es crear una crisis artificiosa con propósitos dañinos.

Los integrantes del organismo de control externo del Estado son Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente, Elsa María Catano, vicepresidenta, Tomasina Tolentino de Mckenzie, secretaria, y los miembros Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña. Sus posturas en el organismo no son desconocidas y conforman el siguiente cuadro:  dos miembros independientes y tres que responden a la oposición política, dentro de los cuales uno mantiene criterios “circunstanciales”.

En ese precario balance se ha desenvuelto su desempeño, confrontando tensiones y porfías episódicas. Pese a eso, el organismo ha venido haciendo su trabajo, aunque no con los deseados niveles de eficiencia. La gravitación de esos intereses ha condicionado su accionar.

La presión política arrecia y ha tomado cuerpo de trama. El objetivo no deja sospechas: obstruir o condicionar algunas auditorías o crear una situación que inhabilite al presidente o cambie la correlación de fuerzas.

Lo que ha precipitado la embestida ha sido la inminente entrega del informe de auditoría practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 bajo la gestión de Donald Guerrero. El plan político es subvertirla a cualquier precio.  Ese núcleo de intereses ha pretendido minar la investigación en contra del exfuncionario en todas las instancias.

A ese caso se le suman otros intereses que derivarían réditos colaterales de una crisis en la Cámara de Cuentas, como la auditoría financiera de la Central Termoeléctrica Punta Catalina que determinará sus costos. Las acciones judiciales emprendidas sobre el caso Odebrecht solo conciernen a una parte de los sobornos y no tocan la sobrevaluación de la planta ni las posibles responsabilidades de los consorciados. Esos sensores están igualmente activados.

Otras auditorías pendientes o en curso son las de la EDE, la de la Junta Central Electoral, así como la practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la gestión de Miguel Vargas Maldonado, entre otras.

La ansiedad es torpe y ciega. En el caso de la Cámara de Cuentas esa verdad ha tenido una inmejorable aplicación. Las acciones concertadas han sido dirigidas precisamente en contra de los integrantes independientes: Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente, y Mario Fernández Burgos, miembro.  

Con respecto al primero se ha promovido una denuncia de un presunto acoso sexual a dos abogadas del órgano; el segundo, por su parte, fue objeto de un requerimiento formal a la Cámara de Cuentas elevado por el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, Aris Yván Lorenzo Suero, para conocer “sus gastos de refrigerio”, así como los del presidente. La información solicitada nos dice qué tan bajo andan las cosas. Por otra parte, ha habido canales comunicantes muy fluidos entre algunos despachos de la Cámara de Cuentas con importantes líderes políticos de la oposición que fue gobierno y legisladores de alto nivel, quienes conocen las deliberaciones más intimas del órgano. El acoso a la Cámara de Cuentas es metódico y escalado. En esta semana se activan las redes sociales con un libreto repartido de detracción.  

Sobre la denuncia en contra del presidente no hago ninguna valoración jurídica. No me compete. La acción se sustenta en sus propios medios y evidencias, que deberán ser apreciados por el Ministerio Público. Lo que sí resulta inevitable (por no decir sintomático) es su relación con el contexto descrito, justo en el momento en el que se afirma la resistencia a las aludidas auditorías y frente a hechos que, según la propia denuncia, ocurrieron el año pasado. Un tema es negar su ocurrencia, cosa que no hago, y otra es instrumentalizarla, cosa que sí sospecho.

Tampoco es casual que la rabiosa defensa de la denuncia provenga de personas vinculadas a los centros políticos que influyen en la Cámara de Cuentas, esos que tienen auditorías pendientes en el órgano de control externo de las cuentas públicas o que quieren de alguna manera bloquear las investigaciones especiales relativas a pasadas gestiones de gobierno.  De esta manera, no debe sorprender que la misma red de periodistas, comunicadores, abogados y políticos que siempre estuvieron al servicio de esos intereses sean los que hoy mantengan viva esta “ingenua” cruzada moral en los medios. ¿Cómo no evitar la conexión? Y no es que queramos justificar una cosa por la otra, como estoy seguro de que algunos inferirán; al revés, abogo para que no se mezclen.

El momento exige la determinación de los integrantes objetados. Consentir las presiones es sumir en la crisis a la Cámara de Cuentas. Lo que se busca es una renuncia del presidente. La denuncia en contra de su presidente debe agotar todas las instancias judiciales, pero no debe forzar una dimisión hasta que una sentencia irrevocable quiebre la presunción de inocencia. Las cosas deben seguir su curso: la denuncia, sus trámites; las auditorías, su avance.

Saludo, sin embargo, el acuerdo firmado el pasado martes por todos los integrantes de la Cámara de Cuentas con el “objetivo de trabajar unidos en pro del fortalecimiento institucional y la mejora continua”. La unidad es la más poderosa arma para desarmar las pretensiones de intereses oscuros y coludidos. Una decisión que sin duda respalda la sociedad.    

No obstante, debemos estar más que advertidos. No hay ningún interés moralizante en las urdimbres políticas; eso es apariencia embustera. Lo que se busca es trastornar la gobernabilidad de la institución u obstruir las investigaciones especiales y las auditorías en curso o por realizarse. Este es un despropósito que debe ser denunciado sin reparar en las interpretaciones. Que lo sepa el país… https://www.diariolibre.com/autor/jose-luis-taveras/2098

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José Luis Taveras

Abogado, académico, ensayista, novelista y editor.

“Sigo llorando, pero ya tengo pañuelo”, José Luis Taveras (@Josel_taveras)

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— José Luis Taveras (@Josel_taveras) August 18, 2022

MINISTERIO PÚBLICO

“Sigo llorando, pero ya tengo pañuelo”

La decisión de fortalecer la autonomía funcional del Ministerio Público le ha permitido a ese órgano la libertad de acusar a funcionarios activos y a los ciudadanos la oportunidad de ver renuncias por motivo de investigaciones y destituciones por sospechas, prácticas impensables en los últimos treinta años. Eso, con el permiso de algunos, es pañuelo para mi pesimismo.

José Luis Taveras

Santo Domingo - ago. 17, 2022 | 12:01 a. m. | 6 min de lectura

Hace algunos días tropecé con un viejo dirigente del PLD. Antes de acercarse, ya traía la plática con la que me abordó. Me preguntó si había dejado el pesimismo. La intención iba más allá de oír la respuesta. Lo que procuraba era insinuar que mis quejas solo las lloraba en los gobiernos de su partido. Le respondí con el saludo que no me dio y que rematé con esta declaración: “Sigo llorando, pero ya tengo pañuelo”. Apresuró la despedida con una sonrisa forzada.

Admito que escribir sobre estructuras y relaciones de poder es un oficio poco cómodo en una sociedad que busca superar atrasos desde la inercia. No se trata de temas abstractos ni elucubraciones esotéricas; son realidades cotidianas, pero ordinariamente eludidas por los intereses que involucran y por el callado miedo que impone la autocensura.

No me molesta el apodo de pesimista, pero entiendo que también es un estigma usado para anular a quienes no alabamos al statu quo. Si ese fuera el caso, entonces lo seguiré siendo.

Mi incipiente optimismo no lo motiva el gobierno del PRM. Ojalá así fuera, pero los cambios de patrones, estructuras y cultura no se alcanzan en corto tiempo ni por generación espontánea. Tampoco son obras de un solo Gobierno ni este ha mostrado grandes planes de futuro. Reclamar eso sería irresponsable, como prometerlo demagógico. A esta Administración le ha tocado torear con los apuros del presente, tras recibir una de las crisis más crudas de lo que va del siglo. Eso todavía no se entiende. Su desempeño, en tal circunstancia, ha sido razonable a pesar de que la oposición que fue gobierno insiste en reducirlo usando a su favor comparaciones descabelladas.

Sin embargo, la sociedad ha creado expectativas de cambio, esas que incorpora en forma de convicciones y que un gobierno sensible o estratégico las puede afirmar con ejecutorias consistentes. Creo que es lo que ha sucedido con la dirección del Ministerio Público que hoy tenemos. Lo que ha pasado complace una demanda social legítima.

La decisión de fortalecer la autonomía funcional del Ministerio Público le ha permitido a ese órgano la libertad de acusar a funcionarios activos y a los ciudadanos la oportunidad de ver renuncias por motivo de investigaciones y destituciones por sospechas, prácticas impensables en los últimos treinta años. Eso, con el permiso de algunos, es pañuelo para mi pesimismo.

A cualquier gobierno que se instale en el futuro le será espinoso revertir esa expectativa. A pesar de que algunos políticos, opinantes y hasta intelectuales han tratado de apocarla, la sociedad la considera parte de sus luchas y avances sustantivos. Se le reclama a este Gobierno como deuda siempre exigible. Y ha sido de tal estima que muchos de los desaciertos del Gobierno son “pasados por alto” como implícita compensación por este acierto.

Es obvio que hay y habrá resistencias, como aquellas que consideran que la revalorización del Ministerio Público es la amenaza en ciernes de un régimen de terror judicial. Otros apelan a eufemismos más estilizados y hablan de un populismo judicial incitado por un rabioso lawfare. Tal aprensión es paranoica. Las acciones hasta ahora emprendidas no son invenciones ni tramas; se trata de procesos con consistencia instructiva, fibras probatorias y arraigo legal. En el fondo se le teme a esa realidad por aquello de que “no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar”.

Uno de los clichés masticados por el morbo es el de “show mediático”, una frase despreciable. Los procesos judiciales por corrupción tampoco han escapado a ese “apodo” y hoy no han faltado detractores que afirman que detrás de ellos se esconde la intención de ganar espectacularidad, esa fantasía que buscan quienes quieren ser vistos como paladines. Un vulgar argumento de descalificación.

¿Puede pensarse que procesos de esta magnitud y con actores de tal talla sean recibidos con apatía? No. Estas acciones, aun en sociedades “frías”, son aclamadas con toda la apetencia “mediática”. Activan los social media, explotan las plataformas digitales, provocan a la prensa amarillista, desatan pasiones en las redes y son motivos para las comidillas sociales. ¿Qué control tiene el Ministerio Público de los efectos que como consumo informativo crean en estos procesos en una sociedad poco habituada?

Restar méritos a las acciones en contra de la impunidad es no tener una comprensión racional del daño que su dominio nos ha causado. Nada es comparable. Es probable que en el ejercicio de la autoridad se cometan excesos como en cualquier otro sistema del mundo, pero eso no invalida la grandeza de esta política criminal del Estado.

El problema para los que fueron gobierno es no poder criticar una actuación que en su oportunidad omitieron de forma deliberada, fortaleciendo así los cimientos de una impunidad que hoy revela sus oscuras honduras. Les molesta que la sociedad siga poniendo a la corrupción pública como eje de sus atenciones, tema en el que ellos tienen que callar. Y es que en la medida de que esa preocupación mantenga tal vigencia, perderán espacio para la crítica política.

En lo personal me doy por satisfecho y no dejo de reconocer que mi sensiblero pesimismo ha encontrado con esta conquista un fino pañuelo de consolación. l 

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• MINISTERIO PÚBLICO

José Luis Taveras

Abogado, académico, ensayista, novelista y editor.

https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/2022/08/17/autonomia-del-ministerio-publico/2014364

Presidente: ¡comprender para entender! / Por José Luis Taveras @Josel_taveras

 

EN DIRECTO / José Luis Taveras 

Presidente: ¡comprender para entender! 

08/10/2020, 12:00 AM    

El Gobierno quiso aprovechar el robusto apoyo que despierta su juventud para pasar, con el presupuesto de 2021, un pequeño paquete fiscal. No hubo avisos previos que amortiguaran el golpe. Tampoco sé si el “asalto” se armó para tantear reacciones o bajo la ingenua presunción de que la población le iba dar el voto de confianza. La respuesta colectiva no esperó: fue instintiva y de enérgico rechazo.

El presidente tuvo que despachar apurados tuits para anestesiar el dolor y hoy promete hablar con la segura intención de buscar el bajadero. Y es que hemos madurado. Esta sociedad no es la de hace apenas diez años. Su decisión por el cambio incluyó también la de participar en el cambio. La mayoría se siente acreedora de ese logro y con derecho a recibir en obras y acciones los réditos de su “inversión electoral”. Fue un voto de calidad que supuso desalojar del poder un régimen agotado, rancio y corrupto, pero el nuevo gobierno no debe sentirse descargado ni consentido para obrar a su graciosa discreción. La base del “negocio democrático” es la reciprocidad como valor estándar que debe regir y operar las relaciones entre gobernantes y gobernados. Estamos aprendiendo lecciones avanzadas de democracia y de eso los políticos deben estar conscientes.

Pero también hay en juego un asunto de sentido común: si el Gobierno ha admitido que recibió un Estado en virtual quiebra, sin liquidez ni reservas, debió ser consistente con esa gravedad y enviar desde el principio señales claras de compromiso. Si exige sacrificios, debe empezar por casa; hasta el momento esa decisión aguarda. No habrá comprensión en la base social si la carga no se reparte equitativamente. El Gobierno no ha dado a cambio nada trascendente que lo haga merecedor de esa o cualquier otra concesión. La crisis económica ni la pandemia son suficientes.

Si el problema es buscar recursos, existen miles de maneras. La carga tributaria debe ser la última de las opciones y no se impone. La primera es reducir gastos y no se ha revelado un plan. Al Gobierno que active su creatividad financiera y fortalezca desde ya su comunicación sustantiva. Y cuando hablo de “comunicación sustantiva” me refiero a la interacción del presidente con la nación sobre temas orgánicos o troncales de agenda pública, más allá de los 280 caracteres de un tuit para destacar buenas intenciones o logros del día. Aludo a discursos de cuentas y planes como el que debió preceder a este anuncio. La idea no es hacerlo después del golpe, porque en el aturdimiento siempre quedará la sospecha de que se obró con improvisación o con sentido de trama. Aún en este caso, obviamente mal manejado, le doy la duda razonable al Gobierno, convencido de la buena voluntad del presidente Luis Abinader. Nada más.

Creo que Luis Abinader está compelido a convencer con la objetividad de su palabra para evitar subjetividades en la interpretación de sus decisiones. Estoy seguro de que si explica con datos creíbles la gravedad del déficit la nación entraría en un proceso de transacción, pero, en contrapartida, está obligado a dar razones pendientes, como son las siguientes: a) el impacto que en las finanzas públicas han tenido ciertas medidas, como las supresiones de algunas dependencias burocráticas y la eliminación de puestos nominales (botellas): nadie conoce el ahorro por esas partidas; b) los planes del Gobierno para reducir el gasto corriente en medio de los constreñimientos financieros que nos impone la situación de excepción que vivimos; y c) las justificaciones de los ajustes o los incrementos de ciertas partidas presupuestarias. El Gobierno tampoco ha revelado qué encontró. No basta decir que se recibió un Estado quebrado. Esa situación hay que cuantificarla objetivamente porque, como dice el adagio: “Cuanto más claridad, mejor amistad”.

Sugerir impuestos, aun transitorios, para sustentar un presupuesto de más de un billón de pesos impone, en una situación de crisis, la ineludible obligación de armar y presentar un plan de emergencia económica basado en la austeridad presupuestaria, el control del gasto y la racionalidad en la gestión de los recursos. ¿Dónde está ese plan? Echarle manos a los impuestos como opción preferente nunca es ni será una elección deseable, porque como bien dice el mismo presidente: las reformas fiscales no se imponen, se negocian.

La propia población, en expresiones sueltas de inconformidad, le ha identificado al Gobierno algunas fuentes de esos ahorros, como la reducción, durante el año 2021, de los sueldos del sector público por encima de los cincuenta mil pesos; la eliminación de las prestaciones extrasalariales que reciben los legisladores, conocidas como barrilito y cofrecito; la reducción de los gastos no esenciales de la Administración pública, como la publicidad, los viajes y festejos, entre otros.

Pero esta situación le ha enrostrado al presidente uno de los compromisos más honorables asumidos con la sociedad y que se impuso como expectativa de primera atención electoral: la persecución de la corrupción pasada y presente. Me espanta pensar que, por el apremio de la ocasión y para calmar la irritación colectiva, se festinen acciones “analgésicas” que procuren más un efecto político que de justicia. La idea no es apagar el ruido ni oxigenar la indignación del momento, sino llegar a condenas seguras con procesos bien instruidos que abran posibilidades reales de recuperar parte de lo distraído. Si el Gobierno se deja halar por esta provocación, obrará por reacción y no por proacción. La investigación de los casos de corrupción administrativa del pasado no debe ser parche para remendar otras atenciones ni omitir las condiciones de estrecheces logísticas, presupuestarias, operativas e institucionales que presenta el Ministerio Público. La persecución a la corrupción debe merecer el cuidado que requiere una verdadera prioridad de Estado que no empieza ni termina con el nombramiento de una procuradora independiente. Independencia sin apoyo es la peor subordinación. De manera que la situación surgida por esta “emboscada fiscal” debe ser manejada dentro de su propio contexto y no para apresurar políticas criminales del Estado. Estas se bastan en sus propios imperativos sin tener que tomarlos prestados de otras agendas. Como lo he expresado en otros trabajos: creo en las buenas intenciones del presidente, no necesariamente en las de su entorno, y estoy seguro de que llegaremos a un entendimiento que equilibre el peso de la situación. Esta es una buena oportunidad para que el Gobierno se estrene y entrene en la gestión de conflictos y para que sepa que hay una sociedad despierta y vigilante. Llegaremos a soluciones. En ello confío.

https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/presidente-comprender-para-entender-FJ21934133

#COVIDー19 | La oscura sinceridad del COVID-19 | por José Luis Taveras @Josel_taveras ·

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José Luis Taveras 
La oscura sinceridad del COVID-19 
LATINOAMÉRICA 02/04/2020, 12:00 AM 

El COVID-19 no solo ha mostrado su fornido músculo contagioso, también ha revelado inéditos relatos. Uno de ellos es su ingenio para desmitificar creencias, algunas presumidas como dogmas, otras bajo sospechas. Y es que en momentos de apremios todo retorna a su verdadero tamaño. Por eso he dicho, con sádica franqueza, que las tragedias atesoran grandes virtudes. La más cruelmente bondadosa es “decir la verdad”: ninguna adversidad habla mentira. Su sinceridad suele ser fría y brutal. Más que lecciones, dejan sentencias. Creo que, cuando volvamos a respirar, recogeremos una por una sus moralejas, las que empiezo a compilar en la quietud del “cautiverio sanitario” de estos días.

El primer mito derribado es la lógica del armamentismo global. Este virus ha replanteado la razón de millonarias “inversiones” en armas sofisticadas y de destrucción masiva, poniendo en carpeta opciones “alternas” para países que, sin ser potencias nucleares, pudieran conseguir efectos equivalentes por medio de ensayos virales con propósitos bélicos. El COVID-19 abre así perspectivas inopinadas para una nueva era de terrorismo bacteriológico y su arma más letal: el pánico. Sospechar que este virus, con una tasa de letalidad tan baja, ha estremecido la economía global, es para imaginar el cuadro apocalíptico de una pandemia con otras fortalezas. Ya el terrorismo mundial empieza a pensar perversamente.

En menos de tres semanas los mercados financieros del mundo colapsaron, el Dow Jones tuvo su peor jornada desde 1987 y se hundió en un bear market, la fuga de capitales ha sido incontenible, la devaluación de las monedas frente al dólar ha tocado techo, y ni hablar de la amenaza cada vez más creciente de una depresión global. El coronavirus ha logrado detener la actividad económica del planeta al punto de que lo que hace unos meses se perfilaba con un crecimiento superior al 3 % se ha traducido en un retroceso próximo al 2 % negativo.

Hace unos días no pude contener la risa cuando leí, sin creérmelo, que el presidente Trump regateaba con el gobernador Andrew Cuomo, de New York, la cantidad de ventiladores que debía entregar como ayuda federal al Estado; el gobernador pedía 30 mil dispositivos respiratorios y la Agencia Federal para las Emergencias (FEMA) apenas entregaba 400. En mi asombro pensé cómo un país con un presupuesto militar de 738 mil millones de dólares estaba racionando el gasto en esta emergencia. Una paradoja que solo cobra algún sentido en la racionalidad delirante del capitalismo.

Otra de las verdades iluminadas por el COVID-19 ha sido la fragilidad de los sistemas sanitarios del mundo a pesar de los presupuestos dispuestos por los gobiernos para atenciones más dispendiosas. Hoy, hospitales de España, Italia y otros países europeos han sido desbordados por las demandas de servicio y la insuficiencia de equipos, salas, pruebas, medios, personal y hasta protocolos. No muy pocos responsabilizan de estas limitaciones a los recortes presupuestarios derivados de la crisis financiera. En el caso de España, los recortes desde el 2009 andan por el orden de los 7600 millones de euros. Pero, desde una perspectiva más estructural, el problema está asociado a los modelos económicos. Y es que las reformas institucionales de la mayoría de las economías latinoamericanas han propendido a la privatización de los servicios de salud y de seguridad social a favor de oligopolios que imponen sus condiciones a las administraciones sanitarias. En América Latina la seguridad social, siguiendo predominantemente el modelo chileno, está en pocas manos privadas. La prestación de la salud, más que un servicio público, es un negocio donde el Estado es apenas un extraño. El COVID-19 amenaza con reabrir una discusión cerrada: el control del sistema de salud. Y es que los cuadros de inequidad que ha evidenciado esta realidad motivan a reflexiones. Mientras el sistema operado por la iniciativa privada es bueno pero incosteable, el del Estado es terriblemente deficiente frente a un régimen de seguridad social manejado por empresas privadas y sin cobertura universal.

El COVID-19 confirma igualmente la farsa del crecimiento económico en la vida real de la gente, y en eso los dominicanos podemos dar cátedras primorosas. La República Dominicana es de los pocos países del planeta que han exhibido una de las tasas más altas de crecimiento durante los últimos cincuenta años; sin embargo, es el décimo del mundo y el tercero de América Latina que menos las ha aprovechado para mejorar la salud y la educación. El sistema sanitario no solo es una afrenta, sino que excluye de sus beneficios al sector informal de la economía (más del 50 %); trabajadores que, por la naturaleza de su prestación, no pueden acceder a la seguridad social. Es muy probable que encabecemos la mortalidad del COVID-19 en América Latina (de hecho, hoy somos el segundo país de la región), condición ineludiblemente asociada a las precariedades de un sistema sanitario abandonado frente a una seguridad social sin respuestas.

El COVID-19 también ha revelado el macabro episodio de una gran tragedia social: la corrupción. Y es que cada muerte que aporte la pandemia será abonada a una historia de dispendio, endeudamiento, malversaciones e impunidades. Cuando la gente vea morir impotente a un familiar cercano por falta de atención, medicina, sala o instrumental; cuando haya cumplido con la cuarenta religiosamente y el Estado no sea capaz de retribuir a cambio con lo que le corresponde; cuando vea la atención desigual a favor de los pacientes vinculados al poder; cuando se desgarre en la espera de una prueba que nunca llega a pesar de la fiebre; cuando empiece a sentir que el valor de la vida se disuelve en una cifra estadística, entonces empezará a entender, en la intimidad de sus convicciones, la relación causal entre la corrupción pública y un sistema de salud que nunca funcionó. Entonces saldremos con otra conciencia, eso sí, comprada a precio de muerte.

Pero por sobre todas las cosas el COVID-19 ha templado el carácter solidario de un pueblo bondadoso que empuja su determinación para construir el futuro que siempre ha merecido, a pesar de las circunstancias. ¡Dios nos bendiga!

https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/la-oscura-sinceridad-del-covid-19-GK18033036

¡Al suelo! Vienen los mileniales | José Luis Taveras | @Josel_taveras

¡Al suelo! Vienen los mileniales

José Luis Taveras | 13/02/2020, 12:00 AM

Pocas noticias nos llegan de los países nórdicos de Europa, exceptuando su frío y sus deseables condiciones de vida. Antes de que el 2019 expirara, el nombre de Sanna Marin rodó por el mundo, y no era para menos: es la jefa de gobierno más joven del planeta. Esta mujer con apenas 34 años se convirtió en la actual primera ministra de Finlandia por una coalición de cinco partidos liderados precisamente por mujeres, la mayoría con menos de 35 años. Hoy esa nación escandinava, de la mano de Marin, decide confiar su suerte a las generaciones del futuro (tanto milenial como Z). Para que no quede duda de su arraigo generacional, Marin viene tatuada con las marcas ideológicas más liberales de su era: feminista, ecologista, criada por una madre lesbiana y su pareja; para rematar, fraguó una pujante carrera política en YouTube cuando sus intervenciones como concejal de la ciudad de Tampere atraparon la atención de no muy pocos contemporáneos.

Ya en el 2017, Nueva Zelanda había estrenado a una milenial como primera ministra. Jacinda Ardern, estando en el Gobierno, se tomó seis semanas de licencia para tener y atender a su bebé, un niño que llevó en sus brazos a la Asamblea General de la ONU del año pasado despertando agitación y delirio mediático en el mundo. Y ¿qué decir de Nayib Bukele? Este muchacho con 37 años se abrió paso hacia el poder sin experiencia política ni estructura partidaria hasta convertirse en el presidente más joven de la historia de El Salvador. A golpes de tuits clausuró un rancio bipartidismo de tres décadas dominado por la izquierda (FMLN) y la ultraderecha (ARENA). Bukele es amante de las motos, de Juego de tronos, del paintball y de las redes sociales. Usa pelo engomado, gabanes de cuero y desprecia la corbata; descansa sus pies en el escritorio presidencial como rutina y cena con su esposa en restaurantes. Su aprobación casi roza el 90 %, un nivel sin antecedentes que no repara en estilos nada ortodoxos para gobernar, incluyendo el disponer actos de gobierno por Twitter y más recientemente desafiar al Congreso con el retiro de la seguridad a los legisladores. A poca distancia, otro joven de 38 años asumió la presidencia de Costa Rica. Se trata de Carlos Alvarado, quien como el mejor milenial se abanderó de las causas icónicas de su generación declarándole la guerra al uso de los combustibles fósiles con un plan que pretende descarbonizar a Costa Rica para el 2050.

En Estados Unidos la agenda milenial procura el poder y, obvio, de la esfera demócrata más liberal nace su candidato: Pete Buttigieg. Este joven de 38 años empató con Bernie Sanders en el reciente caucus de Iowa. Es alcalde de South Bend, una pequeña ciudad del conservador estado de Indiana. Pete, además de tener un apellido extraño y de difícil pronunciación para el americano promedio, es egresado de Harvard y Oxford y pudiera convertirse no solo en el presidente más joven sino en el primero públicamente gay de los Estados Unidos. Ninguna sorpresa para los mileniales.

Los mileniales están dispuestos a gobernar y no se trata de una forzosa concesión por parte de las generaciones dirigentes; es su propia decisión. Procuran instalar su difusa cosmovisión en el centro de las políticas públicas. Sus perspectivas del mundo aunque compartidas están divididas por ribetes ideológicos, así encontramos progresistas liberales extremos y conservadores a ultranza. Ateos y creyentes, abortistas y no.

Las elecciones municipales y las candidaturas congresuales dominicanas han motivado una entusiasta participación de los mileniales. Todos los partidos políticos cuentan con ofertas frescas interesadas en abrirse a una temprana carrera política. El mensaje es más que claro: entramos al umbral de una era de relevo. Prevalece la aversión hacia los viejos liderazgos. Esos que se fraguaron al amparo de ideologías ya clausuradas, pero que una vez en el poder las renegaron para abrazar realizaciones personales. Hicieron de la política un modo de vida y de la función pública una oportunidad para enriquecerse.

¿Vendrán estos muchachos con prácticas nuevas? No hay que ser ingenuo: sería mucho pedirle a una generación crecida a la sombra de liderazgos corruptos y distópicos; es obvio que la mayoría fue modelada según los patrones de la vieja cultura partidaria. Sin embargo, del lado de los electores es posible contar con otro relato: el mundo del votante no es estático ni permanece atado a los mismos paradigmas; exige perfiles de acuerdo a otras valoraciones; sufre cambios en el ámbito socioeconómico; se conecta con contextos globales que ensanchan y sensibilizan sus visiones; responden a una dinámica más rápida de adaptaciones.

Es posible que haya una franja de electores reos de condicionamientos históricos por culpa de los cuales su conducta electoral sea la misma que hace treinta años; es el caso, por ejemplo, de los votantes subsidiados. Es innegable que su incidencia siga siendo factor de peso en los resultados electorales pero el hecho de que la compra de su decisión se haya encarecido revela al menos otra “conciencia” sobre el valor de su voto y de su capacidad para “negociar” en condiciones paritarias. Antes los políticos ponían precio, ahora ellos pueden negociarlo. La semana pasada hubo una revuelta al término de una caravana de Gonzalo Castillo por parte de motoconchistas que reclamaban pagos prometidos. Ellos no tuvieron reparos en dejar claro que su participación no era necesariamente una adhesión; que era un asunto de negocio. Insisto: el hecho de que las campañas se hagan más caras es una muestra (de otras tantas) de que las ofertas son malas y que el electorado más calificado no está dispuesto a comprometer su voto por cualquier propuesta.

Es probable que ya para el 2024 el electorado mayoritario no consienta a un candidato presidencial deliberadamente mudo por temor a revelar sus insuficiencias o una campaña sin debates o que repulse los mismos patrones de propaganda emocional sin contenido. El reciente debate de ANJE entre candidatos a las alcaldías de Santo Domingo fue una modesta pero concluyente prueba de que la población tiene otro oído para la campaña electoral. Una emisión de altura y vista con interés por una cantidad extraordinaria de espectadores. Llegará el momento en que serán los propios electores quienes pedirán debates y desconfiarán de aquellos candidatos que lo eludan. Estos espacios obran en beneficio de todas las ofertas, pero especialmente de aquellas que no cuentan con el dinero necesario para sustentar una campaña competitiva. Ese debate de ANJE, a la que felicito, le permitió al electorado capitalino conocer propuestas como la de Bartolomé Pujals, un joven con apenas 33 años, ganador del debate y quien demostró que la pujante inserción de los mileniales en la arena electoral no solo es para reproducir modelos anacrónicos de la vieja política, sino para empujar nuevas visiones de gerencia pública. Creo que los mileniales merecen una oportunidad en un país donde casi seis de cada diez tienen menos de treinta y cinco años. ¡Éxitos, muchachos!
https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/al-suelo-vienen-los-mileniales-EE17029841
José Luis Taveras | EN DIRECTO
Abogado corporativo y comercial, escritor y editor.