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José Luis Taveras Haití: ¿populismo empresarial?
10 / 01 / 2019, 12:00 AM
Como parte de la solución al problema migratorio haitiano se ha sugerido la creación de una red industrial binacional que abra oportunidades en ambos lados, aminorando de esa manera el flujo migratorio hacia la parte oriental de la isla. Esa propuesta, que puede lucir quimérica, cuenta con un ensayo sólidamente consolidado y es parte de una crónica silenciosa de logros. Se llama CODEVI (Compagnie de Développement Industriel, S. A.), un parque industrial de capital dominicano que tiene casi veinte años haciendo lo que otros empresarios ni remotamente arriesgarían: invertir en la frontera. Este emprendimiento, modelo en la región, es el mayor empleador del norte de la isla con más de diez mil empleos directos en propio suelo haitiano (Ouanaminthe o Juana Méndez) animando, de esa manera, el arraigo de sus locales a sus comunidades, evitando su emigración y proveyendo los medios básicos para su subsistencia.
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José Luis Taveras Haití: ¿populismo empresarial?
10 / 01 / 2019, 12:00 AM
A Manuel Taveras, Fernando Capellán y Mario Medina, quijotes del seco viento fronterizo.
Como parte de la solución al problema migratorio haitiano se ha sugerido la creación de una red industrial binacional que abra oportunidades en ambos lados, aminorando de esa manera el flujo migratorio hacia la parte oriental de la isla. Esa propuesta, que puede lucir quimérica, cuenta con un ensayo sólidamente consolidado y es parte de una crónica silenciosa de logros. Se llama CODEVI (Compagnie de Développement Industriel, S. A.), un parque industrial de capital dominicano que tiene casi veinte años haciendo lo que otros empresarios ni remotamente arriesgarían: invertir en la frontera. Este emprendimiento, modelo en la región, es el mayor empleador del norte de la isla con más de diez mil empleos directos en propio suelo haitiano (Ouanaminthe o Juana Méndez) animando, de esa manera, el arraigo de sus locales a sus comunidades, evitando su emigración y proveyendo los medios básicos para su subsistencia.
Sé lo que es invertir en la frontera, una zona agreste, desolada y ruinosa, carente de todo: comunicaciones, servicios, infraestructura, transporte, mano de obra calificada, todo esto en medio de una cultura laboral aldeana y condiciones sanitarias deprimentes. Pensarlo es heroico. Sin embargo, es ahora, cuando el problema migratorio haitiano reporta rentas políticas, que ciertos intereses empresariales teorizan graciosamente con el tema. Obvio, lo hacen desde los regios salones de torres corporativas del polígono central de Santo Domingo City. Recientemente no pude contener la risa al ver a un puñado de ellos haciendo excursión de boys scouts en la frontera para conocer las “condiciones de seguridad” de la zona. Fue inevitable rememorar los paseos de los colonos ingleses del siglo XIX por las polvorientas callejuelas de la vieja capital Calcuta de la India. Nunca sospecharían ni por un aterrador segundo que ese recorrido es la rutina de algunos emprendedores dominicanos que viajan diariamente dejando familia y vida por esas riesgosas rutas. Pero eso no me sorprende, lo que sí me descompone es el lenguaje de las poses interpretado flemáticamente por algunos burócratas de gremios empresariales. Sucede que la cruzada más frenética en contra del desarrollo fronterizo dominicano la han encarnado y conducido precisamente esos intereses. Me explico.
En teoría existe en la República Dominicana un modelo fiscal de inspiración social que ha venido batallado por su sobrevivencia en un clima de implacable hostilidad. Se trata del régimen creado por la Ley 28-01 que instituye una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo para las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco. La idea original fue expandir hacia la línea fronteriza la inversión de capital a través de la creación de proyectos industriales, agropecuarios, agroindustriales, metalúrgicos, turísticos y energéticos, como forma de contener la diáspora económica de sus pobladores hacia los grandes centros urbanos y aliviar su pobreza ancestral. Dieciocho años después, este objetivo se disuelve entre el abandono del Estado y la intención de ese núcleo de intereses corporativos de pulverizar lo que queda de ella.
Las empresas que se acogen a este régimen en teoría se benefician de la exención 100 % del pago de impuestos internos, de los aranceles sobre las materias primas, los equipos y las maquinarias y, de manera general, de cualquier otro tributo durante un período de veinte años. Sin embargo, la historia real ha sido otra. Una cadena de tropiezos ha convertido su mandato en letra muerta y en espejismo algunas de sus aparentes bondades. Hoy, muchos de los que decidieron invertir en la zona más abatida del país expresan su frustración, se sienten timados; otros han abandonado proyectos. Y no es para menos, los gobiernos que se han sucedido durante la vigencia de la ley, respondiendo a las presiones de los grandes industriales capitalinos, han ido desmontando los escasos incentivos, que ya no son tales si se contrapesan con los sobrecostos de operar en la frontera, la región más remota y excluida del país, donde hay que llevar hasta el agua. Ese sector adverso de fuerte ascendencia política no ha concedido tregua en su propósito de eliminar los incentivos de la ley. Las industrias de la frontera viven en un sobresalto paranoico con las brutales amenazas a sus derechos adquiridos. La gran industria capitalina no ha cesado en sus sediciones: propuso y logró una reforma a la Ley 28-01 que felizmente fue declarada inconstitucional, y ha incoado, en distintos momentos, tres recursos de inconstitucionalidad que han sido igualmente rechazados. De esta manera, la seguridad jurídica es puesta a prueba cuando hoy es el mismo Estado quien desmonta un régimen de exención en pleno desarrollo que ha acumulado derechos adquiridos por cuenta de millonarias inversiones.
Desnudando los protocolos retóricos, la verdad yaciente en la oposición a la Ley 28-01 es que al menos una de las empresas instaladas en la zona y que produce una gaseosa ha penetrado con fuerza imbatible en el mercado de las marcas tradicionales hasta el punto de desplazar al menos a una de ellas. Esto era inconcebible una década atrás. Desde entonces el rugido del león herido ha encontrado eco en otros mercados oligopólicos que se ven en el espejo de las marcas tradicionales de refrescos. Sin aludir obviamente a esa realidad, el argumento del sector industrial “afectado” es que la Ley 28-01 le crea una competencia desleal. Este alegato ha sido la base dogmática del catecismo que esos gremios enseñan. Se trata de puro eufemismo, porque ninguna ley es deslealmente competitiva; la competencia desleal no es una condición abstracta de una norma sino una conducta concreta de los actores del mercado, que, por su carácter casuístico, debe ser comprobada en cada caso particular y según los criterios que establece la ley que regula la competencia.
Ya que los dirigentes de esos gremios han masticado hasta el bagazo el término “populismo”, convertido en su cliché favorito para descalificar, no sería ofensivo usarlo ahora para calificar su hipocresía retórica con el desarrollo fronterizo. Mientras esos intereses se debaten en la capital, en la frontera un conglomerado cada vez más nutrido de comunidades dominicanas abandonadas, depredadas y ocupadas por la migración, como tierra de nadie, clama por oportunidades negadas.
Reto a esos empresarios a invertir en la frontera y aprovecharse de los beneficios de una ley que ellos mismos han descuartizado. Dejemos los discursillos enlatados que aquí nos conocemos por nombres y apellidos. ¿Cuál pudiera ser el mejor aporte de la industria nacional al país? Desarrollar la frontera. Los compromisos se demuestran con hechos. ¡Si no hacen, por favor, dejen a otros hacer!
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