GUILLERMO CARAM
Si la Oposición fuera oposición
1. Emplazara al gobierno a que
se reúna con los organizadores de la Marcha Verde para escuchar y analizar sus
planteamientos a fin de tomar las decisiones y emprender las acciones
convincentes y conducentes a detener la impunidad, premisa fundamental para
combatir la corrupción.
2. Formulara formal advertencia
ante tribunales nacionales e internacionales, mediante actos o instancias
formales, que el gobierno dominicano se resiste a dar cumpliendo pleno a las
leyes nacionales en materia de sanciones a empresas que han incurrido en actos
de soborno, especialmente en casos evidentes y/o admitidos; particularmente relacionado
con las siguientes leyes:
i.
Ley 340’06 que ordena cancelar registros, rescindir contratos
y analizar sobrevaluaciones
ii.
Ley 200-04 sobre acceso a información pública
iii.
Ley 72’02 sobre Lavado de Activos
iv.
Ley 448’06 sobre soborno transnacional
v.
Ley 41’08 que sanciona a funcionarios beneficiados de
sobornos
vi.
Ley 311-14 sobre declaración jurada de bienes
vii.
Sus propias disposiciones como el compromiso ético suscrito
por sus funcionarios derivados del decreto 486-12 sobre ética gubernamental
3. Demandara del gobierno la
modificación de su política económica para que produzca mejores resultados
sociales partiendo de corregir su fiscalidad deficitaria conforme las
disposiciones presupuestarias vigentes y
así poder simplificar la tributación y disminuir la dependencia al
financiamiento externo; incluyendo medidas drásticas de austeridad como la
reducción de la hipertrofia burocrática para lo cual cuenta con la Ley Orgánica
de la administración publica
(247-12) y la reorientación de los subsidios sociales para
que en lugar de perpetuar la pobreza, ésta pueda superarse.
4. Exigiera explicación al
gobierno del porque no ha cumplido con los plazos y convocatorias mandadas en
la ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO aprobada mediante Ley 1-12 que estableció:
i.
Plazos de hasta 5 años,
ya cumplidos para reformar leyes –códigos, seguridad social, eficiencia
energética, etc - y concertar pactos
como el eléctrico y el fiscal
ii.
Reuniones anuales ordenadas para dar seguimiento y revisión
con las fuerzas políticas (art. 40, ley 1-12) incluyendo una con fecha fijada
taxativamente, el mes de julio del último año de gobierno, que éste no convocó para 2016.
5. Demandara que el gobierno
ordenara al Presidente del Consejo Económico y Social que convocara a
empresarios y trabajadoras para que elaborara una política salarial que
estableciera (a) un ajuste salarial automático y obligatorio en función del
ritmo del crecimiento económica de la nación para que dicho crecimiento se
“derrame” entre todos los dominicanos y (b) un aumento salarial en función de
una evaluación previa del desempeño de cada trabajador.
Finalmente la Oposición debería apoyar la declaración
del Presidente de la JCE de que regularía las elecciones por via reglamentaria,
abandonando el inconsecuente espectáculo que ha montado de preferir un diálogo
para consensuar leyes electorales y de partido aupado por un funcionario del
gobierno prevalido de incidencia eclesiástica que ya no posee; en lugar de procurar
el consenso en el seno de los organismos constitucionales establecidos para
ello.
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