viernes, 20 de febrero de 2026

En el Concordia Horizon Summit 2026, Yayo destaca cómo RD convierte inversión extranjera en empleo local

En el Concordia Horizon Summit 2026, Yayo destaca cómo RD convierte inversión extranjera en empleo local

Durante su ponencia en el panel “Impulsando un crecimiento que importa”, el titular del MICM demostró cómo el país ha consolidado un modelo de inversión inclusivo.

20 de febrero de 2026 | GE

Punta Cana, República Dominicana. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, participó en el Concordia Horizon Summit: Dominican Republic 2026, en el panel: “Impulsando un crecimiento que importa: conectando el capital y las comunidades en la RD”.

Frente a líderes empresariales y tomadores de decisión, Sanz Lovatón desglosó cómo el país está garantizando que el crecimiento de la inversión extranjera y nacional en sectores clave, como la manufactura y las energías renovables, se traduzca de manera directa en inclusión social, territorial y laboral.

El ministro estableció que el empleo formal es la prioridad absoluta del Estado, expresando que las zonas francas alcanzaron un máximo histórico en 2025 con más de 200,000 empleos directos, acompañados de un aumento salarial acumulado del 66% que ha mejorado sustancialmente la calidad de vida laboral. A la par, la industria nacional generó casi 120,000 nuevos empleos el pasado año.

Para sostener este ritmo competitivo, Sanz Lovatón destacó la fuerte apuesta del Gobierno por la formación de talento y la movilidad social. Esto se ejecuta mediante programas de formación dual para jóvenes en polos industriales, iniciativas de "Universidad + Industria" donde estudiantes resuelven retos corporativos, y becas especializadas en la Industria 4.0 (software, inteligencia artificial y ciberseguridad).

El funcionario destacó el impacto de la Ley 12-21 de Desarrollo Fronterizo, la cual, solo con los proyectos aprobados en 2025, proyecta más de 3,500 empleos en zonas vulnerables. Asimismo, resaltó la creación de parques eco-industriales orientados a la economía circular y resiliencia climática, el diseño de una hoja de ruta para cerrar las brechas de género en la manufactura, y los programas de responsabilidad social donde las industrias apadrinan parques recreativos y educativos en sus entornos.

Las Mipymes como motor de los encadenamientos productivos

Como eje transversal de este crecimiento inclusivo, el titular del MICM posicionó a las micro, pequeñas y medianas empresas que hoy representan el 98% del tejido empresarial, el 61.6% del empleo y el 32% del PIB como el centro de la política económica nacional.

Para garantizar su competitividad, el Gobierno ha desplegado una estrategia que combina financiamiento, innovación y "burocracia cero". Solo en 2025, se canalizaron RD$10,900 millones vía PROMIPYME y se logró un hito regional junto a la OMPI: permitir el uso de marcas y patentes como garantía de crédito a través del SEGM, sumando más de 150,000 registros. A la par, la digitalización de la Ventanilla Única redujo los tiempos de formalización en un 80%, consolidando la creación de más de 54,000 nuevas empresas en el último quinquenio.

Este ecosistema de apoyo se blinda con una fuerte política de equidad y asistencia territorial. Más de 18,700 personas han recibido asesoría directa mediante las "Rutas MIPYMES", mientras que el Estado actúa como el gran cliente de la producción nacional al otorgar acceso preferencial de compras públicas a más de 8,200 empresas con la certificación "Mipymes Mujer" y priorizar al sector industrial local a través del Decreto 31-22.

“Hoy nuestras mipymes son proveedores altamente competitivos del turismo, la agroindustria y las zonas francas. Impulsar su formalización, innovación y sostenibilidad desde el MICM no es solo una política pública, es el camino obligatorio para acelerar el crecimiento inclusivo y alcanzar la meta nacional de duplicar nuestro PIB al 2036”, recalcó el ministro.

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EDITORIAL
Inversión que se siente: cuando el capital aterriza en el empleo y en la comunidad
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
En tiempos en que la economía global oscila entre incertidumbres, tensiones geopolíticas y transiciones tecnológicas, los países que logran sostener el crecimiento no son necesariamente los que atraen más anuncios de inversión, sino aquellos capaces de convertir ese capital en prosperidad compartida. Esa es, en esencia, la discusión que volvió a colocarse sobre la mesa durante el Concordia Horizon Summit: Dominican Republic 2026, donde se insistió en un principio que debería guiar toda estrategia de desarrollo: crecer no basta; lo que importa es cómo se crece y para quién.
La República Dominicana ha sido, en los últimos años, un caso de interés regional por su capacidad de mantener dinamismo productivo, captar inversión y fortalecer sectores clave como la manufactura, las energías renovables y los servicios vinculados a las cadenas globales. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión —y el reto permanente— es asegurar que ese flujo de inversión no se quede en cifras macroeconómicas o en titulares optimistas, sino que se traduzca en empleo formal, salarios dignos, movilidad social y oportunidades territoriales reales.
La afirmación de que el empleo formal constituye prioridad del Estado no es un eslogan: es un criterio de evaluación. Si en 2025 las zonas francas superaron los 200,000 empleos directos y registraron un aumento salarial acumulado de 66%, el mensaje de fondo es que la competitividad ya no puede construirse a partir de precariedad laboral. Paralelamente, si la industria nacional generó casi 120,000 nuevos empleos, entonces debemos comprender que el músculo productivo interno —la capacidad de transformar, agregar valor y sostener encadenamientos— sigue siendo una vía legítima y estratégica para elevar el bienestar.
Pero toda cifra, por impresionante que parezca, exige una segunda pregunta: ¿es sostenibleY ahí aparece la otra gran variable del desarrollo: la calidad del talento. Un país no escala en productividad solo por atraer plantas o firmar acuerdos; escala cuando forma a su gente para ocupar y crear puestos de trabajo de mayor valor agregado. En esa dirección, los programas de formación dual, los esquemas “Universidad + Industria” y las becas especializadas en competencias de Industria 4.0 —software, inteligencia artificial y ciberseguridad— son señales de que la discusión se está moviendo hacia donde debe: la productividad del futuro se decide hoy en las aulas, en los talleres, en los laboratorios y en la conexión práctica entre educación y empresa.
Ahora bien, cualquier modelo que aspire a ser inclusivo debe vencer un obstáculo histórico: la desigualdad territorial. Las oportunidades no se distribuyen por igual y, si la política industrial se concentra únicamente en las zonas tradicionales, el crecimiento terminará reproduciendo brechas. Por eso tiene relevancia el enfoque de desarrollo fronterizo: si la Ley 12-21, con proyectos aprobados en 2025, proyecta más de 3,500 empleos en zonas vulnerables, el país está, al menos, intentando colocar inversión donde antes llegaba tarde o no llegaba. A eso se suman apuestas contemporáneas como parques eco-industriales, economía circular y resiliencia climática: no son lujos discursivos, son condiciones de supervivencia productiva en un mundo que penaliza cada vez más lo ineficiente y lo contaminante.
El crecimiento inclusivo también se mide por la capacidad de abrir puertas a quienes han quedado sistemáticamente rezagados. La hoja de ruta para reducir brechas de género en manufactura es una pieza necesaria: no puede hablarse de modernización industrial si se mantiene una estructura laboral donde las mujeres continúan enfrentando barreras de acceso, permanencia y ascenso. Una industria competitiva no es solo la que exporta más; es la que integra mejor su talento, amplía participación y eleva estándares.
Sin embargo, si existe un componente donde se juega la estabilidad social de la economía dominicana, ese es el universo de las mipymes. No se trata de un eslabón menor: representan el 98% del tejido empresarial, el 61.6% del empleo y el 32% del PIB. Son, en la práctica, el “sistema circulatorio” de la economía. Cuando las mipymes respiran, la economía se mueve. Cuando se asfixian por crédito caro, burocracia o informalidad, la economía cojea.
De ahí que resulte estratégico combinar financiamiento, innovación y simplificación. Canalizar RD$10,900 millones vía PROMIPYME en 2025 apunta a un objetivo: sostener liquidez y ampliar capacidad de producción. Permitir, junto a la OMPI, que marcas y patentes sirvan como garantía de crédito a través del SEGM abre un capítulo moderno: reconocer que el valor de una empresa no está únicamente en sus activos físicos, sino también en su capital intangible —marca, conocimiento, propiedad industrial—. Y reducir en un 80% los tiempos de formalización mediante la Ventanilla Única sugiere que la competitividad comienza, muchas veces, por algo tan simple y decisivo como **no hacer perder tiempo a quien quiere emprender**.
La asistencia territorial —con más de 18,700 personas atendidas en “Rutas MIPYMES”— y el uso de compras públicas como palanca de mercado —incluyendo la certificación “Mipymes Mujer” y la priorización del sector industrial local conforme al Decreto 31-22— completan el círculo: financiamiento, acompañamiento, mercado y reglas claras. Ese es el ecosistema que necesita una economía que quiere crecer sin expulsar a los pequeños del juego.
Con todo, sería ingenuo afirmar que el modelo está “resuelto”. Un país puede crear empleos y, aun así, enfrentarse a desafíos de productividad, informalidad persistente, costos energéticos, brechas de infraestructura, logística y presión por competitividad global. Por eso el editorialismo responsable no se limita a aplaudir; también exige continuidad, evaluación y corrección. Las metas —como duplicar el PIB al 2036— son útiles solo si vienen acompañadas de indicadores verificables: empleo formal neto, salarios reales, inserción territorial, participación femenina, densidad de encadenamientos, innovación y exportaciones con mayor valor agregado.
Lo importante de la conversación abierta en Punta Cana es que plantea una ruta: inversión que llega, pero también inversión que se queda; capital que se instala, pero también capital que forma; empresas que producen, pero también empresas que integran; crecimiento que luce bien en estadísticas, pero que se siente en el hogar. En definitiva, **el país debe consolidar un contrato productivo moderno**: atraer inversión con reglas competitivas y, al mismo tiempo, asegurar que esa inversión genere capacidades nacionales, empleos formales, mipymes fuertes y comunidades más resilientes.
En una economía que aspira a dar el salto, el debate no es “más inversión” a secas. El debate es **mejor inversión**: la que eleva productividad, mejora salarios, reduce brechas y construye futuro.
**Luis Orlando Díaz Vólquez** 
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En el Concordia Horizon Summit 2026, Yayo Sanz Lovatón destaca cómo RD convierte inversión extranjera en empleo local

En el panel “Impulsando un crecimiento que importa”, el ministro del MICM expuso el modelo dominicano de inversión inclusiva, con énfasis en formalidad laboral, formación de talento y fortalecimiento de mipymes.

20 de febrero de 2026 | @GuasabaraEditor

Punta Cana, República Dominicana. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, participó en el Concordia Horizon Summit: Dominican Republic 2026, como panelista en la sesión “Impulsando un crecimiento que importa: conectando el capital y las comunidades en la RD”, donde presentó los avances del país en la articulación de inversión, productividad y bienestar social.
Durante su intervención ante líderes empresariales y tomadores de decisión, Sanz Lovatón explicó cómo la República Dominicana ha consolidado un modelo de crecimiento inclusivo que procura que el dinamismo de la inversión extranjera y nacional en sectores estratégicos —como manufactura y energías renovables —se traduzca en inclusión social, territorial y laboral, elevando oportunidades en distintas regiones del país.
El empleo formal es la prioridad absoluta del Estado. No hablamos solo de atraer capital, sino de convertirlo en mejores puestos de trabajo y en movilidad social para la gente”, afirmó el ministro.


Zonas francas e industria: empleo formal y mejora salarial
Sanz Lovatón destacó que las zonas francas alcanzaron un máximo histórico en 2025, superando los 200,000 empleos directos, junto a un aumento salarial acumulado de 66%, lo que ha contribuido a mejorar sustancialmente la calidad de vida laboral. En paralelo, señaló que la industria nacional generó casi 120,000 nuevos empleos durante el último año.

Formación de talento y movilidad social

Para sostener el ritmo competitivo y ampliar la participación de la población en las oportunidades de la economía, el titular del MICM subrayó la apuesta gubernamental por la formación de talento, mediante:
- Programas de formación dual para jóvenes en polos industriales.
- Iniciativas de “Universidad + Industria”, donde estudiantes apoyan la solución de retos corporativos.
- Becas especializadas en Industria 4.0, incluyendo software, inteligencia artificial y ciberseguridad.


Desarrollo territorial, economía circular y equidad
El ministro también resaltó el impacto de la **Ley 12-21 de Desarrollo Fronterizo**, indicando que, con los proyectos aprobados en 2025, se proyectan **más de 3,500 empleos** en zonas vulnerables. Además, enfatizó el impulso a **parques eco-industriales** enfocados en **economía circular** y **resiliencia climática**, junto a la elaboración de una **hoja de ruta para reducir brechas de género** en la manufactura.
En el mismo marco, mencionó programas de **responsabilidad social** que promueven la integración comunitaria, incluyendo iniciativas donde industrias **apadrinan parques recreativos y educativos** en sus áreas de influencia.
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Las mipymes como motor de los encadenamientos productivos
Como eje transversal de este crecimiento inclusivo, Sanz Lovatón posicionó a las **micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)**—que representan el **98% del tejido empresarial**, el **61.6% del empleo** y el **32% del PIB**—como el centro de la política económica nacional.
Para fortalecer su competitividad, explicó que el Gobierno ejecuta una estrategia integral basada en **financiamiento, innovación y simplificación de trámites (“burocracia cero”)**. Entre los principales avances, destacó que en 2025 se canalizaron **RD$10,900 millones** a través de **PROMIPYME**, y se logró un hito regional junto a la **OMPI** al permitir el uso de **marcas y patentes como garantía de crédito** mediante el **SEGM**, alcanzando **más de 150,000 registros**.
Asimismo, indicó que la digitalización de la **Ventanilla Única** redujo los tiempos de formalización en **80%**, contribuyendo a la creación de **más de 54,000 nuevas empresas** en el último quinquenio.

Asistencia territorial y compras públicas como palanca de crecimiento
En materia de equidad y acompañamiento, el ministro informó que **más de 18,700 personas** han recibido asesoría directa a través de las **“Rutas MIPYMES”**. También subrayó el rol del Estado como impulsor de la producción nacional mediante el acceso preferencial a compras públicas para **más de 8,200 empresas** con la certificación **“Mipymes Mujer”**, así como el respaldo al sector industrial local a través del **Decreto 31-22**.

**Hoy nuestras mipymes son proveedores altamente competitivos del turismo, la agroindustria y las zonas francas. Impulsar su formalización, innovación y sostenibilidad desde el MICM no es solo una política pública: es el camino obligatorio para acelerar el crecimiento inclusivo y alcanzar la meta nacional de duplicar nuestro PIB al 2036**”, recalcó Sanz Lovatón.

Sobre el MICM

El **Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)** lidera las políticas públicas orientadas al fortalecimiento del aparato productivo, la competitividad, el comercio y el desarrollo integral de las mipymes, promoviendo un crecimiento sostenible e inclusivo.

República Dominicana: de “usuaria” a protagonista digital — una agenda país para que el Puerto de Intercambio Digital sea palanca de soberanía, productividad e innovación | Por Luis Orlando Díaz Vólquez | #GoogleEnRD @GuasabaraEditor


República Dominicana: de “usuaria” a protagonista digital — una agenda país para que el Puerto de Intercambio Digital sea palanca de soberanía, productividad e innovación

Por: Luis Orlando Díaz Vólquez


1) Tesis: la frase correcta, el reto verdadero

Cuando el presidente Luis Abinader afirma que “La República Dominicana no quiere ser solo usuaria de tecnología; quiere ser protagonista en su desarrollo”, coloca el debate donde debe estar: en la ambición estratégica, no en el fetichismo de la infraestructura.
Pero la historia enseña que el “protagonismo” no se decreta: se diseña, se gobierna y se mide. Y ahí reside el reto real del anuncio del Puerto de Intercambio Digital impulsado por Google: convertir una obra de conectividad en un proyecto de transformación productiva, con reglas, capacidades y compromisos que eviten que la promesa se quede en “más velocidad” sin “más desarrollo”.


2) Qué se anunció (y por qué importa): infraestructura como ventaja geoestratégica

El Gobierno formalizó la prioridad nacional de estos proyectos mediante el Decreto 113-26, orientado a la construcción de puertos de intercambio digital y al despliegue/operación de cables submarinos para reforzar la infraestructura y servicios digitales.
En términos técnicos y de arquitectura regional, se comunicaron elementos de alto impacto: un puerto “abierto y neutral” con capacidad para albergar hasta cuatro cables; el salto de uno a tres cables directos hacia Estados Unidos; y el incremento de diez veces en pares de fibra hacia ese mercado, además del primer anillo internacional de cable submarino desde RD hacia EE. UU., con conmutación en tiempo real para resiliencia.

¿Traducción a lenguaje país? Menor latencia, redundancia real (menos “puntos únicos de falla”), y un argumento plausible para atraer centros de datos, servicios digitales y actividades de economía del conocimiento, como subrayó el propio mandatario. 


3) El “círculo virtuoso” existe… si se gobierna

Abinader alude a un patrón internacional: conectividad de alta capacidad → llegada de data centers y servicios → empleo especializado → más innovación.
La evidencia anecdótica en la propia cobertura del proyecto refuerza el diagnóstico de demanda: crecimiento del tráfico de internet superior al 500 % en cinco años, alta dependencia de tráfico desde EE. UU., y envejecimiento de varios cables existentes, lo que vuelve urgente modernizar.

Sin embargo, el círculo virtuoso no es automático. La conectividad es condición necesaria, no suficiente: sin talento, energía confiable, seguridad jurídica, competencia efectiva, ciberseguridad y datos, el país puede terminar como simple “territorio de paso” para bits, sin capturar valor agregado.


4) Protagonismo no es “hosting”: es capturar valor en la cadena digital

El anuncio posiciona a RD como nodo entre Norte, Centro y Suramérica, y como punto estratégico para el flujo de información y procesamiento vinculado a IA, según explicaciones de ejecutivos de Google citadas en la comunicación oficial.
Ese posicionamiento abre tres rutas de captura de valor:

  1. Productividad doméstica: reducción de latencia y mejora de resiliencia para banca, comercio, gobierno digital, salud y educación.
  2. Exportación de servicios: BPO/ITO, desarrollo de software, ciberseguridad, analítica y servicios cloud/IA.
  3. Atracción de capital intensivo: data centers, CDNs, y servicios de infraestructura digital asociados a conectividad de clase mundial. 

Pero para que esas rutas se materialicen, el país debe resolver el dilema central: cómo convertir una inversión ancla (Google) en un ecosistema plural (proveedores, universidades, startups, telcos, Estado) sin asfixiar la competencia ni concentrar riesgos sistémicos. 


5) Riesgos estratégicos: cuando la infraestructura crea nuevas dependencias

Una lectura “think tank” obliga a mapear riesgos con la misma seriedad con que celebramos oportunidades:

a) Riesgo de concentración y “single point of governance”

Aunque se comunique como “abierto y neutral”, el puerto será un activo con enorme poder de configuración del mercado (interconexión, peering, condiciones técnicas). Eso exige regulación procompetencia, transparencia y supervisión técnica independiente. 

b) Ciberseguridad y continuidad nacional

Más cables y anillo internacional reducen vulnerabilidad física por cortes, pero aumentan superficie de ataque (routing, DNS, DDoS, supply chain). La resiliencia técnica no sustituye una estrategia país de ciberresiliencia

c) “Brecha de IA” como brecha de productividad

Google advierte que la infraestructura evita que la brecha digital se convierta en brecha de IA; el punto es correcto.
Pero si la IA se adopta solo en sectores de alta renta y no permea MIPYMES, agroindustria y servicios públicos, la brecha se traslada a desigualdad regional y salarial. 

d) Energía y sostenibilidad

Infraestructura digital de clase mundial demanda energía estable, costos competitivos y licenciamiento ambiental serio. Parte de la cobertura señala la necesidad de estudios/gestión ambiental para el despliegue.


6) La agenda de política pública: 10 decisiones para convertir conectividad en desarrollo

A continuación, una hoja de ruta para “protagonismo” real —medible— alineada con lo anunciado (puerto, cables, anillo, baja latencia, atracción de inversión, empleo joven). 

1) Gobernanza del proyecto con rendición de cuentas

Publicar un marco de gobernanza (roles, hitos, KPIs, gestión de riesgos). La prioridad decretada debe traducirse en metas trimestrales verificables.

2) Reglas “open & neutral” auditables

Definir y auditar criterios de acceso, interconexión, tarifas y no discriminación para telcos, ISPs, banca, CDNs y nuevos entrantes. “Neutralidad” debe ser operativa, no solo declarativa. 

3) Estrategia de “peering nacional” y reducción de tránsito internacional

Aprovechar el puerto para fortalecer intercambio local de tráfico (IXP/peering) y reducir costos/latencia internos, mejorando servicios públicos digitales.

4) Ciberresiliencia crítica: del cable al Estado

Crear un programa país de ciberresiliencia ligado a la nueva infraestructura (ruteo seguro, monitoreo, respuesta a incidentes, simulacros). La resiliencia técnica del anillo no cubre ataques lógicos. 

5) Talento: 20,000 profesionales en 5 años (meta sugerida)

El presidente habló de empleo especializado y oportunidad juvenil; eso exige una meta explícita de formación con rutas (networking, cloud, IA, ciberseguridad, data engineering). 

6) “Compute para innovar”: acceso a nube/IA para MIPYMES y startups

Si habrá conectividad de baja latencia a regiones de Google Cloud en EE. UU., el Estado debe negociar/impulsar programas para emprendimiento, universidades y pymes (créditos cloud, sandboxes, compras públicas innovadoras). 

7) Paquete país para data centers

Atraer centros de datos requiere: permisos ágiles, seguridad jurídica, energía, agua, conectividad, y un régimen claro de protección de datos. Es la “segunda ola” del proyecto. 

8) Competencia efectiva en telecom y servicios digitales

Más cables (de 1 a 3 directos a EE. UU.) y más pares de fibra (x10) deben traducirse en mejores precios y calidad para hogares y empresas, no solo en capacidades “en papel”. 

9) Encadenamientos locales: compras y proveedores dominicanos

Definir porcentajes/planes de participación local en construcción, operación, mantenimiento, ciberseguridad, capacitación y servicios asociados, para maximizar derrame económico. 

10) Diplomacia tecnológica y posicionamiento regional

Si RD aspira a ser nodo entre Norte, Centro y Suramérica, debe activar una diplomacia tecnológica: acuerdos de interconexión, estándares, y cooperación en ciberseguridad regional.


7) Cómo medir el “protagonismo”: indicadores de impacto (no de anuncio)

Para evitar que el proyecto sea recordado solo como “un gran evento”, propongo un tablero público de indicadores:

  • Latencia promedio a servicios críticos antes/después (ms) y disponibilidad anual (SLA). 
  • Costo mayorista de tránsito y evolución de tarifas minoristas (internet fijo/móvil). 
  • Número de empresas tecnológicas instaladas (CDNs, data centers, servicios cloud, ciberseguridad).
  • Empleo tech: nuevas plazas, salarios medios, certificaciones emitidas (cloud, redes, seguridad).
  • Resiliencia: incidentes de conectividad y tiempo medio de recuperación (MTTR), aprovechando la conmutación entre cables.


8) Conclusión: la oportunidad es histórica; la responsabilidad, mayor

El anuncio del Puerto de Intercambio Digital —con decreto de prioridad, nuevos cables, anillo internacional, capacidad ampliada y ambición de ser hub de IA— es, por escala y simbolismo, un punto de inflexión para el país.
Pero el verdadero “antes y después” no será la obra física: será la capacidad de la República Dominicana de convertir conectividad en productividad, productividad en empleos de calidad y empleos en movilidad social, bajo un marco de competencia, ciberresiliencia y gobernanza transparente. 

En síntesis: la frase presidencial es una brújula; ahora hace falta el mapa. Y ese mapa debe construirse con Estado, empresa, academia y sociedad civil, porque —en el siglo XXI— la soberanía también se escribe con datos, talento y reglas.


Luis Orlando Díaz Vólquez

Sobre el autor

 

Luis Orlando Díaz Vólquez es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.

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Editorial | @GuasabaraEditor

Del cable al valor: que el Puerto de Intercambio Digital sea una agenda país, no solo una obra

La República Dominicana ha sido colocada, de manera explícita, ante una oportunidad de reposicionamiento económico: dejar de ser únicamente consumidora de tecnología y aspirar a capturar valor en la economía digital. Ese giro se expresa en el anuncio del Puerto de Intercambio Digital impulsado por Google y en la narrativa oficial que lo presenta como un “antes y después” para la infraestructura tecnológica nacional. La pregunta editorial de fondo no es si la obra es importante —lo es— sino si el país está listo para convertir conectividad en productividad y productividad en bienestar

El anuncio viene acompañado de un marco de prioridad nacional: el Decreto 113-26 declara de alta prioridad la construcción de puertos de intercambio digital y la instalación, despliegue y operación de sistemas de cables submarinos para reforzar infraestructura y servicios digitales. En otras palabras, se reconoce que esta infraestructura no es un lujo tecnológico, sino un componente de competitividad y resiliencia. Esa decisión se alinea con un diagnóstico público: el tráfico de internet ha crecido de forma acelerada y parte relevante del tránsito se vincula a Estados Unidos, mientras varios cables existentes se acercan al fin de su vida útil. 

En términos técnicos, lo comunicado es ambicioso: un puerto “abierto y neutral” con capacidad para alojar hasta cuatro cables; el salto de uno a tres cables directos a Estados Unidos; el incremento de diez veces en pares de fibra hacia ese mercado; y, crucialmente, el primer anillo internacional de cable submarino desde el país hacia EE. UU., con capacidades de conmutación para resiliencia. Este paquete —si se ejecuta con estándares— reduce latencia, mejora redundancia y baja la fragilidad de depender de rutas envejecidas o únicas. No es retórica: es arquitectura de red con implicaciones económicas.

Ahora bien, el riesgo de las grandes obras digitales es conocido: pueden terminar siendo infraestructura de paso, una autopista por donde circulan datos sin que el país capture valor agregado. Para evitarlo, la conectividad debe ser tratada como “plataforma” y no como “fin”. La propia comunicación oficial subraya el “círculo virtuoso” que atrae centros de datos, empresas de servicios digitales y proyectos de economía del conocimiento cuando un país consolida conectividad de alta capacidad. Ese círculo virtuoso existe, sí, pero no ocurre en piloto automático: requiere reglas, talento, energía confiable, seguridad jurídica y un mercado competitivo.

Si la República Dominicana aspira a protagonismo digital, debe preguntarse: ¿qué parte de la cadena de valor quiere dominar? Porque “ser hub” no significa lo mismo para todos. Hay al menos tres rutas posibles: (1) productividad interna (mejores servicios digitales para banca, comercio, salud, educación y gobierno), (2) exportación de servicios (software, ciberseguridad, analítica, BPO/ITO), y (3) atracción de capital intensivo (data centers, CDNs, infraestructura cloud). El anuncio se presenta como un habilitador para esas tres rutas —especialmente por la conectividad de baja latencia y resiliencia—, pero sin una política deliberada, el resultado puede quedarse solo en “más velocidad”. 

De ahí que el punto crítico sea la gobernanza. Un puerto de intercambio, incluso cuando se declare “abierto y neutral”, puede concentrar poder estructural sobre interconexión, peering y condiciones técnicas del ecosistema. Por eso, la prioridad decretada debe traducirse en mecanismos verificables de acceso, no discriminación y transparencia, con supervisión técnica que evite sesgos de mercado y que asegure que la nueva capacidad se refleje en mejor calidad y precio para usuarios finales. El propio marco de decreto y el anuncio oficial abren la puerta a una coordinación multisectorial; toca convertirla en institucionalidad efectiva. 

A la par, la resiliencia no puede entenderse solo como redundancia física. Un anillo internacional reduce el riesgo de cortes y fallas de ruta, pero el nuevo ecosistema amplía la superficie de ataque: ruteo, infraestructura crítica, servicios cloud y dependencia de proveedores. Si el país se posiciona como nodo regional de intercambio digital, la ciberresiliencia debe ser política pública central: monitoreo, respuesta a incidentes, estándares de seguridad, ejercicios y coordinación público-privada. En un mundo donde la economía es digital, la seguridad también lo es. 

El otro pilar insustituible es el talento. Los anuncios insisten en que el mayor impacto será la generación de empleos especializados y oportunidades para la juventud. Eso exige metas explícitas: formación en redes, cloud, IA, ciberseguridad y data engineering; certificaciones; y empleabilidad real. Conectividad de clase mundial sin masa crítica de especialistas genera dependencia: se importan soluciones y se exportan rentas. Con talento, en cambio, se exportan servicios y se construye industria. El discurso oficial lo coloca como prioridad; corresponde materializarlo con programas y métricas.

También hay un requisito material que suele subestimarse: energía confiable y competitiva. Infraestructura digital moderna —y particularmente la que atrae centros de datos— demanda continuidad eléctrica, planificación, sostenibilidad y permisos robustos. Parte de la cobertura pública del proyecto ha señalado la necesidad de procesos y estudios para su desarrollo. Si este puerto es la puerta de entrada a la “segunda ola” (data centers y servicios), la política energética y ambiental debe estar alineada desde el día uno.

Por eso, la oportunidad que se abre no es solo tecnológica: es industrial. La República Dominicana puede usar esta inversión ancla para diseñar una agenda país con diez decisiones prácticas: (1) tablero público de hitos y KPIs; (2) reglas auditables de “open & neutral”; (3) estrategia nacional de peering para mantener tráfico local; (4) plan de ciberresiliencia crítica; (5) metas de formación masiva y especializada; (6) acceso a nube/IA para MIPYMES y startups; (7) paquete país para data centers; (8) competencia efectiva en telecom y servicios digitales; (9) encadenamientos locales y compras a proveedores dominicanos; y (10) diplomacia tecnológica regional para consolidar el rol de nodo. Todo esto es coherente con lo comunicado sobre capacidad, redundancia y vocación regional del proyecto. 

En definitiva: un puerto digital y nuevos cables pueden ser el “puente” hacia una economía más productiva y sofisticada; pero el progreso no viaja dentro del cable por sí solo. Viaja cuando el Estado regula bien, cuando el mercado compite de verdad, cuando la academia forma talento relevante y cuando las empresas convierten conectividad en innovación. El reto nacional es simple de enunciar y difícil de ejecutar: que esta obra no sea recordada como un hito de infraestructura, sino como el comienzo de una estrategia de soberanía tecnológica, competitividad y movilidad social

Luis Orlando Díaz Vólquez
@GuasabaraEditor


Fuentes 


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