“Lo que evidencia el informe de auditoría es un problema de gestión fuerte en la OMSA”
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06 MAY 2018, 11:06 AM
POR NIZA CAMPOS
POR NIZA CAMPOS
SANTO DOMINGO. La investigación especial de la Cámara de Cuentas a la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA) no solo arrojó violación e inobservancia de las disposiciones legales, sino que evidencia un grave problema de gestión.
La aseveración la hizo Yokasta Guzmán, directora de Contrataciones Públicas, quien asegura que el informe del organismo fiscalizador sobre el período comprendido entre el 22 de agosto de 2012 y el 17 de octubre de 2017, puso en evidencia debilidades importantes en la operatividad de la gestión.
Sostuvo que en el caso se ignoró la validez de la resolución 15-08 emitida por ese órgano rector de las compras públicas, que autoriza ciertos tipos de compras en instituciones del Estado y por el contrario se ha querido imputar a dicha disposición ser la causante de las anomalías detectadas.
Explicó que la resolución establece el cumplimiento de varios requisitos, coloca en primer orden a la máxima autoridad de la institución a cargo de la compra como responsable de la transacción, ordena rotar a los proveedores y rendir un informe que manifieste las razones de por qué se escogió a un determinado proveedor.
Precisó que según la auditoría de la Cámara de Cuentas esas disposiciones no se cumplían.
“Lo que pasa ahí es que no se cumplieron esos requisitos y se utilizó esa resolución no solamente para comprar a familiares, aparentemente, y para comprar a personas que no tenían y no cumplían los requisitos de talleres y también lo que evidencia el informe es un problema de gestión muy fuerte”, afirmó. Para justificar su planteamiento dice que la propia auditoría reseña que hubo órdenes para reparar un mismo autobús dos veces.
Guzmán destacó que la Dirección de Contrataciones Públicas no realiza compras, sino que son las instituciones, las cuales tienen una descentralización operativa. En consecuencia, dice que cada entidad es responsable de lo que compra.
Sostuvo que las instituciones, según lo que se va a contratar, deben definir en los pliegos de condiciones el objeto por comprar, especificaciones técnicas y los criterios de evaluación.
Refirió que conjuntamente con las medidas para impulsar y sanear las compras y contrataciones se ha estado trabajando con el portal transaccional donde se puede accesar en línea desde la planificación hasta el cierre del contrato.
“Hemos pasado de mendigar favores a exigir derechos y ya la gente conoce cómo funciona el sistema de compras y sobre todo qué necesita para participar, porque hemos capacitado no solo a las instituciones sino a proveedores y sociedad”, apuntó.
Según la Cámara de Cuentas, los funcionarios públicos de la OMSA en combinación con particulares manejaron más de nueve mil millones de pesos entre el 2012 y el 2017. Los auditores pudieron establecer que 25 de los 43 proveedores de servicios de la OMSA, a los que les fueron desembolsados por concepto de productos y servicios mil cincuenta y seis millones seiscientos tres mil ochocientos setenta y cinco pesos (RD$1,056, 603,875), no fueron localizados en los domicilios que figuran en los contratos de servicios.
Modificaciones a la vista
La propuesta de modificación a la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, contemplará sanciones penales para los proveedores y funcionarios públicos.
La directora de Contrataciones aclaró que la actual legislación inhabilita a los proveedores, pero no establece sanciones para los funcionarios.
“Quienes más tenemos responsabilidad somos los funcionarios públicos, entonces no es justo ser fuertes con los proveedores y no con los funcionarios”, apuntó.
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