Bajo la lupa de Swain el plan de Cofina

PUERTO RICO
Bajo la lupa de Swain el plan de Cofina
Mientras el ejecutivo y la Junta dicen que es un acuerdo favorable, acreedores y economistas plantean que el ajuste de la principal deuda del gobierno no cumple con los criterios del Código de Quiebras y Promesa

domingo, 18 de noviembre de 2018 - 12:00 AM Por Joanisabel González

(Suministrada)

Puerto Rico entrará en la recta final para modificar la deuda de laCorporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) si, el próximo martes, la jueza Laura Taylor Swain concluye que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la administración de Ricardo Rosselló cumplieron con todos los requisitos de la Ley Promesa y las disposiciones aplicables del Código de Quiebras.

Pero, a juzgar por los planteamientos de varios acreedores y un análisis reciente del Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, la renegociación propuesta para Cofina no será tan beneficiosa para Puerto Rico como se alega.Además, según las objeciones radicadas en corte, el plan de ajuste concederá casi la totalidad del pago a los bonistas principales de Cofina, ocasionando pérdidas a los acreedores subordinados, muchos de ellos, residentes de Puerto Rico.

En ese sentido, los bonistas de Cofina tendrán días, o a lo sumo algunas semanas, en medio de la época festiva para determinar si el plan de ajuste les conviene, un documento extenso y muy complejo, lleno de advertencias y riesgos que pocos o ningunos presumiblemente leerán.

¿Qué pasará el martes?

El martes próximo, Swain tendrá la oportunidad de escuchar los argumentos a favor y en contra del plan de ajuste de Cofina y se examinará la declaración informativa presentada por la JSF. A grandes rasgos, se trata de un documento de 621 páginas, dividido en varias secciones o capítulos. El documento incluye el plan fiscal de Cofina, así como detalles del pacto que suscribieron el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) y la agente Bettina M. Whyte en nombre de Cofina, que puso fin a la controversia en torno a la pertenencia del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

Además, el documento incluye el acuerdo preliminar o PSA (en inglés) para modificar la deuda de Cofina y la amortización de la deuda renegociada a 40 años.

A toda prisa

El pacto es fruto del proceso de mediación animado por Swain y que puso fin a la disputa por la pertenencia del IVU.

A la luz del expediente judicial, hay prisa para renegociar la principal deuda del gobierno de Puerto Rico.

El principal asesor legal de la JSF, Martin Bienenstock, dijo a Swain, a principios de mes, que el ente espera lograr la aprobación del plan de ajuste para enero próximo, es decir, justo cuando el Congreso estadounidense pasa a manos demócratas tras las elecciones de medio término.

Además, a menos que los objetores prevalezcan o que Swain determine que el plan no es razonable a la luz de Promesa, el proceso de votación del plan de ajuste será, en esencia, académico porque en la declaración informativa ante la jueza se establece que “las partes, según descritas en el PSA, tendrán que votar para aceptar el plan de Cofina”.

De otra parte, la jueza Swain denegó una moción del Comité Oficial de Retirados (COR), grupo que solicitó que se extendieran las fechas límites para presentar objeciones a la propuesta en la mesa.

El margen constitucional

El pasado viernes, el COR advirtió a Swain que el pacto presentado ahora pone en juego el futuro de Puerto Rico. Específicamente, el COR relató que, en el primer pacto entre las partes, se acordó que a futuro, cuando Cofina emita deuda nuevamente, esta tendrá que calcularse dentro del margen de 15% establecido en la Constitución.“Ni el acuerdo ni el plan de ajuste de Título III incluye esta salvaguarda”, advirtió el COR, a través de su abogado, Robert D. Gordon, al agregar que permitir el pacto sin tal cortapisa es una postura “peligrosamente cortoplacista”.

El señalamiento no es cosa ligera, pues uno de los hallazgos del investigador especial Kobre & Kim sobre las razones para el colapso fiscal de la isla fue no contabilizar múltiples transacciones de deuda en el análisis del margen constitucional.

Lo bueno, según la JSF

Fuentes de El Nuevo Día aseguran que la JSF no está muy de acuerdo con los términos alcanzados con los bonistas de Cofina. Pero ante la posibilidad de que la batalla por la pertenencia del IVU tardara años y de que el gobierno tuviera que desembolsar cientos de millones de dólares en abogados, la JSF se allanó al acuerdo entre el UCC y Whyte, en nombre de Cofina.

En síntesis, el UCC y Whyte acordaron dividirse casi a partes iguales entre Cofina y el Fondo General, la porción pignorada del IVU -o sea, el 5.5% del total 11.5% que es la tasa vigente.

El acuerdo permitiría que el gobierno ahorre en sus pagos anuales unos $17,000 millones durante la vida de la deuda renegociada de Cofina.

Según el plan fiscal de Cofina, en su página 10, y el PSA, Puerto Rico solo recortará unos $4,700 millones del principal vigente de Cofina y que se ha calculado en unos $16,700 millones.

Otro argumento a favor del pacto, según la JSF, es que se trata de un acuerdo que suscriben ciertos acreedores principales de Cofina, los aseguradores municipales y fondos de inversiones que poseen bonos de Obligaciones Generales (GOs) y que hubieran objetado el plan de no haber sido compensados a través de Cofina.

Aparte de la deuda intercambiada, y tal como reportó antes El Nuevo Día, los que se sentaron en la mesa de negociación con la JSF y el gobierno recibirán $332 millones, dinero que se acumuló en las cuentas del banco custodio de Cofina, Bank of New York Mellon, y que debió utilizarse para pagar a los bonistas.

Una “farsa” de 621 páginas

Entre los bonistas que no recibirán un centavo de esa compensación figura Stephen T. Mangiaracina, un bonista subordinado o “junior” de Cofina y quien ha catalogado el proceso que se ha seguido en Cofina como “una farsa”.

Para el abogado, la totalidad del documento presentado por la JSF ante la corte “apesta a un rechazo del debido proceso de ley” que cobija a los bonistas.

“Este objetor no estará en la audiencia del 20 de noviembre de 2018. Vivo en Carolina del Sur. Eso es dos días antes de Acción de Gracias. Costaría una cantidad exorbitante de dinero por boleto aéreo, alojamiento, comidas y transporte local. Mi familia y yo no podemos gastar lo que requeriría tener una firma de Nueva York para que nos represente en corte ese día”, sostuvo el abogado.

Aparte del COR, Mangiaracina, cuatro cooperativas de ahorro y crédito han clamado a Swain que no dé paso al acuerdo de Cofina.

“Es irrazonable para los acreedores votar si se acepta o se rechaza un plan que está basado en los números asignados a las reclamaciones de los acreedores que se han presentado”, alegaron las cooperativas de ahorro y crédito de Rincón, Manuel Zeno Gandía, Valenciano y Juana Díaz.

Esto, al hacer referencia a las 45,000 reclamaciones radicadas en Cofina y que hasta mayo pasado se calculaban en unos $17,637 millones.

Entre otras cosas, el plan de ajuste de Cofina divide los acreedores de esa corporación en 10 grupos o clases. Pero en ninguna parte del documento, se explica cuánto debe Cofina por cada clase y cuál sería un estimado aproximado del nivel de recuperación que tendría cada acreedor, alegaron las cooperativas.

De otra parte, el documento también hace múltiples advertencias técnicas como el hecho de que la renegociación de Cofina contempla intercambiar deuda exenta por tributable y que el plan de ajuste podría cambiarse en cualquier momento. Si fuera el caso, la JSF lo notificaría -al menos- 15 días antes de la fecha límite de votación.

Advierte, además, que si un bonista recibe el pago de su reclamación mediante cheque y no cambia dicho cheque en un plazo de seis meses, perderá para siempre cualquier posibilidad de reclamar lo que le pertenece.

El historial del IVU

En dólares y centavos, a partir del año fiscal 2020, Puerto Rico dedicaría unos $814.5 millones para el pago de Cofina y otras acreencias en el Fondo General. La cifra aumentaría a $1,850 millones hacia el año fiscal 2041. En total, al cabo de 40 años, y considerando el recorte de principal que provee el PSA, Puerto Rico pagará a los bonistas de Cofina unos $32,300 millones.

Más allá de las complejidades de la declaración informativa, la deuda que se intercambie y sea emitida por la entidad sucesora de Cofina, parece descansar en las premisas que se pusieron en duda antes de que se invocara el Título III de Promesa.

Cuando bajo la administración de Luis G. Fortuño se concibieron las seriessubordinadas de Cofina, se representó a losbonistas que los recaudos por concepto de IVU aumentarían todos los años a razón de 4%.

Aunque el plan fiscal consigna que la población de Puerto Rico y por ende, el número de consumidores irá a menos, la tabla de amortización de los nuevos bonos de Cofina establece, precisamente, que a partir del año fiscal 2020 hasta el año fiscal 2041, los recaudos por concepto de IVU crecerán 4%.Sin embargo, desde que se adoptó el IVU en el 2006, la historia es otra.

La declaración informativa establece que el IVU ha levantado unos $17,457 millones desde el 2006 hasta el año fiscal 2018. Ello supondría un promedio de crecimiento anual de 14%. Cuando se analiza el desempeño del IVU año por año, reina la volatilidad en esa fuente de recaudos.

Para el año 2009, por ejemplo, en lugar de aumentar, los recaudos del IVU cayeron interanualmente 13%. Para hacer contrapeso, Hacienda impulsó el IVU-Loto y obligó a la fiscalización en los puntos de venta. Luego de esa movida, entre los años fiscales 2011 a 2013, los recaudos del IVU solo aumentaron entre 1% y 3%. En ese momento, el gobierno volvió a la carga y legisló para cobrar el IVU en ventas por internet.

Dos años más tarde, se aplicó un IVU de 4% sobre servicios profesionales, lo que contribuyó a elevar en 14% tales recaudos. Un año más tarde, el IVU rebasó la marca de $2,000 millones en recaudos porque se aumentó la tasa aplicable a 11.5%.

El análisis de Stiglitz

“Tristemente, no se tomó la oportunidad enderezar el barco fiscal de Puerto Rico”, escribió la semana pasada, el Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en la revista Project Syndicate.

Según Stiglitz, en lugar de que la JSF modificara el plan aprovechando la coyuntura que representó el huracán María, el pacto de Cofina coloca a Puerto Rico “una camisa de fuerza por la deuda de manera indefinida”.

“Los términos de la reestructuración no proveen suficiente alivio para que Puerto Rico pueda alcanzar crecimiento futuro”, explicó Stiglitz, al indicar que cuando se analiza el acuerdo, en el agregado, los bonistas principales y subordinados recibirán casi 76 centavos de dólar.

Cuando se segmenta, la recuperación de los bonistas principales rondaría casi 93 centavos de dólar y los subordinados rondaría 54 centavos de dólar.

“Si este acuerdo se implementara, no quedaría virtualmente nada para las demás categorías de bonos”, advirtió el afamado economista. https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/bajolalupadeswainelplandecofina-2460418/