Que el crecimiento llegue a la mesa: una agenda medible
Que el crecimiento llegue a la mesa: una agenda medible
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
ble, con métricas claras, transparencia pública y capacidad de corrección ante los inevitables choques de precios y costos. Por ello, proponemos trabajar en un contrato de datos entre el Estado, el sector productivo formal y la ciudadanía que haga trazables las decisiones y sus efectos en el bolsillo de las familias.
Ese contrato de datos parte de un hecho básico: la estabilidad macroeconómica, aunque auténtica, convive con sensibilidades sectoriales. Los precios de los alimentos suelen responder a combinaciones de clima, logística y estacionalidad; la estructura de costos del transporte y la energía se mueve con la volatilidad internacional; la formación de márgenes depende de la dinámica competitiva y del cumplimiento regulatorio. Tener la inflación anual dentro de la meta es condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar que el menú cotidiano se preserve accesible. En un país con brechas territoriales en el costo de la canasta familiar y una distribución de ingresos heterogénea, el enfoque de política debe ser tan diferenciado como riguroso, atendiendo simultáneamente a territorios y quintiles de ingreso.
El punto de partida para la agenda ha de concentrarse en que el 2026 tiene que ser el año de los indicadores. Eso implica enfocarse en tableros operativos con actualización constante. Se trata de establecer un sistema de gestión por resultados que conecte, en tiempo casi real, cuatro dominios clave: formación de precios y costos, desempeño logístico y aduanero, condiciones de competencia y poder de compra. En el primero, debemos observar las trayectorias de la inflación general y subyacente junto con la contribución mensual de los alimentos; en el segundo, capturar tiempos de levante y trazabilidad de mercancías, desde el puerto hasta el almacén; en el tercero, monitorear síntomas de dispersión y prácticas paralelas que distorsionen el mercado; en el cuarto, relacionar salarios mínimos y cobertura efectiva de la canasta para los hogares de menor ingreso.
Una razón para esta arquitectura es que muchos de los problemas que deterioran el bienestar del consumidor son simultáneos. Un atasco en un corredor logístico con alta concentración de rubros perecederos puede amplificar la variación de precios de alimentos; una semana de fuerte volatilidad en combustibles puede traducirse en presiones de transporte que recorren la cadena; una coordinación “informal” de precios puede consolidar márgenes elevados durante meses sin fundamento técnico suficiente. De allí la necesidad de protocolos de acción asociados a umbrales. Si la inflación de alimentos se desvía significativamente de su tendencia de corto plazo, deben activarse, sin buscar culpables ni incurrir en discrecionalidad, mecanismos de liberación de inventarios y agilización de permisos fitosanitarios. Si el porcentaje de despachos aduaneros en menos de 24 horas cae de manera persistente, es imprescindible convocar mesa técnica con operadores, puertos y transportistas para remover cuellos de botella. Si la dispersión de precios por producto y canal se instala en niveles anómalos, conviene intervenir con herramientas de competencia y transparencia antes de que el fenómeno se vuelva una nueva “normalidad” que penalice a los hogares.
Una pieza central de la solución es la interoperabilidad institucional. La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE-RD) y el sistema regulatorio por subpartida (SIREVUCE) ya muestran que la simplificación y digitalización del cumplimiento reducen incertidumbre y costo. Aprovechar ese canal para construir un tablero logístico —con métricas de tiempos de levante, rechazos sanitarios por volumen, fallas de trazabilidad por cada mil envíos y rutas de mayor incidencia en la canasta— es un paso natural. Del lado de precios minoristas, los sondeos periódicos que hoy se hacen por formato (supermercados, mercados y colmados) deben traducirse en un comparador de canasta accesible, donde el consumidor pueda verificar variaciones y el regulador detectar patrones de especulación o dispersión injustificada, separando los movimientos atribuibles a verdaderos cambios de costos de aquellos que obedecen a conductas anticompetitivas o a ineficiencias evitables.
El vínculo con la política de combustibles también reclama reglas operativas y transparencia. Los subsidios semanales han demostrado utilidad para amortiguar traspasos a transporte y alimentos, pero su credibilidad depende de dos atributos: criterios automáticos y comunicación clara. Un gatillo de activación basado en variación semanal de precios internacionales y riesgo de traspaso a la inflación de alimentos, acompañado de una regla de salida definida por medias móviles por debajo de umbrales, permite que el instrumento sea realmente contracíclico en lugar de estructural. Publicar el costo fiscal y el efecto estimado en la inflación y en el costo de la canasta es indispensable para sostener la confianza ciudadana y para evaluar si, en paralelo, las mejoras logísticas y el cumplimiento competitivo están aportando lo que corresponde.
La experiencia monetaria y cambiaria dominicana aporta dos lecciones para esta agenda. Primero, la transmisión de la tasa de política a las tasas de mercado es efectiva y relativamente rápida del lado del crédito, lo que exige que la coordinación macro y la mesa de precios sean conscientes de los tiempos de reacción de la demanda y de los costos financieros del comercio organizado. Segundo, el traspaso del tipo de cambio a los precios se ha reducido en la última década gracias a un entorno de metas de inflación y mejores expectativas; no obstante, sigue siendo determinante para insumos importados, fletes y parte del componente energético. Estas realidades recomiendan prudencia con cualquier iniciativa que congele o coordine precios sin considerar la dinámica de costos y la necesidad de señales competitivas que impulsen la eficiencia y la innovación.
Hay, además, un plano político-institucional que conviene cuidar. La mesa de precios debe ser el lugar donde convergen datos y soluciones, no una instancia para sustituir al mercado o para homogeneizar márgenes por decreto. En un ecosistema donde la defensa de la competencia se potencia con guías técnicas de detección de cárteles y herramientas contra la colusión en compras públicas, lo sensato es informar, advertir y actuar con base en evidencia, cuidando el debido proceso y la neutralidad competitiva. Los acuerdos sectoriales útiles son los que promueven estándares de calidad, buenas prácticas logísticas y transparencia; los que, de manera directa o indirecta, restringen la competencia, terminan encareciendo la canasta y erosionando la confianza.
Por supuesto, los desafíos territoriales no se resuelven con el mismo instrumento en todas partes. Los datos muestran que vivir en el Gran Santo Domingo no cuesta igual que en el Sur, ni que las presiones de precios se distribuyen homogéneamente a lo largo del año. Esto obliga a usar la paleta de herramientas con sensibilidad geográfica: reforzar los corredores logísticos que abastecen rubros críticos de la canasta donde el costo promedio es mayor; estimular cadenas más cortas del productor al punto de venta en zonas donde la intermediación agrega costos sin mejorar calidad; articular programas de compras públicas inteligentes que estabilicen categorías altamente volátiles. La política comercial debe ser nacional en su enfoque, pero local en su ejecución.
El comercio organizado tiene, en esta ecuación, una responsabilidad positiva. Además de la función obvia de abastecimiento, el sector formal aporta trazabilidad, estándares, fiscalidad y empleo. Si la meta para 2026 es reducir la dispersión de precios en productos básicos, mejorar los tiempos de despacho y transparentar márgenes en categorías sensibles, el comercio formal puede comprometer metas medibles de eficiencia, compartir datos operativos que ayuden a afinar regulaciones y adherirse a prácticas de competencia que eviten coordinaciones indebidas. En contrapartida, el Estado debe garantizar reglas claras, ventanillas efectivas y seguridad jurídica, así como protección contra la informalidad nociva y el comercio ilícito que afectan tanto al consumidor como al productor nacional.
Una última dimensión que no debe perderse de vista es el poder de compra de los hogares de menores ingresos. La relación entre salarios mínimos y costo de la canasta del primer quintil es un indicador directo de bienestar. Fijar metas de cobertura por tamaño de empresa y acompañarlas con instrumentos de apoyo temporal cuando shocks específicos eleven la canasta por encima de la capacidad de ingreso ayuda a evitar que las tensiones de precios se traduzcan en privaciones. La clave es combinar estas medidas con productividad y formalización, de modo que el equilibrio entre rentabilidad y bienestar se sostenga por eficiencia y competencia, y no únicamente por transferencias.
Con todo, el gran aporte de 2026 será medir de manera pública y corregir con rapidez. Un observatorio con acceso abierto que integre la información del Banco Central, la DGA, ProConsumidor y el MICM, con APIs simples y paneles entendibles para periodistas, académicos y ciudadanos, elevará la calidad del debate y reducirá la tentación de soluciones grandilocuentes pero ineficaces. La meta no es controlar precios; es facilitar mercados, transparentar márgenes, mejorar logística y proteger al consumidor con evidencia. Si el país consolida ese pacto por los datos, el mensaje inicial del MICM dejará de ser un eslogan y se convertirá en bienestar medible: menos volatilidad en la canasta, mayor previsibilidad en alimentos y transporte, y una competencia que premie la productividad antes que la opacidad.
No es casual que la agenda proponga indicadores concretos para seguimiento mensual y metas trimestrales. Lo que se mide, mejora; y lo que se publica, se corrige. El comercio organizado seguirá siendo motor de crecimiento si multiplica eficiencia y transparencia; el Estado, garante de reglas y datos abiertos; y la ciudadanía, árbitro exigente que elija con información y exija rendición de cuentas. Ese es el camino para que el crecimiento llegue, de verdad y sin retórica, a la mesa de cada hogar dominicano.
Terminamos nuestro primer encuentro del 2026 con representantes de nuestro sector comercial y la mesa de precios. Este espacio liderado por nuestro ministro @SanzLovaton, ratificó que el comercio organizado es el motor de nuestra economía y el garante principal de que el… pic.twitter.com/VRSoGX9BCE
— Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (@MIC_RD) January 10, 2026
OPINIÓN | Que el crecimiento llegue a la mesa: una agenda medible
— LuisOrlando Díaz Vólquez (@GUASABARAeditor) January 10, 2026
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
El mensaje con el que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes abrió 2026 —equilibrar la rentabilidad del sector con el bienestar de las familias dominicanas— es tan…
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Versión académica
Comercio organizado y precios justos: del discurso a la evidencia en 2026
Artículo de opinión académico
Firma: Luis Orlando Díaz Vólquez · Fecha: 10 de enero de 2026
Introducción: un pacto que exige medición y rendición de cuentas
El mensaje del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en su primer encuentro de 2026 con el comercio organizado y la mesa de precios —garantizar un equilibrio sostenible entre rentabilidad sectorial y bienestar de las familias— solo será creíble si muta de consigna a gestión por indicadores. La designación de Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón al frente del MICM abre una oportunidad de continuidad técnica: su tránsito por la Dirección General de Aduanas (DGA) estuvo marcado por digitalización, ventanillas únicas y metas de facilitación que inciden directamente en el costo logístico y, por ende, en los precios. El reto es convertir esa inercia institucional en un marco de evidencia pública y corrección rápida, especialmente en rubros esenciales de la canasta y en territorios donde la presión de precios es mayor. [^1][^2]
La tesis central de este artículo es que 2026 puede consolidar un contrato de datos entre Estado, comercio formal y ciudadanía. Ese contrato supone tres compromisos: (i) metas explícitas y comparables trimestralmente; (ii) tableros abiertos que crucen precios, logística, competencia y salarios; y (iii) protocolos de acción ante choques (climáticos, de fletes o de oferta), evitando respuestas discrecionales o tardías. La evidencia disponible para República Dominicana —inflación acotada pero con presión en alimentos, brechas territoriales de canasta y espacio de mejora logística— refuerza que el éxito no depende de un instrumento único sino de la convergencia técnica de varios. [^3][^4]
Inflación e incidencia sectorial: estabilidad en el rango, sensibilidad en alimentos
Cerrar 2025 con inflación interanual de 4.95% y subyacente de 4.85% valida la eficacia del esquema de metas del Banco Central (rango 4% ±1% por 32 meses consecutivos), pero no elimina la vulnerabilidad de los hogares a la inflación de alimentos, que fue el componente de mayor incidencia mensual en diciembre. El reporte del BCRD —que atribuye parte de la variación a eventos climáticos y demanda estacional— sugiere que la gestión de precios esenciales debe mirar más allá del dato agregado y monitorear subíndices con umbrales de alerta, activando medidas específicas cuando alimentos se desalinean de la trayectoria subyacente. [^3][^4]
Ampliar la mirada al primer semestre de 2025 permite dimensionar la sensibilidad del índice: meses de baja variación (p.ej., 0.03% en abril) convivieron con aumentos puntuales en grupos como transporte y educación, moderados por subsidios a combustibles y ajustes transitorios. Esta heterogeneidad intranual refuerza la necesidad de un tablero mensual que exponga contribuciones por grupo y, más importante, que vincule las decisiones del MICM (combustibles, facilitación logística) con su impacto cuantificado en el IPC y en la canasta. [^5][^6]
Canasta familiar: magnitudes, desigualdades y focalización territorial
La canasta familiar nacional se movió en el entorno de RD$47.5–48.1 mil hacia el cierre de 2025, con incrementos moderados frente a enero (RD$46,420). El dato por quintil y región revela lo decisivo que es la geografía: los hogares en la Región Sur enfrentan costos cercanos a RD$38.3 mil, mientras Ozama (Gran Santo Domingo) puede superar RD$54.8 mil, una diferencia territorial de ~RD$16.5 mil que no puede ignorarse en el diseño de política. De hecho, el Banco Central calcula y actualiza la canasta usando la ENGIH 2018 y la variación mensual del IPC, por lo que este insumo es el mimbre estadístico que debe sostener metas diferenciadas por territorio y por nivel de ingreso. [^7][^8]
La variación por quintiles y la trayectoria de 2025 confirman, además, que los hogares de menores ingresos (Q1), aunque registraron crecimientos relativamente menores en términos absolutos, mantienen riesgos de cobertura frente a salarios mínimos en micro y pequeñas empresas; mientras que los quintiles superiores evidencian aumentos más voluminosos (vehículos, servicios combinados, pasajes aéreos) que reflejan una composición de gasto distinta. Esta segmentación invita a políticas de alivio focalizadas y a la diferenciación de herramientas logísticas en corredores con mayor peso de canasta. [^9][^10]
Logística y aduanas: del LPI a los KPI operativos
El Índice de Desempeño Logístico (LPI) 2023 del Banco Mundial sitúa a República Dominicana con 2.60 en una escala 1–5, indicador que sintetiza aduanas, infraestructura, competencia logística, trazabilidad y puntualidad. Lo relevante de la edición 2023 es que por primera vez incorpora métricas de velocidad de cadena derivadas de grandes bases de datos (contenedores, carga aérea, postal), permitiendo fijar metas operativas concretas (tiempos medianos, fallas de tracking, conectividad). Para la agenda MICM–DGA, este tránsito del “índice” al “tablero” es la vía para reducir costos de última milla y variabilidad de disponibilidad en la canasta. [^11][^12]
En el plano doméstico, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE-RD) centraliza permisos pre y post DUA, y el SIREVUCE provee un catálogo regulatorio por subpartida, con búsquedas por descripción o arancel, estimando costos impositivos y requisitos sanitarios de manera transparente. Estas herramientas —los “rails” de cumplimiento— reducen la incertidumbre regulatoria y mejoran la planificación táctica del abastecimiento. Complementariamente, la digitalización de servicios de DGA (automatización, aplicación “DGA RD”) y el objetivo de “despacho en 24 horas” en importación y exportación son palancas medibles de eficiencia que el tablero 2026 debe reflejar como KPI mensuales. [^13][^14]
Competencia, márgenes y protección al consumidor: el triángulo virtuoso
Precios justos requieren mercados competitivos y verificables. ProConsumidor publica sondeos semanales con variaciones por formato (supermercado, mercado, colmado), insumo valioso para vigilar dispersión y especulación. Es urgente integrar estos sondeos en un Comparador de Canasta interoperable con MICM y DGA, que permita al consumidor elegir con información y al regulador detectar outliers persistentes por rubro y canal. Este comparador, además, ayudaría a distinguir fenómenos propios de la estructura de costos (logística, inventarios, merma) de movimientos que ameritan investigación de competencia. [^15][^16]
En el frente de defensa de la competencia, ProCompetencia lanzó en 2024 una Guía de técnicas de screening de cárteles y, en 2025, una Guía para prevenir colusión en compras públicas. Ambas herramientas metodológicas permiten detectar patrones de conducta paralela (correlación anómala de precios, cambios simultáneos sin fundamento de costos) y fortalecer la integridad de procesos estatales. Para que la mesa de precios no derive en coordinación que restrinja competencia, es imprescindible que la agenda 2026 se apoye en estos screenings, abra investigaciones con criterios técnicos y publique medidas correctivas cuando se verifiquen señales robustas. [^17][^18]
Política de combustibles: subsidios con reglas operativas y transparencia
Los subsidios semanales a combustibles han moderado traspasos a transporte y alimentos; sin embargo, requieren reglas de activación y salida claras. Una regla operativa podría activar subsidio si la variación semanal del diésel o la gasolina supera un umbral (p.ej., +X%) y el riesgo de pass-through al IPC de alimentos rebasa Y puntos básicos; desactivar con una media móvil por debajo del umbral. Publicar el costo fiscal y el tramo de traspaso evitado —de forma semanal— incrementa la rendición de cuentas y evita que el instrumento se convierta en un parche permanente. [^19][^20]
La experiencia reciente del MICM evidencia la utilidad del subsidio para amortiguar shocks internacionales de precios. No obstante, su sostenibilidad exige (i) coordinación con política monetaria para no desanclar expectativas, (ii) lectura del pass-through en cadenas de alimentos y (iii) complementar con mejoras logísticas (rutas, consolidación, trazabilidad) para que el alivio no sea financiado solo por Hacienda sino por eficiencia real del sistema. [^3][^11]
Transmisión monetaria y cambiaria: lo que la evidencia sugiere
La literatura para República Dominicana indica un traspaso completo de la tasa de política a tasas de mercado, más rápido en crédito que en depósitos, lo que valida la capacidad operativa de la política monetaria para influir en demanda e inflación. Adicionalmente, desde que el país adoptó metas de inflación, el passthrough cambiario hacia precios se ha reducido, contribuyendo a menor inercia y mejor anclaje de expectativas. La conclusión práctica es que la mesa de precios y la coordinación MICM–BCRD deben reconocer que (i) los tiempos de reacción de precios dependen de la transmisión monetaria y (ii) la gestión del tipo de cambio no debe relajarse, porque sigue condicionando costos de importación y fletes. [^21][^22]
Este marco aporta dos precauciones: primera, evitar que herramientas como acuerdos de precios “voluntarios” —si son mal diseñados— induzcan rigideces que entorpezcan la transmisión competitiva o moneticen márgenes; segunda, reforzar neutralidad competitiva y transparencia para que las empresas compitan por eficiencia, no por acceso privilegiado a regulaciones o ayudas. [^23][^24]
Batería de indicadores (KPI) para 2026: del índice al tablero
Precios e inflación
- Inflación general y subyacente (YoY) en 4% ±1%, sesgo al centro del rango. Fuente: BCRD (mensual). [^3][^4]
- Inflación de alimentos y contribución al IPC, con alerta si +1 p.p. vs. media 6 meses. Fuente: BCRD (mensual). [^3][^4]
- Dispersión de precios (p90–p10 / mediana) en 20 rubros críticos; meta: reducción ≥15%. Fuente: ProConsumidor (semanal). [^15][^16]
Canasta y poder de compra
4) Canasta por quintiles y regiones; meta: brecha territorial ≤ RD$14 mil; crecimiento < inflación. Fuente: BCRD (mensual). [^7][^8]
5) Cobertura de la canasta Q1 por salario mínimo (salario mínimo / costo Q1): ≥100% (medianas/grandes), ≥85% (pequeñas), ≥75% (micro) con focalización social. Fuente: BCRD + CNS (mensual/trimestral). [^9][^25]
Logística y aduanas
6) Levantes <24h (% DUA) en import/export; meta: +10 pp vs. 2025. Fuente: DGA–VUCE/SIREVUCE (mensual). [^13][^14]
7) Tiempos puerto–almacén y fallas de trazabilidad, mejora ≥10%; integrar métricas del LPI 2023 (velocidad y conectividad). Fuente: DGA/operadores + LPI (mensual/anual). [^11][^12]
8) Índice de costo logístico por contenedor (flete + terminal + transporte interno / valor CIF de canasta importada); meta: -8–10% en rutas de alto impacto alimentario. Fuente: DGA + puertos + gremios (mensual). [^13][^14]
Competencia y márgenes
9) Índice de margen comercial estimado (20 rubros): precio minorista − (CIF + aranceles + ITBIS + costos logísticos estándares); meta: reducir “outliers” >2σ en ≥12 rubros. Fuente: DGA + ProConsumidor + MICM (mensual). [^15][^16]
10) Screenings de colusión: correlación anómala de precios, rotación de ganadores en licitaciones; publicar banderas y acciones correctivas. Fuente: ProCompetencia (trimestral). [^17][^18]
Políticas amortiguadoras
11) Regla de subsidio a combustibles: activar con gatillo de variación y riesgo de pass-through; cerrar con media móvil debajo del umbral; publicar costo fiscal y efecto estimado en IPC. Fuente: MICM (semanal). [^19][^20]
Gobernanza de datos: observatorio y API pública
Proponemos institucionalizar un Observatorio MICM–ProConsumidor–DGA–BCRD con cinco módulos de datos abiertos y actualización constante:
- IPC y canasta (total, subyacente, alimentos; quintiles y regiones), con API para prensa y academia. [^3][^7]
- Panel logístico (levantes <24h, tiempos, rechazos sanitarios por 10k DUAs, fallas de trazabilidad) que permita ver cuellos por puerto y por corredor. [^13]
- Mapa de precios por producto y canal (super, mercado, colmado), con comparadores y alertas de variaciones atípicas. [^15]
- Módulo de competencia (screenings, casos, medidas), asegurando transparencia y respeto a debido proceso. [^17]
- Cuadro LPI–KPIs internos para no esperar la próxima edición global y medir mejoras locales cada mes. [^11][^12]
La gobernanza debe incorporar comités técnicos con academia, gremios y consumidores; y actas públicas con decisiones motivadas por evidencia. Esto elevará la confianza y evitará narrativas que atribuyan las variaciones de precios a factores opacos o discrecionales. [^23][^24]
Riesgos y protocolos de acción
- Choques climáticos/agro: si la inflación de alimentos supera +1 p.p. vs. media 6m, activar liberación de stocks, agilizar permisos fitosanitarios, compras públicas contracíclicas y apoyos focalizados temporales. [^3][^7]
- Congestión logística: si T<24h cae >5 p.p. por dos meses consecutivos, convocar mesa técnica DGA–puertos–transportistas y priorizar corredores con mayor peso en canasta. [^13][^14]
- Conducta paralela: si correlaciones y simultaneidad de alzas rebasan umbrales en ≥3 cadenas, abrir investigación y considerar medidas cautelares cuando proceda. [^17][^18]
- Volatilidad de combustibles: aplicar regla de subsidio con límites y publicar costo fiscal y impacto evitado en el IPC de alimentos. [^19][^20]
Conclusión: lo que se mide, mejora; lo que se publica, se corrige
El comercio organizado puede seguir siendo motor de crecimiento y garantía de abastecimiento si se ancla en transparencia de márgenes, eficiencia logística y competencia efectiva; el Estado, por su parte, debe ser garante de reglas claras, datos abiertos y protocolos operativos ante choques. Para la ciudadanía, el valor no reside en comunicados, sino en resultados visibles: menor dispersión de precios, mejor cobertura de la canasta con ingresos formales, y estabilidad razonable en alimentos.
Si 2026 consolida un pacto por la evidencia —con metas trimestrales, tableros abiertos y acciones correctivas— el mensaje del MICM habrá trascendido el salón de reuniones y se habrá convertido en bienestar medible en la mesa de cada hogar.
Firma
Articulista de opinión: Luis Orlando Díaz Vólquez es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación.
Referencias
[^1]: El Caribe. Designa a Yayo Sanz Lovatón en Industria y Comercio y Mipymes. 6 ene 2026. https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/designa-a-yayo-sanz-lovaton-en-industria-y-comercio-y-mipymes/
[^2]: El Dinero. Luis Abinader designa a Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón como ministro de Industria, Comercio y Mipymes. 6 ene 2026. https://eldinero.com.do/349208/luis-abinader-designa-a-eduardo-yayo-sanz-lovaton-como-ministro-de-industria-comercio-y-mipymes/
[^3]: Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Informe IPC diciembre 2025. https://cdn.bancentral.gov.do/documents/publicaciones-economicas/indice-de-precios-al-consumidor-informe-mensual/documents/Informe-IPC-2025-12.pdf
[^4]: Periódico El Sol / CDN. BCRD: variación del IPC de diciembre fue de 0.84%. 8 ene 2026. https://periodicoelsol.com.do/economia/bcrd-informa-que-la-variacion-del-ipc-de-diciembre-fue-de-0-84/ · https://cdn.com.do/nacionales/banco-central-informa-que-la-variacion-del-ipc-de-diciembre-fue-de-0-84/
[^5]: El Dinero. Variación mensual 0.03% en abril 2025. 8 may 2025. https://eldinero.com.do/322373/banco-central-informa-que-variacion-del-ipc-de-abril-fue-de-0-03/ · El Nacional. Precios variaron 0.03%. 8 may 2025. https://elnacional.com.do/precios-variaron-en-abril/
[^6]: MICM. Sala de prensa: subsidios a combustibles. dic 2025. https://micm.gob.do/
[^7]: Diario Libre. Canasta nacional sube de RD$46,420 a RD$47,534 (ene–sep 2025). 9 nov 2025. https://www.diariolibre.com/economia/consumo/2025/11/09/la-canasta-basica-nacional-sube-de-rd4642068-a-rd4753446/3304232
[^8]: Proceso.com.do. Costo de la canasta por regiones (sep 2025). 9 oct 2025. https://proceso.com.do/2025/10/09/costo-de-la-canasta-basica-estuvo-entre-rd38-27463-y-rd54-79731-en-septiembre-informa-el-banco-central/
[^9]: Somos Pueblo / Noble Noticias. Canasta por quintiles (1T 2025, MEPyD). 1 may 2025. https://somospueblo.com/costo-de-la-canasta-familiar-sube-a-rd46716-79-en-primer-trimestre-de-2025/ · https://noble94digital.com/2025/05/01/canasta-familiar-alcanza-rd46716-79-en-el-primer-trimestre-de-2025-segun-informe-del-mepyd/
[^10]: El Caribe / CDN. La ruleta de la canasta básica dominicana (2024–2025). 6–9 jul 2025. https://www.elcaribe.com.do/panorama/dinero/la-ruleta-de-la-canasta-basica-dominicana-interactivo/ · https://cdn.com.do/economicas/canasta-familiar-alza-2025/
[^11]: World Bank Open Data. LPI — República Dominicana: 2.60. 2022/2023. https://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ?locations=DO
[^12]: LPI portal (WB). Metodología 2023 y scorecards. 2023/2024. https://lpi.worldbank.org/ · https://lpi.worldbank.org/international/global · Policy paper 2024: https://lpi.worldbank.org/sites/default/files/2024-05/IDU1898e51581445914e9218cd110f8195f5a07f.pdf
[^13]: VUCE-RD (DGA). Portal oficial. https://vucerd.gob.do/
[^14]: DiarioDigitalRD. DGA lanza SIREVUCE. 1 nov 2025. https://diariodigitalrd.com/2025/11/01/aduanas-estrena-plataforma-digital-promete-reducir-incertidumbre-en-el-comercio.html/
[^15]: ProConsumidor. Sondeo semanal de precios — 10 ene 2025. https://proconsumidor.gob.do/Descargar/Precios-Justos-2025/Informe-Precio-Justo-al-10-de-enero-2025.pdf
[^16]: BCRD — Portal de precios y canastas (metodologías y series). https://www.bancentral.gov.do/a/d/2534-precios
[^17]: DiarioDigitalRD / Portada Nacional. Guía de screening de cárteles (ProCompetencia). 25 jun 2024. https://diariodigitalrd.com/2024/06/25/procompetencia-lanza-guia-sobre-tecnicas-de-deteccion-de-practicas-anticompetitivas.html/ · https://www.portadanacional.com/2024/06/25/procompetencia-lanza-guia-para-la-deteccion-de-carteles-en-el-mercado-dominicano/
[^18]: Noticias SIN. Guía para prevenir colusión en compras públicas. 2025. https://noticiassin.com/guia-procompetencia-detectar-colusion-2014774
[^19]: MICM. Gobierno asigna subsidio para mantener precios de combustibles. 12 dic 2025. https://micm.gob.do/
[^20]: MICM. Gobierno mantiene precios de combustibles con subsidio. 5 dic 2025. https://micm.gob.do/
[^21]: IMF Working Paper. Interest Rate Pass-Through in the Dominican Republic (WP/15/260). https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15260.pdf · https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2015/260/article-A001-en.xml
[^22]: INTEC Repository. Metas de inflación y traspaso del tipo de cambio en RD (2018). https://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/items/f6d43464-0579-449f-bd30-3aada6904c9d/full
[^23]: OECD — Competition Policy overview. https://www.oecd.org/en/topics/competition.html · Competitive neutrality: https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/competitive-and-fair-markets/competitive-neutrality-in-competition-policy.html
[^24]: U.S. DOJ Antitrust — contribuciones OCDE (referencia de buenas prácticas y evaluación de impacto). https://www.justice.gov/atr/us-oecd-submissions-competition-policy
[^25]: El Nacional. Canasta familiar y salarios mínimos (interanual, enero 2025). 1 mar 2025. https://elnacional.com.do/canasta-familiar-rd-incrementa-en-3-3-en-enero/
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