martes, 17 de agosto de 2021

Las alianzas público privadas: ¿a quiénes benefician?

Hasta el momento, tres proyectos han sido declarados de interés público bajo esta modalidad

Las alianzas público privadas: ¿a quiénes benefician?

 Santo Domingo  

Como administrador de los bienes públicos y veedor del desarrollo social y económico de un país, el Estado tiene la responsabilidad de materializar los proyectos necesarios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las comunidades en las que viven.

Este planteamiento lógico, y a simple vista sencillo, se torna más difícil en la práctica cuando el Estado carece de los recursos suficientes para costear, en su totalidad, la ejecución de una infraestructura prioritaria. Lo mismo pasa cuando requiere de personal especializado que garantice la sostenibilidad en el tiempo de la obra luego de construida, lo que también requiere inversión. Por eso la búsqueda de capital privado para delegar estas tareas a cambio de una rentabilidad por sus servicios.

Sin embargo, la carencia de estudios de factibilidad previos al inicio de una obra, los procesos de licitación arbitrarios, los sobrecostos o la falta de continuidad de un proyecto, luego de comenzado, se cuentan entre los tragos amargos tomados por una ciudadanía ya incrédula ante la efectividad y la transparencia de las colaboraciones público-privadas.

En este contexto de cuestionamientos y expectativas, la Ley 47-20 de Alianzas Público Privadas, aprobada hace apenas un año y cinco meses, busca establecer directrices jurídicas claras y exigentes para la estructuración de este tipo de proyectos. La aplicación y cumplimiento de la normativa depende ahora de la capacidad y voluntad política para pasar del papel a los hechos.

Como primer incumbente al frente de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP), Sigmund Freund reconoce que esa institución debe marcar la pauta para otorgar confianza a los ciudadanos y a los agentes económicos de una modalidad de proyectos que promete ser beneficiosa para generar desarrollo social de manera sostenible en los próximos años.

Ni obra pública, ni privatización

A diferencia de las obras públicas tradicionales, en las que el Estado licita su ejecución y desarrollo con presupuesto propio o de una privatización, que conlleva a la enajenación de activos públicos cuya operación y mantenimiento pasan a ser competencia exclusiva del sector privado, las alianzas público privadas (APP) son un mecanismo de colaboración mediante el cual actores de ambos sectores suscriben un contrato a largo plazo para la provisión, gestión y operación de bienes y servicios de interés social.

“En una alianza público privada, el Estado nunca enajena el activo. Cuando un contrato de alianzas público privadas culmina entre el sector público y el sector privado, todo vuelve a manos del Estado de la misma manera en la que fue entregado inicialmente”, explicó Freund durante una entrevista concedida a elDinero.

Asumir un proyecto bajo esta modalidad compromete a los actores privados responsables de la obra a garantizar su operatividad y mantenimiento por el tiempo que dure el contrato y a distribuir de manera justa los riesgos que conlleva realizarla.

Rentabilidad y riesgos

Desde su solicitud expresa a participar de un proyecto APP hasta la adjudicación mediante contrato, los agentes privados esperan que la inversión de su dinero, recursos y tiempo se retribuya con la rentabilidad de la obra. La contrapartida que el Estado haga para que esa rentabilidad resulte lógica, razonable y sostenible resulta fundamental para una alianza público privada justa y equilibrada.

“No podemos permitir que el nivel de rentabilidad del agente privado sea tan alto que provoque que el ciudadano tenga poco acceso al bien, porque las tarifas que puedan colocarse sean muy altas ni que se le exija al Gobierno un ingreso mínimo garantizado con un peaje sombra por un determinado bien para garantizar esas altas tasas de rentabilidad”, enfatizó Freund al ser cuestionado al respecto.

“Lo que también (puede ocurrir) es que los niveles de rentabilidad sean tan bajos, que la eficiencia y la optimización del proyecto no se lleve de la manera como se previó en el contrato, ya que el agente privado no ve ningún tipo de interés en mantener el proyecto sostenible en el tiempo”, agregó.

Es el Estado, en última instancia, el que debe velar por que el modelo económico y financiero para la consecución de proyectos APP cuente con niveles de rentabilidad que no resulten pesados “ni para los bolsillos de los ciudadanos ni para los bolsillos del Estado”.

El proyecto turístico de Pedernales se desarrollará en las inmediaciones de Cabo Rojo. | Fuente externa

Un elemento esencial de la ejecución de proyectos APP recae en la distribución compartida de los riesgos entre el sector público y privado, un punto a favor en comparación con la ejecución de una obra pública tradicional. Al respecto, la normativa vigente establece que la carga financiera de los riesgos debe recaer sobre el ente que pueda manejarlos al menor costo posible.

Si bien los agentes privados pueden encontrarse en capacidad de asumir muchos de los riesgos de un proyecto, no cuentan con todas las competencias para llevar esta carga en su totalidad. “Hay riesgos que son inherentes al sector público como temas de licencias ambientales, autorizaciones, expropiaciones, exoneraciones e incentivos fiscales”, explicó Freund.

Iniciativas admitidas y de interés público

¿Cuáles proyectos se ejecutarán como alianzas público privadas? La DGAPP cuenta con proyectos formales presentados para los sectores eléctricos, agua y movilidad bajo fase de evaluación y discrecionalidad.

De estos proyectos, solo tres iniciativas han sido declaradas de interés público para iniciar el proceso de licitaciones: La construcción de la Autopista del Ámbar, el puerto de Arroyo Barril y un sistema electrónico de garantías mobiliarias.

El proyecto de desarrollo turístico de Pedernales, una de las primeras obras anunciadas por el presidente Luis Abinader tras su llegada al poder, es una iniciativa pública que también se desarrollará bajo esta modalidad. La obra aún no ha sido declarada de interés público porque se encuentra en la conclusión de estudios para la elaboración de un master plan, que dividirá la construcción de la zona de Cabo Rojo en tres etapas de desarrollo.

Autopista del Ámbar

Una infraestructura de doble carril para eficientizar la movilidad entre las provincias de Santiago y Puerto Plata, requerirá una inversión que oscila entre los US$350 y US$390 millones, financiamiento que se espera sea aportado, en gran medida, por los inversionistas privados.

La información fue confirmada por el director general de Alianzas Público Privadas, tras aclarar que este costo es estimado en base a los estudios preliminares que permitieron la declaratoria de esta iniciativa de interés público mediante la resolución 03-2021, publicada en abril del presente año.

La carretera contará, además, con derechos de vía a cada lado para la instalación de servicios comerciales, gaseoductos e infraestructuras eléctricas y de comunicaciones.

Sigmund Freund explicó que la DGAPP se encuentra en espera de que los agentes privados culminen los estudios de factibilidad que verifiquen que el proyecto puede ser ejecutado como se ha estimado de manera preliminar, para entonces convocar a licitación, un proceso que consideran iniciará a finales de noviembre “siempre y cuando se cumpla con los plazos previstos para la entrega de los estudios pendientes”.

Pedernales

Por su parte, la iniciativa pública de atraer inversión extranjera para el desarrollo de complejos hoteleros en Cabo Rojo, Pedernales, estará lista para ser declarada de interés público a finales de septiembre de este año, lo que permitiría que la licitación de obras inicie, de acuerdo a lo estimado, a partir del segundo semestre del 2022.

El proyecto constará de tres etapas de desarrollo. Para la primera etapa, se espera el desarrollo de 3,000 a 5,000 habitaciones hoteleras, para lo cual ya existen unas ocho firmas hoteleras que han depositado una carta de interés formal para el desarrollo de estos complejos, declaró Freund a elDinero.

En conjunto, el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales contará con 12,000 habitaciones hoteleras, un aeropuerto y la habilitación de espacios para los negocios y la recreación que estará diseñado bajo directrices de respeto al medio ambiente. La obra estará administrada bajo un fideicomiso con Fiduciaria Banreservas.

Consejo Nacional de Alianzas Público Privada

La Ley 47-20 establece la conformación de un Consejo Nacional de Alianzas Público Privada (CNAPP), que tiene la obligatoriedad de verificar los estudios realizados para la evaluación y declaratoria de interés público, revisar lo establecido en el pliego de condiciones para hacer licitaciones que garanticen la elaboración y suscripción de un contrato para APP.

De acuerdo con la normativa, el CNAPP estará conformado por los Ministerios de la Presidencia, Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo; así como el director general de Compras y Contrataciones y la Consultoría Jurídica. El director de la DGAPP dirigirá la secretaría de este organismo colegiado quien participará en las sesiones con voz, pero sin voto. https://eldinero.com.do/170521/las-alianzas-publico-privadas-a-quienes-benefician/

Irmgard De la Cruz

Irmgard De la Cruz

De nombre complicado, pero de vida sencilla. Amante de la literatura y los animales. Defensora de las causas justas. Estudiante de término de periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís.


@SigmundFreund El día de hoy el Presidente @luisabinader ha enviado al @SenadoRD la propuesta de modificación a la ley 47-20. Con esto aseguramos agilizar y eficientizar la estructuración de proyectos APP. Una muestra más del interés del Presidente de generar proyectos de impacto social en RD. https://twitter.com/SigmundFreund/status/1427709776411205634?s=20 ...
Alianzas Público-Privadas:
 
• Inicio del proyecto para la construcción de la autopista del Ámbar con una inversión estimada de US$400 millones.
 
• Desarrollo del proyecto de transformación del puerto de Arroyo Barril en Samaná.
 
• Iniciativa del sistema de la Ley de Garantías Mobiliaria.
 
• Inicio de las primeras obras del Desarrollo Turístico de Pedernales.
 
• Sometimiento al Congreso Nacional de la revisión de la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas.

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