Reforma fiscal, ¿va o no? Magín Díaz responde
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
La pregunta “¿va o no?” vuelve cada vez que el país exige más servicios públicos, pero el debate suele empezar por el impuesto y no por el pacto. En su entrevista con elCaribe y CDN, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, coloca el tema en el punto correcto: un diagnóstico persistente y un costo creciente por la postergación.
Díaz recuerda que la República Dominicana arrastra un déficit fiscal estructural cercano al 3% del PIB desde hace unos 20 años, independientemente de quién gobierne. Ese faltante se cubre con deuda, año tras año, y por eso —advierte— cada período sin reforma empuja la cuenta hacia adelante: la deuda pública crece en promedio unos US$5,000 millones anuales. No es una alarma apocalíptica; es la aritmética de un Estado que gasta más de lo que recauda.
El ministro también asume una verdad política: los intentos amplios de reforma de 2021 y 2024 fracasaron, y el “timing” de una nueva ofensiva lo decide el presidente, no el equipo técnico. Esa prudencia puede ser virtud si se usa para construir consenso; pero se vuelve riesgo si se convierte en excusa para la inacción.
Porque margen hay. Díaz sostiene que el país no enfrenta un riesgo de crisis fiscal inmediata en el corto plazo, lo cual abre una ventana para escoger el momento y el alcance de los cambios sin la presión de una emergencia. Justamente por eso, la pregunta responsable no es “¿cuánto duele?”, sino “¿qué ganamos y cómo lo garantizamos?”.
El trasfondo se entiende mejor con una cifra comparativa: en 2023, la presión tributaria dominicana fue 14.3% del PIB, frente a un promedio regional de 21.6%, según el compendio regional basado en Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2025. Recaudar menos no es, por sí mismo, virtud: depende de qué servicios se prometen, qué desigualdades se corrigen y qué inversiones se requieren.
Pero el obstáculo principal no está en Excel: está en la calle. Díaz señala que la clase media, hoy entre 60% y 70% de la población, es el terreno donde se gana o se pierde cualquier reforma. No alcanza con tocar solo al 1% más rico para recaudar lo necesario; y tocar a la mayoría sin un retorno visible genera resistencia. El propio ministro encuadra el fenómeno en un patrón regional de alta conflictividad: desde 2020, la mayoría de reformas tributarias intentadas en América Latina ha naufragado.
La lección es clara: sin confianza, no hay reforma posible. Díaz lo dice sin rodeos: la ciudadanía debe creer que un ajuste marginal se traducirá en mejores servicios —energía más estable, agua, infraestructura— o el rechazo se impone. Ese es el corazón del debate dominicano: no se trata solo de recaudar, sino de demostrar capacidad de ejecución y honestidad en el uso del dinero.
A la vez, conviene aprender del proyecto fallido del año anterior. Díaz coincide en que el objetivo de recaudar entre 1% y 1.5% del PIB era razonable, pero critica un diseño con puntos “agresivos” o difíciles de aplicar: generalizar el ITBIS al 18%, gravar intereses con 27% y subir selectivos a alcoholes y combustibles. Cuando una reforma parece una lista de castigos, pierde la batalla de la percepción antes de entrar al Congreso.
El ITBIS resume el dilema entre técnica y política. La DGII define el ITBIS como un impuesto tipo IVA, con tasa general de 18%, y documenta un amplio universo de bienes y servicios exentos, incluidos salud, educación y servicios públicos básicos. Díaz reconoce que ampliar la base en este momento “no es políticamente viable” y que asuntos como colegios o clínicas exigen gradualidad y sensibilidad.
Entonces, ¿va o no? Sí, pero solo si se presenta como pacto y no como sorpresa. Eso exige, mínimo, tres anclas: (1) un plan de gasto con metas e indicadores, coherente con la planificación fiscal de mediano plazo que el Estado recoge en su Marco Fiscal de Mediano Plazo; (2) revisar exenciones y gastos tributarios para repartir mejor la carga y mejorar eficiencia; y (3) una ruta gradual que proteja vulnerables y hable con franqueza a la clase media.
Además, la discusión debe incluir mecanismos de seguimiento: reportes de ejecución, evaluación de metas y reglas para que el endeudamiento financie inversión y no gasto corriente. Ese enfoque se alinea con la sostenibilidad y los riesgos fiscales que el Estado aborda en su Marco Fiscal de Mediano Plazo.
La reforma fiscal no debe venderse como un sacrificio moral, sino como una inversión verificable: más ingresos a cambio de resultados medibles. Magín Díaz aporta el diagnóstico y, sobre todo, la advertencia: el país puede elegir el momento, pero no puede evitar el costo de seguir esperando.
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Martín Polanco | 4 diciembre, 2025 6 minutos de lectura
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, -en respuesta a preguntas formuladas en la Entrevista Especial de elCaribe y CDN- abordó en detalle el tema de la reforma fiscal.
Aunque el país viene discutiendo el tema desde hace varios años, el funcionario dejó claro que el diagnóstico no ha cambiado y que las razones que motivaron los intentos anteriores siguen presentes.
Recordó que ya en 2021 y 2024 el Gobierno buscó introducir una reforma amplia, y ambos procesos fracasaron. Sin embargo, Díaz explicó que la necesidad técnica se mantiene intacta. “El Estado opera con un déficit fiscal estructural que ronda el tres por ciento del producto interno bruto (PIB), independientemente de quién gobierne”, ha dicho.
En la conversación, acompañado por los viceministros Martín Francos y Alexis Cruz, el funcionario explicó que el déficit ha sido el promedio de los últimos 20 años. Algunos períodos han mostrado ligeras mejoras, otros repuntes, pero el patrón se sostiene. Para este año, proyecta un resultado “un poquito más alto”, debido a la decisión de aumentar la inversión pública para impulsar la economía. Aun así, consideró que un déficit de 3% del PIB sigue siendo sostenible para una economía como la dominicana. Pero esa sostenibilidad tiene un costo: todos los años el Gobierno debe emitir deuda para financiar el faltante.
“Como sociedad, tenemos que ponernos de acuerdo”, expresó, tras señalar que la pandemia complicó el panorama y dejó un escenario regional marcado por fracasos: desde 2020, en América Latina se han intentado diez reformas tributarias y ocho han fallado, incluida la dominicana.
En ese contexto, recordó que cuando el presidente Luis Abinader lo llamó para asumir el cargo, ya él tenía una posición clara como economista: el país requiere mayores ingresos para aumentar la inversión pública y reducir gradualmente el déficit. Pero dejó claro que el momento político lo define el presidente, no el Ministerio de Hacienda y Economía. Explicó que el equipo técnico hace su trabajo permanente de análisis, pero que la decisión de cuándo avanzar le corresponde al mandatario.
Desde el punto de vista de Magín, el país tiene una ventaja importante: no enfrenta riesgo de una crisis fiscal en los próximos dos o tres años.
Recordó que en el pasado, tanto en 1992 como en 2003-2004, fue la crisis la que forzó reformas. Hoy, en cambio, el país puede decidir aumentar ingresos antes de que las tensiones se acumulen. Aun así, reconoció que no ha discutido con el presidente el timing —el momento oportuno— para tomar decisiones. El Gobierno ha concentrado los esfuerzos en otros temas: el aumento de la inversión pública al llegar al cargo, la elaboración del Presupuesto 2026 y las medidas para estimular la economía en un 2025 que ha sido complejo.
Aclaró que el diagnóstico sigue siendo el mismo que motivó los intentos de reforma de 2021 y 2024, con una diferencia importante: cada año que pasa sin aprobarla, la deuda pública crece en promedio 5,000 millones de dólares.
A partir de ahí, reconoció que el diseño de una reforma enfrenta un reto mayor que el de otras décadas. Antes, la principal preocupación eran los hogares pobres, pero hoy existen mecanismos de compensación focalizados que funcionan con eficiencia. El desafío actual está en la clase media, que se ha expandido significativamente en las últimas dos décadas y representa entre 60% y 70% de la población. Explicó que los países de la región han enfrentado grandes dificultades porque las reformas suelen generar resistencia en ese segmento, que es amplio y diverso, con niveles distintos de vulnerabilidad.
Según el ministro, resulta prácticamente imposible diseñar una reforma que no toque de alguna manera a esa mayoría social. Las medidas dirigidas únicamente al 1% más rico no generan los ingresos necesarios. Por eso, el desafío es convencer a la clase media de que un ajuste marginal podría traducirse en beneficios a cambio, entre ellos mejores servicios públicos, más energía, mayor estabilidad del sistema eléctrico, mejor acceso al agua y posibilidad de financiar proyectos como hidroeléctricas y acueductos. Pero insistió en que la población debe creer en esos beneficios, porque de lo contrario el rechazo se impone. Recordó que Chile no ha podido concretar una reforma desde la explosión social de hace seis o siete años y que otros países han optado por incrementos más limitados, como mayores tasas al impuesto sobre la renta corporativa o cargos adicionales a sectores específicos.
Una revisión del año pasado
Consultado sobre el fallido proyecto de reforma del año pasado, el economista y ministro de Hacienda Magín Díaz afirmó haberlo analizado profundamente cuando estaba fuera del Gobierno. Reiteró que coincidía en la necesidad de la reforma y que el monto buscado —equivalente a entre 1% y 1.5% del PIB— le parecía razonable. Reconoció que la propuesta contenía conceptos correctos, como la ampliación de la base del ITBIS, pero consideró que varios aspectos eran muy complejos.
El ministro de Hacienda mencionó que generalizar el ITBIS al 18% resultaba agresivo, así como aplicar un impuesto de 27% a los intereses. También observó que se planteaba un aumento en los impuestos selectivos a alcoholes y combustibles, que ya son altos en el país. A su juicio, el proyecto tenía elementos que dificultaban su implementación y, en algunos casos, estaban mal diseñados.
El IVA a los colegios y a las clínicas, el abordaje
Sobre el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), indicó que la ampliación de la base ya no es políticamente viable en este momento. Explicó que el ITBIS, desde el punto de vista técnico, es el mejor impuesto y que generalizarlo simplificaría el sistema tributario. Sin embargo, detalló que entre los bienes y servicios actualmente exentos figuran los alimentos, los medicamentos y servicios básicos como la electricidad.
Añadió que en la mayoría de países con IVA (Impuesto al Valor Agregado, equivalente al ITBIS dominicano), los colegios privados, las clínicas y las consultas médicas pagan el impuesto, pero en República Dominicana no. Sin embargo, tiene claro que se trata de temas de extrema sensibilidad en la población. Aunque considera que en algún momento el país tendrá que abordar esa discusión, sostiene que no debe hacerse ahora. Sugirió que cuando ocurra, podría hacerse con tasas más bajas para los bienes exentos. https://www.elcaribe.com.do/panorama/dinero/la-reforma-fiscal-va-o-no-el-ministro-de-hacienda-responde/
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