Abinader y la unidad nacional que conviene
GUILLERMO CARAM
En su alocución del pasado 24/03 el candidato puntero exigió un Gobierno de Unidad Nacional argumentando que “…necesitamos…que el país se una para enfrentar con responsabilidad los desafíos…”.
No habiendo tenido eco su reclamo y siendo inminente las elecciones que están llamadas a ungirlo con la responsabilidad de encarar los desafíos presentes, resulta imperativo ir conformando esa Unidad Nacional que conviene a todos los dominicanos al garantizar una gestión gubernamental eficaz, pacífica y armoniosa.
No habiendo tenido eco su reclamo y siendo inminente las elecciones que están llamadas a ungirlo con la responsabilidad de encarar los desafíos presentes, resulta imperativo ir conformando esa Unidad Nacional que conviene a todos los dominicanos al garantizar una gestión gubernamental eficaz, pacífica y armoniosa.
Si se concertara un pacto para este fin antes de las elecciones debería contener el respeto a resultados electorales, el compromiso de apoyar al candidato resultante y la posibilidad de participar en la administración pública durante los dos primeros años del período constitucional de gobierno; tiempo prudente para “enfrentar los desafíos” coyunturales y estructurales que nos abaten.
Si no, Abinader estaría compelido, luego de confirmarse su elección, a honrar su palabra convocando a los demás candidatos presidenciales que terciaron en el proceso a conformar la Unidad Nacional que propuso.
Haría más expedita esa conformación estructurando una agenda elaborada en base a los posicionamientos consensuables de candidatos, instancias y reclamos nacionales, expresados en los diferentes debates y planteamientos durante la campaña, resumibles en compromisos sobre:
- Sometimiento riguroso al imperio de la Constitución y las leyes especialmente para combatir corrupción, proporcionar seguridad ciudadana, reducir déficits y eficientar el Estado: Ley 48-01 de Función Pública, 311-14 sobre patrimonio de funcionarios, 257-12 de reorganización de la administración pública, 340-06 sobre adquisiciones de bienes y servicios, 422-06 orgánica de presupuesto
- Adoptar la Concertación con fuerzas sociales, agentes activos y productivos, como norma ordinaria para gobernar a fin de canalizar y maximizar nuestro potencial de cooperación; identificando obstáculos cuya superación es imprescindible para normalizar producción y generar empleos: Reformando fiscalidad, mejorando calidad del gasto y aplicando mecanismos instituidos para alianzas públicos privados. La concertación sería aplicable, además, para rediseñar los servicios de seguridad social, salud y educación a través de Consejos Nacionales vigentes; instituyéndose mecanismos similares en transporte, energía, etc.
- Propiciar reordenamiento demoterritorial y ambiental más justo, sano y armonioso -menos propicio a propagar enfermedades- dotando a campos y pueblos de mejores servicios para retener población y mejorándolos en ciudades y barrios dentro de las previsiones contenidas en la ley 64-00
- Descentralización controlada de atribuciones en mecanismos instituidos de participación social: Ley 122-05 sobre ISFL; Consejos regionales, provinciales, municipales, vecinales y comunitarios como vías de canalización presupuestaria, etc. La representación privada en organismos gubernamentales sería designada en base a propuestas de organizaciones sociales correspondientes
- Distribuir la designación de funcionarios en organismos públicos en función de votos alcanzados
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