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miércoles, 20 de marzo de 2019

Michelle Bachelet denuncia torturas y ejecuciones en Venezuela | #Venezuela #DDHH @mbachelet @ONU_derechos @ONU_es


A ver si Miguel Bosé la deja tranquila

martes, 27 de noviembre de 2018

Crimen silenciado: Cómo opera la tortura sexual contra las mujeres en México

Crimen silenciado: Cómo opera la tortura sexual contra las mujeres en México

Publicado: 27 nov 2018 00:49 GMT
Agentes de seguridad del Estado son señalados como los principales victimarios.
Crimen silenciado: Cómo opera la tortura sexual contra las mujeres en México
Una mujer enfrenta a la Policía Federal durante una protesta en el estado de Puebla, al este de México, el 11 de mayo de 2006.
Daniel Aguilar / AFP
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"Tomaban turnos e invitaban a otros para subir al autobús donde abusaban de mí", recuerda Norma Jiménez cuando habla de la tortura y el abuso sexual del que fue víctima en un operativo policial que reprimió duramente a manifestantes en San Salvador Atenco, en el Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, al protestar contra la construcción del aeropuerto internacional en esa población y en Texcoco, en la misma entidad. 
Ahí se enfrentaron la Policía Federal, la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, la Policía municipal y habitantes del pueblo. El saldo oficial fue de dos personas muertas y 207 detenidas, sin embargo, hubo más de 140 detenciones arbitrarias, así como vejaciones y violaciones sexuales contra unas 26 mujeres.
Enfrentamientos con la policía en el pueblo de San Salvador Atenco. 3 de mayo de 2006. / Daniel Aguilar / Reuters
Norma e Italia Méndez son parte de esas mujeres, quienes junto a María del Sol Vázquez Reyes, sobreviviente de tortura sexual a manos de la extinta Agencia Veracruzana de Investigación, hoy pueden contar su historia fuera de prisión. Sus casos forman parte de una lista de 29 que fueron documentados en el informe 'Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado', presentado por el Centro Prodh, un destacada organización de defensa de derechos humanos.
El principal hallazgo es demoledor: La tortura sexual en contra de las mujeres en México es perpetrada con excesiva frecuencia a manos de fuerzas de seguridad, tanto castrenses como civiles de los tres niveles (federal, estatal y municipal), especialmente la violación sexual.
"En 27 de los 29 casos que documentamos se utilizó la violación como herramienta fundamental para intimidar, someter y castigar a las mujeres. Todas sufrieron alguna forma de tortura sexual, hay un caso de mutilación genital, en dos casos se realizó la violación frente a familiares, se violó de manera tumultuaria", cuenta Araceli Olivos, coordinadora del informe.
Araceli Olivos.
"El Poder Judicial es un gran cómplice de la tortura sexual".Araceli Olivos.
El informe, además, destaca que en todos los casos hubo una detención arbitraria en supuesta flagrancia, sin que se les informara de los motivos; retención prolongada de las mujeres en instalaciones militares, policiales o no oficiales por más de 12 y hasta 72 horas; los ministerios públicos y jueces no cumplieron con sus obligaciones de  verificar las alegaciones de tortura sexual; no se les brindó atención médica diferenciada o especializada; y el Poder Judicial Federal dictó sentencias a partir de pruebas ilícitas.
"El Poder Judicial es un gran cómplice de la tortura sexual, conforme lo que pudimos documentar, los jueces son absolutamente omisos y aceptan procesar judicialmente a las mujeres e incluso sentenciarlas a partir de las pruebas ilícitas que se generan después de la tortura sexual, sobre todo a partir del dicho de los perpetradores", explica Olivos a RT.

Tortura sexual con excesiva frecuencia

Los casos documentados tuvieron lugar en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, y las autoridades responsables fueron tanto las castrenses como civiles de los tres órdenes de Gobierno (federales, estatales y municipales).
Araceli Olivos.
"Los casos demuestran que en la política del combate contra el crimen organizado, la tortura es generalizada y la tortura sexual contra mujeres se comete con excesiva frecuencia".Araceli Olivos.
Los casos que contempla el estudio se dan dentro de la implementación de una política de seguridad del combate contra el crimen organizado en México, por lo que abarca detenciones de entre 2006 y 2015.
"Los casos demuestran que en la política del combate contra el crimen organizado, la tortura es generalizada y la tortura sexual contra mujeres se comete con excesiva frecuencia", dice Olivos con contundencia.
De entre 112 casos de mujeres torturadas de los que en el Centro Prodh ha tenido conocimiento, los recogidos en el estudio se eligieron dadas las condiciones para documentar expedientes penales y corroborar las alegaciones de tortura y tortura sexual.
Araceli Olivos.
"La tortura sexual es una práctica que se comete por agentes del Estado en contra de las mujeres y en esta guerra contra el crimen organizado, no se habla nada del impacto que ha tenido en las mujeres".Araceli Olivos.
"Lo empezamos a principios de 2017 y concluimos con la presentación del informe, fue un trabajo que sostuvimos durante dos años en los que trabajamos constantemente con las mujeres que están en el Cefereso 16, en el penal de La Toma, en Barrientos y en Almoloya (todos centros de reclusión por delitos federales). Surgió a partir de una ola masiva de solicitudes de asesoría que recibimos en el Centro Prodh y nos decidimos a documentar estos 29 casos para hacer visible que la tortura sexual es una práctica que se comete por agentes del Estado en contra de las mujeres y, particularmente en esta etapa en México de la guerra contra el crimen organizado, no se habla nada del impacto que ha tenido en las mujeres", refiere la defensora de derechos humanos.
En 28 casos, las mujeres sufrieron abuso sexual, la mayoría mediante tocamientos o actos similares, o bien por haber sido obligadas a desnudarse parcial o totalmente frente a sus agresores; algunas fueron fotografiadas o grabadas. El único caso en el que no hubo tocamientos fue el de una mujer de entonces 52 años de edad, quien, no obstante, fue golpeada brutalmente en los pechos, recoge el documento.
México es un país donde mueren nueve mujeres al día y aproximadamente cada hora se denuncia una violación sexual. "Las mujeres tampoco estamos seguras a manos de agentes el Estado, todo lo contrario. Estos 29 casos demuestran que su vida y su integridad están en riesgo cuando están a manos de militares y policías", abunda Olivos.
En 28 de los casos hubo dos o más formas de tortura sexual. Respecto de los actos de violencia dirigidos a zonas sexualizadas, ocurrió en 10 casos, entre los cuales hay un caso de mutilación genital; el resto de las víctimas son mujeres a quienes, en más de una ocasión, se les aplicaron descargas eléctricas en la vulva, la vagina y/o los pechos.

Cómplices de la tortura

Para el centro de derechos humanos, el Poder Judicial mexicano ha dado una respuesta contundente al mantener presas a las mujeres. "Manda un mensaje de que la tortura funciona, pero la tortura es un crimen que incluso puede considerarse de lesa humanidad y está prohibida incluso en las guerras", dice la coordinadora de la investigación.
Este informe busca incidir judicialmente en los casos que aún están pendientes de sentencia y aquellos que están en apelación. A las mujeres se les acusa de distintas modalidades de delincuencia organizada; posesión, portación o acopio de armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; delitos contra la salud; secuestro: homicidio; robo y extorsión.
Araceli Olivos.
"Su silencio [del Poder Judicial] es cómplice de la tortura sexual".Araceli Olivos.
"Buscamos que públicamente se envíe un mensaje al Poder Judicial Federal, porque todas ellas están sujetas a procesos penales federales, para que dejen de omitir sus obligaciones y que su silencio deje de ser cómplice de la tortura sexual", concluye la también abogada del centro.
De las 29 mujeres, tres han sido excarceladas. La esperanza es que las restantes, al igual que Norma, Italia y María del Sol, den la batalla en libertad.
Paola Morales

miércoles, 21 de noviembre de 2018

Enfermera de Hugo Chávez: “Me torturarán para confesar delitos que no he cometido”

Enfermera de Hugo Chávez: “Me torturarán para confesar delitos que no he cometido”
MIÉRCOLES 21 NOVIEMBRE , 2018 Creado por: Agencia EFE Claudia Patricia Díaz Guillén, | Foto: EFE/Javier Lizon Por María Traspaderne | Jesús Lozano
Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue enfermera del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y tesorera de la República, asegura que su país “no es un Estado de derecho” y denuncia que será “torturada” allí si finalmente España la extradita por delitos que, enfatiza, “nunca” cometió.
Entrevistada por Efe en Madrid, se defiende de las acusaciones de blanqueo y enriquecimiento injusto contra ella y su marido, Adrián Velásquez, jefe de seguridad de Chávez, pues se basan en pruebas “fabricadas”.
Pocas semanas después de que la justicia española accediera a entregarla a Venezuela, anuncia que ambos pedirán asilo en España, a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva su recurso contra su extradición y se pronuncie sobre la de su marido.
Como miembro de la Guardia de Honor (Díaz era militar), formó parte desde 2003 del equipo médico de Chávez. Ocho años después, fue nombrada subtesorera y, luego, tesorera de la República, cuando dejó de atenderlo.
Pregunta: ¿Qué le pasará si la extraditan?
Respuesta: Mi vida correría más peligro, me van a torturar para que confiese delitos que no he hecho.
Es democráticamente aberrante. Nos han querido acusar de unos supuestos delitos que no cometí. No extraje dinero de las arcas del Tesoro y mi gestión fue limpia, intachable. Me siento orgullosa de haber ejercido estos cargos por mis méritos propios.
P: La Fiscalía española fue favorable a extraditarla ¿Ve motivación política?
R: Confiamos en la justicia española. No tenemos nada que esconder, pero nos negamos rotundamente a ser unos rehenes políticos. No estoy satisfecha con la decisión, pero existen los recursos. Vamos a recurrir a todas las instancias, ante el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos.
P: ¿Cómo llegó a ser persona de confianza de Chávez?
R: Se me ha querido presentar como una mera enfermera sin ningún tipo de cualificación, es totalmente falso. Llego a estos cargos por mis méritos propios, por mi capacidad y la experiencia que tenía. El ministro de Finanzas (Jorge Giordani) me llama y me dice: “Ha sido nombrada subtesorera”. Y luego tesorera y secretaria ejecutiva del Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonden).
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P: ¿Por qué abandonan Venezuela?
R: Me cesaron en 2013, pero decido salir de Venezuela casi dos años después. Toda mi gestión fue auditada por firmas internacionales, como Deloitte, y no se observó ningún daño al patrimonio. Yo dependía directamente del ministro de Finanzas, de quien recibía instrucciones siempre apegadas a la ley. Fue una persona honesta.
Cuando me cesan, inmediatamente lo cesan a él. Las mismas cuentas que se presentaron en mi acta, son la mismas que se presentan en el acta de él. ¿Cómo es posible que yo esté perseguida y él no?
P: ¿Y su esposo?
R: A los pocos días de morir Chávez, lo amenazan de muerte. Y sale de Venezuela, pero yo continúo, no salí huyendo.
P: ¿Quién lo amenazó?
R: Ahorita estoy en un proceso de una posible extradición y no puedo decir esos nombres por salvaguardar mi vida, obviamente.
P: ¿Por qué fueron a España?
R: Tenemos raíces familiares, mis bisabuelos eran canarios. Es un país de libertad.
P: ¿Pedirán asilo?
R: Somos residentes legales. Y sí, vamos a pedir asilo porque este caso tiene un contexto político, es una persecución política.
P: Pero usted no pertenece a la oposición…
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R: Primero y principal: yo no soy política. Fui una funcionaria pública, pero esto es una persecución política porque nos atribuyen un delito común, del cual no han presentado pruebas. Nos encontramos frente a un país que no está respetando los derechos humanos, no se respetan las garantías constitucionales.
P: Usted alega que se negó a firmar unos documentos cuando Chávez estaba muy enfermo.
R: Puedo hablar de un caso específico. Llegó una instrucción al ministro escrita de que había que retornar a una empresa los impuestos que había pagado al Tesoro. Obviamente nos negamos, respondimos que era imposible hacer eso. Era una instrucción fuera de ley.
P: ¿Hubo más documentos?
R: Más o menos, sí, fuera de ley totalmente.
P: ¿Por eso la persecución?
R: Obviamente. Me cesan (a las pocas semanas de que Chávez falleciera) porque me dieron instrucciones fuera de ley, esa es la razón, y no las cumplimos.
P: La justicia venezolana pidió el arresto de ustedes en 2016, cuando su marido aparece en los papeles de Panamá con varias sociedades. ¿Por qué las creó allí?
R: No es un delito. Mi esposo crea cuentas en Panamá para preservar el patrimonio familiar por las inseguridades jurídicas, las fluctuaciones cambiarias, el acoso y las olas de secuestros. Pero solo dos. Las otras fueron creadas por una persona sin más, que usó sin autorización de él su pasaporte.
También han dicho que yo tenía empresas en Panamá, y es totalmente falso, ni en Panamá ni en ninguna otra jurisdicción. http://z101digital.com/enfermera-de-hugo-chavez-me-torturaran-para-confesar-delitos-que-no-he-cometido/

lunes, 13 de agosto de 2018

Diputado habla con familia tras 100 horas de detención por atentado a Maduro

Diputado habla con familia tras 100 horas de detención por atentado a Maduro


Imagen de un vídeo que circuló en las redes sociales y que muestra al diputado Juan Requesens con ropa interior aparentemente manchada de excremento sin pronunciar una palabra. (Fuente externa)


CARACAS. El diputado venezolano Juan Requesens, que fue detenido el martes y acusado luego desde el Gobierno como supuesto responsable del atentado que sufrió el presidente Nicolás Maduro, habló hoy por teléfono con su familia que lo reclama como “desaparecido” desde hace más de 100 horas.
“El día de hoy 12 de agosto en horas de la mañana fuimos contactados telefónicamente (...) por Juan Requesens”, dice un comunicado de la familia del legislador, que fue difundido por su partido Primero Justicia (PJ).
“En esta llamada Juan nos comentó sobre su estado y realizó algunas solicitudes de implementos para el aseo personal”, agrega sin más detalles la nota, en la que los familiares insisten en que no conocen las condiciones físicas “de salud y psicológicas” del legislador.
A los firmantes del comunicado les parece extraño “que aún a más de 120 horas de su secuestro por parte del (Servicio Bolivariano de Inteligencia) SEBIN se nos haya negado cualquier posibilidad de verlo, de constatar su estado físico, de que sus abogados puedan conversar con él”.
El diputado “es un rehén del régimen de Nicolás Maduro” y “se le utiliza y manipula violando su voluntad para intentar crear matrices de opinión de que se encuentra en perfecto estado y que sus derechos han sido garantizados”, concluye la nota en alusión a los videos que ha presentado el Gobierno.
Hasta ahora el chavismo ha mostrado dos videos de Requesens declarando, donde acusa al expresidente del Parlamento Julio Borges por el atentado del sábado, cuando dos drones explotaron cerca de la tarima presidencial en un acto que encabezaba Maduro y del que salió ileso.
Un tercer video circuló en las redes sociales y muestra al diputado de 29 años con ropa interior aparentemente manchada de excremento sin pronunciar una palabra.
La familia Requesens cree que con estas imágenes el Gobierno busca humillar al legislador mientras que Maduro pidió ayer una investigación por la filtración de este video que muestra, según dijo, una evaluación médica que le hicieron luego de aprehenderlo.

https://m.diariolibre.com/mundo/latinoamerica/diputado-habla-con-familia-tras-100-horas-de-detencion-por-atentado-a-maduro-HA10546504

jueves, 31 de mayo de 2018

Maduro y el descontento verde oliva

AMÉRICA LATINA

Maduro y el descontento verde oliva

Algo se cocina en los cuarteles venezolanos. Cada vez más oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están siendo arrestados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, leal al régimen de Maduro.
Venezuela Nicolas Maduro wird im Amt vereidigt (picture-alliance/AP/A. Cubillos)
Este martes (29.5.2018), la abogada venezolana Tamara Sujú advirtió que la represión política sistemática se había intensificado en su país, enfatizando que cada vez más oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) estaban siendo arrestados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). “El régimen de Nicolás Maduro ha iniciado una férrea persecución contra miembros activos de las Fuerzas Armadas y de su entorno familiar y de amistad, que suman hoy más de cuarenta personas detenidas y por lo menos cuatro civiles desaparecidos”, señaló Sujú desde la República Checa, donde recibió asilo político en 2014.
Entre los uniformados detenidos se encuentran los generales Pedro Naranjo Suárez y Nelson Morales Guitian; tres de los civiles encarcelados son Jorman Ortiz, Hebert Ramírez y José Marulanda. El caso de Marulanda ha causado particular indignación en Venezuela debido a las torturas que ha recibido en el Centro para Procesados Militares de Ramo Verde, estado Miranda, según el Foro Penal Venezolano, una red de juristas que defiende gratuitamente a quienes han sido detenidos arbitrariamente por razones políticas desde el 4 de febrero de 2014, cuando comenzaron las primeras protestas multitudinarias contra la gestión de Maduro.
Marulanda fue arrestado el 20 de mayo –mientras se celebraban elecciones presidenciales en Venezuela– e imputado ante una corte militar por traición a la patria e instigación a la rebelión cuatro días más tarde: se le acusa de haber asistido a reuniones donde integrantes de la FANB conspiraban contra el Gobierno. Su abogada destacó que el único nexo de Marulanda con esos militares era su “relación sentimental con una oficial de la Armada”. Foro Penal Venezolano anunció que Marulanda, médico cirujano del Hospital Clínico Universitario de Caracas, había perdido la audición en un oído y la sensibilidad en ambas manos debido a las golpizas recibidas.
 
Ver el video01:36

Maduro denuncia complot militar

En busca de los sublevados
Sujú citó a otros detenidos que, tras ser liberados, también aseguran haber sido sometidos a tratos crueles e inhumanos. A sus ojos, las detenciones arbitrarias, las torturas y las desapariciones forzadas denunciadas en los últimos días corren por cuenta de la Dirección General de Contra inteligencia Militar (DGCIM), del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), de la Brigada de Asuntos Especiales (BAE) y hasta del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS); la abogada da por sentado que están buscando delaciones para dar con los militares sublevados.
La primera alusión oficial a la reciente ola de arrestos y a conatos de sedición en la institución castrense la hizo el propio Maduro el pasado 24 de mayo, en el marco de su discurso de juramentación como presidente reelecto de Venezuela. Pero, desde entonces, el Ejecutivo ha relegado el asunto a un segundo plano. “Nada sugiere que Maduro esté intranquilo; él parece creer que puede controlar la situación y evitar que la rebeldía se torne contagiosa”, comenta el politólogo Ricardo Sucre, profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. A su juicio, el hombre fuerte de Caracas no le teme a un golpe inminente.
“Maduro lleva un lustro en el poder y no ha pasado un año sin que alerte que hay componendas en su contra; las más recientes –de 2015 hasta hoy– parecen tener mayor calado, pero no han derivado en acciones bien estructuradas”, explica Sucre, uno de los especialistas incluidos en el libro Desarmando el sistema, un análisis multidisciplinario del sistema político chavista publicado en 2017 bajo el patrocinio de la Universidad Católica Andrés Bello, el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y la Fundación Konrad Adenauer, cercana al partido alemán Unión Demócrata Cristiana (CDU). Sucre es autor del capítulo dedicado a los militares.
 
Ver el video04:13

Persecución a la prensa independiente en Venezuela

Conspicuos conspiradores
Sebastiana Barráez, quien cubre la fuente militar para varios medios locales, deja en el aire la noción de que Maduro tiene motivos de sobra para inquietarse, por mucho que disimule su preocupación. En las últimas tres semanas “les echaron el guante” a varios oficiales activos de alto rango y a agentes de la Aviación y de la Armada, arguye la comunicadora. “Ese es un detalle sobresaliente porque casi ningún representante de esos componentes ha participado en conspiraciones previas. También me llama la atención la poca información disponible sobre el número de detenidos; eso me lleva a intuir que son muchos y que el caso en cuestión es serio”, esgrime.
“Foro Penal Venezolano insiste en que son once los uniformados presos, pero solo hace referencia a los que han sido presentados ante tribunales militares e imputados”, añade Barráez antes de citar a oficiales retirados en el exilio, según los cuales la cifra está entre cuarenta y setecientos. “Otro indicio de que el descontento en la FANB ha alcanzado niveles alarmantes para Maduro es la repentina salida del país de un montón de oficiales activos, presuntamente hacia Estados Unidos, Colombia y Perú. Debo subrayar, por cierto, que el Ejecutivo de Maduro no hace imputaciones falsas cuando dice oír ruido de sables”, sostiene la periodista.
“No le creo al Gobierno cuando acusa a un preso político de haber orquestado un ataque terrorista; pero sus servicios secretos han incrementado su capacidad para monitorizar las telecomunicaciones y establecer patrones de contacto entre militares. Aún si se constatara que algunos miembros de la FANB han sido detenidos siendo inocentes, yo pienso que los servicios de inteligencia venezolanos tienen un alto grado de precisión; quizás gracias al apoyo de los servicios secretos cubanos”, agrega Barráez, columnista del diario TalCual, del semanario Quinto Día y de la revista web Punto de Corte, fundada por el chavista disidente Nicmer Evans.
Cohesión en la élite militar
Aunque a las salas de interrogatorio y a las prisiones de Maduro han ido a parar capitanes, coroneles, contralmirantes y hasta generales sospechosos de preparar alzamientos, Sucre desestima que las conjuras de los últimos tres años y medio hayan tenido perspectivas de éxito. “Al Gobierno de Maduro sí le importa lo que haga el contingente de los ‘comacate’ (comandantes, mayores, capitanes y tenientes); de hecho, a partir de 2017, el Ejecutivo se ha esmerado en tomarle el pulso. Pero Maduro está consciente de que, para alcanzar sus metas, los levantamientos deben tener una estructura que de momento no tienen”, observa el politólgo.
“En este instante, la cúpula de las Fuerzas Armadas está muy cerca de Maduro y le es muy leal. Yo creo que el alto mando militar venezolano prefiere conservar el status quo en lugar de aventurarse y darle pie a nuevos escenarios. Hay cohesión en la élite militar y eso impide que el descontento de la base y los mandos medios se traduzca en un alzamiento exitoso”, acota Sucre. Mientras tanto, su compatriota Sujú, ex colaboradora de Foro Penal Venezolano, procura que varios funcionarios chavistas de alto rango sean investigados por presuntos crímenes de lesa humanidad; ella es directora ejecutiva del Instituto CASLA, una organización no gubernamental con sede en Praga que desde mayo de 2016 ha presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya cuatro expedientes sobre torturas ordenadas por el Gobierno de Maduro contra más de seiscientas personas.
Evan Romero-Castillo

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