Por: Massiel de Jesús
Santo Domingo | 26 de junio, 2020
“Sin electricidad no hay desarrollo, es así de sencillo”. Con esta frase sobre el tema eléctrico se inauguró Danilo Medina como presidente de la República, en agosto de 2012, en un discurso en el que declaró al sector eléctrico de “alta y estratégica prioridad para el desarrollo económico nacional”.
Prometía enfocar su ruta de trabajo en tres ejes: reducir las altas pérdidas en las distribuidoras, generar a más bajo costo y la regulación e institucionalidad del sector.
Se comprometió, además, a concertar un “gran pacto social”, que incluía, entre otros, el pacto eléctrico, el cual buscaba “poner fin” a este eterno problema de los apagones que afectan la economía y la calidad de vida de la población.
Sin embargo, a ocho años de esas promesas, la reforma integral del sector y la superación de las “trágicas deficiencias” será uno de los grandes retos de quien asuma la Presidencia a partir del próximo 16 de agosto.
Desde 2012, incluso desde antes, el Estado apoya proyectos de energías renovables para reducir la dependencia de los combustibles contaminantes.
Durante sus dos gestiones, Medina impulsó la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, en Peravia, un proyecto cuestionado por la supuesta sobrevaluación en el proceso de licitación del proyecto ejecutado por la compañía brasileña Odebrecht.
Balance al sector en los últimos ocho años
Al pasar balance a su gestión de Gobierno, durante su última rendición de cuentas en febrero de 2020, Medina destacó que antes de 2012, la capacidad de energía instalada en el país era de 2,998 megavatios y para enero de 2020 alcanzaba los 4,850.
“Producir casi 2,000 megavatios más, significa que ahora hay 1,875,000 familias que reciben energía eléctrica las 24 horas, o sea, un 130% más de hogares con electricidad 24/7 que en 2012”, dijo.
Ponderó que Punta Catalina aporta 756 megavatios, “con la tecnología fósil más limpia y eficiente del país”. “Por eso, no exagero cuando digo que Punta Catalina marca un antes y un después en el país”, manifestó Medina.
De acuerdo al Gobierno, Punta Catalina costó US$2,350 millones, aunque la oposición política insiste en que su costo supera los US$3,000 millones.
Medina resaltó, en su discurso del 27 de febrero, que antes de 2012 en República Dominicana se generaban 33 megavatios con fuentes limpias y prometió llegar a un 25% de la matriz de generación de renovables. A la fecha se produce, dijo, 18 veces más energía limpia que cuando llegó al Gobierno.
“¡Al día de hoy podemos estar orgullosos de decir que generamos 604 megavatios de energía verde! Si a eso añadimos los 626.5 megavatios que aportan las hidroeléctricas, esto suma en total 1,230.5 megavatios de capacidad instalada, que equivale a más del 25% de generación de energía renovable”, agregó.
Esta transformación representa un ahorro anual de hasta US$1,000 millones, debido a que el país ya no depende tanto del petróleo como antes.
Luces y sombras
Para Bernardo Castellanos, experto en energía eléctrica, los ocho años (2012-2020) de gobierno de Medina tuvieron más “sombras” que “luces”, en el sector eléctrico, siendo a su juicio la única parte positiva la agilización de los permisos y aprobaciones de proyectos de generación de energía renovable.
Esto, dice Castellanos, ha permitido la instalación de más de 600 Mw de energía limpia, “todo realizado por el sector privado”.
Entre los desaciertos, Castellanos señala la falta de transparencia en la construcción de Punta Catalina, incremento “exorbitante” de los gastos corrientes y empleomanía de las distribuidoras.
“Pasando de la empleomanía de las tres distribuidoras de 6,446 empleos fijos en agosto del 2012 a 8,763… esto cuando al mismo tiempo la mayoría de los servicios que ofrecen estas distribuidoras a los clientes, están subcontratados con empresas externas”.
Agrega que, según un estudio de Inecon, de julio de 2016, las tres empresas podrían administrarse de manera eficiente y racional con 1,834 empleos fijos.
Sin embargo, dice, a febrero de 2020 contaban con 6,929 empleos fijos. Es decir, más de tres veces la cantidad que requieren. En lo relativo al gasto corriente de las distribuidoras, Castellanos dijo que aumentó de US$627 millones en 2012 a US$783 millones en 2019, mientras que el estudio recomienda US$102 millones para su operación eficiente.
En tanto, para Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), uno de los grandes logros de la industria es la incorporación de nuevos parques de energía renovable que, además de contribuir a la ya mencionada diversificación de la matriz, contribuyen con la protección del medio ambiente.
“Gracias a los esfuerzos del sector privado, con apoyo del Gobierno, en 2019 el país aumentó la participación de energías renovables no convencionales dentro del pastel de generación, alcanzando un valor de un 7% de toda la producción eléctrica, que hasta hace unos años era prácticamente inexistente”, expresa.
Indicó que el país cuenta con unos 557 megavatios de producción de energías renovables no convencionales a gran escala y en los próximos meses ingresarán al sistema eléctrico dominicano otros 170 megavatios de energía con los nuevos proyectos Bayasol y Girasol. Toda esta labor, asegura Cabral, ha reducido los precios de venta de energía de las empresas generadoras a las distribuidoras.
Retos para el próximo Gobierno
Respecto a los retos pendientes, Cabral indicó que el sector generador de electricidad ha trabajado durante los últimos años en la modernización de esta área con lo cual puede exhibir grandes logros, pero entiende que aún hace falta mejorar en el área de distribución.
“La ADIE siempre ha mencionado la reducción de las pérdidas de energía como una necesidad para una gestión eficiente, estas pérdidas se sitúan en valores cercanos al 30% a pesar del nivel de inversión que mantienen las empresas públicas de distribución”, recordó Cabral.
Entre los retos, de acuerdo al ejecutivo de la ADIE, figuran mejorar la gestión de las distribuidoras para que sean financieramente sostenibles, planificación a largo, medio y corto plazos para evitar que situaciones predecibles afecten el servicio que la población recibe y buscar mecanismos para que los avances alcanzados en los niveles de producción de energía, como la reducción de los precios de generación, puedan trasladarse a los usuarios en el punto de comercialización.
“Otro reto que, a nuestro juicio, está pendiente de abordar desde hace mucho tiempo, es el fortalecimiento institucional con cada ente del sector eléctrico, especialmente en la esfera pública, jugando el rol que le asigna la ley”, señaló Cabral.
Mientras, para Castellanos los desafíos son amplios. Considera que el próximo presidente de la República deberá aunar esfuerzos para que la propiedad de la Termoeléctrica sea 100% estatal y que su administración y operación “bajo contrato” sea por una empresa privada especializada.
Asimismo, eliminar el rol intermediario de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) entre los generadores y las distribuidoras, debido a que la misma, asegura Castellanos, “es una franca violación a la Ley General de Electricidad”.
Cita la importancia de eliminar la exoneración de impuestos a los derivados de petróleo para fines de generación eléctrica (fueloil 6 y fueloil 2 o diesel), tanto para los generadores que venden su energía al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), como para las organizaciones y instituciones que han sido favorecidas con exoneraciones.
Pese a los avances que pudiera ostentar la gestión de Medina en el área eléctrica, tanto Castellanos como Cabral entienden que falta mucho por trabajar si se quiere seguir eficientizando el sector, pero para ello la planificación es fundamental.
“La industria eléctrica privada ha estado siempre comprometida a trabajar por el desarrollo del país de la mano con el Gobierno de turno”, apuntó Cabral.
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