Centro Montalvo exige a las ARS respetar tutela efectiva de la protección social de la salud
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Centro Montalvo exigió a las empresas Administradoras de Riesgo de Salud y a las Administradoras de Fondos de Pensiones someterse a la legalidad del Estado Derecho y respetar el debido proceso administrativo consagrado en el Artículo 69-10 de la Constitución y en la Ley 107-13.
Roque Féliz, vocero del Centro Montalvo, demandó que las autoridades adecuen mejor las reglas que tutelan la protección social de la salud y la seguridad social, a fin de evitar que los intereses empresariales actúen sin límites ni control reduciendo y limitando derechos fundamentales que afectan la salud y la vida de la gente.
“Ante la evidencia de abusos de poder y manipulación de los reglamentos de la ley de seguridad social por parte de las ARS, la tutela efectiva de los derechos de los asegurados ha quedado en estado de indefensión, razón por la cual el negocio de la salud ha perdido el horizonte de sus límites y las ARS siguen actuando con avaricia y voracidad, olvidando que la salud es un derecho fundamental que les obliga a limitar sus ambiciones lucrativas”.
Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco del análisis de coyuntura que el Centro Montalvo realiza el primer sábado de cada mes. En esta ocasión, trató sobre los retos de la protección social del derecho a la salud y la seguridad social, hoy.
Tuvo como panelistas invitados a Pedro Luis Castellanos, Superintendente de Salud y Riesgos Laborales; Maribel Batista, experta en derecho laboral y representante de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y Nicomedes Castro, representante de INSALUD y de la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA).
En común, los panelistas resaltaron que la protección social de la salud y la seguridad social hoy se enfrenta al reto de armonizar con equilibrio y equidad la tutela efectiva del derecho a la salud de los asegurados, de conformidad con las normativas establecidas en los artículos 60 y 61 de la Constitución y en las leyes y las jurisprudencias del Tribunal Constitucional, las cuales, frente a este tipo de conflicto de intereses, establecen condicionantes y límites a quienes emprenden negocios vinculados al suministro de servicios públicos relacionados a un derecho fundamental y vital, como lo es la salud.
Castellanos explicó las razones por las cuales la SISALRIL se ha visto en la obligación de recurrir al Tribunal Superior Administrativo para dirimir el conflicto que se ha suscitado por las recurrentes apelaciones que las ARS hacen de las Resoluciones que la Superintendencia emite en procura de una tutela efectiva de los derechos de los asegurados.
Maribel Batista señaló que varios segmentos de la sociedad y del movimiento sindical dominicano reconocen que las reglas de la ley de seguridad social necesitan ser revisadas y mejoradas, a fin de asegurar la eficacia de la protección social.
En ese sentido, la CNUS y otros movimientos sociales proponen una reforma de la ley, que entre otras cosas establezca con mayor rigor la tutela judicial efectiva de los derechos de los asegurados, y que mejore los mecanismos de resolución de conflictos sin sacrificar la respuesta oportuna y justa que requieren los asegurados.
Nicomedes Castro enfatizó que la Alianza por el Derecho a la Salud, ADESA, a través de un grupo de sus socios y aliados se ha hecho representar como interviniente forzoso en la apertura de debates que abrió el Tribunal Superior Administrativo, para hacer constar que el derecho constitucional a la salud y la seguridad social es un derecho fundamental cuya tutela judicial efectiva obliga al Estado a establecer límites a las ARS y a cualquier empresa que suministre servicios de salud; asimismo para hace valer que ordenamiento jurídico dominicano en materia administrativa contempla cómo se deben abordar los conflictos de intereses y derechos, como lo que ocurre hoy con los intereses pecuniarios de las ARS y los derechos trascendentes de los asegurados.
El vocero del Centro Montalvo indicó que “los daños a la salud, a la calidad de vida y a la sobrevivencia de la gente son daños irreparables, por eso ADESA también propone un cambio en las reglas del negocio de la salud, un cambio que implique menos poder para los carteles económicos que buscan arruinar la precaria economía de los hogares pobres y vulnerables, imponiendo copagos y gastos de bolsillo en procedimientos clínicos, en diagnósticos y medicamentos que en la mayoría de los casos están cubiertos en las coberturas del seguro familiar de salud”.
“Es necesario cambiar las reglas de la gobernanza del Sistema Dominicano de la Seguridad Social a fin de evitar que quienes no tienen responsabilidad jurídica en la tutela judicial del derecho a la salud tampoco tengan prerrogativas para evitar beneficios a los asegurados, imponiendo vetos para beneficiar sus negocios sin límites”, indicó el vocero.
En la presente coyuntura que vive el país, marcada por la desconfianza creciente en las autoridades y en el liderazgo político nacional, y ante la hegemonía emergente de un liderazgo empresarial que no tiene sentido del límite de sus negocios que se anteponen a derechos sociales, se hace imperativo que, en ámbito social, el Estado asuma la tutela judicial efectiva del derecho a la salud como una señal de compromiso con la puesta en marcha del Estado Social y Democrático de Derechos que proclamamos en la Constitución de 2010.
En la actividad participaron decenas de organizaciones de base comunitaria, líderes de base y activistas de los movimientos sociales que promueven los derechos humanos, económicos y sociales, y de los movimientos cívicos que luchan por la aplicación de políticas sociales y fiscales comprometidas con la transparencia, la gobernanza y la gobernabilidad democrática.
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