República Dominicana clasifica a la Guardia Revolucionaria de Irán y a Hizbulá como organizaciones terroristas

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y el grupo Hizbulá
de Líbano han sido oficialmente catalogados como organizaciones terroristas
por el gobierno dominicano.

República Dominicana clasifica a la Guardia Revolucionaria de Irán y a Hizbulá como organizaciones terroristas

El gobierno formalizó el anuncio al adherirse a resoluciones internacionales, lo que supone la aplicación de controles y restricciones ante actividades vinculadas a operaciones armadas, financiamiento ilegal y redes con alcance transnacional

Thania Urías | 12 May, 2026 03:33 p. m. EST

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y el grupo Hizbulá de Líbano han sido oficialmente catalogados como organizaciones terroristas por el gobierno dominicano.

República Dominicana ha dado un paso que la integra de lleno en los estándares internacionales de lucha contra el terrorismo: desde este martes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y el grupo Hizbulá de Líbano han sido oficialmente catalogados como organizaciones terroristas por el gobierno dominicano.

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Según detalla una nota de la agencia EFE, esta decisión gubernamental, confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, responde a la aplicación estricta de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como de la Convención Interamericana contra el Terrorismo y de la legislación nacional.

EFE destaca que el país caribeño, que mantiene relaciones diplomáticas con Irán a través de su embajada en Cuba, ha comunicado la medida en medio de un escenario internacional marcado por la presión sobre las actividades de estos grupos en la región.

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La nueva designación no solo implica la inclusión de CGRI y Hizbulá en las listas de organizaciones bajo vigilancia: activa todos los controles y restricciones previstos por la normativa nacional e internacional para combatir el terrorismo.

Esto coloca a República Dominicana en sintonía con otros países del hemisferio occidental que han endurecido su postura frente a actores señalados por su participación en operaciones armadas, financiamiento ilícito y redes de influencia transnacional.

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Motocicletas pasan ante un cartel que muestra una imagen del fallecido líder supremo de irán, el ayatolá Alí Jamenei, fallecido en ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, con el puño enmarcado entre puños enmarcados de seguidores, en el centro de Teherán, Irán, el miércoles 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

El Gobierno de Costa Rica también declaró el pasado 8 de abril de 2026 a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), Hezbolá, Hamás y Ansar Allah (milicia hutí de Yemen) como organizaciones terroristas, una medida adoptada en sesión del Consejo de Seguridad Nacional el 6 de abril para fortalecer la prevención y persecución de redes de apoyo logístico y financiero relacionadas a estos grupos, según comunicó la Cancillería costarricense.

El respaldo internacional se manifestó con la reacción del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien describió la decisión del entonces presidente Rodrigo Chaves como una “declaración clara contra el terrorismo”, afirmando que estos grupos constituyen una amenaza tanto para Oriente Próximo como para el resto del mundo, según cita Infobae.

El 31 de marzo de 2026, Argentina incluyó también a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de entidades terroristas, detalló The Jerusalem Post.

Una mujer pasea por un edificio parcialmente dañado objetivo de un ataque israelí en el barrio de Haret Hreik, suburbio sur de Beirut, Líbano, 07 de mayo de 2026.EFE/EPA/STRINGER

Un anuncio esperado

El gobierno dominicano enmarcó el anuncio dentro de una estrategia de cooperación más amplia con Estados Unidos, concretamente en el contexto del acuerdo bilateral conocido como Escudo de las Américas.

La versión oficial sostiene que este acuerdo tiene como objetivo profundizar la colaboración en áreas de seguridad, migración, combate al narcotráfico, vigilancia, intercambio de información y modernización de controles en fronteras y aeropuertos.

La medida fue presentada como una acción coherente con los compromisos internacionales asumidos por República Dominicana, reafirmando su adhesión a la lucha global contra el terrorismo y su intención de fortalecer la seguridad interna y regional.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, se saludan en un evento con líderes americanos.

Desde la perspectiva diplomática, el anuncio adquiere relevancia porque se inscribe en una fase de mayor alineamiento con Washington y de atención especial por parte de los gobiernos de la región a posibles riesgos derivados de la presencia y actividad de redes de terrorismo y crimen organizado.El gobierno dominicano remarcó que la clasificación de CGRI y Hizbulá no es una medida aislada, sino parte de un esfuerzo más amplio para reforzar la cooperación en vigilancia, control fronterizo y respuesta operativa frente a amenazas transnacionales.

https://www.infobae.com/republica-dominicana/2026/05/12/republica-dominicana-clasifica-a-la-guardia-revolucionaria-de-iran-y-a-hizbula-como-organizaciones-terroristas/

Hegseth eleva la alerta sobre Cuba y reabre el tablero del Caribe: ¿qué implica para República Dominicana?

Hegseth eleva la alerta sobre Cuba y reabre el tablero del Caribe: ¿qué implica para República Dominicana?

La afirmación del secretario de Defensa de EE. UU. de que Cuba constituye una amenaza para la seguridad nacional —vinculada a la presencia naval rusa y a señales de inteligencia— reintroduce la lógica de disuasión en el hemisferio. Para República Dominicana, socio clave de Washington y hub logístico en expansión, el nuevo clima geopolítico refuerza la importancia de la seguridad marítima, la integridad de puertos y la resiliencia de la cadena de suministro.

La geopolítica volvió a tensar el Caribe con un mensaje directo desde Washington. En una audiencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el Gobierno de Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, citando como factor la presencia recurrente de buques militares rusos —incluidos submarinos de propulsión nuclear— en puertos cubanos. La comparecencia, centrada originalmente en prioridades de defensa y presupuesto, derivó hacia la discusión sobre cooperación entre Cuba, Rusia y China y sobre presuntas actividades de inteligencia en la isla. En ese marco, el congresista republicano Mario Díaz‑Balart interrogó a Hegseth sobre si embarcaciones militares rusas habían utilizado territorio cubano; el secretario confirmó que sí, consolidando en registro público una preocupación que suele manejarse con cautela por su sensibilidad estratégica. 

El intercambio fue relevante no solo por el “sí” del jefe del Pentágono, sino por el lenguaje de disuasión que acompañó la respuesta. Hegseth explicó que para Washington es “altamente problemático” que un adversario extranjero utilice una ubicación tan cercana a Estados Unidos, una frase que convierte la geografía cubana en variable de seguridad dura y no solo en tema diplomático. Los reportes también reactivaron el foco sobre infraestructura de inteligencia, incluyendo referencias al histórico complejo de señales en Lourdes, presentado como un motivo persistente de preocupación por la posibilidad de que actores rivales operen capacidades de vigilancia e interceptación en el entorno inmediato de EE. UU. Aunque Hegseth evitó detallar aspectos clasificados, su testimonio fue interpretado como confirmación de actividad de “adversarios extranjeros” cerca de La Habana, en un contexto donde también se mencionó a China, al menos como hipótesis operativa discutida en la audiencia. 

Esta escalada discursiva se inserta en una arquitectura política ya activada por la Casa Blanca. En enero de 2026, una orden ejecutiva declaró una emergencia nacional al considerar que las políticas y acciones del Gobierno de Cuba constituyen una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, citando explícitamente vínculos y apoyos a actores adversarios, incluidos Rusia y la República Popular China, así como el riesgo de que se basen capacidades militares e inteligencia en la isla. En otras palabras, lo ocurrido en el Congreso no es un episodio aislado: es la verbalización de una línea institucional que busca fijar un marco de competencia entre grandes potencias en el hemisferio occidental. Para el Caribe, esto suele traducirse en mayor vigilancia, presión diplomática y una redefinición de umbrales de tolerancia frente a visitas navales, acuerdos portuarios o proyectos tecnológicos que puedan interpretarse como “infraestructura sensible”. 

En ese tablero, República Dominicana aparece como un actor inevitable por su ubicación y por el nivel de cooperación en seguridad que mantiene con Washington. El país ha renovado memorandos de entendimiento para compartir información de radares y sensores mediante redes como el “Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional (CSII)”, orientados a reforzar el conocimiento del espacio marítimo, aéreo y terrestre para seguridad, búsqueda y rescate y respuesta ante desastres. En comunicaciones oficiales, tanto autoridades dominicanas como representantes de EE. UU. han subrayado que esta cooperación busca fortalecer vigilancia, detección temprana de amenazas y toma de decisiones basada en datos, reconociendo la vulnerabilidad del “corredor Caribe” ante dinámicas ilícitas transnacionales. En paralelo, medios dominicanos han descrito a República Dominicana como un aliado clave de Estados Unidos en el Caribe en un contexto regional volátil, lo que eleva la importancia de administrar cuidadosamente señales de alineamiento sin comprometer soberanía ni estabilidad interna.

La lectura dominicana no se limita a lo militar: toca el corazón económico del país. República Dominicana viene consolidando una narrativa de “hub logístico” apoyada en infraestructura portuaria, zonas francas y conectividad. El Puerto/Terminal de Caucedo, operado por DP World, se presenta como la principal puerta marítima del país y como un ecosistema integrado entre terminal, zona económica y servicios logísticos, con énfasis en eficiencia, documentación y seguridad. En 2026, Diario Libre reseñó datos de un estudio (Oxford Economics) que atribuye al puerto contribuciones económicas y proyecciones de impacto en exportaciones hacia 2035, además de reportar que en 2024 movilizó mercancías valoradas en torno a US$13,300 millones y que la conectividad podría traducirse en aumentos relevantes de exportaciones a mediano plazo. Asimismo, se ha divulgado la expansión prevista de Caucedo y su zona franca bajo un memorando de entendimiento por US$760 millones para elevar capacidades, incorporar sistemas avanzados de vigilancia e infraestructura de seguridad y fortalecer la competitividad del país en cadenas de suministro regionales. En un entorno de mayor rivalidad geopolítica en el Caribe, la reputación de los nodos logísticos —puertos, aeropuertos, parques industriales— se vuelve un activo estratégico: la confianza se mide en trazabilidad, cumplimiento y gestión de riesgos.

Por eso, el impacto más sensible para República Dominicana podría sentirse en el terreno de la “seguridad económica”: controles más exigentes, mayor escrutinio sobre rutas, cargas y transbordos, y presión para blindar infraestructuras críticas ante amenazas híbridas (contrabando, crimen transnacional, ciberinterferencias o uso indebido de facilidades logísticas). En ese contexto, herramientas de facilitación y control como los programas de seguridad de la cadena logística cobran un valor adicional. La certificación de Operador Económico Autorizado (OEA) en República Dominicana ha sido presentada como un mecanismo para asegurar y facilitar el comercio, reduciendo riesgos y fortaleciendo confianza en la cadena de suministro mediante estándares de seguridad y validaciones rigurosas. La propia Dirección General de Aduanas define su rol como autoridad de frontera que trasciende la recaudación para actuar como garante de seguridad del Estado y facilitador del comercio, una visión que adquiere mayor relevancia cuando el Caribe vuelve a ser visto como teatro de competencia estratégica. En síntesis, lo dicho por Hegseth sobre Cuba no es solo una noticia internacional: es un recordatorio de que, para un país-hub como República Dominicana, la geopolítica se traduce rápidamente en estándares, controles, reputación y resiliencia de la logística nacional.

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EDITORIAL

El Caribe vuelve a “zona de disuasión”: implicaciones para República Dominicana ante el nuevo endurecimiento de EE. UU. sobre Cuba

La reciente calificación pública de Cuba como amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, vinculada a señales de presencia naval rusa, reintroduce una lógica de vigilancia reforzada en el entorno caribeño. Para República Dominicana —aliado de Washington y hub logístico en expansión— el giro eleva el valor estratégico de la seguridad marítima, la integridad portuaria, la ciberresiliencia y la trazabilidad de la cadena de suministro.

El Caribe ha vuelto a hablar en el idioma de la disuasión. En una audiencia congresual en Washington, la narrativa de seguridad nacional de Estados Unidos reubicó a Cuba en el centro del tablero hemisférico al sostenerse, en registro público, que la isla representa una amenaza para su seguridad nacional y que buques militares rusos han utilizado puertos cubanos de manera recurrente.¹ Esa forma de enmarcar el problema —amenaza, proximidad, adversarios extrarregionales— no es un matiz semántico: es un reordenamiento del clima estratégico regional. Cuando la mayor potencia del hemisferio decide nombrar un riesgo y fijarlo en actas, el resto del vecindario no puede actuar como si solo se tratara de un episodio mediático.

El punto más delicado no es únicamente la afirmación, sino el tipo de lógica que activa. Al describirse como “altamente problemático” que un adversario extranjero opere tan cerca del territorio estadounidense,² la geografía vuelve a convertirse en variable dura: el Caribe deja de ser periferia y retorna, por momentos, a la condición de “frente”. En regiones de distancias cortas, donde un atraque, un ejercicio o un despliegue se interpreta como señal, la percepción puede ser tan determinante como el hecho. Por eso, incluso sin anuncios de medidas inmediatas, el mensaje tiende a traducirse en más vigilancia, mayor escrutinio de infraestructuras críticas y umbrales más estrictos para evaluar “riesgos” en puertos, telecomunicaciones, logística y ciberseguridad.¹

Este endurecimiento discursivo no ocurre en el vacío: se inserta en una arquitectura política previamente activada por Washington. A finales de enero de 2026, una hoja informativa oficial vinculada a la orden ejecutiva que declaró emergencia nacional respecto a Cuba presentó el caso en términos de “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y la política exterior estadounidenses, con énfasis en presuntos vínculos con actores adversarios y en la posibilidad de capacidades de inteligencia situadas en la isla.³ Ese marco convierte el episodio congresual en continuidad, no en excepción: la línea institucional se consolida, y con ella se refuerza la tendencia a securitizar el entorno caribeño.

Ahora bien, para República Dominicana el asunto no es “Cuba” como tema ajeno, sino el efecto dominó sobre el espacio regional que compartimos. Cuando el Caribe se endurece como corredor de seguridad, la primera consecuencia es que los países bisagra —los que conectan rutas marítimas, aéreas, logísticas y financieras— pasan a ser evaluados por su capacidad de control y por la confiabilidad de sus nodos críticos. En ese mapa, República Dominicana aparece como un actor inevitable: por ubicación, por conectividad y por el grado de cooperación con Estados Unidos en seguridad y conocimiento situacional.

Esa cooperación ya tiene instrumentos concretos. Un memorando de entendimiento bilateral sobre el Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional (CSII) describe una red de intercambio que permite fusionar datos de radares y sensores —aéreos, marítimos y terrestres— para construir un panorama operativo común, con usos declarados que van desde la lucha contra el tráfico ilícito hasta búsqueda y rescate y respuesta ante desastres.⁴ En términos geopolíticos, esta capacidad equivale a elevar el “conocimiento del dominio marítimo” (maritime domain awareness), un activo que se vuelve más valioso cuando la región entra en fase de vigilancia reforzada. En el nuevo clima, la cooperación no solo se mide por afinidad política, sino por interoperabilidad, velocidad de intercambio de información y estándares de gestión de riesgo.⁴

La lectura dominicana, además, debe incorporar el ángulo económico: República Dominicana viene consolidando una narrativa de hub logístico apoyada en puertos, zonas francas y servicios. El puerto de Caucedo, operado por DP World, ha sido presentado en la prensa económica como un nodo con impacto medible: un estudio de Oxford Economics reseñado por un medio dominicano atribuye a la terminal contribuciones al PIB, empleo indirecto y un volumen movilizado en 2024 en torno a US$13,300 millones, además de proyectar que mejoras de conectividad podrían impulsar exportaciones hacia 2035.⁵ En paralelo, el Estado dominicano firmó un memorando de entendimiento con DP World Dominicana para una inversión estimada de US$760 millones destinada a expansión de terminal y zona económica, incluyendo sistemas avanzados de monitoreo e infraestructura de seguridad.⁶ Es decir: la apuesta país por logística y nearshoring está íntimamente ligada a la reputación de seguridad del nodo.

Aquí emerge la idea clave: en tiempos de competencia estratégica, la logística deja de ser solo eficiencia y costo; pasa a ser confianza, cumplimiento y resiliencia. Cuando un socio mayor redefine amenazas en el vecindario, tiende a elevar requisitos de trazabilidad, controles de transbordo, verificación de cargas, auditorías de seguridad y, cada vez más, exigencias cibernéticas. Esto puede impactar tiempos, costos y reputación si no se anticipa. Para un país-hub, el riesgo no es únicamente “militar”: es de “seguridad económica”, porque un incidente de integridad portuaria o un evento cibernético en infraestructura crítica puede traducirse en sobrecostos, pérdida de competitividad o degradación del perfil de riesgo ante operadores globales.

En ese punto, instrumentos de facilitación segura del comercio adquieren valor estratégico adicional. El programa de Operador Económico Autorizado (OEA) en República Dominicana se define como una herramienta para garantizar niveles mínimos de seguridad en la cadena de suministro y facilitar el flujo del comercio internacional, consolidando alianzas público‑privadas y reconociendo a actores confiables.⁷ En un Caribe más escrutado, fortalecer la masa crítica de operadores certificados, elevar estándares de cumplimiento y profundizar la gestión de riesgos no es un “proyecto técnico”: es política geoeconómica aplicada. Porque, cuando los flujos globales se fragmentan, el diferencial competitivo no se juega solo en infraestructura dura, sino en gobernanza, transparencia, controles inteligentes y capacidad de respuesta.

También conviene recordar la naturaleza ampliada del rol aduanero contemporáneo. La propia Dirección General de Aduanas describe su responsabilidad como autoridad nacional de frontera que trasciende la recaudación y se extiende a la seguridad del Estado y la protección de la sociedad, con integridad y servicio.⁸ Esa autodefinición encaja con el momento: si el Caribe entra en fase de disuasión y vigilancia, las aduanas —junto a armadores, puertos, operadores logísticos y autoridades de seguridad— se convierten en primera línea de resiliencia. Y resiliencia aquí significa tres cosas: prevenir (gestión de riesgo), resistir (continuidad operativa) y recuperar (capacidad de restablecer flujos con rapidez y credibilidad).

La conclusión estratégica para República Dominicana es nítida: no se trata de reaccionar al titular, sino de anticipar el cambio de época. Si Washington reabre el expediente caribeño como un asunto de seguridad dura, el efecto será más presión por integridad de infraestructuras críticas, más demanda de cooperación operativa y más sensibilidad ante cualquier ambigüedad en puertos, telecomunicaciones o vínculos tecnológicos. En ese contexto, la mejor defensa de un país-hub no es la retórica, sino la arquitectura: seguridad marítima robusta, puertos blindados, ciberhigiene de infraestructura crítica, certificaciones de cadena logística, transparencia regulatoria y diplomacia serena que preserve soberanía sin erosionar confianza. El Caribe puede tensarse; la tarea dominicana es que su logística no se fracture. Ahí, y no en el ruido, se juega la competitividad estratégica del país.

Luis Orlando Díaz Vólquez

Notas (Chicago):

1. “Secretario de Guerra afirma que Cuba representa amenaza a la seguridad nacional de EEUU,” Infobae (Agencia EFE), 12 de mayo de 2026, https://www.infobae.com/america/agencias/2026/05/12/secretario-de-guerra-afirma-que-cuba-representa-amenaza-a-la-seguridad-nacional-de-eeuu/. [infobae.com]
2. “U.S. Secretary of Defense confirms that the Cuban regime is a threat to national security,” CiberCuba, 12 de mayo de 2026. [en.cibercuba.com]
3. “Hoja informativa: El presidente Donald J. Trump se pronuncia respecto a las amenazas a Estados Unidos por parte del Gobierno de Cuba,” U.S. Department of State, 29 de enero de 2026. [state.gov]
4. “Memorando de Entendimiento… sobre el Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional (CSII),” Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) (documento PDF). [mirex.gob.do]
5. “DP World genera potencial de US$2,400 millones anuales en exportaciones para la economía dominicana,” Diario Libre, 3 de mayo de 2026. [diariolibre.com]
6. “DP World pretende invertir US$760 millones en Punta Caucedo,” Listín Diario, 9 de mayo de 2025; ver también “El Gobierno y DP World Dominicana firman un memorando para invertir US$760 millones,” Diario Libre, 9 de mayo de 2025. [listindiario.com], [diariolibre.com]
7. “¿Quiénes somos? Programa Operador Económico Autorizado (OEA),” Operador Económico Autorizado RD (DGA). [oea.aduanas.gob.do]
8. “Quiénes somos,” Dirección General de Aduanas (DGA) (sitio institucional). [aduanas.gob.do]

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Sanz Lovatón | La República Dominicana impulsa su visión de ‘zonas francas de nueva generación’ en congreso global en Panamá

La República Dominicana impulsa su visión de ‘zonas francas de nueva generación’ en congreso global en Panamá

En representación de la delegación dominicana, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, participa en el XII Congreso Mundial de la World FZO (12–14 de mayo) con una agenda enfocada en atraer inversión tecnológica, promover la transferencia de conocimiento, fortalecer encadenamientos productivos y desarrollar capital humano calificado, en un contexto marcado por el auge del nearshoring y la integración regional.

Ciudad de Panamá, 12 de mayo de 2026. – La República Dominicana reforzó este martes su visión de zonas francas “de nueva generación” durante su participación en el XII Congreso Mundial de la World Free Zones Organization (World FZO), un foro global que reúne en Panamá (12 al 14 de mayo) a responsables de políticas públicas, líderes empresariales y directivos del ecosistema mundial de zonas económicas. 

Con una agenda enfocada en manufactura avanzada, innovación tecnológica, transferencia de conocimiento y desarrollo de capital humano especializado, la misión dominicana destacó su apuesta por zonas francas más sofisticadas, integradas a cadenas regionales de valor y con más valor agregado local, aprovechando el impulso del nearshoring en América Latina.

En la Mesa Redonda Ministerial de América Latina, parte del programa oficial del congreso, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, abordó el giro del comercio internacional hacia cadenas de valor más regionalizadas, impulsadas por el nearshoring, así como la necesidad de que las zonas francas evolucionen desde esquemas tradicionales hacia plataformas con mayor densidad tecnológica, logística y de servicios globales. 

“Las zonas francas ya no pueden limitarse a ser regímenes fiscales o espacios de manufactura tradicional; deben evolucionar hacia plataformas de innovación, manufactura avanzada, logística y servicios globales”, declaró Sanz Lovatón durante su intervención, enfatizando que modernizar el modelo de las zonas económicas es crucial para mantener la competitividad en la nueva realidad económica.

El representante dominicano subrayó asimismo la importancia de impulsar inversiones de “mayor calidad” en el sector – proyectos asociados a innovación, transferencia tecnológica, manufactura 4.0, desarrollo de proveedores locales y generación de empleos especializados – mediante políticas que combinen incentivos, sostenibilidad y alianzas público-privadas. 

“Nos proponemos atraer inversiones de mayor calidad al régimen de zonas francas. Buscamos proyectos basados en innovación, manufactura avanzada, transferencia de tecnología y encadenamientos locales que generen empleos especializados y eleven el valor agregado de nuestras exportaciones”, afirmó Sanz Lovatón, al plantear que la inversión extranjera directa (IED) de alto valor debe servir como herramienta estratégica para el desarrollo productivo del país.

El contexto regional refuerza la relevancia de esta apuesta dominicana. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2024 Estados Unidos se consolidó como el principal origen de IED en la región, concentrando cerca del 38 % del total invertido en América Latina y el Caribe. Este escenario refleja la oportunidad del nearshoring y la relocalización de cadenas productivas hacia el hemisferio, y se suma a las ventajas estratégicas de la región (energía limpia disponible, minerales críticos, biodiversidad, población joven y cercanía al mercado estadounidense) para potenciar la atracción de proyectos tecnológicos hacia el Caribe y Centroamérica.

En su intervención, Sanz Lovatón instó a fortalecer la colaboración regional caribeña para aprovechar las oportunidades del nuevo escenario global. “En la República Dominicana estamos lanzando una iniciativa para atraer tiendas de semiconductores al país, y creemos que el Caribe debería trabajar de la mano para integrar la tecnología en sus zonas francas; juntos seremos un bloque negociador más fuerte, capaz de aprovechar nuestras virtudes y fortalezas”, expresó el ministro, citando la apuesta dominicana por insertarse en la cadena global de semiconductores como ejemplo de las nuevas áreas de alto valor que la región puede desarrollar en forma colaborativa.

La delegación dominicana, encabezada por el presidente Luis Abinader, participa en este congreso con una agenda de alto nivel orientada a captar inversión para zonas francas especializadas y consolidar alianzas estratégicas. Acompañan al mandatario el ministro Sanz Lovatón, la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, y el embajador en Panamá, Roberto Salcedo, entre otros funcionarios. Durante el evento, la delegación tiene previstas reuniones con actores clave de los sectores logístico y manufacturero, encuentros con empresarios regionales y diálogos bilaterales enfocados en promover a la República Dominicana como hub de innovación, tecnología y servicios de alto valor.

Sobre el evento: El 12.º Congreso Mundial de la World Free Zones Organization (World FZO) se celebra en Ciudad de Panamá del 12 al 14 de mayo de 2026, bajo el lema “Zonas francas en el nuevo modelo operativo global: desafíos y oportunidades”. El encuentro congrega a más de 1,000 participantes de 70 países, incluyendo jefes de Estado, unos 30 ministros y representantes de organismos multilaterales, para debatir el papel de las zonas francas en la transformación digital, la innovación, la sostenibilidad y la competitividad regional en la era del nearshoring.

Comparto parte de mi participación en la Mesa Ministerial del Caribe, celebrada en el marco del Congreso Mundial de Zonas Francas (WFZ) en Panamá 🇵🇦, un espacio de diálogo e intercambio sobre los desafíos, oportunidades y el futuro de las zonas francas en nuestra región.… pic.twitter.com/sw0N5cKpxM

— Yayo (@SanzLovaton) May 12, 2026

Cuando en el mundo se habla de incertidumbre y de cadenas de suministro fragmentadas, la República Dominicana responde con una sola: Confianza. pic.twitter.com/gIzEieTRag

— Yayo (@SanzLovaton) May 12, 2026

Sanz Lovatón asegura es el momento de las zonas francas de la tecnología

Participa en el XII Congreso Mundial de la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO), en busca de inversión vinculada a innovación, transferencia tecnológica, desarrollo de proveedores y empleos especializados.

Ciudad de Panamá, 12 de mayo de 2026. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, participó este martes en la Mesa Redonda Ministerial Latinoamericana, en el marco del XII Congreso Mundial de la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO), que se realiza en Panamá, enfocando en atraer inversiones de mayor calidad para el sector. 

Allí abordó los desafíos y oportunidades de las zonas francas ante la transformación del comercio global, el nearshoring, la innovación y la digitalización. Se analizaron además el fortalecimiento de la competitividad y la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) mediante sostenibilidad y alianzas público-privadas.

También destacó las ventajas estratégicas únicas que posee la región, entre ellas: disponibilidad de energía limpia, minerales críticos, biodiversidad, población joven y cercanía al mercado estadounidense.

“Las zonas francas ya no pueden limitarse a ser regímenes fiscales o espacios de manufactura tradicional, deben evolucionar hacia plataformas de innovación, manufactura avanzada, logística y servicios globales”, declaró el ministro durante su intervención.

Planteó además la necesidad de atraer inversión de mayor calidad para el sector, vinculada a innovación, transferencia tecnológica, desarrollo de proveedores y generación de empleos especializados, así como usar la IED como herramienta estratégica dentro de las políticas de desarrollo productivo.

Resaltó las oportunidades que ofrece los Estados Unidos como socio clave en América Latina, puesto que este concentró cerca del 38 % de la IED recibida por la región en 2024, reforzando el potencial de nearshoring e integración productiva con Norteamérica.

La misión gubernamental que participa en este importante evento está encabezada por el propio presidente Luis Abinader, quien es acompañado por funcionarios vinculados al sector, entre ellos el Ministro de Industria y Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, Biviana Riveiro, directora de Prodominicana, y el embajador en Panamá, Roberto Salcedo.

Sobre el evento 

El 12.º Congreso Mundial de la World Free Zones Organization (World FZO) se celebra del 12 al 14 de mayo de 2026 en Panamá, bajo el lema “Zonas Francas en el nuevo modelo operativo global: Desafíos y Oportunidades”.

El evento reunirá a más de 1,000 participantes de más de 70 países, incluyendo jefes de Estado, más de 30 ministros, organismos multilaterales y líderes empresariales. La World FZO es la principal organización internacional de zonas francas y zonas económicas especiales.

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Penalistas piden a Luis Abinader convocar el CNM para evaluación de jueces de la Suprema Corte

Penalistas piden a Luis Abinader convocar el CNM para evaluación de jueces de la Suprema Corte

Dicen que hay una situación de incertidumbre en todo el sistema de justicia por no reunirse ese órgano que debe valorar el trabajo de 11 magistrados

Marisol Aquino

Santo Domingo - may. 12, 2026 | 12:18 p. m.| 3 min de lectura

Los penalistas que son miembros del Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) y que llamaron al presidente Abinader convocar el CNM para la evaluación de once jueces. (FUENTE EXTERNA)

Abogados penalistas y miembros del Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) exhortaron este martes al presidente Luis Abinader a convocar al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para poner fin a la "incertidumbre" que, según afirmaron, afecta al sistema de justicia debido a la falta de evaluación de once jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Durante una rueda de prensa, los juristas, encabezados por Carlos Balcácer, Cándido Simó e Ingrid Hidalgo, señalaron que la situación no solo impacta a la SCJ, sino que también genera inseguridad en todo el sistema judicial.

Recordaron que el presidente de la Suprema Corte, Henry Molina, junto a otros diez magistrados, ya agotaron el período constitucional establecido para sus funciones y están para que se les valore su desempeño.

Llamado a evitar interferencias

El abogado Carlos Balcácer sostuvo que la evaluación es un "tema de dominio propio, discreto y facultativo del CNM", por lo que ningún otro organismo o institución debe entrometerse.

El jurista hizo referencia a los planteamientos de Participación Ciudadana, entidad que ha pedido que las evaluaciones se realicen con transparencia y evitando errores del pasado que puedan generar desconfianza.

• "Es un tema que entendemos que no debe haber intromisión de ese sector (Participación Ciudadana), es un tema muy religioso de ellos y hay que respetarlo", dijo Balcácer.

En la misma línea, Cándido Simó afirmó que la facultad del Consejo Nacional de la Magistratura está establecida en la Constitución y que serán los consejeros quienes decidirán, tras las evaluaciones, si ratifican o sustituyen a los magistrados de la alta corte.

Por su parte, Ingrid Hidalgo recordó que los jueces de las altas cortes aceptan un período de siete años al ser designados y que una eventual continuidad dependerá únicamente de la decisión del CNM.

Sobre posible paro de jueces

Los miembros del IDDP evitaron fijar posición respecto a la convocatoria a paro anunciada por un grupo de jueces para el próximo 21 de mayo, alegando que aún desconocen el alcance de la protesta y quiénes la organizan.

"Hasta el momento podríamos decir que es un rumor, porque no hay un rostro visible ni una organización identificada convocando ese paro", manifestaron.

https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/2026/05/12/penalistas-piden-a-abinader-convocar-el-cnm-para-evaluar-jueces-scj/3531471 

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