Desde que resultó ser reelecto presidente de la República durante las elecciones de mayo pasado, Luis Abinader comenzó a señalar la necesidad de una reforma constitucional que buscaría “fortalecer la institucionalidad” de la República Dominicana; con incluso el vocero de Gobierno, Homero Figueroa, tildar la misma como un “clamor” que el pueblo dominicano ha tenido “durante años”.
Unos 10 días antes de comenzar oficialmente su segundo periodo, el presidente Abinader encabezó una Semanal con la Prensa en donde presentó en qué consistiría su propuesta de modificación a la Carta Magna.
La propuesta consistía en cuatro pilares principales: establecer un artículo que dificulta la modificación a los actuales términos de la elección presidencial y poner un transitorio que le impida a él volver a postularse; establecer la escogencia de la figura del Procurador General de la República a través del Consejo Nacional de la Magistratura (y su exclusión del CNM) y que por ley se definirá el funcionamiento y organización del Consejo Superior del Ministerio Público como órgano de gobierno interno; la unificación de las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales a partir de 2032, y la reducción del número de los miembros de la Cámara de Diputados, con 53 diputados menos, con lo que la matrícula de la cámara baja quedaría en 137 legisladores.
El Gobierno informó en ese momento que establecerían una serie de diálogos y que estarían dispuestos en cambiar en la forma, mas no en el fondo, su propuesta de reforma constitucional, ya que era un “objetivo muy claro” del presidente Abinader.
Las críticas no se hicieron esperar y desde opositores, hasta legisladores del propio partido de Gobierno, pasando por diferentes órganos y entidades, han mostrado su desacuerdo con alguna o varias de esas propuestas presentadas por el mandatario.
EL CONSEJO SUPERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO
Las primeras críticas se concentraron en la propuesta en donde se contemplaba modificar el artículo 174 de la Carta Magna, el cual trata sobre la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público.
En ese artículo se señala que el Consejo del Ministerio Público está conformado por el procurador General de la República, quien lo preside; un procurador adjunto elegido por sus pares; un procurador general de Corte de Apelación; un procurador fiscal o su equivalente elegido por sus pares y un Fiscalizador elegido por sus pares y en su lugar poner que la “ley definirá el funcionamiento y organización del Consejo Superior del Ministerio Público como órgano de gobierno interno”.
Con el pasar de los días, varios fiscales y otros juristas señalaron que esa modificación de la Constitución eliminaría de facto al Consejo Nacional del Ministerio Público.
En medio de ese debate, la procuradora General de la República, Miriam Germán, emitió un comunicado en donde señaló que no fue consultada en lo que se refiere a los requisitos y mecanismos de designación del procurador general de la República, ni al Consejo Superior del Ministerio Público.
Tras esas declaraciones, luego de uno de sus encuentros de “socialización”, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó que se excluirá esa pieza de la propuesta de reforma constitucional.
LA REDUCCIÓN DE LA MATRÍCULA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
La pieza fue depositada sin esa propuesta ante el Congreso Nacional pero las críticas continuaron, ya que además de los bloques opositores, los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) también se han mostrado en desacuerdo con que se reduzca el número de diputados.
Esto a pesar de que Abinader sostuvo una reunión con ellos en donde les explicó cuáles serían sus intenciones con esa decisión, y de manifestar a los medios de comunicación que “nadie podría presentar una propuesta diferente”.
El diputado del PRM, Eugenio Cedeño, indicó que esa propuesta de reducción es “innecesaria” manifestando que el Congreso ha aprobado todas las iniciativas del presidente sin problemas y que la cantidad de diputados no ha ocasionado dificultades al país.
“El desprecio hacia el Congreso y el número de congresistas está relacionado con quienes desprecian las instituciones democráticas y no desean una participación social y democrática en los órganos legislativos”, indicaba Cedeño, quien señalaba que esa posición era compartida por muchos de sus compañeros legisladores.
Tras ello, el presidente de la Cámara de Diputados y también miembro del partido oficialista, Alfredo Pacheco, indicó que al margen de la comisión bicameral, los legisladores del PRM se encuentran consensuando una propuesta para presentársela al presidente Abinader.
Otro que se opone a la reducción de la Cámara Baja es el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, quien exclamó que “los diputados son los representantes directos de los electores, de los habitantes en los territorios”.
UNIFICACIÓN DE LAS ELECCIONES
Guevara también ha indicado que unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales sería “matar” a la Junta Central Electoral (JCE) debido a la gran logística que consistiría en montar todos los niveles de elección en un solo día.
Precisamente, el pleno del órgano electoral se presentó ante la comisión bicameral que estudia el proyecto de reforma e indicaron las implicaciones que resultarían de unificar ambos torneos electorales.
En un documento de unas 23 páginas, la JCE señaló que bajos los métodos de votación actuales, la unificación de ambos procesos electorales implicaría un retraso en el escrutinio, duración de votación y divulgación de resultados del proceso.
Durante la presentación, se detalló que de llevarse a cabo la unificación, el primer boletín de resultados sería mostrado a las 1:00 de la mañana, con solo 25% de los colegios, lo que, a consideración de la Junta, aumentaría la incertidumbre en los votantes. También, en la proyección, se calcula que en promedio cada elector tomaría entre 4 y 7 minutos para votar. Dijeron que se debería aumentar una hora más a la jornada de votación, iniciando a las 6:00 de la mañana, lo que implica modificar el artículo 236 de la Ley 20-23.
LOS PUNTOS CON RESPALDO
El punto de la propuesta constitucional que ha tenido un amplio respaldo, a parte de los miembros de la oposición política, ha sido la creación de un artículo que dificulta la modificación a los actuales términos de la elección presidencial y poner un transitorio que le impida a él volver a postularse.
Esto al igual que la proposición de que la figura del procurador General de la República sea escogida por el Consejo Nacional de la Magistratura a propuesta de la figura del Presidente de la República y que este tenga un carácter de “inamovilidad” por dos años.
Es importante resaltar que un primer momento la propuesta del Ejecutivo era que esa inamovilidad fuera de 4 años pero ante los comentarios y sugerencias de juristas fue bajado a solo dos.
EN COMISIÓN BICAMERAL
Actualmente la pieza legislativa se encuentra siendo estudiada por una comisión bicameral compuesta por diputados y senadores, y se tiene la intención de que la misma sea aprobada por la Asamblea Nacional Revisora antes de que se culmine el 2024.
