jueves, 21 de mayo de 2026

RD$150 millones y una señal de política: el crédito como dique contra la trampa del interés


RD$150 millones y una señal de política: el crédito como dique contra la trampa del interés

La entrega de financiamiento de Promipyme en Santo Domingo Oeste no es solo un acto protocolar: es una declaración sobre el tipo de Estado que se construye cuando el dinero barato se convierte en herramienta de inclusión, productividad y dignidad económica.

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Hay anuncios que se consumen en el ciclo breve de la noticia, y hay otros que, por lo que revelan, merecen leerse como una señal de política pública. La entrega de RD$150 millones en créditos a 600 prestatarios en Santo Domingo Oeste, encabezada por Fabricio Gómez Mazara, pertenece a la segunda categoría: no se trata únicamente de desembolsar recursos, sino de fijar un mensaje de dirección en un país donde el acceso al capital define —para bien o para mal— la vida real de los pequeños negocios. En el relato de esta jornada hay un concepto central que debería ocupar el debate público: la estabilidad de la tasa como mecanismo de protección social y como acelerador de productividad.

Que un funcionario salga a decir “soliciten préstamos… no habrá aumento de tasa” tiene una carga que va más allá de la frase. En economías con alta informalidad, el precio del dinero se convierte en frontera invisible: de un lado, el crédito formal que permite crecer; del otro, el préstamo de esquina que termina devorando inventarios, márgenes y sueños. Por eso, sostener una tasa subsidiada no es un gesto populista si se gestiona con disciplina; es una inversión inteligente cuando reduce la dependencia de mecanismos usureros y empuja a la formalización. Esa lógica ha sido defendida por el propio Fabricio Gómez Mazara al comparar la tasa de Promipyme con el mercado y advertir del peligro del crédito informal. 

La discusión, sin embargo, no puede quedarse en el eslogan. Si el crédito es política pública, su pregunta esencial es doble: ¿a quién llega y para qué sirve? En la información compartida sobre la entrega en Santo Domingo Oeste, el dato del 69% destinado a mujeres apunta a una respuesta consistente con una tendencia que Promipyme ya había destacado en otras entregas: la inclusión financiera femenina no es un “adicional” de comunicación institucional, sino una apuesta por resiliencia económica. En un documento previo de la institución se subraya que orientar cartera hacia mujeres emprendedoras forma parte de la estrategia, resaltando incluso mejores niveles de pago aunque demanden montos más bajos, y se vincula ese enfoque con crecimiento y reducción de desigualdades. 

Esa decisión no es menor. En la microeconomía del barrio, el crédito a una mujer emprendedora suele transformarse con rapidez en bienestar doméstico, continuidad escolar, mejora de inventario y estabilidad del hogar; en la macroeconomía del territorio, se traduce en comercio vivo, empleo informal que empieza a formalizarse y un tejido productivo que no depende solo de grandes inversiones. El enfoque de “llevar financiamiento donde vive la gente” —atribución recurrente en los mensajes de Promipyme y del Gobierno— se sostiene precisamente en ese efecto multiplicador.

Ahora bien, la frase más decisiva del día no es la cifra del desembolso: es la insistencia en que la tasa “se mantendrá igual”. Ese compromiso coloca a Promipyme en el centro de un dilema clásico: si no compites contra el costo del dinero informal, no estás compitiendo de verdad. En una intervención reseñada por la prensa, Fabricio Gómez Mazara explicó con crudeza que el ecosistema de microcrédito compite con prestamistas informales capaces de cobrar tasas desproporcionadas, y defendió que Promipyme mantenga una tasa del 12% como tasa subsidiada orientada a sostener el tejido productivo. Esa misma idea aparece también en reportes que subrayan la decisión de mantener la tasa fija y la existencia de productos diseñados para facilitar acceso sin garantías tradicionales. 

Aquí es donde el editorial debe elevarse: mantener una tasa no es solo un anuncio; es un pacto de confianza. En el mundo del pequeño negocio, la previsibilidad importa tanto como el monto. Quien compra mercancía para revender, quien invierte en una máquina, quien amplía un local o sostiene una nómina pequeña, necesita una regla clara sobre cuánto costará financiarse. Si el costo del dinero cambia abruptamente, el emprendedor no “ajusta su portafolio”; recorta alimentos, paraliza inversiones o cae en el círculo del “gota a gota” con consecuencias devastadoras. La política pública del crédito, entonces, es también una política de salud social.

La propia narrativa institucional de Promipyme ha intentado colocar el crédito en esa dimensión, definiendo su rol como acompañamiento financiero y no financiero en todo el territorio nacional, con programas como “Tu Firma es Tu Garantía”, citado incluso por el presidente Luis Abinader como mecanismo para acceso más rápido y con tasas por debajo del mercado informal. No se trata de romantizar el préstamo, sino de entenderlo como herramienta: bien diseñada, abre puertas; mal gestionada, se vuelve un nuevo problema fiscal y moral. 

Por eso la entrega en Santo Domingo Oeste debe evaluarse con tres lentes. Primero, el lente de la inclusión: que el crédito llegue a quienes históricamente han sido expulsados del sistema formal por falta de garantías, historial o educación financiera, y que se haga con sentido territorial. Segundo, el lente de la productividad: que el dinero se convierta en inventario, tecnología, mejora de procesos y empleo, y no en consumo improductivo. Tercero, el lente de la sostenibilidad: que la institución preserve su salud de cartera, fortalezca evaluación de riesgo y refuerce su capacidad operativa, porque el crédito barato solo es virtuoso cuando es cobrable y replicable.

En ese punto, es relevante notar que Promipyme viene hablando de modernización interna y de herramientas que apuntan a una gestión más técnica: en una presentación institucional se mencionan líneas como fábrica de crédito, “score” crediticio, digitalización de servicios, migración tecnológica y la idea de publicar información de cartera con mayor acceso. Ese tipo de arquitectura importa, porque la sostenibilidad del microcrédito no se defiende con discursos, sino con datos: segmentación por riesgo, seguimiento, acompañamiento, educación financiera y un sistema que detecte a tiempo el sobreendeudamiento. 

Hay otro elemento de fondo que no conviene ignorar: la narrativa del Estado cercano. Las entregas de crédito, cuando se hacen bien, son más que un acto: son un recordatorio de que el crecimiento no se mide solo en grandes obras o cifras macro, sino en la capacidad de que una costurera compre una máquina, un colmado reponga inventario, un salón de belleza formalice su operación o un joven emprendedor salga de la precariedad. En otros municipios del Gran Santo Domingo se han comunicado entregas con montos similares, enfatizando que el financiamiento es “mano amiga” para comprar equipos, ampliar locales o generar empleos. Ese hilo discursivo, con sus matices, intenta reubicar el crédito como herramienta de dignidad económica. 

Pero para que el crédito sea dignidad y no dependencia, hay que decirlo sin maquillaje: el acceso debe ir acompañado de reglas y formación. Promipyme no puede ser una ventanilla de dinero fácil; debe ser una escalera hacia el sistema formal. En esa misma lógica, cuando la institución se presenta como primer peldaño de entrada al mercado financiero y subraya el trato humano y directo en la relación con el microempresario, está describiendo un modelo de intervención pública que, si se toma en serio, puede reducir la informalidad por la vía correcta: la de la oportunidad, no la de la persecución.

La frase “no habrá aumento de tasa” debería leerse, entonces, como un compromiso con el corazón del tejido productivo. Porque si el Estado quiere competir contra el prestamista, no basta con estar “un poco” por debajo; debe estar lo suficiente como para que el microempresario perciba una alternativa real y sostenible. Y ese diferencial, en la práctica, es lo que protege al emprendedor de la trampa de pagar intereses imposibles y de la cultura de endeudamiento perpetuo que destruye familias. La propia comunicación institucional de Promipyme ha usado comparaciones tajantes con el mercado informal en otras piezas, precisamente para marcar esa diferencia. 

Santo Domingo Oeste —como tantos territorios urbanos— vive el pulso de la economía real: comercio de proximidad, servicios, talleres, microproducción, emprendimientos nacientes. Allí, 600 préstamos no son 600 números: son 600 historias con capacidad de escalar o de quebrarse según el costo del capital y la calidad del acompañamiento. Que el acto se celebre en un espacio comunitario como el Polideportivo de Las Caobas refuerza un simbolismo: la política pública debe pisar el terreno, mirar a los ojos, entender la calle. Y cuando además se reconoce a estudiantes que exhiben proyectos e innovaciones, el mensaje se completa: crédito sin educación es corto plazo; crédito con formación es futuro.

El desafío ahora es sostener coherencia. Si el país quiere que las mipymes sigan siendo motor de empleo y base de estabilidad social, debe blindar instrumentos como Promipyme frente a improvisaciones, clientelismos y tentaciones de usar el crédito como propaganda. Lo que se necesita es lo contrario: reglas claras, expansión responsable, evaluación rigurosa, transparencia y una obsesión por medir impacto. En ese sentido, mantener la tasa —siempre que la cartera lo permita y la gobernanza lo garantice— puede convertirse en un acto de madurez institucional: un Estado que entiende que, para crecer, primero hay que hacer posible que el pequeño negocio respire.

Porque al final, RD$150 millones no son la historia. La historia es esta: cuando el crédito deja de ser privilegio y se convierte en oportunidad, el país se vuelve más productivo, más justo y menos vulnerable a la usura. Y esa, con toda claridad, es una señal de política que conviene escuchar.

#GuasábaraEditor

Quiero decir lo siguiente a la opinión pública | Julio Hazim

Quiero decir lo siguiente a la opinión pública

Tras un riguroso sondeo y conversaciones directas que he sostenido con los sectores de poder que sostienen la economía nacional, entiéndase a los empresarios, industriales, comerciantes, intermediarios y productores, se me ha confirmado que existe un consenso unificado e irreversible. El bloque que genera la riqueza del país ha decidido cerrar el grifo financiero a la corrupción política.

La advertencia es formal y colectiva. Los ricos del país que son creadores de empleo y contribuyentes fiscales ya no tolerarán que lavadores de dinero, narcotraficantes, evasores o mafias del juego ilegal disfrazados de políticos pretendan llegar a la casa de gobierno, al congreso o a los ayuntamientos a administrar de forma espuria los impuestos que con tanto esfuerzo ellos pagan. Se acabó el miedo a represalias políticas; la gravedad de la situación actual exige determinación.

 Los sectores productivos no se cruzarán de brazos a ver el país hundirse. Conscientes de que atravesamos un profundo cambio geopolítico global para el cual la clase partidaria no está preparada debido a que están captadas por sus propios intereses, el empresariado asumirá un rol activo de fiscalización previa. No se optará por lanzar ni apoyar financieramente a candidaturas independientes; se mantendrán las estructuras de los partidos tradicionales, pero bajo condiciones drásticamente distintas.

A partir de este momento, cualquier aspirante a un cargo público, desde regidores y alcaldes hasta legisladores y candidatos presidenciales debe tener claro que no recibirá recursos, dinero ni ayuda alguna si no se somete a un compromiso de transparencia. Los candidatos tendrán que exponer con precisión qué van a hacer en el gobierno, y garantizar un quiebre absoluto con la criminalidad.

 Con esto, ya la clase política desde el cargo más pequeño al más grande debe entender que el financiamiento electoral en la República Dominicana ha dejado de ser un cheque en blanco. Los empresarios se han convertido en un filtro que garantice la institucionalidad del país.

Yo les recomiendo que preparen buenos equipos económicos y escriban que es lo que quieren hacer en la presidencia de la república. Aprovecho y exhorto a la población a que no comprometa su voto a favor de ningún político que no tenga un programa de gobierno, olvídese de las promesas y de lo que le dan, porque no podemos retroceder hacia Haití. Tenemos que mirar hacia un futuro de progreso para los dominicanos. El mundo está muy complicado, es momento de exigir a los políticos por resultados.

Julio Hazim

Accidentes de tránsito han cobrado 835 vidas en 2026

Seguridad vial

Accidentes de tránsito han cobrado 835 vidas en 2026

Intrant encabezó ayer la inauguración de encuentro de delegaciones internacionales para construir soluciones sobre desafíos actuales de la seguridad y cultura vial en la región

Milton Morrison, director ejecutivo Instituto de Transporte Terrestre.

Milton Morrison, director ejecutivo Instituto de Transporte Terrestre.

Actualizado:

En lo que va de este año 2026, al menos 835 personas han perdido la vida en República Dominicana a causa de accidentes de tránsito. Así lo dio a conocer la mañana de ayer el director del Instituto de Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison durante el acto de apertura del VIII Encuentro Iberoamericano de Datos y Seguridad Vial (Oisevi), un espacio orientado al intercambio técnico y la cooperación regional en materia de seguridad vial.

Durante su intervención, Morrison manifestó su preocupación ante las cifras que posicionan al país entre una de las naciones con mayor índice de siniestralidad vial del mundo.

Indicó que aunque en 2025 se registró una reducción del 4 % en los accidentes de tránsito, aún así se contabilizaron más de 100 mil siniestros, con un saldo aproximado de 2,992 fallecidos.

“Las cifras nos obligan a actuar. Detrás de cada cifra hay algo más importante que un número: hay familias afectadas, sueños interrumpidos y vidas que se pudieron haber salvado”, expresó el funcionario.

Además, destacó la importancia de que República Dominicana sea sede de este encuentro internacional, que reúne a representantes de 14 países de la región con el objetivo de enfrentar de manera conjunta una problemática que, según afirmó, hace tiempo dejó de ser un desafío individual para convertirse en una responsabilidad compartida.

Como parte de las iniciativas impulsadas para mitigar los accidentes, Morrison destacó la promoción temprana de la educación vial mediante un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Educación. Gracias a esta alianza cientos de jóvenes han completado sus 30 horas de labor social participando en programas de formación sobre cultura vial.

También se refirió a la creación de la normativa técnica sobre el estándar homologado de los cascos de protección personal, un recurso que prohíbe la importación de cascos no certificados y que busca disminuir la tasa de mortalidad que involucra motocicletas en un 70 %.

Igualmente, destacó la creación de la Mesa Gestora del Dato de Seguridad Vial, integrada por 14 instituciones dominicanas, orientada a integrar y estandarizar la información sobre siniestralidad vial para apoyar decisiones más precisas y coordinadas mediante datos compartidos.

Comisión Nacional Rectora resalta resultados en sexta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente


Comisión Nacional Rectora resalta resultados en sexta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente
Esta etapa alcanzó un avance de 55 % con 42,897 docentes evaluados, de un total de 78,464.
20 de Mayo 2026 | 13:23 
Energia
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Santo Domingo.- La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) informó que la mayoría de los docentes evaluados hasta el momento en la sexta etapa del proceso ha obtenido calificaciones ubicadas en los rangos superiores de desempeño, lo que refleja fortalezas significativas en la práctica pedagógica observada en las aulas.

De acuerdo con los datos preliminares consolidados, de un total de 42,897 docentes evaluados hasta la fecha en esta sexta etapa, el 83.5 % alcanzó puntuaciones de 36 puntos o más en la observación de clases y revisión de la planificación, componente que representa el 50 % de la puntuación global del proceso evaluativo.

La data indica que 19,464 docentes, equivalentes al 45.4 %, obtuvieron calificaciones superiores a los 45 puntos, constituyéndose en el grupo más numeroso del proceso evaluativo realizado hasta ahora. Asimismo, 16,344 docentes, equivalente al 38.1 %, se ubicaron entre los 36 y 45 puntos, lo que ha evidenciado niveles consistentes de desempeño en la ejecución de la práctica educativa.

En tanto, 6,720 docentes, que equivale al 15.7 %, alcanzaron puntuaciones entre 21 y 35 puntos, mientras que solo un 0.9 % de los evaluados en esta sexta etapa, correspondiente a 369 docentes, obtuvo entre 0 y 20 puntos.

 La Comisión recordó que al día de ayer martes la sexta etapa de la evaluación alcanzó un avance operativo del 55 %, y recordó que los resultados continúan divulgándose en un plazo máximo de 72 horas conforme avanza el proceso.

La fase de observación de clases, que se desarrolla actualmente en la tercera de las cinco semanas previstas y procura impactar a 78,464 docentes, permite valorar directamente el desempeño docente mediante evidencias relacionadas con la planificación, el desarrollo de la enseñanza y la interacción pedagógica en condiciones habituales del aula.

La Comisión Nacional Rectora reiteró que la Evaluación de Desempeño Docente tiene como propósito fortalecer la calidad educativa, promover la mejora continua del sistema y reconocer las competencias profesionales del personal docente.

 Asimismo, exhortó a la ciudadanía y al personal educativo a mantenerse atentos únicamente a las informaciones oficiales emitidas por los canales institucionales, a fin de evitar interpretaciones erróneas o descontextualizadas sobre el desarrollo del proceso evaluativo.

La Comisión Nacional Rectora está integrada por el Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED).