Oro de República Dominicana | El dios de Pueblo Viejo: un monstruo de doble cara https://t.co/k0xnHkNGua vía @Planeta_Futuro #Contaminacion— LuisOrlando Díaz Vólquez (@GUASABARAeditor) 17 de enero de 2019
El dios de Pueblo Viejo: un monstruo de doble cara
Los vecinos de una de las mayores minas de oro del mundo, en República Dominicana, se dividen entre quienes la acusan de contaminar el entorno y quienes defienden el desarrollo que ha llevado
Mina de oro de Pueblo viejo, en la provincia de Sánchez Ramírez, República Dominicana. RAÚL ZECCA CASTEL
RAÚL ZECCA CASTEL
Le dicen el monstruo. Un monstruo que nunca duerme. Que devora paredes de roca, drena cauces de agua y escupe humo sin interrupción, 24 horas al día, 365 días al año. Son muchos, sin embargo, los que aseguran que no se alimenta solamente de montañas y ríos, sino que también exige sacrificios humanos, vidas inocentes que ofrecer a un dios sin escrúpulos: el dios del oro. Es la mina de Pueblo viejo, en la provincia de Sánchez Ramírez, República Dominicana, país que en el imaginario común representa uno de los paraísos turísticos más codiciados del Caribe, donde miles de viajeros de todo el mundo pasan cada año unas vacaciones de ensueño. Aquí, sin embargo, a 100 kilómetros de la capital, una grieta profunda 300 metros desgarra la tierra por más de dos kilómetros, como una cicatriz abierta en el corazón de un paisaje tropical. Una herida inmensa, la segunda mina a cielo abierto más grande del mundo, con reservas de oro y plata estimadas respectivamente en 25 y 120 millones de onzas, cifras que harían revolverse en la tumba a los conquistadores españoles, los primeros que descubrieron el yacimiento, aunque luego lo abandonaran considerándolo poco fructuoso.
Cinco siglos después, quien extrae los metales preciosos en este mismo lugar es la multinacional canadiense Barrick Gold Corporation, el mayor coloso aurífero mundial, propietario, además de la Pueblo Viejo en República Dominicana, de otras 12 explotaciones mineras en nueve diferentes países. La compañía mueve un volumen de negocios asombroso: más de 8.000 millones de dólares (más de 7.000 millones de euros) solo en 2017.
Cuando en enero de 2013 la empresa canadiense abrió sus puertas en Pueblo Viejo, marcó un récord en la historia de la República Dominicana, convirtiéndose en la mayor inversión extranjera nunca registrada en el país. El Gobierno de turno, entusiasta, celebró la renegociación del contrato concesionario, que aumentaba los ingresos del Estado, y anunció beneficios extraordinarios para toda la población. Muy pronto, sin embargo, con las labores extractivas y de procesamiento del mineral a pleno rendimiento, las cosas tomarían un cariz completamente diferente.
A 100 kilómetros de Santo Domingo, una grieta profunda 300 metros desgarra la tierra por más de dos kilómetros
La zona afectada por las operaciones mineras, en efecto, rodea literalmente algunas pequeñas comunidades campesinas que, de repente, se encontraron con que tenían que coexistir con la que de pronto algunos, justamente, bautizaron como el monstruo: no tan solo la verdadera cantera en donde se taladra el suelo y por donde transitan sin parar decenas de camiones de proporciones gigantescas, cada uno con un cargamento de 200 toneladas de material rocoso, generando polvo y estruendo; no tan solo el polo industrial donde se realizan los procesos químicos necesarios a la extracción del oro, por la cual se utiliza el temido cianuro y más sustancias tóxicas; sino también una enorme presa para la contención de las aguas residuales, un muro de más de 200 metros de altura y largo más de un kilómetro que, como un imperturbable gigante de piedra, domina las comunidades río abajo. Estas, reunidas en el Comité Nuevo Renacer, empezaron súbitamente a dar batalla, protestando con todas sus fuerzas en contra de la presencia de la mina: en un principio para denunciar la destrucción de las tierras en donde viven desde hace generaciones; más tarde por el agua que empezó a escasear, volviendo difícil sostener las necesidades cotidianas, como lavarse y cocinar; seguidamente porque esa agua, ya insuficiente, empezó a despertar la sospecha de que pudiera estar contaminada; y finalmente, para decirle al mundo que demasiadas personas estaban enfermándose y muriendo, precisamente como las plantaciones de cacao y banano de la zona.
“Desde que llegó la Barrick, aquí ya no hay vida para nadie. Todos nos estamos muriendo, día tras día. El agua está contaminada. Los animales que la beben se mueren y los niños ya no pueden bañarse en el río como lo hacíamos nosotros, porque le salen pústulas en todo el cuerpo. ¡Esa empresa nos ha arruinado, arruinado! Las cosechas se pudren y nadie ya puede seguir viviendo aquí.” Quien habla es Lupe Díaz, un campesino de 60 años que junto a su esposa vive desde siempre en la comunidad de La Cerca. Pero según el Comité Nuevo Renacer son por lo menos 600 las familias que como la de Juan deberían de considerarse en riesgo por la presencia de la mina. El temor más grande, además, para los que viven justo debajo del muro de la presa, es que esta pueda derrumbarse repentinamente, inundando el valle y dejando sin escapatoria a decenas de familias. Hace solo unos meses, unos pequeños temblores hicieron temer lo peor y fueron muchos los que, presas de pánico, corrieron fuera de la casa en medio de la noche. Carlita Abreu, de la comunidad La Piñita, era una de ellos: “Ha sido algo terrible. Aquí vivimos bajo una bomba de tiempo y nadie sabe cuándo es que podrá explotar. Puede que un terremoto más fuerte o un ciclón o cualquier cosa, yo no sé…pero si ese muro cae estamos todos muertos, sepultados vivos”.
Con cierta resignación, también debida a la escasa confianza en las instituciones del propio país, los miembros del Comité Nuevo Renacer ya no piden el cierre de la mina. Han entendido que el monstruo es más fuerte que ellos. Al gobierno ahora le exigen la reubicación de las comunidades afectadas en lugares considerados más seguros para la salud. Por esta razón, el 6 de noviembre 2017, se encadenaron en signo de protesta justo al lado de la entrada de la mina. Desde entonces, a pesar de un primer violento desalojo, prometen resistir de forma permanente hasta que no sean aceptadas sus peticiones. Ludovino Fernández es uno de ellos: “Nosotros le pedimos una reubicación al Estado, porque aquí lo hemos perdido todo: nuestra salud, nuestro trabajo, ¡todo! No tenemos otra opción. Si queremos seguir viviendo tenemos que irnos de este lugar, que se ha convertido en un valle de muerte. Esta es la razón por la cual queremos una reubicación”.
Pese a la atención mediática que, también a nivel internacional, los encadenados consiguieron suscitar, por el momento el gobierno dominicano no parece dispuesto a aceptar sus solicitudes. Según el ministro de Energía y Minas Antonio Isa Conde, en efecto, no existe alguna prueba que pueda demostrar la contaminación de las aguas o de las tierras, así que oficialmente no se comprueban riesgos concretos, ni tampoco para la salud humana. “Todos los informes que me presentaron las autoridades competentes aseguran que no hay problema de contaminación. Hasta introducimos unos cuantos peces en los ríos y hemos podido ver cómo se están reproduciendo”, explica.
Los informes que se han realizado no muestran signos de contaminación, pese a las quejas de los vecinos
Sin embargo, los campesinos en lucha responden afirmando que el ministro y el gobierno entero están a la merced de la Barrick Gold, a la que acusan de comprar su silencio, así como el de los médicos e ingenieros de la zona, preparados en negar cualquiera implicación de la empresa tanto por lo que se refiere al tema de la contaminación ambiental, como al de la seguridad estructural de la presa. María de la Cruz Mariano es una de las más convencidas defensoras de esta tesis y no duda en hacer públicas sus acusaciones: “¡Todos son unos vendidos! ¡Corruptos y vendidos! ¡Han negociado nuestra tierra, nuestra salud, nuestro país entero a una empresa extranjera! Aquí la Barrick lo puede todo, y todo lo maneja a pesos. Esta es la razón por la cual los considero unos miserables y desgraciados, porque nos están robando la vida, que es el bien más precioso. ¡No tienen dignidad!”
Como quiera que estén las cosas, lo cierto es que los ingresos que recibe el Estado dominicano gracias a las operaciones mineras de la Barrick Gold no son de los que uno quisiera renunciar. Solo en 2013, en su primer año de actividad, más de la mitad del crecimiento del PIB dominicano fue causa de Barrick Gold, en los siguientes cuatro años, entre impuestos directos e indirectos, pagó en total al erario público más de un 1,5 millones de dólares, situándose en el primer lugar en el ránking nacional de las mayores empresas contribuyentes.
Por su parte, tampoco la sociedad canadiense está dispuesta a renunciar a una de las minas más rentables del mundo, con una vida útil que podría superar los 25 años. Desde su oficina de Responsabilidad Social, la gerente de comunicaciones Arlina Peña rechaza todas las acusaciones avanzadas por el Comité Nuevo Renacer: “Todos los informes de inspecciones que se realizaron a lo largo de los años contradicen esas denuncias y, al contrario, muestran una mejora en la calidad de las aguas, resultado de un trabajo de remediación del pasivo ambiental histórico relacionado a las anteriores operaciones mineras del cual nos hicimos cargo”.
Añade, además, que la Barrick Gold de Pueblo Viejo, además de tener la certificación internacional sobre manejo del cianuro (ICMI), hizo de la sostenibilidad ambiental y social su verdadero caballo de batalla, contribuyendo al desarrollo económico de la zona a través del financiamiento de un sinnúmero de proyectos en el ámbito de la educación, del deporte, de la salud y, justamente, del medioambiente.
Según los miembros del Comité Nuevo Renacer, sin embargo, estas no serían más que inteligentes operaciones de marketing, útiles, por un lado, para limpiar la imagen de la multinacional y, por el otro, para ganarse la benevolencia de los mismos pobladores.
No todos los que viven a la sombra del monstruo, en efecto, lo consideran así. Una parte de las familias residentes en el Valle de la Muerte, como se le denomina, afirman lo contrario. Según Juan Francisco Yepe, por ejemplo, las denuncias relacionadas con la contaminación son todas falsas de las cuales los mismos promotores son bien conscientes, pero que utilizan instrumentalmente para fines personales, en la búsqueda de un beneficio exclusivamente económico. “No hay contaminación o, mejor dicho, siempre ha habido. Pero ahora todo lo que pasa siempre se le echa la culpa a la Barrick… ¿un mal de cabeza? ¡La Barrick!... pero la verdad es que la Barrick nos trajo desarrollo y trabajo en esta zona donde no teníamos nada. Los que denuncian una supuesta contaminación solo lo hacen por interés personal. Están pidiendo una reubicación, pero lo que quieren es una indemnización, es así, quieren ganarse un dinerito”, asegura.
De esta manera, la mina de Pueblo Viejo adquiere las apariencias de un monstruo de doble cabeza, cuyos contornos, sin embargo, parecen inciertos y confusos, como queriendo mezclar las cartas del bien y del mal, en un juego de oscuras ambigüedades. No podemos saber si este dios del oro, para sobrevivir, también necesita de vidas humanas, pero una cosa esta segura: el tributo a rendir tiene un precio muy alto y se mide en el conflicto intestino que desgarra las comunidades, dispuestas a intercambiarse mutuamente acusaciones y amenazas de cualquier tipo.
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