SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
Imágenes de refugiados sirios atrapados en las fronteras y en estaciones de tren, sin mencionar la desgarradora imagen del niño de tres años, Alan Kurdi, muerto en una playa turca, han provocado un clamor para que se haga más por ayudar a los que huyen de la guerra.
El enfado se ha centrado, en particular, sobre los estados árabes del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait, Qatar, Omar y la UAE) que han mantenido cerradas sus puertas a los refugiados.
En medio de las críticas, es importante recordar quelos estados del Golfo no se han mantenido impertérritos sin hacer nada ante los refugiados sirios.
Han hecho cosas, y la generosidad de algunos individuos ha sido, por momentos, muy importantes.
Las recaudaciones caritativas individuales han alcanzado los cientos de miles de dólares, y cuando les preguntaron a los trabajadores de empresas nacionales (por ejemplo, Qatar Petroleum) si queríanseparar parte de su sueldo cada mes para los refugiados, muchos lo hicieron.
Los estados del Golfo han proporcionado un total de US$900 millones a través de organizaciones caritativas y donaciones individuales.
Sin embargo, a medida que ha avanzado la guerra en Siria, proporcionar recursos a los refugiados que viven en campos se ha convertido en una acción inadecuada.
El mundo tiene que encontrar otras soluciones para lidiar con este movimiento masivo de población, a medida que los sirios, cansados de la guerra y de languidecer en campos con pocas esperanzas de una mejora social o financiera,han empezado a dejar la zona de conflicto en busca de un futuro más seguro y más próspero.
En resumen, proporcionar alimentos y refugio a personas que viven en campos fue una solución para el problema de ayer.
El tema más urgente es buscar un lugar para vivir a cientos de miles de personas, y aquí es donde los estados del Golfo han empezado a tener dificultades para dar una respuesta.
Miedo a la inestabilidad
Mientras que los estados del Golfo han aceptado a algunos nacionales sirios (Arabia Saudita dice que ha permitido la entrada de 500.000 desde 2011), sobre todo como trabajadores migrantes, no ha habido una política explícita por parte de ninguno de estos países para acoger a refugiados que llegan en masa sin patrocinadores ni permisos de trabajo.
Explicar esto requiere profundizar en losmiedos de los estados del Golfo en relación a la estabilidad política dentro de sus fronteras, y en cuestiones más amplias, sobre identidad cívica y la noción de qué significa ser ciudadano de un estado del Golfo.
En 2012, a medida que la guerra contra Bashar al Asad empezó a convertirse más claramente en una competición establecida entre los intereses de los sunitas del golfo árabe y los aliados de Irán, miedos profundos empezaron a extenderse entre los estados del Golfo de quesirios leales a Assad intentarían infiltrarse en el Golfo para vengarse.
Entonces comenzaron los exámenes a los viajeros sirios y se hizo más difícil para los sirios recibir permisos de trabajo o renovar los que ya tenían.
La política no ha cambiado hasta ahora, con Qatar, Arabia Saudita, y los Emiratos Árabes Unidos en particular, muy preocupados sobre el potencial de los leales a Al Asad de volver a golpear.
Los rumores han persistido en el Golfo durante los últimos tres años sobre detenciones de sospechosos de terrorismo, aunque nunca se ha hecho pública ninguna prueba de un complot entre seguidores de Al Asad.
Equilibrio demográfico
Además, el influjo de miles de sirios al mismo tiempo podría amenazar un muy delicado equilibrio demográfico necesario para que los países del Golfo puedan funcionar.
Por ejemplos,los ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos y Qatar superan por poco el 10% de las poblaciones de residentes de sus respectivos países.
Sin embargo, la gran mayoría de residentes son trabajadores económicos transitorios.
Los extranjeros solo pueden conseguir la residencia si ellos o sus esposas tienen trabajos a tiempo completo –no es posible quedarse permanentemente en el Golfo sin permiso de trabajo- y una vez que sus contratos finalizan,casi todos ellos vuelven a casa.
Así es como funciona el Golfo, con una gran tasa de reemplazo de trabajadores con muchas y pocas cualificaciones, lo que permite a las poblaciones nativas del Golfo Árabe mantener su estatus dominante sin ser superados por árabes de otros países, o por trabajadores surasiáticos.
Discurso débil
Así que la idea de que miles de extranjeros lleguen, sin empleo ni una fecha de vuelta,es muy incómoda para los estados del Golfo.
No hay precedente, ni siquiera el éxodo palestino de 1948, que iguale la escala de laamenaza demográficaque suponen los refugiados sirios para la identidad del Golfo y la composición social.
Y los estados del Golfo simplemente no tienen respuesta a las preguntas que genera la crisis de refugiados sirios.
Es muy difícil ver cómo estos miedos sobre el cambio demográfico y las amenazas a la identidad cívica pueden superarse con presión pública o diplomacia, sobre todo de parte de los países occidentales.
El discurso público para presionar a las familias reinantes del Golfo para que cambien de dirección es escaso.
Además, las élites del Golfo sienten que este lío nunca hubiera sucedido si los países occidentales hubieran hecho algo antes para lidiar con Assad y su régimen. Las peticiones de los diplomáticos occidentales caerán con probabilidad en oídos sordos.
(*)Michael Stephens es Investigador para Estudios del Medio Oriente y jefe de Rusi Qatar.
Crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela: ¿Quiénes son los paramilitares de los que habla Nicolás Maduro?
Daniel PardoEnviado especial a la frontera colombo-venezolana, BBC Mundo
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el cierre de un nuevo punto de frontera con Colombia, esta vez entre el venezolano estado Zulia y el colombiano departamento de La Guajira, en el norte de ambos países.
Como en el cierre del puesto fronterizo entre San Antonio del Táchira y Cúcuta, el mandatario argumentó la necesidad de combatir al paramilitarismo colombiano.
Pero ¿quiénes son los supuestos paramilitares a los que el gobierno venezolano acusa de buena parte de los males que aquejan a su país?
Investigación de BBC Mundo.
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Germán*, un contrabandista colombo-venezolano, cruza la frontera a pie como quien está en su casa a pesar del cierre fronterizo impuesto por Nicolás Maduro hace 20 días.
En una lujosa oficina en uno de los municipios venezolanos donde se vive en estado de excepción desde hace dos semanas, Germán habla con BBC Mundo en condición de anonimato sobre la actividad ilegal que reina en esta zona montañosa compartida por dos países.
El contrabandista, que aunque creció en Venezuela tiene acento colombiano, posee una finca en plena frontera, por la que cruza sin apuro no solo ahora: lo ha hecho así durante los últimos años, en los que ha acumulado una fortuna gracias al contrabando de carne, azúcar y gasolina, productos que en Colombia se venden cientos de veces más caros que en Venezuela.
"Incluso con la frontera cerrada, hoy voy a pasar unos kilitos de carne porque la conseguí barata", dice, para sorpresa de cualquiera que pase por el ahora militarizado río Táchira.
"Mira:acá todo está infectado por donde lo mires, empezando por las autoridades del Estado venezolano; acá todo tiene su precio", asegura, citando a manera de ejemplo los supuestos sobornos que él como contrabandista debe pagar a la Guardia Nacional Bolivariana o al ejército venezolano.
También, asegura, les paga vacunas y vigilancia a las bandas armadas que ejercen control sobre esta zona Andina de la frontera y son consideradas un reducto del paramilitarismo colombiano.
Los paramilitares por los que Maduro cerró la frontera.
El presidente venezolano justificó la medida con la necesidad de combatir los grupos paramilitares colombianos que según él generan la delincuencia y la crisis económica que se viven actualmente en toda Venezuela.
Según el gobierno venezolano, al menos 100 personas fueron arrestadas por supuestos vínculos con grupos paramilitares y miles de toneladas de productos –así como armamento– han sido incautados.
El cierre fronterizo es la nueva fase de una polémica política denominadaOperación de Liberación del Pueblo(OLP), que busca "liberar a Venezuela del paramilitarismo", en palabras de Maduro, y con la que se han allanado decenas de barrios populares que están controlados por bandas armadas.
Al menos un centenar de presuntos delincuentes han muerto en los operativos policiales, según cifras oficiales.
La arrolladora llegada de la OLP a los barrios de invasión fronterizos –donde derrumbaron casas que estaban marcada con una 'D'–generó una ola de migraciones de colombianos en Venezuela hacia el país que los vio nacer: casi 1.200 colombianos han sido deportadas y más de 10.000 personas cruzaron por su propia voluntad, según la ONU.
"Me trataron como paramilitar, como criminal, solo porque soy colombiana", le dijo a BBC Mundo Yolanda*, una madre de tres niños que fue deportada pero había vuelto ilegalmente a Venezuela a recoger sus pertenencias.
Su denuncia se agrega a muchas otras que alegan la violación por parte de autoridades venezolanas de los derechos humanos de personas humildes que hace años vivían en estas zonas; y, lejos de ser paramilitares, dicen ser desplazados de la violencia que flagela a Colombia hace más de medio siglo.
El gobierno venezolano sostiene que estos barrios de invasión eran bases de paramilitares que sometían a la gente al trabajo criminal.
"Yo, como mucha gente de acá, no te voy a negar que alguna vez compré algo en Venezuela y lo vendí en Colombia, pero lo hice porque es una forma de sobrevivir acá", dijo Yolanda, quien niega ser paramilitar, pero se siente perseguida como si fuera el más poderoso de ellos.
Para este reportaje BBC Mundo solicitó entrevistas con el ministro venezolano del Interior, Gustavo González, y con el gobernador del Táchira, el oficialista José Gregorio Vielma Mora, pero no obtuvo respuesta.
Paramilitarismo en Colombia
Los grupos civiles y armados que se organizaron en Colombia en los años 80 para combatir a la guerrilla –en alianza con el narcotráfico y algunas unidades militares– fueron denominados paramilitares en ese país.
En 2003, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se inició un proceso de negociación que dio como resultado un masivo proceso de desmovilización, en el que miles de combatientes abandonaron las armas.
Sin embargo, en los último años,cientos de estos desmovilizados volvieron a organizar bandas criminales –como los Urabeños y Los Rastrojos– que operan en gran medida en la frontera y se lucran del narcotráfico, del contrabando de productos que vienen de Venezuela y la extorsión de habitantes y comerciantes.
"Si antes de la desmovilización la situación de la frontera era grave, ahora es mucho peor, porque estas bandas delincuenciales ya no tienen una estructura jerárquica que los controle u organice sino que todo es un desorden, una anarquía", le dijo a BBC Mundo en condición de anonimato un funcionario de la fiscalía colombiana que ejerció en Cúcuta como fiscal de paramilitares desmovilizados.
Jorge Restrepo, director del independiente Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos en Bogotá, dice queeste "neoparamilitarismo" tiene dos facetas.
"Hay un paramilitarismo de vigilancia armada que no es ofensivo, ni antiestatal ni antiinsurgente, sino que corresponde a una seguridad privatizada, muy común en la gran mayoría del campo colombiano", dice el investigador.
"Otro paramilitarismo es el funcional al crimen organizado, de carácter ofensivo y violento, más notorio y muy cercano al poder en aquellas zonas donde se arraigó el paramilitarismo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2003: en la costa Caribe, el norte del Valle del Cauca y el Catatumbo y Cúcuta".
"En todos los anteriores la frontera no existe", concluye Restrepo. "Son proyectos queutilizanla frontera".
Mientras el paramilitarismo en Colombia ha sido documentado y estudiado por todo tipo de organizaciones, en Venezuela la información se reduce a la versión oficial.
El oficialismo culpa al paramilitarismo de la crisis económica y de inseguridad que padece Venezuela en los dos años que coinciden con el gobierno de Maduro, pero hay varios casos puntuales que el gobierno usa como "prueba de la incursión paramilitar".
El más representativo es el caso del joven diputado chavistaRobert Serra, quien murió a puñaladas en su casa en Caracas en octubre de 2014.
El presunto autor material del homicidio, Leiver Padilla, alias 'El Colombia', fue extraditado desde su país y se declaró en medios colombianos "víctima de un chivo expiatorio del gobierno venezolano".
Por su parte, el presunto autor intelectual del crimen de Serra, un concejal de Cúcuta llamado Julio Vélez, fue arrestado en Venezuela después de dos años prófugo de la justicia colombiana, según anunció Maduro.
El Ministerio Público, sin embargo, no lo ha imputado por homicidio; según medios locales citando fuentes de la fiscalía, porque no tiene pruebas para dicho señalamiento.
Medios venezolanos de oposición reportaron que el móvil del asesinato de Serra fue, según fuentes policiales, un altercado entre él y su jefe de escoltas, que supuestamente decidió robarlo y matarlo.
Otro caso que tuvo repercusión mediática fue el deLiana Hergueta, una mujer de 53 años que apareció hace un mes descuartizada en un carro en Caracas.
El homicidio se añade a otros casos de descuartizamiento de cuerpos que fueron noticia recientemente.
Dos jóvenes venezolanos, José Pérez Venta y Carlos Trejo, son acusados por la justicia del homicidio de Hergueta.
Y el oficialismo los acusa de ser paramilitares y activistas de la oposición venezolana, después de que Maduro divulgó fotos de ellos con líderes opositores y videos en los que llamaban a derrocar al mandatario.
La oposición y la prensa opositora, sin embargo, denunciaron que eran infiltrados del gobierno en partidos opositores.
En los últimos meses el gobierno también ha acusado a los revendedores de productos básicos –conocidos como "bachaqueros"– y a los líderes de bandas criminales –o "Pranes"– de tener vínculos con paramilitares.
Personas que cumplen esos perfiles negaron ser colombianos, paramilitares o, incluso, opositores en varias conversaciones con BBC Mundo.
Saúl Ortega es un diputado oficialista que preside una comisión parlamentaria sobre política exterior y una subcomisión de temas fronterizos.
En un receso de la cuarta campaña parlamentaria que hace, el diputado explicó a BBC Mundo que para él el cierre de la frontera se tornó necesario después de años de"negligencia" del gobierno colombiano ante la emergencia de paramilitares en la región.
"Estos paramilitares son pequeños grupos con armas y prácticas de guerra, que operan desde la frontera y entran al resto del país para delinquir", le dijo a BBC Mundo.
"Acá no los hemos visto haciendo política, aunque sí trabajando para políticos. Pero fundamentalmente se dedican a delinquir. Es crimen organizado trasnacional".
"¿Pero crimen organizado y paramilitares son lo mismo?", le preguntó BBC Mundo.
"Sí, son lo mismo", respondió Ortega.
Asimetría, impunidad y corrupción
El exgobernador del Táchira y opositor César Pérez Vivas coincide con Ortega en que Venezuela ha sido víctima de la violencia colombiana durante años, pero asegura que la profundización del problema en los últimos años se debe a las "malas políticas" del gobierno bolivariano.
Una, dice, son los controles de cambio y precios, que para él generan una distorsión cambiaria que fomenta el contrabando; la otra razón es una supuesta "orden de Hugo Chávez de permitirles actuar con salvoconducto a grupos ilegales en Venezuela".
Por un lado, estudios académicos e imágenes satelitales divulgadas por el gobierno colombiano han documentado que en Venezuela se refugian frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), las dos guerrillas más importantes de Colombia que comparten ideología con el gobierno bolivariano.
Por otro lado, el gobierno venezolano apoyó la creación de colectivos armados "para la defensa de la revolución" que operan como policías paralelas en algunas urbanizaciones; "son los paramilitares del chavismo", dice Pérez Vivas.
"Ese nivel de impunidad les dio mal ejemplo a todas las fuerzas armadas, que empezaron a colaborar con las bandas criminales que controlan la frontera", dice el exgobernador.
"Aquí lo que tenemos no es paramilitarismo, sino bandas delincuenciales de colombianos y venezolanos que se aprovechan de la asimetría económica y han creado mafias para el tráfico de drogas y bienes".
"El mismo fenómeno se ve en la frontera con Brasil y en las costas, donde no hay Uribe, ni paramilitares, ni historia violenta de un país", dice Pérez Vivas.
Por eso el exgobernador, así como otros dirigentes opositores, no ve el cierre de la frontera como una medida que busca solucionar el problema de fondo:"Esto es un show para generar un enemigo común cuando estamos en campaña electoral en Venezuela y el gobierno sabe que puede perder", opina.
Extorsión y desplazamiento
Francisca* es una de las miles de personas en la frontera que se plantea irse de su país por adopción y regresar a su país natal: está empacando su casa en dos maletas para cruzar el río Táchira y volver a Colombia.
De 55 años, dice que lleva toda su vida huyendo de la extorsión de los grupos criminales que han dominado estas tierras desde que tiene uso de razón.
"Primero fueron los guerrilleros, después los 'paracos', después los 'guerrillos' otra vez y ahora son los Guardias Nacionales", dice, en medio del llanto, sentada en una mecedora de plástico al frente de una de las casas que esperan ser demolidas.
"Yo lo único que he querido siempre es que me dejen en paz; he pagado por eso con mi trabajo".
"Y mira: ahora me vuelven a sacar de donde estaba", dice, riendo, entre lágrimas.
*Los nombres con asterisco son ficticios para proteger la identidad de la fuente.