martes, 28 de abril de 2026

AIRD resalta crecimiento económico y atribuye avances a la planificación del Gobierno | Luis Orlando Díaz Vólquez

 

AIRD resalta crecimiento económico y atribuye avances a la planificación del Gobierno

Julio Virgilio Brache afirma que el primer trimestre muestra un desempeño “sólido como nunca antes” en los últimos 12 meses, con alzas de doble dígito en recaudaciones, récords en turismo y exportaciones, y una aclaración clave sobre el recargo en fletes: “es un surcharge solamente por el combustible”.

Santo Domingo, RD, 28 de abril de 2028. – El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, ponderó la planificación económica del Gobierno al destacar que el país exhibe un dinamismo “sólido como nunca antes” durante el primer trimestre del año, aun en un entorno internacional complejo. “El resultado es que ha habido un crecimiento en el país en este primer trimestre sólido como nunca antes en los últimos 12 meses”, expresó, al subrayar que el desempeño observado en marzo supera el comportamiento registrado en el año previo: “el crecimiento que hubo en marzo no lo ha habido en los últimos 12 meses anteriores”.

Brache sostuvo que esa tendencia se refleja en indicadores fiscales concretos. “Eso se comprueba también por las recaudaciones del Estado”, afirmó, al indicar que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha mostrado un incremento de doble dígito. “La Dirección General de Impuesto Interno ha recaudado doble dígito en este primer trimestre, más de un 10%. Al igual ha pasado con el ITBIS”, declaró, al señalar que estos resultados constituyen evidencia del ritmo de la actividad económica.

El presidente de la AIRD añadió que el crecimiento no se limita a la dimensión tributaria, sino que se apoya en otros sectores estratégicos. “Vemos el tema del mismo turismo, como está; ha habido un récord de turismo, ha habido también un récord en las exportaciones”, dijo, al considerar que el desempeño general confirma una trayectoria favorable: “la economía va en un progreso ascendente”.

En su valoración, los resultados responden a una conducción planificada de las políticas públicas frente a riesgos externos. “Todo eso es debido a una planificación. Si no hay planificación en este entorno de guerra que tenemos a nivel mundial, no se hubiera logrado este crecimiento que tenemos hoy en día”, sostuvo, enfatizando la importancia de sostener previsibilidad y coordinación para proteger la estabilidad interna y el clima de inversión.

Respecto a la situación de los fletes y los recargos en la logística marítima, Brache informó que se ha producido una aclaración relevante tras conversaciones con navieros. “Precisamente ahora mismo… hemos tenido una conversación con un naviero y ellos me han aclarado que lo que están aplicando es un surcharge, cargos adicionales al precio base, por el costo del bunker”, explicó. En ese sentido, indicó que el recargo no está asociado a la guerra: “ya no se está aplicando el surcharge de la guerra, sino un surcharge solamente por el combustible”, lo que consideró un avance para reducir incertidumbre en la cadena de suministro: “hemos logrado un paso de avance en ese sentido”.

La AIRD reiteró que continuará dando seguimiento a los factores que inciden en la competitividad del aparato productivo nacional, incluyendo costos logísticos y condiciones del entorno internacional, al tiempo que resaltó la importancia de preservar un marco de estabilidad y planificación para sostener la senda de crecimiento.

Opinión

Cuando los números hablan: industria, recaudaciones y la importancia de planificar en tiempos inciertos

Las declaraciones de Julio Virgilio Brache (AIRD) vuelven a poner el foco en lo medible —recaudaciones al alza, dinamismo sectorial y mayor claridad en fletes—, mientras el Estado insiste en un enfoque de metas 2024–2028 y en un “Gran Acuerdo Nacional” para amortiguar choques externos.

Por Luis Orlando Díaz Vólquez | #GusábaraEditor

Hay momentos en que el debate público se llena de ruido y la incertidumbre termina imponiéndose, no por ausencia de datos, sino por falta de una narrativa capaz de ordenarlos. En esos escenarios, el país necesita volver a lo esencial: resultados verificables, señales macroeconómicas consistentes y decisiones que reduzcan la ansiedad colectiva. Por eso resultan especialmente relevantes las declaraciones de Julio Virgilio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), cuando subraya que “ha habido un crecimiento en el país en este primer trimestre, sólido como nunca antes en los últimos 12 meses”, y que esa tendencia “se comprueba también con las recaudaciones del Estado”. En un contexto internacional marcado por tensiones, costos logísticos volátiles y expectativas frágiles, el mérito de los datos no es solo su frialdad; es su capacidad para desmentir percepciones extremas.

El primer ángulo de lectura es fiscal, porque la recaudación suele ser un termómetro de actividad: cuando la economía se mueve, la caja tributaria lo siente. Brache afirma que ese empuje se refleja en un crecimiento de “más del 10 %” en las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos, y acompaña el señalamiento con la idea de que el desempeño del trimestre rompe con la inercia del año previo. Lo importante aquí no es convertir el dato en consigna, sino entender su implicación: una recaudación que crece con vigor amplía el margen de maniobra del Estado para sostener servicios, inversión pública e instrumentos de protección social cuando el entorno externo se pone más caro e impredecible. Y en economía abierta, “margen” es sinónimo de resiliencia: la diferencia entre amortiguar un golpe o trasladarlo sin filtros al consumidor. 

El segundo ángulo es sectorial. Brache insiste en que el crecimiento no se sostiene con una sola variable, y por eso apunta a motores que, en el imaginario económico dominicano, funcionan como pruebas visibles de desempeño: turismo y exportaciones. En la cobertura reciente de sus declaraciones se resalta que el sector turístico “ha demostrado ir en crecimiento” y se enmarca su lectura en un primer trimestre de desempeño favorable. Cuando esos frentes se comportan bien, el efecto se multiplica: entra divisa, se fortalecen encadenamientos, y la formalidad encuentra terreno más fértil. Sin embargo, la lección más importante no es el aplauso coyuntural, sino la disciplina estratégica: si el turismo y las exportaciones son pilares, entonces la competitividad —infraestructura, facilitación, capital humano y seguridad jurídica— no puede tratarse como un tema “para después”, porque en tiempos inciertos “después” llega con factura. 

El tercer ángulo —quizá el más político en el sentido serio de la palabra— es la planificación. Brache lo dice sin rodeos: la economía “va en un proceso ascendente y todo eso es debido a una planificación”, y añade que “sin una planificación, en este entorno de guerra, no se hubiese logrado este crecimiento”. Aquí conviene una pausa: planificar no es redactar documentos; es anticipar shocks, coordinar instituciones, cuidar expectativas, evitar improvisaciones costosas y mantener un hilo conductor entre lo fiscal, lo monetario, lo productivo y lo social. Eso exige algo que a menudo subestimamos: continuidad, monitoreo y capacidad de ejecución. No basta con prometer “metas”; hay que seguirlas, medirlas y corregir con rapidez cuando la realidad cambia.

En ese punto, la planificación deja de ser un concepto abstracto y se conecta con una hoja de ruta concreta. El gobierno del presidente Luis Abinader ha insistido en priorizar metas para el período 2024–2028 con mecanismos de seguimiento, incluyendo un esquema de monitoreo tipo “Delivery Units” y objetivos vinculados a consolidación de clase media, reducción de pobreza, aumento de empleo formal, impulso a exportaciones e inversión, y metas ambiciosas en turismo. Dicho de forma simple: si el país aspira a resistir choques externos sin sacrificar bienestar interno, necesita metas claras y un sistema que las persiga sin excusas. El valor de ese enfoque no es que prometa perfección; es que reduce la improvisación, que suele ser el impuesto más caro en coyunturas globales volátiles. 

Y precisamente ahí entra un tema que suele pasar desapercibido hasta que golpea el bolsillo: los fletes. La logística internacional es, para una economía abierta, una arteria. Si esa arteria se congestiona o encarece sin explicación, el costo termina trasladándose —al productor, al comerciante y, finalmente, al consumidor— con impactos directos en precios y abastecimiento. En este debate, la transparencia importa tanto como el precio. Brache destaca que, tras conversaciones con navieros, se logró una aclaración relevante sobre los recargos: el “surcharge” responde al costo del combustible marítimo (bunker) y no a un recargo asociado a la guerra. Esa precisión, que parece técnica, tiene una implicación política y económica enorme: delimitar la causa reduce la especulación, mejora la previsibilidad y fortalece la capacidad de negociación y planificación de inventarios. En términos simples: cuando el recargo está explicado por combustible, se discute con datos; cuando se diluye en “la guerra”, se abre la puerta a la arbitrariedad. 

Ahora bien, si el mundo se está moviendo en un tablero inestable, el país necesita, además de planificación, un mecanismo de conversación nacional que produzca certezas y evite respuestas fragmentadas. En ese contexto se coloca la convocatoria del presidente Luis Abinader a un “Gran Acuerdo Nacional” para consensuar medidas orientadas a mitigar el impacto de la crisis global sobre las familias y sostener expectativas de crecimiento, mediante consultas con sectores productivos, políticos y sociales. Más allá del titular, lo relevante es el enfoque: no se trata de “hablar por hablar”, sino de socializar medidas, escuchar propuestas y construir un marco de corresponsabilidad donde el Estado, el sector productivo y la sociedad alineen expectativas. En tiempos de shock, la peor política pública es la que llega tarde; y la peor comunicación es la que deja espacio para el pánico. 

Por supuesto, una columna de opinión no puede quedarse en la complacencia. La pregunta de fondo es: ¿cómo convertimos señales positivas en estabilidad duradera? La respuesta pasa por coherencia y por ejecución. Si la recaudación crece, conviene traducir parte de esa fortaleza en servicios públicos más eficientes, inversión logística y un entorno regulatorio que favorezca la formalidad. Si turismo y exportaciones sostienen dinamismo, conviene blindar esos sectores con productividad, facilitación comercial y talento. Y si el recargo de fletes se explica por bunker, conviene fortalecer observatorios de costos logísticos y mecanismos de vigilancia competitiva para anticipar presiones inflacionarias antes de que se trasladen sin filtro a la canasta familiar. En un país donde la conversación pública suele polarizarse entre “todo está bien” y “todo está mal”, lo responsable es sostener matices: reconocer avances, identificar riesgos y exigir consistencia.

Si algo dejan claro las palabras de Brache —y los movimientos institucionales hacia metas verificables y acuerdos amplios— es que la economía no se defiende con consignas, sino con resultados, coordinación y transparencia. Cuando los números hablan, el país debe escuchar; y cuando la incertidumbre sube, el Estado, el sector productivo y la sociedad deben aferrarse a lo que reduce el riesgo: planificación, evidencia y diálogo que produzca certezas.

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Sobre el autor, Luis Orlando Díaz Vólquez, es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.

Palabras clave

Economía dominicana, Crecimiento económico, Recaudaciones fiscales, DGII, ITBIS, AIRD
Julio Virgilio Brache, Planificación económica, Estabilidad económica, Luis Abinader
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CONEP afirma que precios y abastecimiento se mantienen estables pese a la incertidumbre internacional


CONEP afirma que precios y abastecimiento se mantienen estables pese a la incertidumbre internacional

César Dargam destaca la resiliencia de los sectores productivos y el diálogo permanente con el Gobierno como factores clave para preservar la estabilidad del mercado y proteger el poder adquisitivo de los consumidores.

Santo Domingo, República Dominicana – 28 de abril de 2026. El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, aseguró que en la República Dominicana no se han registrado, hasta el momento, problemas de abastecimiento ni alzas significativas en los precios, aun en un contexto internacional marcado por incertidumbres y tensiones en los mercados. Según explicó, la estabilidad actual responde en gran medida a la resiliencia de los sectores productivos nacionales y a una coordinación constante entre el sector privado y las autoridades.

En declaraciones ofrecidas a la prensa, Dargam señaló que la normalidad en la oferta de bienes y la relativa estabilidad de los precios constituyen una señal positiva para la economía y para los consumidores. “La buena noticia es que República Dominicana el día de hoy no ha habido un tema de abastecimiento, no ha habido cambios significativos en los precios; eso en gran parte se debe a la resiliencia de nuestros sectores productivos”, afirmó, subrayando la capacidad de adaptación del aparato productivo ante escenarios complejos.

El ejecutivo del CONEP explicó que esta estabilidad no es producto del azar, sino de un seguimiento cercano de los indicadores económicos y del impacto que estos pueden tener sobre el costo de vida. En ese sentido, destacó que el empresariado mantiene un diálogo permanente con el Gobierno, con reuniones de trabajo semanales orientadas a evaluar la evolución de los precios y anticipar posibles presiones. “Estamos en diálogo permanente con el gobierno… semanal, se hacen reuniones. Mañana habrá una nueva reunión y ahí evaluamos los indicadores y cómo va esto afectando directamente al bolsillo de los consumidores”, indicó.

Dargam enfatizó que este monitoreo coordinado permite generar alertas tempranas y contribuir a la toma de decisiones oportunas que ayuden a preservar la estabilidad y la confianza en los mercados. A su juicio, la comunicación fluida entre los sectores público y privado resulta esencial para gestionar adecuadamente un entorno global volátil, donde los costos logísticos, energéticos y financieros pueden variar de forma acelerada.

Asimismo, reconoció que cada empresa debe reflejar en sus precios los costos reales de su operación, pero resaltó que el sector empresarial está aplicando medidas preventivas para amortiguar impactos abruptos y reducir la incertidumbre en la cadena de suministro. “Al final del día quien produce debe reflejar los costos que le cuesta esa operación”, puntualizó, al tiempo que explicó que se han intensificado acciones como el monitoreo constante de los fletes, la revisión de inventarios, las compras adelantadas y el uso de contratos futuros que permitan cierta estabilidad en los costos y en la planificación.

No obstante, advirtió que la coyuntura sigue siendo dinámica y que las condiciones pueden cambiar de un día a otro, por lo que el seguimiento debe ser continuo y riguroso. Aun así, reiteró el compromiso del empresariado de contribuir a mantener la normalidad en el abastecimiento y evitar alteraciones innecesarias en los precios. “Esta es una situación que cambia todos los días, pero hay el compromiso de mantener las condiciones actuales”, concluyó.

Desde el CONEP se reafirmó la disposición de continuar aportando información, análisis y coordinación junto a las autoridades para preservar la estabilidad del mercado, priorizando el bienestar de los consumidores y la sostenibilidad de la actividad económica. La organización reiteró que la colaboración institucional y la responsabilidad compartida son claves para atravesar escenarios complejos sin afectar de manera significativa el poder adquisitivo de la población.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada es la principal organización cúpula del empresariado dominicano y agrupa asociaciones y empresas de diversos sectores productivos. Su labor se centra en promover la competitividad, el diálogo público-privado y un desarrollo económico sostenible que fortalezca la estabilidad y el crecimiento del país.

📊🇩🇴 CONEP: estabilidad en precios y abastecimiento pese a la incertidumbre global

El vicepresidente ejecutivo del CONEPCésar Dargam, aseguró que en la República Dominicana no se han registrado alzas significativas de precios ni problemas de abastecimiento, aun en medio de un escenario internacional incierto 🌍⚖️.

✅ La clave: resiliencia de los sectores productivos,
🤝 diálogo permanente con el Gobierno,
📈 y monitoreo constante de los indicadores económicos, siempre con la mirada puesta en proteger el poder adquisitivo de los consumidores.

🗣️ “La buena noticia es que hoy no hay temas de abastecimiento ni cambios significativos en los precios”, destacó Dargam, subrayando el compromiso del sector empresarial con la estabilidad del mercado y la planificación responsable ante un entorno global volátil.

💬 Sector público y privado continúan trabajando juntos para anticipar riesgos, mantener la normalidad en la oferta y evitar impactos innecesarios en el bolsillo de la gente.

🔎 Seguimiento continuo, coordinación y responsabilidad compartida: pilares para sostener la confianza y la estabilidad económica del país.

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OPINIÓN

Cuando la estabilidad se vuelve noticia: precios, abastecimiento y confianza en tiempos de volatilidad  

En un entorno internacional que cambia “todos los días”, el mensaje de César Dargam, del Conep, pone el foco en lo esencial: disponibilidad de bienes, seguimiento de costos y un diálogo público‑privado que debe traducirse en protección real del consumidor.

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

En economía, lo extraordinario suele hacerse visible por sus rupturas: faltan productos, suben los precios, se rompe la cadena de suministro, y la incertidumbre se instala en el hogar. Por eso, cuando una voz representativa del sector privado afirma que “no ha habido un tema de abastecimiento” y que “no ha habido cambios significativos en los precios”, lo que está diciendo —en el fondo— es que la normalidad se está defendiendo activamente. Y en una coyuntura volátil, la normalidad es un activo.

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, resumió el punto con una frase que, bien leída, describe una política económica no escrita: la estabilidad requiere gestión, coordinación y resiliencia. “La buena noticia es que República Dominicana el día de hoy no ha habido un tema de abastecimiento, no ha habido cambios significativos en los precios; eso en gran parte se debe a la resiliencia de nuestros sectores productivos”, expresó. Esa “resiliencia” no es una palabra decorativa: es la capacidad de producir, importar, distribuir y reponer inventarios aun cuando el entorno —fletes, combustibles, riesgos geopolíticos, tasas, seguros, disponibilidad— se mueve de forma abrupta.

Ahora bien, el ciudadano no vive de conceptos; vive de resultados. Y el resultado que hoy importa es concreto: poder encontrar lo que necesita y pagarlo sin sobresaltos. Dargam apunta a esa dimensión social cuando coloca el foco en “el bolsillo de los consumidores”: “Estamos en diálogo permanente con el gobierno… semanal, se hacen reuniones. Mañana habrá una nueva reunión y ahí evaluamos los indicadores y cómo va esto afectando directamente al bolsillo de los consumidores”. En esa línea, el valor del diálogo público‑privado no está en la foto de la reunión, sino en la capacidad de anticipar presiones antes de que lleguen a la góndola, al colmado, a la farmacia o a la factura del transporte.

Sin embargo, hay un matiz que no debe ignorarse. La estabilidad de precios no es un deseo; es una ecuación. Y Dargam lo reconoce sin ambigüedad: “Al final del día quien produce debe reflejar los costos que le cuesta esa operación”. Esta frase, que puede sonar fría, en realidad describe una verdad estructural: si los costos suben y el mercado no permite absorberlos, tarde o temprano se trasladan. El reto de un país —y de su política económica— es impedir que ese traslado sea súbito, desordenado o injusto; es amortiguar choques para que la economía no se vuelva una montaña rusa.

Ahí entran las medidas empresariales que Dargam enumera con intención pedagógica, “que la gente las entienda y que tengan tranquilidad”. “Entonces, el monitoreo constante, cambios en los fletes, revisión de los inventarios, compras adelantadas, contratos futuros que permitan traer algo de estabilidad”. Traducido al lenguaje del consumidor: vigilar el costo de traer productos, saber cuánta mercancía hay disponible, comprar con previsión cuando se anticipan alzas y usar instrumentos de cobertura (contratos) para reducir el impacto de la volatilidad. Esto es gestión de riesgo aplicada a la vida diaria.

Pero también es un recordatorio de que el mercado no opera en piloto automático. La estabilidad que hoy se observa puede ser el resultado de decisiones tomadas semanas antes: inventarios bien planificados, compras oportunas, contratos negociados, logística afinada. Y, por tanto, es frágil si la volatilidad se prolonga o se intensifica. Por eso Dargam insiste: “Sin embargo, insisto, esta es una situación que cambia todos los días, pero hay el compromiso de mantener las condiciones actuales”. La frase “cambia todos los días” no es un recurso retórico; es la descripción de un tablero en el que un evento externo —un aumento de flete, un cambio de ruta, un ajuste de seguros, una disrupción en puertos— puede reconfigurar costos en cuestión de horas.

En este punto, vale una reflexión de fondo: cuando el sector productivo afirma que la situación está bajo control, el país debe convertir esa afirmación en un plan de acción verificable. No para poner en duda lo dicho, sino para fortalecerlo. ¿Cómo se hace? Con información clara, indicadores públicos y coordinación efectiva. Si hay reuniones semanales, la ciudadanía se beneficia cuando se comunican —sin alarmismo— los hallazgos: tendencia de fletes, niveles de inventario en rubros sensibles, comportamiento de precios en canasta prioritaria, tiempos de reposición. La transparencia, en crisis, es un estabilizador psicológico y económico.

Además, la estabilidad de precios no se mide solo por “no subir”, sino por su distribución. Un promedio nacional puede ocultar alzas puntuales en productos específicos o en zonas con mayor costo logístico. Por eso, el enfoque en el “bolsillo” debe traducirse en microdatos: alimentos básicos, medicamentos, transporte, materiales esenciales. Si el objetivo es tranquilidad, debe ser tranquilidad con evidencia.

También hay un equilibrio delicado entre estabilidad y competencia. En mercados tensos, la tentación de “alinear” precios puede aparecer por simple incertidumbre. La defensa del consumidor pasa por mantener la competencia viva, garantizar abastecimiento y vigilar prácticas abusivas sin criminalizar la actividad productiva. La economía funciona cuando la confianza no se rompe: confianza del consumidor para comprar, del comerciante para reponer, del productor para invertir y del importador para traer mercancías con previsibilidad.

La declaración de Dargam, entonces, es más que un mensaje coyuntural: es un mapa de prioridades. Primero, abastecimiento. Segundo, monitoreo de costos y logística. Tercero, coordinación con el Estado. Cuarto, comunicación que explique —sin tecnicismos innecesarios— por qué los precios pueden resistir o por qué podrían moverse. En esa arquitectura, el consumidor no es un espectador; es el indicador final.

De cara a los próximos días, la clave será sostener lo que hoy luce positivo sin caer en complacencia. Si “cambia todos los días”, la respuesta debe ser igual de dinámica: inteligencia de mercado, reacción temprana, ajustes logísticos, inventarios prudentes y, sobre todo, un canal de diálogo que no se limite a “monitorear”, sino que sea capaz de acordar medidas concretas cuando se enciendan señales de alerta. La economía real no espera a que los informes estén listos.

En resumen, que “no ha habido cambios significativos en los precios” y que no exista “tema de abastecimiento” es una noticia que merece atención, porque refleja una operación país funcionando en condiciones complejas. Pero el verdadero valor de esta buena noticia estará en su continuidad. El compromiso expresado debe sostenerse con datos, coordinación y responsabilidad en toda la cadena: desde quien importa y produce, hasta quien distribuye y vende, con un Estado que facilite, vigile y comunique. Porque si algo enseña la volatilidad es esto: la estabilidad no se declara; se construye cada día.

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El superyate que cruzó Ormuz: cuando la seguridad es selectiva | Luis Orlando Díaz Vólquez,

Nord cruza el estrecho de Ormuz, bloqueado (Reuters).

El superyate que cruzó Ormuz: cuando la seguridad es selectiva

En pleno cuello de botella energético del planeta, el paso sin sobresaltos de un megayate vinculado a un multimillonario ruso sancionado expone una realidad incómoda: en los corredores marítimos militarizados no siempre manda la norma, sino la excepción —y esa excepción tiene costo económico para todos.

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

La noticia es tan llamativa por lo que muestra como por lo que sugiere. El Nord, un superyate de 142 metros valorado en más de US$500 millones, salió de Dubái, cruzó el Estrecho de Ormuz y llegó a Mascate (Omán) en un fin de semana, según datos de rastreo citados por la prensa internacional.¹ En condiciones ordinarias, el tránsito de una embarcación privada sería una anécdota de lujo. En el contexto actual, es un indicador de sistema: Ormuz no es una vía “más”, sino el punto de estrangulamiento por donde circula una fracción decisiva de la energía del mundo, con muy pocas alternativas reales de desvío cuando el riesgo se dispara.²

Lo más revelador no es solo que el Nord pasara, sino cómo pasó. En un corredor donde el flujo se ha reducido drásticamente, el episodio deja una pregunta abierta: ¿qué mecanismo habilita el tránsito cuando la regla visible es la restricción? Reuters —a través de su cobertura replicada por medios— subraya que no está claro cómo el yate obtuvo permiso para usar la ruta en un momento de controles severos, y que un representante del magnate vinculado rehusó comentar.³ Esa combinación (hecho verificable + explicación ausente) es, por sí sola, una señal al mercado: la navegación existe, pero el acceso puede depender de criterios que no se publican y no se auditan.

Aquí aparece el corazón del problema: la permeabilidad selectiva. Mientras navieras y operadores comerciales reevalúan riesgos, costos y responsabilidades, un activo de élite asociado a un individuo bajo sanciones occidentales logra cruzar sin incidentes un “chokepoint” militarizado.³ No se trata de moralizar el lujo frente a la carga esencial; se trata de comprender un principio básico de economía política del riesgo: cada excepción opaca reescribe los incentivos del resto. Cuando el mercado percibe que la seguridad opera por carriles, acuerdos tácitos o “coordinaciones” no estandarizadas, aumenta la disposición a pagar por acceso, a diluir trazabilidad y a multiplicar intermediarios. Y, donde sube la opacidad, sube la prima.

La consecuencia económica no necesita un impacto cinético para sentirse: le basta la incertidumbre. Reuters ha reportado que el tránsito por Ormuz —que antes promediaba 125 a 140 pasajes diarios— cayó a “solo unos pocos” por día en la coyuntura descrita.³ Cuando se estrecha la logística, se encarecen los cuatro canales que más rápido transmiten inflación: flete, seguro, financiamiento de inventarios y tiempos de espera. En esa aritmética, el precio del barril importa, pero también importan los días de navegación, la disponibilidad de cobertura, y la posibilidad de que una ruta “segura” deje de serlo de un día para otro.

En el mar, la guerra no solo se libra con patrullas. Se libra, sobre todo, en pólizas. El seguro marítimo funciona como el traductor inmediato entre riesgo geopolítico y costo comercial. Cuando el Joint War Committee del mercado londinense amplía las zonas de “alto riesgo”, muchas pólizas activan condiciones que obligan a pagar una prima adicional por viaje o, directamente, a renegociar cobertura para entrar a esas aguas. En marzo de 2026, la industria reportó una ampliación de áreas consideradas de alto riesgo en torno al Golfo —incluyendo aguas cercanas a varios Estados— precisamente “para cerrar vacíos” donde el riesgo no se tarificaba con igual severidad.⁴ El resultado práctico es directo: más costo por tránsito y términos más restrictivos.

Ese cambio, además, llegó con números que hablan por sí solos. Reuters informó que las primas de riesgo de guerra en el Golfo se multiplicaron por cinco en pocos días, agregando cientos de miles de dólares por envío.⁴ La lógica detrás de ese salto es simple: en un entorno volátil, el seguro de guerra se recalcula a ritmo de noticia, con ventanas cortas, coberturas que se revisan casi en tiempo real y cláusulas que se endurecen por acumulación de riesgo (demasiados buques concentrados en un área pequeña). Así nace el “bloqueo invisible”: el estrecho puede estar “abierto” en el discurso, pero puede quedar cerrado en la práctica si la cobertura se vuelve prohibitiva o indisponible.

Aún más decisivo es el eslabón de responsabilidad civil: P&I. La estructura del sector separa, en términos generales, el daño físico del buque de las responsabilidades ante terceros (contaminación, lesiones, remoción de restos, daños a infraestructura). En escenarios de guerra, el sistema se tensiona porque el reaseguro —el respaldo que permite a los clubes sostener exposición— tiende a retraerse primero. En marzo de 2026, varios clubes del International Group emitieron avisos de cancelación con 72 horas para ciertas coberturas ligadas a riesgos de guerra en la región, impulsados por el retiro de capacidad del reaseguro.⁵ Un club como Gard documentó, en circular pública, la notificación formal de cancelación con vigencia a partir de la fecha indicada tras el periodo mínimo, precisamente por avisos equivalentes recibidos de reaseguradores.⁶ El mensaje al armador es inequívoco: sin cobertura, navegar no es una decisión heroica; es una apuesta contra la supervivencia financiera de la empresa.

Con ese marco, el caso del Nord se vuelve más que una postal de helipuerto y piscina. Es una metáfora involuntaria de la diferencia entre capacidad (poder cruzar) y legitimidad (por qué se puede cruzar). Y en un chokepoint que condiciona inflación energética global, la legitimidad se traduce en previsibilidad; y la previsibilidad, en estabilidad de precios. Cuando esa previsibilidad se rompe —cuando el mercado asume que el acceso depende de autorizaciones discretas y no de reglas claras— la prima no se queda en el Golfo: se traslada a cadenas de suministro, a transporte, a alimentos y a la factura eléctrica de países importadores.

Para economías insulares y abiertas —como las del Caribe— la lectura es inmediata. El shock no llega solo por el barril; llega por el flete y el seguro, por el costo de inventario y por la volatilidad que encarece planificar. En política pública, la respuesta no se diseña con titulares, sino con colchones: diversificación de proveedores, eficiencia energética, mecanismos de cobertura razonables, y un monitoreo logístico-asegurador que anticipe disrupciones antes de que se vuelvan inflación. En ese sentido, Ormuz enseña una lección incómoda: cuando la seguridad se administra por “carriles”, el mundo no paga el lujo de unos pocos; paga la incertidumbre de todos.

Notas

  1. “Russian superyacht crosses blockaded Strait of Hormuz,” U.S. News & World Report (Reuters), 27 de abril de 2026, https://www.usnews.com/news/world/articles/2026-04-27/russian-superyacht-crosses-blockaded-strait-of-hormuz. [usnews.com]
  2. U.S. Energy Information Administration (EIA), “Amid regional conflict, the Strait of Hormuz remains critical oil chokepoint,” Today in Energy, 16 de junio de 2025, https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=65504; International Energy Agency (IEA), “Strait of Hormuz – Factsheet,” actualizado febrero de 2026, https://www.iea.org/about/oil-security-and-emergency-response/strait-of-hormuz. [eia.gov], [iea.org]
  3. “Russian superyacht crosses blockaded Strait of Hormuz,” U.S. News & World Report (Reuters), 27 de abril de 2026. [usnews.com]
  4. “London Marine Insurers Widen High-Risk Zone in Mideast Gulf as Conflict Escalates,” Insurance Journal (Reuters), 3 de marzo de 2026, https://www.insurancejournal.com/news/international/2026/03/03/860272.htm. [insurancejournal.com]
  5. Mike Schuler, “Gulf War Risk Insurance Pulled as Reinsurers Exit,” gCaptain, 2 de marzo de 2026, https://gcaptain.com/gulf-war-risk-insurance-pulled-as-reinsurers-exit/. [gcaptain.com]
  6. Gard, “01/2026 Notice of cancellation for war risks,” circular a miembros, 1 de marzo de 2026, https://gard.no/en/circulars/notice-of-cancellation-for-war-risks/. [gard.no]


Sobre el autor, Luis Orlando Díaz Vólquez, es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.

Palabras claves

Estrecho de Ormuz, Superyate Nord, Alexey Mordashov, Sanciones internacionales, Seguridad marítima, Corredores marítimos militarizados, 

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Productos de la canasta básica dominicana.  AGENCIA FOTO
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Santo Domingo.– En un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas y presiones inflacionarias sobre alimentos energía, la República Dominicana exhibe uno de los desempeños más estables de la región en el comportamiento de su canasta básica, con una inflación acumulada de apenas 0.7 % en el primer trimestre de 2026, muy por debajo de los niveles observados en Centroamérica y el Caribe.

Mientras economías comparables registran aumentos de precios entre 2 % y 4 % en el mismo período, el mercado dominicano ha logrado contener con mayor efectividad el traslado de las presiones externas hacia los consumidores, según datos del Banco Central y comparaciones regionales.

Un análisis de precios elaborado a partir de información del Consejo de Protección al Consumidor de Centroamérica y República Dominicana (CONCADECO), organismo vinculado al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), confirma que productos esenciales como el arroz, el pollo, el azúcar, el aceite y la pasta de tomate presentan variaciones más moderadas en el país e incluso niveles inferiores a los de varias economías vecinas.

El estudio, que utiliza el dólar como referencia para homogenizar las comparaciones, indica que mientras en distintos países de la región se han registrado alzas sostenidas e incluso episodios de desabastecimiento en productos básicos, en la República Dominicana la trayectoria ha sido más estable, con fluctuaciones contenidas y sin rupturas significativas en la oferta.

En términos concretos, las comparaciones regionales reflejan diferencias apreciables en productos clave: el arroz se comercializa en el país en rangos equivalentes cercanos a US$0.45–0.55 por libra, por debajo de mercados como Honduras y Costa Rica, donde supera los US$0.60 y hasta US$0.80; el pollo, uno de los principales componentes de la dieta dominicana, se mantiene alrededor de US$1.60–1.80 por libra, mientras en países como Panamá y Jamaica puede ubicarse entre US$2.20 y US$2.80; el aceite vegetal presenta precios locales cercanos a US$2.20–2.50 por litro, frente a niveles superiores a US$3.00 en economías como El Salvador y Nicaragua; y productos procesados como la pasta de tomate se sitúan en torno a US$0.80–1.00 por unidad, por debajo de otros mercados regionales donde superan con frecuencia el dólar. Estas diferencias evidencian un menor traslado de los costos internacionales al consumidor dominicano.

En el caso del arroz, uno de los principales componentes de la dieta nacional, los precios han mantenido un comportamiento relativamente estable, en contraste con mercados centroamericanos donde las variaciones han sido más marcadas por el impacto de los costos internacionales. Una tendencia similar se observa en el pollo, cuya producción local ha servido de amortiguador frente a los incrementos externos.

El azúcar y el aceite, dos rubros particularmente sensibles al comercio global, también reflejan menor volatilidad en el mercado dominicano, al igual que productos procesados como la pasta de tomate, que se mantienen dentro de rangos estables de comercialización.

El conflicto en Medio Oriente ha presionado al alza los costos de transporte marítimo, combustibles y fertilizantes, generando efectos en cadena sobre la producción y distribución de alimentos a nivel global. En varios países de la región, estos factores se han traducido en incrementos más pronunciados en los precios al consumidor.

Sin embargo, en la República Dominicana, distintos elementos han contribuido a mitigar ese impacto, entre ellos la fortaleza de la producción agropecuaria local, mecanismos de apoyo a sectores estratégicos y políticas orientadas a contener la inflación en productos de alto consumo.

Países como Honduras y Nicaragua han registrado incrementos acumulados superiores al 3 % en el primer trimestre, mientras Costa Rica y El Salvador se ubican en rangos cercanos al 2 %, todos por encima del nivel dominicano.

La estabilidad relativa de los precios de alimentos esenciales se traduce en una menor presión sobre el gasto de los hogares, especialmente en los segmentos de menores ingresos, donde la canasta básica representa una proporción significativa del presupuesto familiar.

En contraste, economías centroamericanas y caribeñas han enfrentado mayores dificultades para contener el traslado de los costos internacionales hacia los consumidores, reflejándose en mercados más volátiles y con incrementos más perceptibles.


Editorial #GUASABARAeditor 
Canasta básica dominicana: estabilidad en tiempos de turbulencia global  

La República Dominicana exhibe un desempeño singular en la región al contener el impacto inflacionario sobre los alimentos esenciales, gracias a la fortaleza de su producción local y políticas de apoyo, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y presiones sobre energía y transporte.  

Por Luis Orlando Díaz Vólquez:  

En medio de un escenario internacional convulso, donde las tensiones geopolíticas y los conflictos bélicos han encarecido el transporte marítimo, los combustibles y los fertilizantes, la República Dominicana se erige como un ejemplo de resiliencia económica y social. La canasta básica dominicana, ese conjunto de productos que define la seguridad alimentaria de millones de hogares, ha mostrado una estabilidad que contrasta con la volatilidad observada en países vecinos. Con una inflación acumulada de apenas 0.7 % en el primer trimestre de 2026, el país se sitúa muy por debajo de los niveles registrados en Centroamérica y el Caribe, donde los incrementos de precios han oscilado entre 2 % y 4 %.  

Este comportamiento no es fruto del azar, sino de una combinación de factores estructurales y políticas públicas que han permitido amortiguar el traslado de las presiones externas hacia los consumidores. La producción agropecuaria nacional, fortalecida en los últimos años, ha servido de escudo frente a los embates del mercado internacional. El arroz, alimento esencial en la dieta dominicana, se comercializa en rangos de US$0.45–0.55 por libra, por debajo de los precios en Honduras y Costa Rica, donde supera los US$0.60 y hasta US$0.80. El pollo, otro componente fundamental de la mesa dominicana, mantiene precios de US$1.60–1.80 por libra, mientras en Panamá y Jamaica se ubica entre US$2.20 y US$2.80.  

Estas diferencias reflejan una menor transmisión de los costos internacionales al consumidor local. El aceite vegetal, sensible al comercio global, se mantiene en US$2.20–2.50 por litro, frente a niveles superiores a US$3.00 en El Salvador y Nicaragua. Incluso productos procesados como la pasta de tomate se sitúan en torno a US$0.80–1.00 por unidad, por debajo de los valores que superan con frecuencia el dólar en otros mercados regionales.  

La estabilidad de estos precios no solo tiene un valor económico, sino también social y político. En un país donde los hogares de menores ingresos destinan una proporción significativa de su presupuesto a la alimentación, contener la inflación en la canasta básica significa reducir la presión sobre las familias y garantizar un acceso más equitativo a los alimentos esenciales. La política económica, en este sentido, se convierte en política social, pues protege la capacidad de consumo y preserva la cohesión comunitaria.  

El conflicto en Medio Oriente, particularmente la guerra en Irán, ha generado un efecto dominó sobre los costos de transporte y producción a nivel global. Sin embargo, la República Dominicana ha logrado mitigar ese impacto mediante mecanismos de apoyo a sectores estratégicos y políticas orientadas a contener la inflación. Países como Honduras y Nicaragua han registrado incrementos acumulados superiores al 3 % en el primer trimestre, mientras Costa Rica y El Salvador se ubican en rangos cercanos al 2 %, todos por encima del nivel dominicano.  

La diferencia es significativa y habla de una gestión económica que, sin ser inmune a las presiones externas, ha sabido administrar los riesgos y fortalecer las capacidades internas. La producción local de arroz y pollo, por ejemplo, ha servido de amortiguador frente a los incrementos internacionales. El azúcar y el aceite, rubros particularmente sensibles al comercio global, también reflejan menor volatilidad en el mercado dominicano.  

En este contexto, el Gobierno dominicano ha tomado medidas audaces para hacer resiliente la economía en tiempos de crisis global y defender a los más vulnerables. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), bajo la dirección de Eduardo Sanz Lovatón, ha jugado un rol preponderante siguiendo las instrucciones del presidente Luis Abinader. La coordinación entre las instituciones económicas y productivas ha permitido implementar políticas de apoyo que aseguran estabilidad en los precios de los alimentos esenciales y fortalecen la confianza de los consumidores. Estas acciones, lejos de ser coyunturales, reflejan una visión estratégica que coloca la seguridad alimentaria como prioridad nacional.  

Esta estabilidad relativa no debe ser interpretada como un triunfo definitivo, sino como una oportunidad para consolidar políticas de largo plazo que fortalezcan la soberanía alimentaria. La experiencia reciente demuestra que la dependencia excesiva de los mercados internacionales puede convertirse en una vulnerabilidad crítica. Por ello, resulta imperativo seguir invirtiendo en la producción nacional, en la modernización del campo y en el apoyo a los productores locales.  

La resiliencia de la canasta básica dominicana es también un mensaje político hacia la región. En un contexto donde las economías centroamericanas y caribeñas enfrentan mayores dificultades para contener el traslado de los costos internacionales, la República Dominicana se posiciona como un referente de estabilidad. Este desempeño fortalece la imagen del país como un actor estratégico en la gobernanza regional del comercio y la seguridad alimentaria.  

La inflación contenida en los alimentos esenciales no solo protege el bolsillo de los hogares, sino que también contribuye a la estabilidad macroeconómica. Un mercado interno menos expuesto a la volatilidad internacional genera confianza en los consumidores y en los inversionistas, y refuerza la percepción de que el país cuenta con instituciones capaces de gestionar los desafíos globales.  

En definitiva, la canasta básica dominicana resiste las presiones globales y registra un menor impacto inflacionario que la región. Este logro, sustentado en la fortaleza de la producción local, en políticas públicas orientadas a la estabilidad y en medidas audaces del Gobierno para proteger a los más vulnerables, debe ser valorado como un activo estratégico para el desarrollo nacional. La coyuntura internacional nos recuerda que la seguridad alimentaria es inseparable de la soberanía económica, y que proteger la mesa de los dominicanos es proteger el futuro del país.  
Luis Orlando Díaz Vólquez