Corrupción y desconfianza ciudadana
Los estados modernos y los países democráticos, como el nuestro, sustentan su gestión en la confianza del pueblo, que es la que legitima las actuaciones del sector público.
Hoy los ciudadanos piden mayor transparencia y eficacia en la administración pública. Para satisfacer las demandas sociales de una administración pública íntegra, eficaz y transparente, el Estado, antes de crear modelos idóneos para administrar, debe preservar el principio de confianza del pueblo en sus actuaciones.
La posible pérdida de confianza en las instituciones políticas y sociales se debería esencialmente al mal funcionamiento del sistema político y administrativo, la corrupción que implica la prevaricación inducida por los funcionarios públicos y el debilitamiento de los principios y valores que rigen nuestro sistema normativo.
La producción de leyes, muchas veces innecesarias, ambiguas y confusas, y el apañamiento y perdón oficial y social crean un margen de error e impunidad, que es donde se mueven los funcionarios corruptos.
De ahí la necesidad de reglas claras y precisas, que enmarquen los ámbitos de actuación de los servidores públicos, y aquellos casos en los que sea necesario utilizar criterios de discrecionalidad en el diseño normativo, someter dicho criterio a la legalidad, la proporcionalidad y el interés legítimo del Estado.
La simplificación de los procesos administrativos, la eliminación de la burocracia innecesaria, la vigencia de leyes transparentes, sanciones y amonestaciones precisas para el funcionario corrupto, son algunas de las fórmulas que pueden ser utilizadas para disminuir la ineficiencia administrativa.
La responsabilidad de optimización institucional recae sobre todos los poderes del Estado. No puede haber una real lucha contra la corrupción si los órganos llamados a impartir justicia están comprometidos con los funcionarios que ocupan cargos públicos.
El propio sistema de justicia debe tener la facultad de poner en manos de jueces verdaderamente capaces e imparciales los casos relacionados con los servidores públicos corruptos.
La cosa (mal) juzgada y el supergarantismo solo para los casos de funcionarios públicos sindicados de corruptos irritan.
Asimismo, la aplicación a pie forzado de las leyes no puede constituirse en excusa para la impunidad. De lo contrario, se sigue apostando al hartazgo y a la desconfianza ciudadana, caldo de cultivo para liderazgos imprevisibles. Solo la determinación política e institucional podrán frenar una hilada de desconfianza. http://eldia.com.do/corrupcion-y-desconfianza-ciudadana/
