RD EN UN MOMENTO DECISIVO
Por Andrés Lugo Risk
La República Dominicana vive un momento decisivo. Hemos desarrollado una economía con un crecimiento sostenido durante más de tres décadas, hemos consolidado sesenta años de estabilidad política, hemos avanzado como una sociedad con paz social perdurable, hemos demostrado poseer solidez institucional y hemos afianzado nuestra posición mundial como destino de inversión. Logros alcanzados por el trabajo, la responsabilidad, el esfuerzo y la madurez que debemos de reconocerle a toda la sociedad, desde nuestro liderazgo político, hasta la clase empresarial, los colectivos de trabajadores, la sociedad civil organizada, los medios de comunicación junto con amplios y diversos sectores que han incidido positivamente en la vida nacional en los últimos tiempos.
Sin embargo, esta gran realidad, concreta y demostrable, avalada no solo por las estadísticas oficiales, sino también, por los índices, rankings y evaluaciones de los más creíbles organismos y entidades internacionales nos presenta nuevos retos. El desarrollo trae consigo nuevos desafíos ante una ciudadanía que crece, se educa, tiene más conciencia social y exige más y mejores condiciones. El crecimiento obliga a servicios públicos de mejor calidad, mayores infraestructuras, mejores carreteras, mejores puertos, mejor movilidad, agua, saneamiento, energía, salud y tecnología.
Frente a esas necesidades, hay una situación que debemos asumir con responsabilidad: ningún Estado por sí solo puede financiar todas las obras y servicios que demanda una nación moderna. Los recursos públicos son valiosos, pero limitados. Por eso, la pregunta no es si necesitamos más inversión, es como nos organizamos mejor para obtener los recursos y el financiamiento necesario para que el Estado siga trabajando en favor del desarrollo nacional. Ahí entra un mecanismo moderno y alterno, un novedoso modelo de contratación pública que ha tomado mucho auge en el mundo por su efectividad y conveniencia, las conocidas alianzas o asociaciones público-privadas (APP).
Las APP no son una fórmula para reducir el papel del Estado. Son una herramienta para fortalecerlo. El Estado conserva la rectoría, define el interés público, establece las reglas, supervisa el cumplimiento y protege al ciudadano. El sector privado aporta capital, innovación, experiencia técnica y capacidad de ejecución. Cuando ese equilibrio funciona, el resultado es poderoso: proyectos mejor preparados, riesgos mejor distribuidos, servicios más sostenibles y beneficios más tangibles para nuestras comunidades.
En la DGAPP lo decimos todo el tiempo: una alianza público-privada no comienza cuando se firma un contrato. Comienza cuando una necesidad pública se convierte en una decisión estratégica. Comienza cuando una institución identifica una brecha, cuando se evalúa si existe valor por dinero, cuando se estudian los riesgos, cuando se mide la sostenibilidad fiscal, cuando se escucha al mercado y cuando se diseña una iniciativa capaz de generar confianza.
Y es que el financiamiento persigue la confianza. El capital llega donde hay reglas claras. Los inversionistas participan donde existe seguridad jurídica. Las instituciones avanzan cuando hay coordinación. Y los ciudadanos respaldan los proyectos cuando comprenden que detrás de cada obra hay un beneficio real para sus vidas cotidianas.
Por eso los gobiernos dominicanos deben pasar de la estrategia a la acción. Y ese es el compromiso de la administración del presidente Luis Abinader. Como alinear políticas públicas, instrumentos financieros, organismos multilaterales, banca, fiduciarias, instituciones sectoriales y capacidades técnicas para construir una ruta de ejecución de proyectos APP más robustos, transparentes y confiables. Esa es la clave del avance en las sociedades modernas.
El Marco Nacional Integrado de Financiamiento de las Naciones Unidas nos ofrece una ruta para pensar el financiamiento de manera más inteligente. No se trata solo de buscar recursos; se trata de secuenciar decisiones, mitigar riesgos, combinar instrumentos y preparar proyectos que puedan pasar del papel a la realidad.
Desde la creación de la DGAPP, nuestro país ha dado pasos firmes en la construcción de una cultura de profunda colaboración entre el sector público y el privado. Hemos avanzado en estructuración, promoción, fortalecimiento institucional y generación de confianza. Port Samaná (un pequeño puerto de carga convertido en moderna terminal de cruceros en Arroyo Barril, Samaná) primera APP adjudicada en nuestra historia, es una muestra de que el modelo puede transformar infraestructura, dinamizar territorios, generar empleo y abrir nuevas oportunidades sin que el Estado renuncie a su rol ni a la propiedad pública.
Pero este es apenas el comienzo. El país necesita una nueva generación de obras y servicios públicos capaces de conectar comunidades, elevar servicios, ampliar oportunidades y aportar a los objetivos nacionales de desarrollo, como el Plan Meta 2036. Esa es la tarea que tenemos por delante: convertir necesidades públicas en proyectos bien preparados; convertir proyectos bien preparados en inversión; y convertir esa inversión en bienestar para todos los dominicanos.
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