Convierten Marcha Verde en frente social de relaciones públicas
28 marzo, 2018Nuestro Tiempo
El movimiento verde cambia repentinamente el juicio político al presidente Danilo Medina por juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas.
“Los 212 delegados de 52 asambleas y organizaciones que aprobaron eso están equivocados. Deben juntarse con otras personas para que aprendan a tomar decisiones buenas y válidas”, así respondió la periodista Altagracia Salazar, una de las principales voceras de la Marcha Verde, el comentario de la también activista verde Virginia Álvarez publicado en su cuenta de FB: “Si me hubiesen dicho que marchara contra cinco Cámara de Cuentas no hubiese dado un paso. Marcha Verde ¿y el sometimiento?
Tanto la pregunta como la respuesta se refieren a la decisión de que el movimiento de repente y sin explicación haya cambiado juicio político al presidente Danilo Medina por juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas.
¿A qué se debe el giro? El oficialismo verde entiende que la última manifestación frente al Palacio fue un fracaso cuyas causas tienen que ver con haberse dejado llevar de algunos grupúsculos radicales obsesionados con pedir la cabeza de Medina con consignas “irracionales” que han terminado menguando la fuerza del movimiento.
La tesis se difundió ampliamente no sin ayuda oficial durante los días álgidos de la lucha por el fin de la impunidad, cuando una batería verde-oficial les salió al frente a los manifiestos ciudadanos que abogaban por la renuncia de Medina dadas las pruebas del financiamiento electoral proveniente de los sobornos y las sobrevaluaciones de Odebrecht.
Los “radicales”, como los bautizó el influyente periodista Juan Bolívar Díaz, terminarían siendo los “culpables” del desplome de la Marcha Verde independientemente de que las decisiones fueran de quienes, desde un primer momento, se asumieron “dirección” del movimiento “ungida” para crear una estructura a su imagen y semejanza.
El aparato verde resultó con fines distintos a los de una ciudadanía que se pasó el año 2017 marchando por el fin de la impunidad sin desasociarla de la cabeza principal del régimen.
Relaciones públicas
Días antes del tercer encuentro verde de “los 212 delegados de 52 asambleas y organizaciones” el movimiento cívico “no partidista” Participación Ciudadana puso a circular una nota de prensa en los siguientes términos:
“Participación Ciudadana considera que el aumento salarial que se han auto asignado los miembros de la Cámara de Cuentas viola el artículo 140 de la Constitución y el artículo 12 de la Ley 105/13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, lo que resta legitimidad y calidad legal y moral a tales miembros para continuar encabezando el máximo órgano del Sistema de Control y Auditoria del Estado”.
El título de la nota enganchada en el sitio de la ONG y reproducido ampliamente por los principales medios fue: “PC demanda juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas”.
La nota de Participación Ciudadana es del martes 20 de marzo y el tercer encuentro verde se realizó días después el domingo 25. La nota del encuentro verde puesta a circular por la periodista Altagracia Salazar, cabeza del equipo de comunicación de Marcha Verde y miembro del consejo directivo de Participación Ciudadana, está escrita en los mismos términos y solo varia el orden de los párrafos.
La agencia EFE la difundió así:
El movimiento anticorrupción Marcha Verde solicitó hoy al Congreso Nacional la destitución inmediata de los actuales integrantes de la Cámara de Cuentas, por considerar que la auto asignación de un aumento de sueldo por parte de esos funcionarios viola la Constitución de la República.
Asimismo, que el incremento violenta la ley 105/13 sobre regulación salarial del Estado dominicano y resta legitimidad a un órgano fiscalizador que debe ser ejemplo para todas las instituciones y la sociedad.
Según el colectivo, ni el Poder Legislativo ni la ciudadanía pueden permitir que los miembros de la Cámara de Cuentas violen la Constitución y la ley de salarios impunemente y se asignen cuantiosos aumentos salariales justo después de declarar que la entidad no cuenta con fondos para realizar auditorías a instituciones afectadas por grandes casos de corrupción.
“Nos sorprende que la Cámara de Cuentas tenga una iniciativa en este momento para aumentar el salario de sus directivos, cuando su presidente, Hugo Álvarez Pérez, hace menos de cinco meses declaró que no podía investigar las obras de Odebrecht por falta de recursos”, dijo Marcha Verde en un documento.
Agregó que al parecer, la Cámara de Cuentas estaba guardando los recursos para el beneficio particular de la directiva, al margen de la ley y del más mínimo respeto a la ciudadanía que está exigiendo el Fin de la Impunidad.
De acuerdo a la visión del movimiento, el aumento salarial es violatorio al artículo 140 de la Constitución, donde se indica que los incrementos de las remuneraciones de las instituciones públicas o entidades autónomas solo pueden hacerse para el período posterior al que fueron electos o designados los funcionarios activos.
Además, de que el artículo 12 numeral 5 de la ley 105-13 sobre regulación salarial del Estado dominicano estipula un tope salarial de hasta 350.000 pesos.
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