MICM y Banco Sabadell se unen para atraer inversión española y fortalecer exportaciones

MICM y Banco Sabadell se unen para atraer inversión española y fortalecer las exportaciones

Acuerdo procura identificar nuevas oportunidades de inversión y facilitar la expansión de empresas españolas en el país mediante su conexión con cadenas globales de valor.

Santo Domingo, R.D., 9 de junio de 2026.– Con el propósito de robustecer el tejido productivo nacional y consolidar a la República Dominicana como destino regional para la inversión de empresas de capital español, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Banco de Sabadell, S.A. suscribieron un acuerdo marco de colaboración interinstitucional.

El ministro Víctor “Ito” Bisonó? No—según el texto, Yayo Sanz Lovatón y el director general adjunto del Banco Sabadell, Maurici Lladó Vila, firmaron esta alianza estratégica orientada a promover la instalación y operación en territorio dominicano de centros de producción de empresas españolas, enfocados principalmente en el mercado norteamericano.

En virtud de este acuerdo, el MICM pondrá a disposición de las empresas interesadas —en particular aquellas que busquen establecerse bajo el régimen de zonas francas— los beneficios contemplados en la legislación vigente, así como capacitaciones, asesorías y otros mecanismos de apoyo que faciliten su establecimiento en el país.

Por su parte, el Banco Sabadell facilitará financiamiento y acompañamiento financiero a empresas españolas interesadas en operar en la República Dominicana, con el objetivo de fomentar nuevas oportunidades de inversión, expansión empresarial e integración en cadenas globales de valor.

El convenio también contempla la creación de una Comisión de Seguimiento, encargada de facilitar la coordinación, programación y ejecución de los compromisos asumidos por ambas partes.

Durante la firma del acuerdo, el ministro Sanz Lovatón destacó que España se consolidó en 2025 como el principal inversionista extranjero en la República Dominicana, con un aporte de US$1,086.1 millones, equivalente al 21.5 % del total de la inversión extranjera directa (IED) recibida por el país.

Indicó, además, que la iniciativa busca que las empresas españolas aprovechen las ventajas competitivas que ofrece la República Dominicana, especialmente en materia de comercio exterior, nearshoring y su posicionamiento como hub logístico del Caribe, al tiempo que contribuyen al fortalecimiento de la industria y la economía nacional.

“El hecho de que este acuerdo nos permita seguir facilitando la entrada de estos capitales para financiar las operaciones de las empresas españolas en nuestro país es sumamente importante”, afirmó.

De su lado, Maurici Lladó Vila expresó que el Banco Sabadell mantiene una gran confianza en el futuro de la República Dominicana y en las oportunidades que ofrece para la inversión y el desarrollo empresarial.

“Esto representa un nuevo paso en la colaboración que Banco Sabadell viene desarrollando con el ministerio desde el año 2022, con el objetivo de seguir apoyando la inversión y el desarrollo empresarial”, puntualizó.

En tanto, la embajadora de España en la República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos, destacó el impacto de las empresas españolas en la economía dominicana, especialmente en la transferencia tecnológica, el know-how y su contribución a la diversificación de la oferta de productos y servicios.

Arribalzaga Ceballos resumió el aporte de la inversión española a la economía dominicana en la creación de empleos directos e indirectos, la contratación de trabajadores locales para cubrir puestos cualificados, el aumento neto en la entrada de capitales, la introducción de prácticas organizacionales y de gestión empresarial, el fortalecimiento de la competencia y el incremento del salario real.

El acto contó, además, con la presencia de Francisco Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de España; María Pilar Serret, consejera económica y comercial de la Embajada de España; el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Peña, así como otros representantes del MICM y del Banco Sabadell.

Banco Sabadell, constituido en 1881, es el cuarto grupo bancario español. Con más de 140 años de historia, la entidad se distingue por su cercanía, acompañamiento y compromiso con clientes y empresas en sus procesos de crecimiento e internacionalización. En la República Dominicana, Banco Sabadell mantiene una Oficina de Representación en Santo Domingo, siendo el único banco español con presencia física en el país.

Agradecemos al @BancoSabadell, representado por Maurici Lladó Vil, Director General Adjunto; a la @EmbajadaESPenRD, representada por la embajadora Lorea Arribalzaga Ceballos, y a todos los actores que hacen posible esta visión compartida de progreso y prosperidad. pic.twitter.com/ToIjoIqXIs

— Yayo (@SanzLovaton) June 9, 2026

🤝🇩🇴🇪🇸 Inversión española y exportaciones: la nueva diplomacia productiva dominicana
La alianza entre el @MICMRD y @BancoSabadell marca un antes y un después: más que financiamiento, es confianza en la capacidad de 🇩🇴 para convertirse en plataforma regional de producción,… pic.twitter.com/hGU187kfWj

— Orlando Díaz, Luis (@LuisOrlandoDia1) June 9, 2026

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Inversión española y exportaciones: la nueva diplomacia productiva de República Dominicana

El acuerdo entre el MICM y Banco Sabadell representa mucho más que una alianza financiera: confirma la confianza del capital español en la economía dominicana y abre una ruta estratégica para convertir al país en plataforma regional de producción, nearshoring, zonas francas y conexión con cadenas globales de valor.

La firma del acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, encabezado por Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, y el Banco Sabadell, representado por Maurici Lladó Vila, debe interpretarse como una decisión de alto valor estratégico para la economía dominicana. No se trata simplemente de un instrumento administrativo para facilitar inversiones; se trata de una apuesta por reposicionar a la República Dominicana como centro productivo, logístico y exportador en un momento en que las empresas globales buscan mayor cercanía con los mercados, seguridad jurídica, eficiencia operativa y estabilidad macroeconómica. El acuerdo procura atraer empresas españolas, facilitar su expansión en el país y conectar sus operaciones con cadenas globales de valor, especialmente desde el régimen de zonas francas y con orientación hacia el mercado norteamericano.

La importancia de esta alianza radica en que une tres factores decisivos: política pública, financiamiento privado internacional y visión exportadora. El MICM ofrece el marco institucional, los incentivos, las asesorías, la capacitación y el acompañamiento necesarios para que las empresas interesadas encuentren una ruta clara de instalación. Banco Sabadell, por su parte, aporta financiamiento y acompañamiento financiero a compañías españolas que miran a la República Dominicana como destino de inversión y expansión empresarial. Esa combinación es clave, porque muchas oportunidades se pierden no por falta de interés, sino por ausencia de instrumentos que conviertan la intención inversora en proyectos productivos concretos. La creación de una Comisión de Seguimiento añade un componente de gobernanza indispensable para que el acuerdo no quede en la foto protocolar, sino que avance hacia resultados medibles. 

El dato ofrecido por Sanz Lovatón tiene una fuerza particular: España se consolidó en 2025 como el principal inversionista extranjero en República Dominicana, con US$1,086.1 millones, equivalentes al 21.5 % de toda la inversión extranjera directa recibida por el país. Esa cifra revela que la relación dominico-española ha entrado en una etapa superior. España ya no es solo un socio histórico, cultural o turístico; es un actor económico de primer orden en la transformación productiva nacional. Su inversión trae capital, tecnología, experiencia gerencial, redes empresariales, conocimientos industriales y estándares internacionales que pueden elevar la productividad dominicana si se integran adecuadamente al tejido local.

En ese contexto, la República Dominicana debe mirar este acuerdo como una oportunidad para profundizar su estrategia de nearshoring. La reorganización de las cadenas de suministro, las tensiones comerciales globales, los costos logísticos y la necesidad de acercar la producción a los mercados finales han creado una ventana excepcional para países con ubicación geográfica privilegiada. República Dominicana posee acceso al Caribe, cercanía con Estados Unidos, experiencia en zonas francas, conectividad portuaria y aérea, estabilidad política y una economía que ha demostrado resiliencia. El reto consiste en transformar esas ventajas en una política industrial moderna, capaz de atraer manufactura avanzada, servicios logísticos, tecnología, agroindustria, dispositivos médicos, componentes eléctricos, textiles especializados y otros sectores con mayor valor agregado.

La alianza con Banco Sabadell también debe verse como continuidad de una relación que no surge de la improvisación. Ya desde 2022 se había establecido una colaboración orientada a facilitar la inversión e instalación de empresas españolas en República Dominicana, con énfasis en zonas francas, financiamiento y asesoría para firmas interesadas en operar desde el país. Lo relevante ahora es que esa relación se actualiza en un contexto económico más favorable, con un país que exhibe mayor madurez logística, mayor ambición exportadora y una estrategia más definida para presentarse ante el mundo como plataforma de producción regional. 

Los números acompañan esa narrativa. En encuentros recientes con representantes diplomáticos, el MICM ha destacado que la inversión extranjera directa alcanzó US$5,032.8 millones en 2025, con un crecimiento de 11.3 %, mientras las exportaciones totalizaron US$14,645 millones ese mismo año; entre enero y abril de 2026, las exportaciones sumaron US$5,062.66 millones, para un incremento de 19 %. Además, el sector de zonas francas cuenta con más de 850 empresas, genera cerca de 200 mil empleos directos y supera los US$8,600 millones en exportaciones. Estas cifras explican por qué la República Dominicana resulta atractiva para empresas españolas que buscan eficiencia, acceso a mercados y una base confiable para producir y exportar. 

Pero el éxito de esta alianza dependerá de algo más que la llegada de capital. Dependerá de la capacidad del país para insertar esa inversión en una estrategia nacional de desarrollo productivo. La inversión extranjera de calidad no debe operar como una isla separada de la economía local. Debe generar encadenamientos con suplidores dominicanos, transferir conocimientos, demandar talento técnico, estimular innovación, elevar salarios, diversificar exportaciones y fortalecer pequeñas y medianas empresas nacionales. Si las compañías españolas se instalan, producen y exportan desde el país, pero además compran insumos locales, forman trabajadores dominicanos y elevan estándares empresariales, entonces el impacto será estructural.

La embajadora de España, Lorea Arribalzaga Ceballos, acertó al destacar el papel de las empresas españolas en la transferencia tecnológica, el know-how, la diversificación de bienes y servicios, la creación de empleos directos e indirectos y la contratación de trabajadores locales en posiciones cualificadas. Ese es precisamente el tipo de inversión que necesita la República Dominicana: una inversión que no solo aumente las estadísticas, sino que deje capacidades permanentes. El país debe competir no por ser el destino más barato, sino por ser el más confiable, el más eficiente, el más conectado y el más preparado para agregar valor.

Esta alianza también envía un mensaje político-económico importante: la política industrial dominicana está entendiendo que el comercio exterior del siglo XXI exige alianzas, financiamiento, diplomacia económica y visión de largo plazo. No basta con promover al país en foros internacionales; hay que crear mecanismos concretos para que los inversionistas lleguen, operen, produzcan y exporten. En ese sentido, el MICM actúa como articulador de una agenda que combina inversión, zonas francas, nearshoring, exportaciones y encadenamientos productivos. Banco Sabadell, al colocar su confianza en el futuro dominicano, contribuye a reducir incertidumbre y a abrir puertas para que más empresas españolas consideren al país como una extensión estratégica de sus operaciones internacionales.

La República Dominicana tiene ante sí una oportunidad que no debe desperdiciar. Si logra convertir este acuerdo en nuevas inversiones, empleos formales, exportaciones de mayor valor, transferencia tecnológica y más integración de empresas locales a cadenas globales, el país habrá dado un paso firme hacia una economía más sofisticada y competitiva. La verdadera medida del éxito no será la firma del convenio, sino la cantidad de proyectos que nazcan de él, la calidad de los empleos que genere y la capacidad de transformar la confianza española en desarrollo dominicano.

En tiempos de incertidumbre global, las naciones que avanzan son aquellas que entienden que la estabilidad debe convertirse en inversión, la inversión en producción, la producción en exportaciones y las exportaciones en bienestar. El acuerdo entre el MICM y Banco Sabadell apunta precisamente en esa dirección. Es una señal de confianza, pero también una prueba para la institucionalidad económica dominicana. Si se ejecuta con seguimiento, visión y responsabilidad, puede convertirse en uno de esos instrumentos silenciosos que, lejos del ruido político, ayudan a construir la economía real: la que crea empleos, conecta mercados, fortalece industrias y coloca a la República Dominicana en el mapa de las grandes decisiones productivas del siglo XXI.

Luis Orlando Díaz Vólquez
#GuasábaraEditor

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PNUD destaca a la RD como referente de fortalecimiento democrático y reducción de la pobreza en la región

Michelle Muschett resalta los avances del país en democracia electoral.

 Institucionalidad | 8 de Junio 2026 | 21:35

Santo Domingo.– La subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett, destacó este lunes los avances alcanzados por la República Dominicana en materia de democracia, libertades políticas y desarrollo humano, al presentar el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026, titulado “Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe”.

Durante su intervención, Muschett señaló que la República Dominicana constituye un caso relevante de profundización democrática en un contexto regional caracterizado por crecientes presiones sobre los sistemas democráticos, resaltando los progresos logrados en la consolidación de la democracia electoral y el fortalecimiento de las libertades políticas.

“En este contexto, el país ha logrado avances importantes en materia de democracia electoral y libertades políticas, destacándose como un caso de profundización de la democracia en un momento de crecientes presiones sobre estos sistemas”, expresó la alta funcionaria del PNUD.

El presidente Luis Abinader encabezó el evento celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores ((Mirex), junto con el canciller Roberto Álvarez, quienes tuvieron participación.

Reducción de la Pobreza

Asimismo, la representante del PNUD indicó que el país ha registrado avances significativos en la reducción de la pobreza y la desigualdad durante las últimas dos décadas, resultados que reflejan importantes transformaciones en materia de desarrollo humano y bienestar social.

Muschett explicó que el informe analiza las principales tensiones que enfrentan actualmente las democracias de América Latina y el Caribe, así como los retos asociados a la gobernanza, la desigualdad, la polarización y la capacidad de los Estados para responder a las demandas ciudadanas.

En ese sentido, afirmó que una de las principales conclusiones del estudio es que el fortalecimiento de la democracia debe estar estrechamente vinculado a la capacidad institucional del Estado y a la generación de resultados concretos que mejoren la calidad de vida de la población.

“Construir sociedades más resilientes, inclusivas y prósperas requerirá fortalecer la conexión entre gobernanza democrática, capacidad estatal y resultados de desarrollo, traduciendo los logros democráticos en mejoras tangibles en la vida de las personas”, enfatizó.

La presentación del Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026 reunió a autoridades gubernamentales, representantes de organismos internacionales, líderes empresariales, académicos y miembros de la sociedad civil, quienes reflexionaron sobre los desafíos y oportunidades para fortalecer la democracia y promover un desarrollo más inclusivo y sostenible en América Latina y el Caribe.

El informe plantea la necesidad de reimaginar el futuro de la democracia en la región a partir de instituciones más eficaces, una mayor participación ciudadana y políticas públicas capaces de responder a las expectativas de la población, especialmente en un contexto marcado por transformaciones tecnológicas, desafíos económicos y nuevas demandas sociales.

Canciller Roberto Álvarez destaca resiliencia democrática de la región

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, afirmó que la democracia constituye una práctica que debe ejercerse, protegerse y renovarse de manera permanente.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, señaló que el informe del PNUD ofrece una valiosa reflexión sobre los desafíos que enfrentan las democracias de América Latina y el Caribe, entre ellos la polarización política, la desinformación, el crimen organizado transnacional, las presiones migratorias, el impacto de las nuevas tecnologías y la crisis ambiental.

Álvarez destacó que el documento se inscribe en una tradición de estudios que han contribuido significativamente al pensamiento democrático regional y subrayó que la relación entre democracia, desarrollo humano y capacidad institucional del Estado constituye uno de los principales aportes conceptuales del informe.

El canciller afirmó que la República Dominicana ha asumido el compromiso de fortalecer la representación democrática, preservar la integridad electoral, robustecer las capacidades del Estado y garantizar que los avances institucionales se traduzcan en bienestar tangible para todos los ciudadanos.

“Recibimos este informe no como un veredicto, sino como un espejo y una hoja de ruta que nos invita a transformar las presiones del presente en oportunidades de renovación democrática”, expresó.

https://presidencia.gob.do/noticias/pnud-destaca-la-rd-como-referente-de-fortalecimiento-democratico-y-reduccion-de-la-pobreza DIPP

Informes

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República Dominicana: democracia que resiste, desarrollo que debe profundizarse

Bajada: El reconocimiento del PNUD a los avances dominicanos en democracia electoral, libertades políticas y reducción de la pobreza confirma que el país ha logrado construir una ruta institucional valiosa en medio de una región sometida a presiones crecientes. Pero también recuerda que la democracia solo se consolida cuando sus logros se traducen en bienestar tangible, confianza pública y oportunidades reales para la gente.

La valoración expresada por Michelle Muschett, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, coloca a la República Dominicana ante una lectura de alto significado político e institucional: el país no solo ha avanzado, sino que lo ha hecho en un momento regional particularmente complejo, marcado por la polarización, la desinformación, la desigualdad persistente y la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Al presentar el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026, “Democracias bajo presión”, Muschett destacó a la República Dominicana como un caso relevante de profundización democrática, con progresos en democracia electoral y libertades políticas. [presidencia.gob.do]

Ese reconocimiento no debe entenderse como un punto de llegada, sino como una responsabilidad histórica. En América Latina y el Caribe, la democracia atraviesa una etapa de exigencia extrema: los ciudadanos ya no se conforman con votar periódicamente, sino que reclaman servicios públicos eficientes, seguridad, empleos dignos, protección social, transparencia y respuestas institucionales oportunas. La democracia contemporánea no se mide únicamente por la existencia de elecciones, sino por la capacidad del Estado para convertir la legitimidad política en resultados concretos. Por eso, cuando el PNUD vincula gobernanza democrática, capacidad estatal y desarrollo humano, está señalando el núcleo de la agenda pública de nuestro tiempo.

La República Dominicana ha logrado preservar una estabilidad institucional que contrasta con las fracturas visibles en otros escenarios regionales. Esa estabilidad ha sido clave para sostener crecimiento económico, atraer inversión, fortalecer la confianza internacional y mantener una vida política competitiva dentro de cauces democráticos. Pero el verdadero desafío consiste en que esa fortaleza institucional se traduzca en una mejor calidad de vida para todos los sectores sociales, especialmente para quienes aún enfrentan pobreza, vulnerabilidad, informalidad laboral, desigualdad territorial y limitaciones de acceso a servicios esenciales.

El reconocimiento a la reducción de la pobreza y la desigualdad durante las últimas dos décadas confirma que el país ha experimentado transformaciones importantes en bienestar social y desarrollo humano. Sin embargo, esos avances deben ser protegidos frente a choques externos, crisis internacionales, presiones inflacionarias, migración irregular, crimen organizado, brechas educativas y desafíos tecnológicos que pueden ampliar desigualdades si no son gestionados con visión estratégica. La pobreza no se derrota únicamente con crecimiento; se reduce de manera sostenible cuando el crecimiento se acompaña de políticas públicas inclusivas, institucionalidad fuerte y oportunidades productivas. [presidencia.gob.do]

En ese sentido, el presidente Luis Abinader, al encabezar la presentación del informe en el Ministerio de Relaciones Exteriores junto al canciller Roberto Álvarez, envió una señal institucional relevante: la democracia dominicana debe pensarse no como una consigna, sino como una arquitectura de Estado. Preservar la integridad electoral, fortalecer la representación política, robustecer las capacidades públicas y garantizar bienestar tangible no son tareas decorativas; son condiciones indispensables para sostener la confianza social en el sistema democrático. [presidencia.gob.do]

El canciller Álvarez lo expresó con precisión al señalar que la democracia es una práctica que debe ejercerse, protegerse y renovarse permanentemente. Esa afirmación adquiere mayor fuerza en una época en la que la desinformación puede erosionar consensos, la polarización puede debilitar el diálogo público y las nuevas tecnologías pueden convertirse tanto en instrumentos de participación como en mecanismos de manipulación. La defensa de la democracia exige instituciones, pero también ciudadanía crítica, partidos responsables, medios comprometidos con la verdad y liderazgos capaces de anteponer el interés nacional al beneficio coyuntural. [presidencia.gob.do]

La República Dominicana tiene, además, una ventaja comparativa que debe cuidar: su vocación de estabilidad en una región turbulenta. Pero esa estabilidad no puede descansar solo en indicadores macroeconómicos o reconocimientos internacionales. Debe expresarse en barrios más seguros, escuelas con mejores resultados, hospitales más eficientes, justicia más confiable, empleos mejor remunerados, seguridad social más justa y políticas públicas que reduzcan la distancia entre el crecimiento nacional y la vida cotidiana de los hogares. La democracia se fortalece cuando el ciudadano siente que el Estado le responde.

El informe del PNUD, como bien dijo Roberto Álvarez, debe ser recibido “no como un veredicto, sino como un espejo y una hoja de ruta”. Esa frase resume el sentido profundo del momento. El espejo permite reconocer avances; la hoja de ruta obliga a corregir debilidades. La República Dominicana puede sentirse legítimamente reconocida por su progreso democrático y social, pero no puede caer en la complacencia. El prestigio institucional se construye todos los días y también puede perderse si no se protege con transparencia, inclusión y eficacia. [presidencia.gob.do]

Hoy, el país tiene la oportunidad de convertir este reconocimiento internacional en una plataforma para una nueva etapa de reformas democráticas. Una etapa que profundice la participación ciudadana, eleve la calidad del debate público, fortalezca los órganos de control, modernice el Estado, reduzca brechas territoriales y consolide políticas sociales capaces de romper ciclos de exclusión. La democracia dominicana será más fuerte en la medida en que sea más cercana, más eficiente, más justa y más sensible a las demandas reales de la población.

Por eso, el mensaje del PNUD debe leerse con esperanza, pero también con rigor. La República Dominicana ha avanzado, sí. Ha demostrado resiliencia democrática, también. Pero el reto mayor es convertir esa fortaleza en una democracia de resultados, donde la institucionalidad no sea solo forma, sino sustancia; no solo discurso, sino bienestar; no solo estabilidad política, sino dignidad social. En tiempos de democracias bajo presión, el país tiene ante sí una misión superior: demostrar que el desarrollo humano y la democracia no son caminos separados, sino una misma ruta hacia una nación más próspera, más libre y más justa.

Luis Orlando Díaz Vólquez

#GuasábaraEditor

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Presidente Abinader afirma que la cooperación entre el Gobierno y sectores productivos fortalece la estabilidad y protege a la población de efectos externos

El mandatario y sectores productivos dan seguimiento a la Mesa de Precios para mitigar el impacto de las fluctuaciones internacionales.

 Economía | 8 de Junio 2026 | 19:16

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader encabezó este lunes una reunión con representantes de los sectores comercial, industrial, empresarial y agropecuario para dar seguimiento a la Mesa de Precios, evaluar el comportamiento de los mercados internacionales y coordinar acciones orientadas a mitigar el impacto de las fluctuaciones globales en la economía nacional y el bienestar de la población.

Durante el encuentro, celebrado en el Salón Verde del Palacio Nacional, el mandatario destacó la importancia del diálogo permanente entre el Gobierno y los sectores productivos, al señalar que este espacio ha permitido construir consensos y generar propuestas que contribuyen a preservar la estabilidad económica del país frente a los desafíos externos.

El presidente Abinader explicó que las recomendaciones presentadas por empresarios, comerciantes, industriales y productores agropecuarios complementan las medidas impulsadas por el Gobierno para enfrentar los efectos de las variaciones internacionales en los precios del petróleo y el gas natural.

“Ha sido siempre una reunión de mucha cooperación, entendimiento y aportes del sector comercial, empresarial, industrial y agrícola, que constantemente nos presenta recomendaciones para que, aun en medio de este escenario internacional, podamos mantener la mayor estabilidad posible”, señaló.

Asimismo, reiteró que la colaboración entre el Gobierno y los sectores productivos continúa siendo fundamental para preservar la estabilidad nacional y proteger a la población de los efectos de la coyuntura internacional.

Acompañaron al presidente los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el director general de Aduanas, Nelson Arroyo.

En la reunión participaron representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), la Unión Nacional de Supermercados Económicos (UNASE), la Junta Agroempresarial Dominicana, entre otras organizaciones representativas del sector productivo nacional.

https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-abinader-afirma-que-la-cooperacion-entre-el-gobierno-y-sectores-productivos

DIPP

Reuniones

EDITORIAL 

La Mesa de Precios como escudo económico ante la volatilidad externa

La coordinación entre autoridades y sectores productivos vuelve a colocarse en el centro de la respuesta dominicana frente al encarecimiento internacional del petróleo, el gas y otros insumos, en un momento en que la estabilidad de precios depende tanto de decisiones públicas oportunas como de una corresponsabilidad real del aparato productivo. 

En economías abiertas e importadoras de energía como la dominicana, la estabilidad no se decreta: se construye con anticipación, disciplina y capacidad de concertación. Por eso, la continuidad de la Mesa de Precios adquiere un valor estratégico que trasciende el simbolismo institucional. No se trata únicamente de sentar en una misma sala a representantes del comercio, la industria, la agropecuaria y las autoridades; se trata de convertir ese diálogo en un mecanismo de inteligencia económica para detectar riesgos, contener traspasos inflacionarios y proteger el poder adquisitivo de los hogares. La información oficial indica que el reciente encuentro se enfocó precisamente en dar seguimiento al comportamiento de los mercados internacionales y coordinar respuestas para mitigar el impacto de las fluctuaciones globales sobre la economía nacional y el bienestar social. Esa lógica de seguimiento permanente no luce improvisada: desde finales de marzo y mediados de abril las autoridades han venido sosteniendo reuniones periódicas con los sectores productivos para enfrentar los efectos de la crisis internacional, especialmente en los hidrocarburos y sus derivados.

El contexto explica la urgencia. El Banco Central reportó que la inflación interanual se ubicó en 5.11 % en abril de 2026, ligeramente por encima del techo del rango meta, y atribuyó buena parte de esa aceleración a los ajustes de combustibles en medio del alza internacional del petróleo. El propio informe mensual del IPC precisa que el grupo Transporte fue el de mayor incidencia en la inflación de abril, con una variación de 1.78 %, impulsada por incrementos en gasolinas y gasoil, mientras la inflación subyacente se mantuvo en 4.87 %, todavía dentro del rango compatible con el esquema de metas. Esto es importante: sugiere que el choque es predominantemente de oferta y externo, no el resultado de un desorden macroeconómico interno. En otras palabras, la economía dominicana no enfrenta tanto un problema de sobrecalentamiento como una prueba de resistencia frente a un encarecimiento importado. 

Frente a esa realidad, la respuesta pública ha combinado subsidios, monitoreo y señales de prudencia monetaria. El MICM informó que, solo para la semana del 6 al 12 de junio, el Gobierno destinó RD$780.3 millones para congelar los precios de combustibles esenciales, mientras que los subsidios acumulados del año superaban los RD$18 mil millones. Esa intervención ha evitado un traslado pleno de los costos a consumidores y empresas, especialmente en productos de alta sensibilidad social como GLP, gasolinas y gasoil. Al mismo tiempo, el Banco Central mantuvo su tasa de política monetaria en 5.25 % y subrayó que las expectativas inflacionarias de mediano plazo permanecen ancladas, lo que revela una estrategia de doble carril: contención fiscal focalizada para amortiguar el choque y estabilidad monetaria para preservar credibilidad. Para una nación dependiente de importaciones energéticas, ese equilibrio entre protección social y prudencia macroeconómica es probablemente la diferencia entre una sacudida manejable y una espiral de precios difícil de corregir. 

Sin embargo, la clave de fondo está en que la política pública no puede hacerlo sola. La experiencia reciente confirma que el sector privado organizado tiene una responsabilidad concreta en la defensa del mercado interno. Si los costos internacionales suben, pero no todos los componentes domésticos justifican aumentos generalizados, entonces lo razonable es que prevalezca la proporcionalidad y no el oportunismo. Ya a finales de marzo se advertía oficialmente que, en el caso de los alimentos, no existían razones fundamentales para incrementos significativos, salvo ligeras variaciones logísticas, y que el objetivo era proteger la canasta básica. Esa observación sigue siendo central hoy. Un pacto de estabilidad serio implica que productores, detallistas, supermercados, importadores e industriales distingan entre ajustes inevitables y alzas abusivas; entre márgenes razonables y ganancias coyunturales a costa del consumidor. La Mesa de Precios, en ese sentido, no debe verse solo como un espacio de consulta, sino como un compromiso ético y económico con la estabilidad.

Hay, además, un elemento que refuerza la pertinencia de esta coordinación: la economía dominicana llega a esta coyuntura con fundamentos que todavía ofrecen capacidad de maniobra. El Banco Central reporta que el IMAE creció 3.8 % en abril y 4.0 % acumulado en enero-abril, mientras las cifras preliminares del primer trimestre muestran un crecimiento del PIB real de 4.1 %, impulsado por construcción, hoteles, zonas francas y servicios. A eso se suma una apreciación acumulada del peso en torno a 8.0 % a finales de mayo y reservas internacionales cercanas a US$15,900 millones, equivalentes a 12 % del PIB y alrededor de seis meses de importaciones. Estos datos no anulan el riesgo externo, pero sí indican que el país enfrenta la tormenta con una base más sólida que en otras crisis. Precisamente por eso la concertación actual debe aprovecharse no solo para resistir el choque, sino para administrar bien la ventaja de contar con un aparato macroeconómico relativamente estable. 

No conviene, sin embargo, pecar de triunfalismo. Reuters reportó el 5 de junio que los inventarios globales de crudo se encuentran bajo fuerte presión y que analistas advierten sobre la posibilidad de un nuevo shock petrolero si persisten las limitaciones de oferta y la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz. El Banco Central dominicano, por su parte, reconoció que el comportamiento reciente de los precios energéticos responde a tensiones geopolíticas en Medio Oriente y que la inflación podría permanecer temporalmente por encima del rango meta antes de retornar a su objetivo hacia el cuarto trimestre. Esa advertencia obliga a mirar la Mesa de Precios no como una foto para titulares, sino como una herramienta viva de gestión de crisis. El reto ya no es solamente contener la primera ola del impacto, sino prepararse para escenarios prolongados de volatilidad energética y costos logísticos más altos. 

En esa perspectiva, la cooperación entre autoridades y sectores productivos merece ser leída como una necesidad estructural de la economía dominicana, no como una respuesta episódica. Donde hay diálogo técnico, seguimiento de márgenes, subsidios focalizados, política monetaria creíble y compromiso empresarial con la estabilidad, hay posibilidad real de amortiguar el golpe externo sin destruir consumo ni confianza. Donde ese engranaje falla, la inflación importada termina convertida en inflación social. La Mesa de Precios, por tanto, vale no por su puesta en escena, sino por su capacidad de proteger a la población cuando el mundo encarece lo que el país necesita comprar. En tiempos de turbulencia internacional, gobernar bien los precios no es un gesto cosmético: es una forma concreta de defender la cohesión económica y la tranquilidad cotidiana de la nación. 

Luis Orlando Díaz Vólquez
#GuasábaraEditor

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OpenAI calienta la carrera de la inteligencia artificial al anunciar su intención de salir a Bolsa

OPENAI

OpenAI calienta la carrera de la inteligencia artificial al anunciar su intención de salir a Bolsa

La empresa fundada por Sam Altman registra la solicitud ante el supervisor bursátil unos días después de que su rival Anthropic anunciara su estreno en el parqué

Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, el pasado miércoles en Washington.

Evelyn Hockstein (REUTERS)

Nueva York - 08 JUN 2026 - 18:52 GMT-4 | Luis Doncel

El sector de la inteligencia artificial protagoniza la nueva fiebre del oro del siglo XXI. Y sus gigantes pugnan por el trofeo de ser los primeros en salir a Bolsa. OpenAI, la empresa que en 2022 empezó esta revolución al presentar ChatGPT, ha iniciado ya el proceso para salir al mercado. La decisión de la compañía encabezada por Sam Altman promete convertirse en un termómetro del interés de los inversores por la inteligencia artificial. OpenAI ha anunciado este lunes a través de un comunicado que está preparando de forma confidencial con la SEC, el regulador de los mercados de Estados Unidos, los documentos para la salida a Bolsa.

Este es el primer paso para que el gigante tecnológico comience a cotizar, seguramente a partir de otoño, en busca de más recursos con los que alimentar el desarrollo de su modelo de IA, el popular bot conocido como ChatGPT, para lo que hace falta construir costosos centros de datos.

La startup liderada por Altman lleva semanas preparando el terreno para una OPV en la que podría alcanzar una valoración de más de un billón de dólares, según publicó el Financial Times la semana pasada.

El anuncio de OpenAI llega en un momento especialmente caliente para el sector. Otros gigantes como SpaceX y Anthropic se están preparando para dar un paso similar, con unas valoraciones que prometen ser astronómicas. SpaceX —la empresa de Elon Musk, magnate que comenzó colaborando con Altman y al que recientemente se ha enfrentado en los tribunales— es la que ha tomado ventaja entre los inversores. Musk pretende que su compañía especializada en el lanzamiento de cohetes, satélites de comunicaciones y del laboratorio de inteligencia artificial xAI salga al mercado esta misma semana.

La operación de SpaceX amenaza con convertirse en la oferta pública de acciones más voluminosa de la historia, lo que podría catapultar a Musk a un terreno nunca explorado y convertirlo en la primera persona con una fortuna superior al billón de dólares, una cantidad equivalente al producto interior bruto de países de tamaño medio.

Anthropic, el gran rival de OpenAI, anunció la semana pasada que también había presentado la documentación para salir a Bolsa, lo que anticipa la posibilidad de que empiece a cotizar en el mercado de renta variable este otoño. La pugna entre Anthropic y SpaceX se explica por la obsesión de ser los primeros: la primera startup que dé el paso puede marcar el camino y beneficiarse del acceso a inmensas cantidades de dinero, proveniente de inversores deseosos de financiar nuevas compañías de inteligencia artificial.

OpenAI no ha puesto fecha a su salida a Bolsa, aunque la documentación que ha presentado a la SEC anticipa que la operación podría producirse este otoño. La empresa de Altman, sin embargo, asegura en un comunicado que el proceso puede llevar aún un tiempo, ya que hay cosas que desea hacer todavía que son más fáciles si sigue siendo una empresa que no cotice en los mercados oficiales.

La compañía de Altman ha completado recientemente la mayor ronda de financiación en la historia de Silicon Valley, recaudando 122.000 millones de dólares de Amazon, Nvidia, SoftBank y otros inversores. Anthropic se ha convertido en el objetivo a batir. Según publica The Wall Street Journal, varios ejecutivos de OpenAI han expresado en privado su preocupación por la posibilidad de que la empresa responsable del modelo Claude se adelante en su salida a Bolsa. OpenAI sigue liderando el mercado de chatbots para consumidores, pero los últimos datos de mercado no son tan optimistas para la compañía de Altman, que ve con temor cómo su rival toma ventaja entre los clientes empresariales. Anthropic superó hace poco la valoración de OpenAI por primera vez en el mercado privado.

https://elpais.com/economia/2026-06-08/openai-calienta-la-carrera-de-la-inteligencia-artificial-al-anunciar-su-intencion-de-salir-a-bolsa.html

Puertos secos sí, pero con justicia territorial y sin desalojar la economía viva de la frontera

Puertos secos sí, pero con justicia territorial y sin desalojar la economía viva de la frontera

La modernización logística de la frontera dominico-haitiana puede ser una política de Estado pertinente, siempre que no se convierta en un atajo tecnocrático que sacrifique a Jimaní, Dajabón, Elías Piña y Pedernales. El desarrollo verdadero no sustituye a los pequeños comerciantes: los incorpora, los fortalece y los convierte en protagonistas del nuevo modelo productivo.

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

La discusión abierta en Jimaní no debe simplificarse como una disputa entre “progreso” y “resistencia al cambio”. Lo que ha ocurrido en la Alcaldía de ese municipio, donde comerciantes, autoridades municipales, legisladores y comunicadores expresaron su rechazo a la propuesta de construir un puerto seco, revela algo más profundo: la frontera dominicana no quiere quedar atrapada entre el abandono de ayer y una modernización excluyente mañana. La advertencia hecha por los actores locales apunta a un temor legítimo: que una infraestructura pensada para ordenar el comercio termine desarticulando el tejido económico que hoy sostiene miles de hogares en la región.

Sería injusto negar que la idea de crear puertos secos tiene una lógica estratégica. El Gobierno anunció el 27 de febrero de 2026 una red de puertos secos en la frontera con Haití, bajo régimen de zona franca y con una inversión privada estimada en más de US$300 millones, como parte de una visión que busca formalizar el intercambio, reducir el contrabando y convertir la zona fronteriza en un corredor de mayor trazabilidad y control aduanero. Esa orientación fue luego reforzada por el Decreto 166-26, que declaró de alto interés nacional el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de puertos secos en la frontera.

Desde una perspectiva técnica, el planteamiento tiene fundamento. La Ley 168-21 de Aduanas y su marco reglamentario procuran alinear al país con estándares internacionales de facilitación del comercio, y distintos diagnósticos sobre el comercio bilateral dominico-haitiano han insistido en la necesidad de mejorar la infraestructura administrativa, física y tecnológica en la frontera. Un estudio del FMI sobre el comercio transfronterizo con Haití recuerda, además, que alrededor del 85 % del intercambio bilateral se mueve por vía terrestre y que una parte importante permanece fuera de los registros oficiales, con impactos fiscales e institucionales evidentes. Un puerto seco, bien concebido, podría ayudar a corregir parte de esas distorsiones.

Pero el problema central no está en la teoría logística, sino en la sociología real de la frontera. Los mercados binacionales no son únicamente puntos de intercambio; son estructuras de supervivencia, cohesión social y circulación económica en territorios históricamente periféricos. En Dajabón, reportes periodísticos recientes sitúan el movimiento semanal del mercado en más de RD$400 millones y describen una dinámica de más de mil pequeños comerciantes que dependen directamente de ese flujo. Cuando los comerciantes de Jimaní alertan que un puerto seco mal diseñado podría desplazar actividades y concentrar operaciones, no están defendiendo privilegios: están defendiendo empleos, ingresos y estabilidad familiar en comunidades donde las opciones de reconversión no abundan. 

Ahí radica el punto más delicado de esta coyuntura. Una política pública puede ser eficiente en términos de recaudación, seguridad y control, y al mismo tiempo ser socialmente regresiva si desconoce quiénes pagan la transición. Las críticas al modelo han señalado que los requisitos técnicos, financieros y operativos contemplados para este tipo de instalaciones podrían favorecer a grandes operadores y dejar fuera a pequeños y medianos comerciantes fronterizos. Si eso ocurriera, la modernización se transformaría en sustitución social: el Estado formalizaría los flujos, pero informalizaría el destino de quienes hoy viven de ellos. Y el desarrollo no puede consistir en ordenar mercancías mientras se desordena la vida de la gente. 

Por eso, la respuesta políticamente más madura no es decir “no” a toda infraestructura logística, sino decir “sí” a una política de Estado inclusiva, gradual y territorialmente inteligente. La clave está en asumir que el puerto seco, si se ejecuta, debe ser complementario y no sustitutivo del mercado binacional tradicional. Un esquema dual permitiría que las operaciones de mayor escala, con exigencias de inspección, consolidación, almacenamiento y despacho aduanero, se canalicen por una plataforma moderna, mientras el comercio minorista y de subsistencia conserva un espacio regulado y protegido dentro de la economía fronteriza. Esa articulación es la única forma de modernizar sin desalojar.

Además, cualquier transición seria debe incluir instrumentos concretos de inclusión económica. No basta con prometer que habrá “oportunidades”; hay que diseñarlas. Eso supone acceso preferente o cuotas para comerciantes tradicionales, cooperativas, transportistas y mipymes de la zona; programas de financiamiento blando para adecuación operativa; asistencia técnica para formalización simplificada; y participación efectiva de los actores locales en la gobernanza del proyecto. La frontera no puede ser tratada como un simple corredor logístico de importación y reexportación. Debe ser concebida como una geografía humana donde el capital privado, la autoridad aduanera y el comercio popular convivan dentro de reglas transparentes y de beneficio compartido. 

También hace falta coherencia institucional. Mientras el país ha venido impulsando o supervisando nuevos mercados binacionales en Pedernales, Jimaní y Elías Piña como parte de la estrategia de desarrollo fronterizo, no tendría sentido levantar otra infraestructura que compita de manera desordenada con esas obras o que envíe señales contradictorias sobre el modelo económico deseado para la zona. Si el Estado invierte o supervisa mercados binacionales modernos y, al mismo tiempo, promueve puertos secos, entonces debe explicar con precisión cuál será la arquitectura funcional entre ambos sistemas, qué papel jugará cada uno y cómo se evitará la duplicidad burocrática y económica.

Jimaní y los pueblos fronterizos no necesitan una nueva promesa abstracta de desarrollo; necesitan una política de Estado con sentido humano, visión productiva y justicia territorial. La frontera dominicana tiene derecho a más institucionalidad, más seguridad y más competitividad, pero también tiene derecho a no ser empobrecida en nombre de la eficiencia. El país puede y debe modernizar su comercio con Haití, cerrar brechas de informalidad y fortalecer el control aduanero. Lo que no puede hacer es convertir a los comerciantes que durante décadas sostuvieron la economía fronteriza en víctimas de un modelo que no los reconoce. Si los puertos secos han de ser parte del futuro, que lo sean como palancas de inclusión y prosperidad, no como puertas de salida para la economía popular de la frontera.

Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuásabaraEditor

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Noticia relacionada

Comerciantes y legisladores de la frontera rechazan propuesta de construir un puerto seco en Jimaní
Durante un encuentro en el Alcaldía de Jimaní, representantes de distintos sectores advirtieron sobre el impacto económico y social que podría generar el proyecto en los mercados binacionales de la zona fronteriza.
Santo Domingo, R.D., 7 de junio de 2026.– Comerciantes, autoridades municipales y legisladores de la zona fronteriza expresaron su rechazo a la propuesta de construir un “puerto seco” en el municipio de Jimaní, al considerar que esta iniciativa podría alterar la dinámica comercial que sostiene miles de empleos en las provincias fronterizas.
La posición fue presentada durante un encuentro celebrado en la Alcaldía de Jimaní, donde representantes de diversos sectores analizaron las implicaciones económicas y sociales que, a su juicio, tendría la ejecución del proyecto sobre los mercados binacionales de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.
Durante la jornada, el diputado por la provincia San Juan, Carlos Morillo, advirtió que la centralización de operaciones logísticas en un puerto seco podría reducir las oportunidades de negocios para comerciantes minoritarios y medianos que dependen del actual esquema de intercambio comercial en la frontera.
En ese mismo sentido, el diputado por la provincia Independencia, Llanelis Matos, sostuvo que cualquier propuesta de desarrollo en la zona debe ser evaluada con responsabilidad, tomando en cuenta su impacto sobre los actores económicos que sostienen las actividades comerciales en los principales mercados fronterizos del país.
Los comerciantes también manifestaron su preocupación ante la iniciativa. Entre ellos, Sócrates Méndez (Socratín) afirmó que la construcción del puerto seco afectaría de manera directa a quienes durante décadas han sustentado la economía de la región mediante el comercio binacional.
A esta posición se sumaron Daniel Pérez Pérez, Aurín Dotel y Marcos López, quienes coincidieron en que el proyecto podría representar una amenaza para el sustento de numerosas familias que dependen de las actividades comerciales en la frontera.
Durante su intervención, Marcos López hizo un llamado a fortalecer la unidad entre los sectores comerciales de las provincias fronterizas, con el propósito de defender los intereses comunes de la región y preservar los espacios tradicionales de intercambio económico.
En el encuentro también participaron comunicadores locales, quienes respaldaron las inquietudes externadas por los comerciantes y advirtieron sobre los posibles efectos que, según señalaron, tendría la iniciativa sobre la economía regional.
Por su parte, el alcalde de Jimaní, Laureano Santana, expresó el respaldo del gobierno municipal a los comerciantes y reiteró su compromiso con la defensa de los mercados fronterizos.

“El ayuntamiento no puede respaldar iniciativas que pongan en riesgo el sustento de miles de familias que dependen directamente del comercio binacional en Jimaní, Dajabón, Elías Piña y Pedernales”, expresó el ejecutivo municipal.

La actividad concluyó con una intervención del comerciante Juan Francisco González, quien exhortó a los presentes a mantener una posición firme frente al proyecto y a continuar defendiendo los mercados fronterizos tradicionales.
El encuentro fue convocado por la Asociación de Comerciantes de Jimaní-Mal Paso, junto a otras organizaciones vinculadas al sector comercial fronterizo. Los participantes informaron que la próxima reunión se llevará a cabo en la provincia de Pedernales, donde continuarán evaluando las implicaciones del proyecto y las acciones a seguir.

Fuente verificada: Beller Digital. [bellerdigital.net]

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Puertos secos sí, pero con justicia territorial para la frontera

La discusión surgida en Jimaní en torno a la construcción de un puerto seco no puede reducirse a una consigna simplista entre modernidad y atraso. Lo expresado por comerciantes, legisladores, autoridades municipales y comunicadores en la Alcaldía de ese municipio revela una preocupación legítima: que una infraestructura concebida para ordenar el comercio termine alterando la economía real que durante décadas ha sostenido a miles de familias en Jimaní, Dajabón, Elías Piña y Pedernales. Los mercados binacionales no son un mecanismo marginal; son una red de ingresos, empleo, circulación de mercancías y estabilidad social en una franja históricamente vulnerable y estratégicamente decisiva para la República Dominicana. 

Sería injusto, sin embargo, ignorar que la propuesta de puertos secos tiene una lógica de Estado. El Gobierno dominicano anunció en febrero de 2026 una red de puertos secos en la frontera con Haití, bajo régimen de zona franca y con una inversión privada superior a los US$300 millones, como parte de una estrategia para formalizar el comercio, fortalecer el control aduanero y cerrar espacios a la irregularidad. Esa visión fue reforzada por el Decreto 166-26, que declaró de alto interés nacional el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de estas instalaciones en la zona fronteriza. Desde el punto de vista logístico, aduanero y fiscal, el planteamiento tiene sentido. 

El problema comienza cuando la racionalidad técnica no conversa con la realidad social. La Ley 168-21 de Aduanas y su reglamentación apuntan a insertar al país en estándares modernos de facilitación del comercio, mientras distintos estudios han advertido que el intercambio dominico-haitiano sigue dependiendo en gran medida de flujos terrestres y de una alta informalidad. El FMI ha señalado que cerca del 85 % del comercio bilateral se mueve por vía terrestre, y diagnósticos sobre la relación económica entre ambos países han recomendado mejorar la infraestructura física y administrativa de la frontera. Todo eso respalda la necesidad de modernizar. Pero modernizar no debe significar desalojar a quienes hoy viven del comercio tradicional. 

En Dajabón, reportes periodísticos describen un movimiento semanal superior a RD$400 millones y la participación de más de mil pequeños comerciantes. Ese dato ayuda a entender por qué en Jimaní se teme que un puerto seco mal diseñado concentre operaciones, favorezca a grandes operadores y deje fuera a comerciantes minoritarios, transportistas, cargadores y pequeños suplidores. Una política pública puede ser eficiente en los papeles y, al mismo tiempo, profundamente regresiva en el territorio si no mide quiénes pagan el costo de la transición. No tendría sentido ordenar la mercancía mientras se desordena la vida de los ciudadanos de la frontera. 

La salida razonable no es rechazar de plano toda infraestructura logística, sino exigir una política de Estado inclusiva, gradual y territorialmente justa. Si los puertos secos han de existir, deben ser complementarios y no sustitutivos de los mercados binacionales. Eso implica diseñar un modelo dual: una plataforma moderna para carga, inspección, almacenamiento y despacho, y al mismo tiempo reglas de protección y acceso preferente para comerciantes tradicionales, cooperativas, transportistas y mipymes locales. También exige financiamiento, acompañamiento técnico, formalización simplificada y participación real de los actores fronterizos en la gobernanza del proyecto. 

Jimaní y los demás pueblos fronterizos no necesitan una modernización que los empobrezca en nombre de la eficiencia, sino una transformación que los incorpore al desarrollo nacional. La frontera dominicana tiene derecho a más institucionalidad, más competitividad y más seguridad, pero también tiene derecho a que el progreso no se construya sobre el sacrificio de su economía popular. Si los puertos secos han de formar parte del futuro, que lo hagan como instrumentos de inclusión, prosperidad compartida y justicia territorial. Solo así dejarán de ser una amenaza y podrán convertirse en una verdadera política de desarrollo. 

Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuásabaraEditor

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Empresarios destacan al Infotep como aliado clave para la competitividad y el desarrollo del talento humano

 Educación | 8 de Junio 2026 | 09:58

Santo Domingo.- Representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) destacaron el papel estratégico que desempeña el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) en el fortalecimiento del capital humano y la competitividad, en el marco de un encuentro encabezado por el presidente y el vicepresidente del organismo empresarial, Celso Juan Marranzini y César Dargam, respectivamente, y la directora general del Infotep, Maira Morla.

El presidente del Conep destacó la disposición del Infotep de mantener una relación cercana con las organizaciones empresariales, promoviendo espacios permanentes de diálogo que permiten identificar necesidades de capacitación y desarrollar soluciones conjuntas.

El líder empresarial resaltó que esta articulación fortalece la capacidad de la institución para responder de manera oportuna a los retos del sector productivo, impulsando programas de formación alineados con las demandas reales de las empresas y los procesos de innovación y transformación económica.

De su lado, el vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam Espaillat, definió al Infotep como una plataforma de formación que ha demostrado una gran capacidad para adecuarse a las necesidades particulares de cada sector productivo, ofreciendo respuestas efectivas a los requerimientos del mercado laboral.

“Cada vez es más notorio que las empresas necesitan menos administradores y contables, abogados; en cambio, requieren más plomeros, carpinteros y técnicos especializados. Ahí es donde el Infotep juega un papel fundamental para responder a esa demanda”, expresó Dargam.

La reunión, sostenida con la Comisión de Educación del Conep, permitió socializar los principales avances, proyectos y metas contemplados en el Plan Estratégico Institucional del Infotep, así como intercambiar impresiones sobre los desafíos actuales del mercado laboral y las necesidades de formación de los distintos sectores productivos.

Durante el encuentro, la directora general del Infotep presentó los principales logros institucionales y las metas contempladas en el Plan Estratégico 2025-2028, orientadas a fortalecer la formación técnico-profesional, ampliar la cobertura de los servicios y contribuir al desarrollo económico nacional.

Morla Pineda explicó que el Infotep ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, pasando de ocho centros propios a una red integrada por 67 centros de formación distribuidos en todo el territorio nacional, además de 56 talleres móviles y 237 centros operativos.

Asimismo, destacó que la institución dispone actualmente de 685 programas de formación diseñados bajo un enfoque por competencias y orientados a áreas prioritarias para el desarrollo económico, entre ellas Industria 4.0, carreras STEM, formación virtual, diplomados especializados y programas sociales.

Como parte de las metas institucionales para el año 2026, el Infotep proyecta capacitar a más de 918,000 participantes, brindar servicios a 5,610 empresas, formar cerca de 19,000 técnicos de nivel 3 e incorporar más de 1,300 participantes a programas de formación dual.

La titular del Infotep también presentó diversas iniciativas de innovación y transformación digital, entre ellas el Observatorio de la Formación Técnico Profesional, la Academia Huawei, la Red Unificada de Centros de Formación, el Aula Polimedia y la Biblioteca Virtual, herramientas que fortalecen la pertinencia de la oferta formativa y permiten anticipar las necesidades del mercado laboral.

Los representantes empresariales coincidieron en que la educación técnico-profesional constituye una de las principales herramientas para impulsar la productividad, la empleabilidad y la competitividad del país, resaltando la contribución que realiza el Infotep para garantizar la disponibilidad del talento humano que demanda la economía dominicana.

INFOTEP

Educación Técnico Profesional

https://presidencia.gob.do/noticias/empresarios-destacan-al-infotep-como-aliado-clave-para-la-competitividad-y-el-desarrollo