Participación Ciudadana: es legal decreto firmó Abinader contra pandillas en Haití
El Decreto 104-25, que dice el presidente Luis Abinader firmó y que declararía como organizaciones terroristas a las bandas haitianas, tiene su precedente legislativo y base legal en artículo 5 de la Ley 155-17 sobre la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Antiterrorismo, afirmó esta mañana el coordinador nacional de la organización cívica Participación Ciudadana (PC), Erick Hernández Machado.
Añade que dicha normativa establece que serán sancionada con 20 a 40 años de prisión toda persona que viaje a un Estado distinto al suyo, o de otra nacionalidad para cometer, planificar o preparar actos terroristas o participar en ellos, o para proporcionar o recibir adiestramiento con fines terroristas.
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Dijo que la capacidad del Poder Ejecutivo no solo se deriva del artículo 5 citado y su párrafo final, que dispone que las infracciones por financiamiento del terrorismo, constituirán una infracción penal aun cuando los actos terroristas no hayan sido realizados, la asistencia a los terroristas no haya sido brindada o el acto terrorista se hubiese cometido o “se intenta cometer en otra jurisdicción territorial”, sino que también tiene arraigo constitucional en el artículo 128.f de la Constitución.
En su rendición de cuentas el pasado 27 de Febrero, el presidente Abinader informó que firmó un decreto que declaraba como terroristas a las bandas criminales haitianas, pero aun no lo ha dado a conocer cuatro días después.
Explicó Hernández Machado que la citada ley declara que toda persona que, de cualquier forma, directa o indirectamente, provea, recolecte, ofrezca, financie, ponga a disposición, facilite, administre, aporte, favorezca, financie, guarde, custodie, o entregue bienes o servicios, con la intención de realizar un acto terrorista será sancionado con prisión de 20 a 40 años y el decomiso de todos sus bienes.
Finjus ve ilegalidad decreto
Para la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) el decreto que tipifica con terrorristas a las bandas haitianas, sería inconstitucional. Dice la entidad que para ello habría que elaborar una ley, además de determinar si sus hechos son terroristas.
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