martes, 27 de julio de 2021

Índice CCC 2021 destaca a RD como el país que más ha mejorado en combate contra la corrupción

Índice CCC 2021 destaca a RD como el país que más ha mejorado en combate contra la corrupción 
Índice CCC 2021 destaca a RD como el país que más ha mejorado en combate contra la corrupción

La República Dominicana fue, por mucho, el país que más aumentó su puntuación en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), según concluye su informe de 2021, donde lo ubica en el décimo lugar del ranking con 4.38 de puntaje.

De acuerdo al índice CCC 2021, la República Dominicana destaca como uno de los países que más ha mejorado en el Índice CCC, pasando del 13º al 10º puesto global.

“Aun así, algunos avances desde el año pasado se beneficiaron de una base de comparación relativamente baja. Las mejoras más significativas se produjeron en la categoría de capacidad legal, lo cual refleja un impulso anticorrupción del Presidente Luis Abinader, que entró en funciones en agosto de 2020. La puntuación de la República Dominicana en la categoría de democracia e instituciones políticas aumentó un 14%, reflejado en las elecciones presidenciales pacíficas de julio y a la estabilidad política tras la transición de poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al Partido Revolucionario Moderno (PRM)”, señala el informe.

Entre los aspectos tomados en cuenta para calificar, indican que el presidente Luis Abinader ha buscado apoyar la coordinación interinstitucional en materia anticorrupción con la creación del Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público. El nombramiento de una procuradora general ampliamente percibida como independiente contribuyó a una gran mejora en la variable que mide la independencia y los recursos de la fiscalía general, pero el país permanece por debajo del promedio regional en esta variable.

“Las investigaciones anticorrupción se han incrementado desde que Abinader llegó al poder. Las autoridades han investigado la presunta corrupción en los contratos públicos que involucran a ex funcionarios del gobierno de Danilo Medina y a sus familiares en la Operación Antipulpo. Está en marcha otra investigación de alto nivel sobre una supuesta red de corrupción durante el gobierno de Medina. Los esfuerzos anticorrupción también han afectado a miembros del gobierno de Abinader: en febrero, el presidente destituyó al ex ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, por la supuesta compra de equipos médicos con sobreprecio.

Asimismo, el país también experimentó un aumento del 12% en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación. Las mejoras en las variables que miden la movilización de la sociedad civil contra la corrupción y la variable de comunicaciones digitales y redes sociales señalan que el activismo digital ha estado presente durante toda la pandemia”.

Consideran que los temas críticos para monitorear están relacionados a las investigaciones de anticorrupción contra funcionarios de administraciones anteriores que  continuarán, pero se espera que los juicios sean largos. “Está en marcha un juicio contra seis acusados de recibir presuntos sobornos de Odebrecht. Los ciudadanos están cada vez más comprometidos en la lucha contra la corrupción, y es probable que aumente el escrutinio de la sociedad civil sobre las
políticas anticorrupción del gobierno de Abinader”, reseñan.

Señalan que el estudio de este índice CCC 2021 no es para avergonzar o discriminar a los países, sino fomentar un debate basado en políticas públicas, ayudando a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a identificar—mediante datos y una metodología sólida—las áreas de éxito y las deficiencias que deben abordarse.

https://t.co/f4jLZ17xDF #NDigital https://t.co/OXiFUQcXc0
*
Pasó de 3.26 a 4.38 Puntuación anticorrupción de República Dominicana es la de mayor aumento en la región en el 2021
Período 2020-2021 Puntuación de RD en la lucha anticorrupción registra mayor crecimiento en Latinoamérica
27 de julio de 2021. SANTO DOMINGO 
La República Dominicana (RD) “fue, por mucho, el país que más aumentó su puntuación” en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), correspondiente al año 2021, que publican en un esfuerzo conjunto por tercer año consecutivo Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, que examina 14 variables clave relacionadas con las instituciones responsables de enfrentar la corrupción, las instituciones democráticas y la actitud de los medios de comunicación y la sociedad civil. 

En RD “se realizaron investigaciones sobre antiguos funcionarios del gobierno acusados de corrupción”, explica el informe que por segunda vez incluye 15 países, en el que el primer lugar fue para Uruguay con puntuación de 7.80, y nuestro país obtuvo un 4.38%, un avance importante (34.3%) sobre los 3.26 puntos que logró en el reporte del año 2020. Más significativo aún, porque mejoró su nota en un período en que 5 países experimentaron un descenso significativo.

Mientras el índice dominicano se incrementó, “la lucha contra la corrupción en América Latina sufrió una nueva oleada de tropiezos durante el último año”, dice el informe y destaca que la pandemia del COVID-19 “llevó a los gobiernos y a los ciudadanos a desviar su atención hacia otras prioridades”, dando “espacio a los políticos para disminuir la autonomía y los recursos de los órganos judiciales sin que se desencadenara la indignación popular, como ocurrió en años anteriores.

El Índice CCC tomo en cuenta la cantidad de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco, y se basa en datos extensos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anticorrupción de Control Risks, el mundo académico, la sociedad civil, los medios y el sector privado.

Con puntación máxima de 10, el índice de la capacidad legal fue 4.21, de la democracia e instituciones políticas 4.11 y la sociedad civil y medios de comunicación 5.27. El CCC se obtiene de evaluar la independencia y eficiencia judicial, independencia y eficacia de los organismos anticorrupción, acceso a la información pública y transparencia del gobierno, independencia y recursos de la fiscalía general y los agentes de investigación, calidad de los instrumentos de delación premiada y nivel de cooperación internacional en materia de orden público. 
Además, valorara la calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas, procesos legislativos y de gobierno, calidad general de la democracia, movilización de la sociedad civil contra la corrupción, mejoras en la educación, calidad de la prensa y del periodismo de investigación y comunicaciones digitales y redes sociales. 

El informe señala que los esfuerzos para combatir la corrupción son más necesarios en 2021 que nunca antes, porque América Latina ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia, tanto en lo económico como en el número de muertes. “Con gobiernos sometidos a una presión financiera cada vez mayor, y con los sistemas sanitarios de muchos países gravemente deteriorados, los efectos perniciosos que tiene la corrupción en la sociedad se han amplificado”, dice.
Publicado por primera vez en 2019, el índice evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción. Pero, en lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que combaten la corrupción. 

El índice se basa en una gran cantidad de datos y en una encuesta propia realizada entre los principales expertos en anticorrupción del mundo académico, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, del sector privado y de institución Control Risks. 

LOS QUE PRODUCEN EL CCC
Americas Society/Council of the Americas  (AS/COA) es el principal foro dedicado a la educación, al debate y al diálogo en las Américas. 

Su misión es fomentar el entendimiento de los asuntos contemporáneos políticos, sociales y económicos que enfrentan América Latina, el Caribe y Canadá. Las conclusiones de este reporte no necesariamente reflejan los puntos de vista de AS/COA y sus miembros. 

Control Risks es una empresa global de consultoría especializada en riesgos que ayuda a construir organizaciones seguras, en regla y resilientes en una época de riesgos cambiantes y conectividad. Sus expertos, repartidos en 36 oficinas, ayudan a los clientes a investigar irregularidades y resolver crisis, y proporcionan la visión estratégica y la inteligencia necesaria para que las empresas puedan aprovechar oportunidades y crecer.
_Dirección de Información y Prensa de la Presidencia_

EE.UU aporta US$251 MM combatir corrupción

EE.UU aporta US$251 MM combatir corrupción
EL NACIONAL julio 27, 2021
SANTO DOMINGO 
El Gobierno de Estados Unidos aportó hoy a República Dominicana 251 millones de dólares para la lucha contra la corrupción, la transparencia administrativa y la seguridad ciudadana.

La contribución fue ratificada mediante un acuerdo firmado esta mañana entre el presidente Luis Abinader, el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Robert W. Thomas y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton.

El programa fue firmado en el local de la Fundación Pediátrica por un Mañana, en el sector Cristo Rey, de la capital.

El aporte forma parte de los programas de desarrollo para los próximos cinco años de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en el país.

A la fecha, Estados Unidos, a través de la USAID, ha destinado $1,800 millones de dólares para proyectos de desarrollo en República Dominicana.

Este acuerdo bilateral da seguimiento al diálogo de alto nivel y la declaración conjunta sobre reformas institucionales realizados el pasado 28 de abril entre el Gobierno dominicano y el Gobierno de Estados Unidos, donde se comprometieron a dedicar esfuerzos para apoyar temas importantes como el desarrollo sostenible.

El encargado de Negocios de la embajada estadounidense, Robert W. Thomas, resaltó que los objetivos del acuerdo responderán a las áreas prioritarias descritas en la Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana y las prioridades de la administración del presidente Abinader.

Además señaló que el acuerdo apoya invertir en la conservación del medio ambiente y el uso de energías renovables, mejorar la salud y otros servicios públicos para una sociedad más saludable y productiva.

La meta principal del acuerdo es promover una República Dominicana más segura, inclusiva y próspera que avance la resiliencia local, fronteriza y regional enfocado en varios pilares.

El primer enfoque es una reforma de políticas y una gobernanza efectiva centrada en la transparencia, la lucha contra la corrupción, rendición de cuentas, equidad, protección social y ambiental y además incluye reformas legales y regulatorias.

A través de este pilar se busca identificar soluciones prácticas para políticas que puedan mejorar los servicios públicos.

Otro abordaje de este pilar es trabajar en políticas públicas que busquen soluciones colectivas para comunidades marginalizadas y fomentar una sociedad civil más inclusiva.

El segundo pilar del acuerdo es mejorar la eficacia de los servicios públicos de sanidad, tales como acceso al agua limpia, educación básica y alambrado eléctrico.

Fomentará el fortalecimiento del sector justicia, la prestación de servicios de salud, las alianzas con el sector privado para cocrear y coejecutar iniciativas que apoyen los sistemas de servicios, que identifiquen soluciones ante los retos ambientales.

El tercer y último pilar es la sostenibilidad y resiliencia local a través de iniciativas de desarrollo y soluciones creadas y lideradas a nivel local.

Fomentará la creación de coaliciones y la inversión en organizaciones locales para promover el desarrollo juvenil, prevenir el crimen y la violencia y mejorar la calidad en los servidores públicos y de VIH.

La firma del acuerdo bilateral fue realizada en la Fundación Pediátrica por un Mañana, una organización auspiciada con fondos de la USAID, donde 1,700 madres jóvenes, muchas de ellas víctimas de violencia de género, de unión temprana y de embarazo adolescente proporcionándoles apoyo psicosocial, oportunidades educativas, y entrenamientos vocacionales necesarios para ser agentes de cambio empoderadas.

@luisabinader Firma Acuerdo Bilateral República Dominicana y La Agencia Para El Desarrollo De Los Estados Unidos (USAID.

@PresidenciaRD El Presidente @LuisAbinader encabezó un acto en el que los Gobiernos de República Dominicana y Estados Unidos firmaron un acuerdo por $251 millones de dólares, que pone en marcha la estrategia de cooperación que implementará la 

@USAID en el país durante los próximos 5 años.

https://twitter.com/PresidenciaRD/status/1420074209468985344?s=20 

@PresidenciaRD Este acuerdo bilateral pretende reforzar la seguridad ciudadana, garantizar protección social y ambiental, impactar la reforma policial y buscar soluciones que beneficien comunidades marginadas, fomentando un desarrollo más justo e inclusivo para las y los dominicanos.

https://twitter.com/PresidenciaRD/status/1420074258068291587?s=20

+++

@PresidenciaRD Firma de convenio entre USAID, Embajada Americana, Presidencia y Ministerio de Economía.

https://twitter.com/PresidenciaRD/status/1420035070384037892?s=20

++++

@PresidenciaRD En la mañana de hoy, el Presidente @LuisAbinader firmará un acuerdo que fortalecerá las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y República Dominicana y promoverá nuestro país como un destino más seguro, inclusivo y próspero.

https://twitter.com/PresidenciaRD/status/1420026733097586693?s=20

++++

@PresidenciaRD En la cocina, en el baile, en la voceadera... hay muchas cosas en las que al dominicano hay que darle 5 estrellas, aquí te dejamos algunas:

https://instagram.com/p/CR1T82usdRY/?utm_medium=copy_link

https://twitter.com/PresidenciaRD/status/1420019945723793409?s=20

2021 Investment Climate Statements: Dominican Republic

EXECUTIVE SUMMARY

Foreign direct investment (FDI) plays an important role for the Dominican economy, and the Dominican Republic is one of the main recipients of FDI in the Caribbean and Central America. The government actively courts FDI with generous tax exemptions and other incentives to attract businesses to the country. Historically, the tourism, real estate, telecommunications, free trade zones, mining, and financing sectors are the largest FDI recipients. In January 2020, the government announced a special incentive plan to promote high-quality investment in tourism and infrastructure in the southwest region and, in February 2020, it passed a Public Private Partnership law to catalyze private sector-led economic growth.

Besides financial incentives, the country’s membership in the Central America Free Trade Agreement-Dominican Republic (CAFTA-DR) is one of the greatest advantages for foreign investors. Observers credit the agreement with increasing competition, strengthening rule of law, and expanding access to quality products in the Dominican Republic. The United States remains the single largest investor in the Dominican Republic. CAFTA-DR includes protections for member state foreign investors, including mechanisms for dispute resolution.

Despite the negative macroeconomic impacts of the pandemic, international indicators of the Dominican Republic’s competitiveness and transparency held steady. Foreign investors report numerous systemic problems in the Dominican Republic and cite a lack of clear, standardized rules by which to compete and a lack of enforcement of existing rules. Complaints include allegations of widespread corruption; requests for bribes; delays in government payments; weak intellectual property rights enforcement; bureaucratic hurdles; slow and sometimes locally biased judicial and administrative processes, and non-standard procedures in customs valuation and classification of imports. Weak land tenure laws and government expropriations without due compensation continue to be a problem. The public perceives administrative and judicial decision-making to be inconsistent, opaque, and overly time-consuming. Corruption and poor implementation of existing laws are widely discussed as key investor grievances.

U.S. businesses operating in the Dominican Republic often need to take extensive measures to ensure compliance with the Foreign Corrupt Practices Act. Many U.S. firms and investors have expressed concerns that corruption in the government, including in the judiciary, continues to constrain successful investment in the Dominican Republic.

In August 2020, President Luis Abinader became the 54th President of the Dominican Republic, presiding over the first change in power in 16 years. Taking office with bold promises to rein in corruption, the government quickly arrested a slew of high-level officials from the previous administration implicated in corruption—people who under prior governments would have been considered untouchable. It remains to be seen whether Abinader will deliver on more complex commitments, such as institutional reforms to advance transparency or long-delayed electricity sector reform.

The Dominican Republic, an upper middle-income country, contracted by 6.7 percent in 2020 and concluded the year with a 7.7 percent deficit thanks to the pandemic. The IMF and World Bank project growth for 2021 at 4.0-4.8 percent.

Table 1: Key Metrics and Rankings
MeasureYearIndex/RankWebsite Address
TI Corruption Perceptions Index2020137 of 180http://www.transparency.org/research/cpi/overview 
World Bank’s Doing Business Report2020115 of 190http://www.doingbusiness.org/en/rankings 
Global Innovation Index202090 of 131https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator 
U.S. FDI in partner country ($M USD, historical stock positions)2019$2,604https://apps.bea.gov/international/factsheet/factsheet.cfm?Area=207&UUID=8544e377-fb53-42fe-a16e-01c425113446 
World Bank GNI per capita2019$8,080http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD 

1. Openness To, and Restrictions Upon, Foreign Investment

Policies Towards Foreign Direct Investment

The Dominican Republic presents both opportunities and challenges for foreign investment. The government strongly promotes inward FDI and has prioritized creating a sound enabling environment for foreign investors. While the government has established formal programs to attract FDI, a lack of clear rules and uneven enforcement of existing rules can lead to difficulties.

The Dominican Republic provides tax incentives for investment in tourism, renewable energy, film production, Haiti-Dominican Republic border development, and the industrial sector. The country is also a signatory of CAFTA-DR, which mandates non-discriminatory treatment, free transferability of funds, protection against expropriation, and procedures for the resolution of investment disputes. However, some foreign investors indicate that the uneven enforcement of regulations and laws, or political interference in legal processes, creates difficulties for investment.

There are two main government agencies responsible for attracting foreign investment, the Export and Investment Center of the Dominican Republic (CEI-RD) and the National Council of Free Trade Zones for Export (CNZFE). CEI-RD promotes foreign investment and aids prospective foreign investors with business registration, matching services, and identification of investment opportunities. It publishes an annual “Investment Guide of the Dominican Republic,” highlighting many of the tools, incentives, and opportunities available for prospective investors. The CEI-RD also oversees “ProDominicana,” a branding and marketing program for the country launched in 2017 that promotes the DR as an investment destination and exporter. CNZFE aids foreign companies looking to establish operations in the country’s 75 free trade zones for export outside Dominican territory.

There are a variety of business associations that promote dialogue between the government and private sector, including the Association of Foreign Investor Businesses (ASIEX).

Limits on Foreign Control and Right to Private Ownership and Establishment

Foreign Investment Law No. 16-95 states that unlimited foreign investment is permitted in all sectors, with a few exceptions for hazardous materials or materials linked to national security. Private entities, both foreign and domestic, have the right to establish and own business enterprises and engage in all legal remunerative activity. Foreign companies are not restricted in their access to foreign exchange, there are no requirements that foreign equity be reduced over time or that technology be transferred according to defined terms, and the government imposes no conditions on foreign investors concerning location, local ownership, local content, or export requirements. See Section 3 Legal Regime for more information.

The Dominican Republic does not maintain a formalized investment screening and approval mechanism for inbound foreign investment. Details on the established mechanisms for registering a business or investment are elaborated in the Business Facilitations section below.

Other Investment Policy Reviews

The Dominican Republic has not been reviewed recently by multilateral organizations regarding investment policy. The most recent reviews occurred in 2015. This included a trade policy review by the World Trade Organization (WTO) and a follow-up review by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) regarding its 2009 investment policy recommendations.

2009 UNCTAD – https://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=6343 

2015 WTO – https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s319_e.pdf

2015 UNCTAD – https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2016d2_en.pdf

Business Facilitation

Foreign investment does not require any prior approval in the Dominican Republic, but once made it must be registered with the CEI-RD. Investments in free zones must be registered with the CNZFE, which will notify the CEI-RD.  Foreign investment registration is compulsory, but failure to do so is not subject to any sanction.  In the World Bank’s “Doing Business” report, the Dominican Republic’s overall ranking for ease of doing business fell from 102 in 2019 to 115 in 2020, reflecting stagnant performance in several of the indicator categories.

Law No. 16-95 Foreign Investment, Law No. 98-03 on the Creation of the CEI-RD, and Regulation 214-04 govern foreign investment in the Dominican Republic and require an interested foreign investor to file an application form at the offices of CEI-RD within 180 calendar days from the date on which the foreign investment took place. The required documents include the application for registration, containing information on the invested capital and the area of the investment; proof of entry into the country of the foreign capital or physical or tangible goods; and documents of commercial incorporation or the authorization of operation of a branch office through the setting up of legal domicile in the country.  The reinvestment of profits (in the same or a different firm) must be registered within 90 days. Once the documents have been approved, the CEI-RD issues a certificate of registration within 15 business days subject to the payment of a fee which varies depending on the amount of the investment.

Lack of registration does not affect the validity of the foreign investment; but the fact that it is needed to fulfil various types of procedures, makes registration necessary in practice. For example, the registration certificate has to be presented to repatriate profits or investment in the event of sale or liquidation and to purchase foreign exchange from the authorized agencies for transfers abroad, as well as to process the residency of the investor.  In April 2021, CEI-RD launched an online Registry of Foreign Direct Investment, which aims to streamline and make the registration processes more transparent to investors. For more information on becoming an investor or exporter, visit the CEI-RD ProDominicana website at https://prodominicana.gob.do .

The Dominican Republic has a single-window registration website for registering a limited liability company (SRL by its Spanish acronym) that offers a one-stop shop for registration needs ( https://www.formalizate.gob.do/ ). Foreign companies may use the registration website. However, this electronic method of registration is not widely used in practice and consultation with a local lawyer is recommended for company registrations. According to the “Doing Business” report, starting a SRL in the Dominican Republic is a seven-step process that requires 16.5 days. However, some businesses advise the full incorporation process can take two to three times longer than the advertised process.

In order to set up a business in a free trade zone, a formal request must be made to the CNZFE, the entity responsible for issuing the operating licenses needed to be a free zone company or operator. CNZFE assesses the application and determines its feasibility. For more information on the procedure to apply for an operating license, visit the website of the CNZFE at http://www.cnzfe.gov.do .

Outward Investment

There are no legal or government restrictions on Dominican investment abroad, although the government does little to promote it. Outbound foreign investment is significantly lower than inbound investment. The largest recipient of Dominican outward investment is the United States.

2. Bilateral Investment and Taxation Treaties

The Dominican Republic has Bilateral Investment Treaties (BIT) in force with Chile, Finland, France, Italy, Republic of Korea, Morocco, Netherlands, Panama, Spain, and Switzerland. It has also signed BITs with Argentina, Cuba, and Haiti, but these agreements are not in force. The United States and the Dominican Republic are both parties to the CAFTA-DR free trade agreement, which entered into force in 2007 and contains an investment chapter. According to the Dominican Ministry of Industry and Commerce, other free trade agreements currently in force include a preferential trade agreement with Panama, a trade agreement between the Dominican Republic and the Central American countries of Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, and Nicaragua, a free trade agreement with CARICOM (the Caribbean Community), and the Economic Partnership Agreement (EPA) between the European Union and CARIFORUM (an organization of Caribbean nations, including the Dominican Republic). An economic association agreement between CARIFORUM and the United Kingdom was signed in 2019 but is not yet in force.

An agreement for the exchange of tax information between the United States and Dominican Republic has been in effect since 1989. In 2019, the agreement between the United States and the Dominican Republic to improve international tax compliance and to implement the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) entered into force. The Dominican Republic has tax agreements in force with Canada and Spain to avoid double taxation and prevent tax evasion. It is a participating member of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

3. Legal Regime

Transparency of the Regulatory System

The national government manages all regulatory processes. Information about regulations is often scattered among various ministry and agency websites and is sometimes only available through direct communication with officials. It is advisable for U.S. investors to consult with local attorneys or advisors to assist with locating comprehensive regulatory information.

On the 2020 Global Innovations Index, the Dominican Republic’s overall rank was 90 out of 131 nations analyzed. In sub-sections of the report, the Dominican Republic ranks 101 out of 131 for regulatory environment and 78 out of 131 for regulatory quality. In the same year, the World Bank’s “Doing Business” report ranked the Dominican Republic 133 out of 190 economies with respect to enforcing contracts, 124 out of 190 for resolving insolvency, and 74 out of 190 regarding registering property.

The World Bank Global Indicators of Regulatory Governance report states that Dominican ministries and regulatory agencies do not publish lists of anticipated regulatory changes or proposals intended for adoption within a specific timeframe. Law No. 200-04 requires regulatory agencies to give notice of proposed regulations in public consultations and mandates publication of the full text of draft regulations on a unified website: https://saip.gob.do/ . Foreign investors, however, note that these requirements are not always met in practice and many businesses point out that the scope of the website content is not always adequate for investors or interested parties as not all relevant Dominican agencies provide content, and those that do often do not keep the content up to date. U.S. businesses also reported years’ long delays in the enactment of regulations supporting new legislation, even when the common legal waiting period is six months.

The process of public consultation is not uniform across government. Some ministries and regulatory agencies solicit comments on proposed legislation from the public; however, public outreach is generally limited and depends on the responsible ministry or agency. For example, businesses report that some ministries upload proposed regulations to their websites or post them in national newspapers, while others may form working groups with key public and private sector stakeholders participating in the drafting of proposed regulations. Often the criteria used by the government to select participants in these informal exchanges are unclear, which at a minimum creates the appearance of favoritism and that undue influence is being offered to a handpicked (and often politically-connected) group of firms and investors. Public comments received by the government are generally not publicly accessible. Some ministries and agencies prepare consolidated reports on the results of a consultation for direct distribution to interested stakeholders. Ministries and agencies do not conduct impact assessments of regulations or ex post reviews. Affected parties cannot request reconsideration or appeal of adopted regulations.

The Dominican Institute of Certified Public Accountants (ICPARD) is the country’s legally recognized professional accounting organization and has authority to establish accounting standards in accordance with Law No. 479-08, which also declares that (as amended by Law No. 311-14) financial statements should be prepared in accordance with generally accepted accounting standards nationally and internationally. The ICPARD and the country’s Securities Superintendency require the use of International Financial Reporting Standards (IFRS) and IFRS for small and medium-sized entities (SMEs).

By law, the Office of Public Credit publishes on its website a quarterly report on the status of the non-financial public sector debt, which includes a wide array of information and statistics on public borrowing ( www.creditopublico.gov.do/publicaciones/informes_trimestrales.htm ).

In addition to the public debt addressed by the Office of Public Credit, the Central Bank maintains on its balance sheet nearly $10 billion in “quasi-fiscal” debt. When consolidated with central government debt, the debt-to-GDP ratio is over 60 percent, and the debt service ratio is over 30 percent.

International Regulatory Considerations

As of the end of 2020, the Dominican Republic was involved in 17 dispute settlement cases with the WTO: one as complainant, seven as respondent, and nine as a third party. In recent years, the Dominican Republic has frequently changed technical requirements (e.g., for steel rebar imports and sanitary registrations, among others) and has failed to provide proper notification under the WTO TBT agreement and CAFTA-DR.

Legal System and Judicial Independence

The judicial branch is an independent branch of the Dominican government. According to Article 69 of the Constitution, all persons, including foreigners, have the right to appear in court. The basic concepts of the Dominican legal system and the forms of legal reasoning derive from French law. The five basic French Codes (Civil, Civil Procedure, Commerce, Penal, and Criminal Procedure) were translated into Spanish and passed as legislation in 1884. Some of these codes have since been amended and parts have been replaced, including the total derogation of the Code of Criminal Procedure in 2002. Subsequent Dominican laws are not of French origin.

In year 2020, the World Bank’s “Doing Business” report gave the Dominican Republic a score of 6.5 out of 18 in the quality of its judicial processes. In the 2020 Global Innovations Index, the Dominican Republic ranked 86 out of 131 countries for rule of law.

There is a Commercial Code and a wide variety of laws governing business formation and activity. The main laws governing commercial disputes are the Commercial Code; Law No. 479-08, the Commercial Societies Law; Law No. 3-02, concerning Business Registration; Commercial Arbitration Law No. 489-08; Law No. 141-15 concerning Restructuring and Liquidation of Business Entities; and Law No. 126-02, concerning e-Commerce and Digital Documents and Signatures.

Some investors complain of long wait times for a decision by the judiciary. While Dominican law mandates overall time standards for the completion of key events in a civil case, these standards frequently are not met. The World Bank’s 2020 “Doing Business” report noted that resolving complaints raised during the award and execution of a contract can take more than four years in the Dominican Republic, although some take longer. Dominican nationals and foreigners alike have the constitutional right to present their cases to an appeal court and to the Supreme Court to review (recurso de casación in Spanish) the ruling of the lower court. If a violation of fundamental rights is alleged, the Constitutional Court might also review the case. Notwithstanding, foreign investors have complained that the local court system is unreliable, is biased against them, and that special interests and powerful individuals are able to use the legal system in their favor. Others that have successfully won in courts, have struggled to get their ruling enforced.

While the law provides for an independent judiciary, businesses and other external groups have noted that in practice, the government does not respect judicial independence or impartiality, and improper influence on judicial decisions is widespread. Several large U.S. firms cite the improper and disruptive use of lower court injunctions as a way for local distributors to obtain more beneficial settlements at the end of contract periods. To engage effectively in the Dominican market, many U.S. companies seek local partners that are well-connected and understand the local business environment.

Laws and Regulations on Foreign Direct Investment

The legal framework supports foreign investment. Article 221 of the Constitution declares that foreign investment shall receive the same treatment as domestic investment. Foreign Investment Law No. 16-95 states that unlimited foreign investment is permitted in all sectors, with a few exceptions. According to the law, foreign investment is not allowed in the following categories: a) disposal and remains of toxic, dangerous, or radioactive garbage not produced in the country; b) activities affecting the public health and the environmental equilibrium of the country, pursuant to the norms that apply in this regard; and c) production of materials and equipment directly linked to national defense and security, except for an express authorization from the Chief Executive.

The Export and Investment Center of the Dominican Republic (ProDominicana, formally known as CEI-RD) aims to be the one-stop shop for investment information, registration, and investor after-care services. ProDominicana maintains a user-friendly website for guidance on the government’s priority sectors for inward investment and on the range of investment incentives ( https://prodominicana.gob.do ).

In February 2020, the Dominican government enacted the Public-Private Partnerships (PPP) Law No. 47-20 to establish a regulatory framework for the initiation, selection, award, contracting, execution, monitoring and termination of PPPs in line with the 2030 National Development Strategy of the Dominican Republic. The law also created the General Directorate of Public-Private Partnerships (DGAPP) as the agency responsible for the promotion and regulation of public-private alliances and the National Council of Public-Private Partnerships as the highest body responsible for evaluating and determining the relevance of the PPPs. The PPP law recognizes public-private and public-private non-profit partnerships from public or private initiatives and provides for forty-year concession contracts, five-year exemptions of the tax on the transfer of goods and services (ITBIS), and accelerated depreciation and amortization regimes. The DGAPP website has the most up to date information on PPPs ( https://dgapp.gob.do/en/home/  ).

Competition and Antitrust Laws

The National Commission for the Defense of Competition (ProCompetencia) has the power to review transactions for competition-related concerns. Private sector contacts note, however, that strong public pressure is required for ProCompetencia to act.

Expropriation and Compensation

The Dominican constitution permits the government’s exercise of eminent domain; however, it also mandates fair market compensation in advance of the use of seized land. Nevertheless, there are many outstanding disputes between U.S. investors and the Dominican government concerning unpaid government contracts or expropriated property and businesses. Property claims make up the majority of cases. Most, but not all, expropriations have been used for infrastructure or commercial development. Many claims remain unresolved for years.

Investors and lenders have reported that they typically do not receive prompt payment of fair market value for their losses. They have complained of difficulties in the subsequent enforcement even in cases in which the Dominican courts, including the Supreme Court, have ordered compensation or when the government has recognized a claim. In other cases, some indicate that lengthy delays in compensation payments are blamed on errors committed by government-contracted property assessors, slow processes to correct land title errors, a lack of budgeted funds, and other technical problems. There are also cases of regulatory action that investors say could be viewed as indirect expropriation. For example, they note that government decrees mandating atypical setbacks from roads or establishing new protected areas can deprive investors of their ability to use purchased land in the manner initially planned, substantially affecting the economic benefit sought from the investment.

Many companies report that the procedures to resolve expropriations lack transparency and, to a foreigner, may appear antiquated. Government officials are rarely, if ever, held accountable for failing to pay a recognized claim or failing to pay in a timely manner.

Dispute Settlement

ICSID Convention and New York Convention

In 2000, the Dominican Republic signed the International Center for the Settlement of Investment Disputes (Washington Convention; however, the Dominican Congress did not ratify the agreement as required by the constitution). In 2001, the Dominican Republic became a contracting state to the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention). The agreement entered into force by Congressional Resolution No. 178-01.

Investor-State Dispute Settlement

The Dominican Republic has entered into 11 bilateral investment treaties that are in force, most of which contain dispute resolution provisions that submit the parties to arbitration.

As a signatory to CAFTA-DR, the Dominican Republic is bound by the investment chapter of CAFTA-DR, which submits the Parties to arbitration under either the ICSID or the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) rules. There have been three U.S. investor-state dispute cases filed against the Dominican Republic under CAFTA-DR. One case was settled; in the other two, an arbitration panel found in favor of the government.

Dual nationals of the United States and Dominican Republic should be aware that their status as a Dominican national might interfere with their status as a “foreign” investor if they seek dispute settlement under CAFTA-DR provisions. U.S. citizens who contemplate pursuing Dominican naturalization for the ease of doing business in the Dominican Republic should consult with an attorney about the risks that may be raised by a change in nationality with regard to accessing the dispute settlement protections provided under CAFTA-DR.

According to the Knowyourcountry’s “Dominican Republic: Risk and Compliance Report” from 2018, U.S. investors have had to resort to legal action against the Dominican government and parastatal firms to seek relief regarding payments, expropriations, contractual obligations, or regulatory obligations. Regardless of whether they are located in a free-trade zone, companies have problems with dispute resolution, both with the Dominican government and with private-sector entities. The investors range from large firms to private individuals.

International Commercial Arbitration and Foreign Courts

Law 489-08 on commercial arbitration governs the enforcement of arbitration awards, arbitral agreements, and arbitration proceedings in the Dominican Republic. Per law 489-09, arbitration may be ad-hoc or institutional, meaning the parties may either agree on the rules of procedure applicable to their claim, or they may adopt the rules of a particular institution. Fundamental aspects of the United Nations Commission on International Trade (UNCITRAL) model law are incorporated into Law 489-08. In addition, Law 181-09 created an institutional procedure for the Alternative Dispute Resolution Center of the Chamber of Commerce Santo Domingo ( http://www.camarasantodomingo.do/ ).

Foreign arbitral awards are enforceable in the Dominican Republic in accordance with Law 489-09 and applicable treaties, including the New York Convention. U.S. investors complain that the judicial process is slow and that domestic claimants with political connections have an advantage.

Bankruptcy Regulations

Law 141-15 provides the legal framework for bankruptcy. It allows a debtor company to continue to operate for up to five years during reorganization proceedings by halting further legal proceedings. It also authorizes specialized bankruptcy courts; contemplates the appointment of conciliators, verifiers, experts, and employee representatives; allows the debtor to contract for new debt which will have priority status in relation to other secured and unsecured claims; stipulates civil and criminal sanctions for non-compliance; and permits the possibility of coordinating cross-border proceedings based on recommendations of the UNCITRAL Model Law of 1997. In March 2019, a specialized bankruptcy court was established in Santo Domingo.

The Dominican Republic scores lower than the regional average and comparator economies on resolving insolvency on most international indices.

4. Industrial Policies

Investment Incentives

Investment incentives exist in various sectors of the economy, which are available to all investors, foreign and domestic. Incentives typically take the form of preferential tax rates or exemptions, preferential interest rates or access to finance, or preferential customs treatment. Sectors where incentives exist include agriculture, construction, energy, film production, manufacturing, and tourism.

Incentives for manufacturing apply principally to production in free trade zones (discussed in the subsequent section) or for the manufacturing of textiles, clothing, and footwear specifically under Laws 84-99 on Re-activation and Promotion of Exports and 56-07 on Special Tax Incentives for the Textile Sector. Additionally, Law 392-07 on Competitiveness and Industrial Innovation provides a series of incentives that include exemptions on taxes and tariffs related to the acquisition of materials and machinery and special tax treatment for approved companies.

Special Zones for Border Development, created by Law No. 28-01, encourage development near the Dominican Republic-Haiti border. Law No. 12-21, passed in February 2021, modified and extended incentives for direct investments in manufacturing projects in the Zones for a period of 30 years. Incentives still largely take the form of tax exemptions but can be applied for a maximum period of 30 years, versus the 20 years in the original law. These incentives include the exemption of income tax on the net taxable income of the projects, the exemption of sales tax, the exemption of import duties and tariffs and other related charges on imported equipment and machinery used exclusively in the industrial processes, as well as on imports of lubricants and fuels (except gasoline) used in the processes.

Tourism is a particularly attractive area for investment and one the government encourages strongly. Law 158-01 on Tourism Incentives, as amended by Law 195-13, and its regulations, grants wide-ranging tax exemptions, for fifteen years, to qualifying new projects by local or international investors. The projects and businesses that qualify for these incentives are: (a) hotels and resorts; (b) facilities for conventions, fairs, festivals, shows and concerts; (c) amusement parks, ecological parks, and theme parks; (d) aquariums, restaurants, golf courses, and sports facilities; (e) port infrastructure for tourism, such as recreational ports and seaports; (f) utility infrastructure for the tourist industry such as aqueducts, treatment plants, environmental cleaning, and garbage and solid waste removal; (g) businesses engaged in the promotion of cruises with local ports of call; and (h) small and medium-sized tourism-related businesses such as shops or facilities for handicrafts, ornamental plants, tropical fish, and endemic reptiles.

For existing projects, hotels and resort-related investments that are five years or older are granted complete exemption from taxes and duties related to the acquisition of the equipment, materials and furnishings needed to renovate their premises. In addition, hotels and resort-related investments that are fifteen years or older will receive the same benefits granted to new projects if the renovation or reconstruction involves 50 percent or more of the premises.

In addition, individuals and companies receive an income tax deduction for investing up to 20 percent of their annual profits in an approved tourist project. The Tourism Promotion Council (CONFOTOUR) is the government agency in charge of reviewing and approving applications by investors for these exemptions, as well as supervising and enforcing all applicable regulations. Once CONFOTOUR approves an application, the investor must start and continue work in the authorized project within a three-year period to avoid losing incentives.

The Dominican Republic encourages investment in the renewable energy sector. Under Law 57-07 on the Development of Renewable Sources of Energy, investors in this area are granted, among other benefits, the following incentives: (a) no custom duties on the importation of the equipment required for the production, transmission and interconnection of renewable energy; (b) no tax on income derived from the generation and sale of electricity, hot water, steam power, biofuels or synthetic fuels generated from renewable energy sources; and (c) exemption from the goods and services tax in the acquisition or importation of certain types of equipment. Foreign investors praise the provisions of the law, but express frustration with approval and execution of potential renewable energy projects.

The Dominican government does not currently have a practice of jointly financing foreign direct investment projects. However, in some circumstances, the government has authority to offer land or infrastructure as a method of attracting and supporting investment that meets government development goals. In February 2020, the government passed a law on public-private partnerships (PPPs) that may encourage high-quality infrastructure projects and help catalyze private sector-led economic growth. In August 2020, the Abinader administration officially launched the General Directorate of Public Private Partnerships as the government office responsible for planning, executing, and overseeing investment projects financed via PPPs. Their website has the most up to date information on their initiatives and mandates (https://dgapp.gob.do/en/home/).

Foreign Trade Zones/Free Ports/Trade Facilitation

Law 8-90 on the Promotion of Free Zones from 1990 governs operations of the Dominican Republic’s free trade zones (FTZs), while the National Council of Free Trade Zones for Export (CNZFE) exercises regulatory oversight. The law provides for complete exemption from all taxes, duties, charges, and fees affecting production and export activities in the zones. Operations located in one of the seven provinces along the Dominican-Haitian border benefit from these incentives for a 20-year period, while those located throughout the rest of the country benefit for a 15-year period. Products produced in FTZs can be sold in the Dominican market, but relevant taxes will apply.

CNZFE delineates policies for the promotion and development of Free Zones, as well as approving applications for operating licenses, with discretionary authority to extend the time limits on these incentives. CNZFE is comprised of representatives from the public and private sectors and is chaired by the Minister of Industry and Commerce.

In general, firms operating in the FTZs report fewer bureaucratic and legal problems than do firms operating outside the zones. Foreign currency flows from the FTZs are handled via the free foreign exchange market. Foreign and Dominican firms are afforded the same investment opportunities both by law and in practice.

According to CNZFE’s 2019 Statistical Report, the most recent available, 2019 exports from FTZs totaled $6.3 billion, comprising 3.2 percent of GDP. There are 695 companies operating in a total of 75 FTZs, of which approximately 33 percent are from the United States. Investments made in FTZs by U.S. companies in 2019 represented approximately 35 percent of total investments. Other major investors include companies registered in the Dominican Republic (21.2 percent), the United Kingdom (7.8 percent), Germany (6.5 percent), and Canada (4.2 percent). Companies registered in 38 other countries comprised the remaining investments. The main productive sectors receiving investment include services, apparel and textiles, tobacco and derivatives, agro-industrial products, and medical and pharmaceutical products.

Exporters/investors seeking further information from the CNZFE may contact:

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación
Leopoldo Navarro No. 61
Edif. San Rafael, piso no. 5
Santo Domingo, Dominican Republic
Phone: (809) 686-8077
Fax: (809) 686-8079
Website: http://www.cnzfe.gov.do 

Performance and Data Localization Requirements

Law 16-92 on the Labor Code stipulates that 80 percent of the labor force of a foreign or national company, including free trade zone companies, must be comprised of Dominican nationals. Senior management and boards of directors of foreign companies are exempt from this regulation.

The Dominican Republic does not have excessively onerous visa, residence, work permit, or similar requirements inhibiting mobility of foreign investors and their employees. The host government does not have a forced localization policy to compel foreign investors to use domestic content in goods or technology.

There are no performance requirements as there is no distinction between Dominican and foreign investment. Investment incentives are applied uniformly to both domestic and foreign investors in accordance with World Trade Organization (WTO) requirements. In addition, there are no requirements for foreign IT providers to turn over source code or provide access to encryption.

Law No. 172-13 on Comprehensive Protection of Personal Data restricts companies from freely transmitting customer or other business-related data inside the Dominican Republic or beyond the country’s borders. Under this law, companies must obtain express written consent from individuals to transmit personal data unless an exception applies. The Superintendency of Banks currently supervises and enforces these rules, but its jurisdiction generally covers banks, credit bureaus, and other financial institutions. Industry representatives recommend updating this law to designate a national data protection authority that oversees other sectors.

5. Protection of Property Rights

Real Property

The Dominican Constitution guarantees the right to own private property and provides that the state shall promote the acquisition of property, especially titled real property, however, a patchwork history of land titling systems and sometimes violent political change has complicated land titling in the Dominican Republic. By law, all land must be registered, and that which is not registered is considered state land. There are no restrictions or specific regulations on foreigners or non-resident owners of land.

In 2008, the country transitioned to a new system based on GPS coordinates and has been working towards establishing clear titles, but, in March 2021, an industry source estimated that only 25 percent of all land titles were clear. The government advises that investors are ultimately responsible for due diligence and recommends partnering with experienced attorneys to ensure that all documentation, ranging from title searches to surveys, have been properly verified and processed.

Land tenure insecurity has been fueled by government land expropriations, institutional weaknesses, lack of effective law enforcement, and local community support for land invasions and squatting. Political expediency, corruption, and fraud have all been cited as practices that have complicated the issuance of titles or respect for the rights of existing title holders. Moreover, while on the decline, long-standing titling practices, such as issuing provisional titles that are never completed or providing titles to land to multiple owners without requiring individualization of parcels, have created ambiguity in property rights and undermined the reliability of existing records.

The Dominican Republic’s rank for ease of registering property in the 2020 World Bank’s “Doing Business” report improved from 77 to 74 (out of 190 countries). Registering property in the Dominican Republic requires 6 steps, an average of 33 days, and payment of 3.4 percent of the land value as a registration fee. In the last decade, the Dominican government received a $10-million, Inter-American Development Bank (IDB) loan to modernize its property title registration process, address deficiencies and gaps in the land administration system, and strengthen land tenure security. The project involved digitization of land records, decentralization of registries, establishment of a fund to compensate people for title errors, separation of the legal and administrative functions within the agency, and redefinition of the roles and responsibilities of judges and courts.

Mortgages and liens do exist in the Dominican Republic. The Title Registry Office maintains the system for recording titles, as well as a complementary registry of third-party rights, such as mortgages, liens, easements, and encumbrances. Property owners maintain ownership of legally purchased property whether unoccupied or occupied by squatters, however, it can be difficult and costly to enforce private rights against squatters. This may in part be due to a provision in the law known as “adverse possession,” which allows squatters to acquire legal ownership of land without a title (thereby state-owned).

Intellectual Property Rights

The Dominican Republic has strong intellectual property rights (IPR) laws and is meeting its IP obligations under international agreements such as the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Nevertheless, weak institutions and limited enforcement can present challenges for investors. Under the Abinader administration, the country’s posture toward the protection and enforcement of IPR appears to have improved. Still, illicit and counterfeit goods, as well as online and signal piracy, are common and continue to present challenges for authorities. In the Dominican Republic, illicit or counterfeit goods include the full gamut of fashion apparel and accessories, electronics, pharmaceuticals, cosmetics, cigarettes, and alcohol.

Several IP authorities in the Dominican Republic grant intellectual property rights. The National Office of Industrial Property (ONAPI) issues trademarks and patents, the National Copyright Office (ONDA) issues copyrights, the Ministry of Public Health and Social Assistance (MISPAS) issues sanitary registrations required for marketing foods, pharmaceuticals, and health products, and the Directorate of International Trade (DICOEX) has jurisdiction over the implementation of geographical indications. IPR registration processes have improved in recent years, but delays and questionable adjudication decisions are still common. These institutions are in the process of implementing electronic filing systems to streamline procedures, however.

IPR Enforcement is carried out by the Customs Authority (DGA), the National Police, the National Copyright Office (ONDA), the Dominican Institute of Telecommunications (Indotel), the Special Office of the Attorney General for Matters of Health, and the Special Office of the Attorney General for High Tech Crimes. Although the Dominican government has taken steps that appear to indicate a strengthened posture and commitment to IP enforcement, in practice, the country faced challenges in 2020 that contributed to a net decrease in counterfeit seizures, arrests, and convictions. The government attributed much of this decrease to the pandemic and ensuing safety measures, which hampered enforcement activities for much of the year.

Although the Dominican Republic did not enact any new IP-related laws or regulations in the past year, the Office of the Attorney General launched a new IP Unit in November 2020. This unit plans not only to pursue more IP cases but also to develop an interagency mechanism uniting all the institutions involved in IP prevention and prosecution. As a result, these institutions are expected to collaborate more in enforcement activities and in capacity building efforts. For example, in February 2021, the new IP Unit partnered with ONAPI and ONDA to launch an IP training academy for prosecutors and judges to improve the country’s judicial capacity.

Since 2003, the U.S. Trade Representative (USTR) has designated the Dominican Republic as a Special 301 Watch List country for serious IPR deficiencies. The country, however, is not listed in USTR”s Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy.

For additional information about national laws and points of contact at local IP offices, please see WIPO’s country profiles at http://www.wipo.int/directory/en .

6. Financial Sector

Capital Markets and Portfolio Investment

The Dominican Stock Market (BVRD by its Spanish acronym) is the only stock exchange in the Dominican Republic. It began operations in 1991 and is viewed as a cornerstone of the country’s integration into the global economy and domestic development. It is regulated by the Securities Market Law No. 249-17 and supervised by the Superintendency of Securities, which approves all public securities offerings. Since many companies do not wish to sell shares to the public (a common theme among family-owned companies in Latin America), the majority of activity has been in the capital and fixed income markets.

The private sector has access to a variety of credit instruments. Foreign investors are able to obtain credit on the local market but tend to prefer less expensive offshore sources. The Central Bank regularly issues certificates of deposit using an auction process to determine interest rates and maturities.

In recent years, the local stock market has continued to expand, in terms of the securities traded on the BVRD. There are very few publicly traded companies on the exchange, as credit from financial institutions is widely available and many of the large Dominican companies are family-owned enterprises. Most of the securities traded in the BVRD are fixed-income securities issued by the Dominican State.

Money and Banking System

Dominican Republic’s financial sector is relatively stable, and the IMF declared the financial system largely satisfactory during 2019 Article IV consultations, citing a strengthened banking system as a driver of solid economic performance over the past decade. According to a Global Partnership for Financial Inclusion report from 2017, approximately 56 percent of Dominican adults have bank accounts. However, financial depth is relatively constrained. Private lending to GDP (around 27 percent, according to the IMF) is low by international and regional standards, representing around half the average for Latin America. Real interest rates, driven in part by large interest rate spreads, are also relatively high. The country’s relatively shallow financial markets can be attributed to a number of factors, including high fiscal deficits crowding out private investment; complicated and lengthy regulatory procedures for issuing securities in primary markets; and high levels of consolidation in the banking sector.

Dominican banking consists of 113 entities, as follows: 48 financial intermediation entities (including large commercial banks, savings and loans associations, financial intermediation public entities, credit corporations), 40 foreign exchange and remittance agents (specifically, 36 exchange brokers and 6 remittances and foreign exchange agents), and 24 trustees. According to the latest available information (January 2021), total bank assets were $40.8 billion. The three largest banks hold 69.5 percent of the total assets – Banreservas 30.0 percent, Banco Popular 23.1 percent, and BHD Leon 16.4 percent. While full-service bank branches tend to be in urban areas, several banks employ sub-agents to extend services in more rural areas. Technology has also helped extend banking services throughout the country.

The Dominican Monetary and Banking system is regulated by the Monetary and Financial Law No. 183-02, and is overseen by the Monetary Board, the Central Bank, and the Superintendency of Banks. The mission of the Dominican Central Bank is to maintain the stability of prices, promote the strength and stability of the financial system, and ensure the proper functioning of payment systems. The Superintendency of Banks carries out the supervision of financial intermediation entities, in order to verify compliance by said entities with the provisions of the law.

Foreign banks may establish operations in the Dominican Republic, although it may require a special decree for the foreign financial institution to establish domicile in the country. Foreign banks not domiciled in the Dominican Republic may establish representative offices in accordance with current regulations. To operate, both local and foreign banks must obtain the prior authorization of the Monetary Board and the Superintendency of Banks. Major U.S. banks have a commercial presence in the country, but most focus on corporate banking services as opposed to retail banking. Some other foreign banks offer retail banking. There are no restrictions on foreigners opening bank accounts, although identification requirements do apply.

Foreign Exchange and Remittances

Foreign Exchange

The Dominican exchange system is a market with free convertibility of the peso. Economic agents perform their transactions of foreign currencies under free market conditions. There are generally no restrictions or limitations placed on foreign investors in converting, transferring, or repatriating funds associated with an investment.

The Central Bank sets the exchange rates and practices a managed float policy. Some firms have had repeated difficulties obtaining dollars during periods of high demand. Importers may obtain foreign currency directly from commercial banks and exchange agents. The Central Bank participates in this market in pursuit of monetary policy objectives, buying or selling currencies and performing any other operation in the market to minimize volatility.

Remittance Policies

Law No. 16-95 on Foreign Investment in the Dominican Republic grants special allowances to foreign investors and national individuals residing abroad who make contributions to a company operating in the Dominican Republic. It regulates the types of investments, the areas of investment, and the rights and obligations of investors, among others. Decree No. 214-04 on the Registration of Foreign Investment in the Dominican Republic establishes the requirements for the registration of foreign investments, the remittance of profits, the repatriation of capital, and the requirements for the sale of foreign currency, among other issues related with investments.

Foreign investors can repatriate or remit both the profits obtained and the entire capital of the investment without prior authorization of the Central Bank. Article 5 of the aforementioned decree states that “the foreign investor, whose capital is registered with the CEI-RD, shall have the right to remit or repatriate it…”

Sovereign Wealth Funds

The Dominican government does not maintain a sovereign wealth fund.

7. State-Owned Enterprises

State-Owned Enterprises (SOEs) in general do not have a significant presence in the economy, with most functions performed by privately-held firms. Notable exceptions are in the electricity, banking, and refining sectors. In the partially privatized electricity sector, private companies mainly provide electricity generation, while the government handles the transmission and distribution phases via the Dominican Electric Transmission Company (ETED) and the Dominican Corporation of State Electrical Companies (CDEEE). CDEEE is the largest SOE in terms of government expenditures. However, the government participates in the generation phase, too (most notably in hydroelectric power) and one of the distribution companies is partially privatized. In the financial sector, the state-owned BanReservas is the largest bank in the country, with a 32 percent market share by assets. In the refining sector, the government is the majority owner of the only refinery in the country; Refinery Dominicana (Refidomsa) operates and manages the refinery, is the only importer of crude oil in the country, and is also the largest importer of refined fuels, with a 60 percent market share. Sanctioned-Venezuelan firm Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA by its Spanish acronym) is the minority shareholder.

Law No. 10-04 requires the Chamber of Accounts to audit SOEs. Audits should be published at https://www.camaradecuentas.gob.do/index.php/auditorias-publicadas , but audits from the SOEs could not be found. All audits should also be available upon request.

Privatization Program

Privatization of electricity distribution is part of a major reform planned for the electricity sector and outlined in the National Pact for Energy Reform signed February 2021. Plans are also being discussed for dissolving the CDEEE. While not yet expressly stated whether foreign firms will be invited to participate in these efforts, the Abinader administration has welcomed U.S. investment in the sector, generally. Questions should be directed toward the Ministry of Energy and Mines ( https://mem.gob.do/ ).

Partial privatization of state-owned enterprises (SOEs) in the late 1990s resulted in foreign investors obtaining management control of former SOEs engaged in activities such as electricity generation, airport management, and sugarcane processing.

8. Responsible Business Conduct

The government does not have an official position or policy on responsible business conduct, including corporate social responsibility (CSR). Although there is not a local culture of CSR, large foreign companies normally have active CSR programs, as do some of the larger local business groups. While most local firms do not follow OECD principles regarding CSR, the firms that do are viewed favorably, especially when their CSR programs are effectively publicized.

The Dominican Constitution states, “Everyone has the right to have quality goods and services, to objective, truthful and timely information about the content and characteristics of the products and services that they use and consume.” To that end, the national consumer protection agency, ProConsumidor, offers consumer advocacy services.

The country joined the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) as a candidate in 2016. The government incorporates EITI standards into its mining transparency framework. In 2019, EITI conducted a validation study of the Dominican Republic’s implementation of EITI standards.

Additional Resources 

Department of State

Department of Labor

9. Corruption

The Dominican Republic has a legal framework that includes laws and regulations to combat corruption and provides criminal penalties for corruption by officials. However, enforcement of existing laws is often ineffective. Individuals and NGOs noted the greatest hindrance to effective investigations was a lack of political will to prosecute individuals accused of corruption, particularly well-connected individuals or high-level politicians. Government corruption remained a serious problem and a public grievance, so much so, that it was a primary political motivation in the 2020 elections, leading to widespread protests. The Dominican Republic’s rank on the Transparency International Corruption Perception Index held at 137 in 2020 (out of 180 countries assessed) but indicated that “the election of a new government…raised hopes for the fight against corruption.”

U.S. companies identified corruption as a barrier to FDI and some firms reported being solicited by public officials for bribes. U.S. investors indicate corruption occurs at all phases of investment, not just in public procurement or during the process for awarding tenders or concessions, as is most often alleged. At least one firm said it intended to back out of a competition for a public concession as a result of a solicitation from government officials. U.S. businesses operating in the Dominican Republic often need to take extensive measures to ensure compliance with the Foreign Corrupt Practices Act.

In September 2019, the Dominican Supreme Court began a trial against six of the 14 defendants indicted in 2017 for alleged links to $92 million in bribes paid by aBrazilian construction company to obtain public works contracts. A 2016 plea agreement between the U.S. Department of Justice and the Brazilian company implicated high-level public officials in the Dominican Republic; the six current defendants include a senator, a lower house representative, a former senator, and a former minister of public works. Civil society welcomed the trial as a step forward in the fight against corruption, but activists highlighted what they perceived as a lack of political will to investigate thoroughly the case, which involved the country’s political and economic elites. U.S. companies also frequently cite the government’s slow response to the Odebrecht scandal as contributing to a culture of perceived impunity for high-level government officials, which fuels widespread acceptance and tolerance of corruption at all levels.

President Abinader has made it clear since his inauguration in August 2020 that fighting corruption will be a top priority of his administration. He appointed officials with reputations for professionalism and independence including a career anti-corruption advocate now serving as head of the Public Procurement General Directorate. In addition, the Abinader administration created the Directorate of Transparency, Prevention, and Control of Public Spending, and implemented other administrative and legislative measures that should increase internal auditing mechanisms.

In November 2020, the Attorney General’s Office detained 11 former officials and alleged front men, including two siblings of former President Danilo Medina, as part of the “Anti-octopus operation.” They are accused of “having used their family connections” to gain privileged access to the public procurement process and, consequently, of having accumulated fortunes illicitly during the past administration. Analysts have suggested that these arrests dealt a blow to the widespread practice of impunity around issues of corruption, particularly where politically connected people and families were involved, and sent a strong warning against such behavior. The arrests also appear to have appeased the demands of civil society, who threatened to protest if arrests did not happen before January 2021. However, it remains to be seen the extent to which the government will prioritize passage of legislative reforms to strengthen rule of law and prevent similar abuses in the future.

Civil society has been a critical voice in anti-corruption campaigns to date. Several non-governmental organizations are particularly active in transparency and anti-corruption, notably the Foundation for Institutionalization and Justice (FINJUS), Citizen Participation (Participacion Ciudadana), and the Dominican Alliance Against Corruption (ADOCCO).

The Dominican Republic signed and ratified the UN Anticorruption Convention. The Dominican Republic is not a party to the OECD Convention on Combating Bribery.

Resources to Report Corruption

Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA)
Calle Hipólito Herrera Billini esq. Calle Juan B. Pérez,
Centro de los Heroes, Santo Domingo, República Dominicana
Telephone: (809) 533-3522
Email: pepca@pgr.gob.do 

Linea 311 (government service for filing complaints and denunciations)
Phone: 311 (from inside the country)
Website: http://www.311.gob.do/ 

Participación Ciudadana
Wenceslao Alvarez #8, Zona Universitaria
Phone: 809 685 6200
Website: https://pciudadana.org/
Email: info@pciudadana.org 

10. Political and Security Environment

Despite political stability and strong pre-pandemic economic growth, citizen and public security concerns in the Dominican Republic impose significant costs on businesses and limit foreign and domestic investment. There are no known national security threats affecting foreign investment within the Dominican Republic.

Citizen Security

The U.S. Department of State has assessed Santo Domingo as a critical-threat location for crime. According to the Latin American Public Opinion Project, there is a steady increase in crime-related victimization and a growing perception of insecurity in the Dominican Republic since 2010. In 2020, Fund for Peace ranked the Dominican Republic 110 out of 176 countries in its security threats index, and 71 for human rights and rule of law. Other than domestic violence, criminal activity is mostly associated with street-level incidents consisting of robberies and petty larcenies. Of these, street robbery is particularly concerning as criminals often use weapons to coerce compliance from victims. In addition, the Dominican Republic faces challenges with organized crime. Mob schemes in the Dominican land, airspace, and territorial waters include transshipment of South American drugs destined for the United States and Europe, transshipment of ecstasy from the Netherlands and Belgium destined for United States and Canada, substantial money laundering activity particularly by Colombian narcotics traffickers, and significant amphetamine consumption.

Public Security

The U.S. Department of State has assessed the Dominican Republic as being a low-threat location for terrorism and a medium-threat location for political violence. There are no known organized domestic terrorist groups in the Dominican Republic. Nonetheless, the Dominican Republic is a likely transit point for extremists from within the Caribbean, Africa, and Europe.

Politically motivated protests, demonstrations, and general strikes occur periodically, particularly during general election years. In February and March of 2020, there were multiple, mostly peaceful protests throughout the country over the Dominican electoral authority’s decision to suspend national municipal elections after widespread failure of its electronic voting system. Sabotage of electrical facilities for political purposes also allegedly occurred during the 2020 electoral cycle. In addition, civil unrest has become a common occurrence in the last several years due to the lack of adequate electricity, water resources, and the public opinion from certain groups that the government is not actively protecting the national interest.

Border porosity remains an ongoing concern for the Dominican Republic as the security situation with Haiti has arguably been complicated by the withdraw of the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) in 2017. Dominican officials have expressed concerns about the potential for widespread civil unrest or instability in Haiti contributing to illegal flows of people and illicit goods across the border.

National Security

There are no known national security threats menacing the survival of the Dominican Republic state. Therefore, its armed forces define a series of citizen and public security concerns as their priority security interests. The Dominican government uses its armed forces to support the police and border security forces within the framework of the Dominican Republic constitution. In this context, the military has deployed through citizen security programs in collaboration with the police and plays an important role in securing the border with Haiti, alongside border security forces.

11. Labor Policies and Practices

An ample labor supply is available, although there is a scarcity of skilled workers and technical supervisors. Some labor shortages exist in professions requiring lengthy education or technical certification. According to 2020 Dominican Central Bank data, the Dominican labor force consists of approximately 5 million workers. The labor force participation rate is 61.1 percent; 56.8 percent of the labor force works in services, 10.6 percent in industry, 9.6 percent in education and health, 9.2 percent in agriculture and livestock, 7.9 percent in construction, and 5.9 percent in public administration and defense. Approximately 46 percent of the labor force works in formal sectors of the economy and 54 percent in informal sectors. In 2020, unemployment increased from 5.9 percent to 7.4 percent over the course of the year due to pandemic-induced challenges. When factoring in discouraged workers and others who were not actively seeking employment, however, the unemployment rate increased from 9.9 percent to 15.0 percent. Youth unemployment remained steady at 13.5 percent, indicating the pandemic had a greater impact on employment for older, more vulnerable segments of the population. With respect to migrant workers, the most recent reliable statistical data is from 2017 and shows a population of 334,092 Haitians age ten or older living in the country, with 67 percent working in the formal and informal sectors of the economy. Migration experts believe that this number has increased to approximately 500,000 since 2017. The Dominican government and the United Nations are expected to provide an updated migrant survey in 2021.

The Dominican Labor Code establishes policies and procedures for many aspects of employer-employee relationships, ranging from hours of work and overtime and vacation pay to severance pay, causes for termination, and union registration. The code applies equally to migrant workers, however, many irregular Haitian laborers and Dominicans of Haitian descent working in the construction and agricultural industries do not exercise their rights due to fear of being fired or deported. The law requires that at least 80 percent of non-management workers of a company be Dominican nationals. Exemptions and waivers are available and regularly granted. The law provides for severance payments, which are due upon layoffs or firing without just cause. The amount due is prorated based on length of employment.

Although the Labor Code provides for freedom to form unions and bargain collectively, it places several restrictions on these rights, which the International Labor Organization (ILO) considers excessive. For example, it restricts trade union rights by requiring unions to represent 51 percent of the workers in an enterprise to bargain collectively. In addition, the law prohibits strikes until mandatory mediation requirements have been met. Formal requirements for a strike to be legal also include the support of an absolute majority of all company workers for the strike, written notification to the Ministry of Labor, and a 10-day waiting period following notification before proceeding with the strike. Government workers and essential public service personnel, in theory, may not strike; however, in practice such employees, including healthcare workers, have protested and gone on strike.

The law prohibits dismissal of employees for trade union membership or union activities. In practice, however, the law is inconsistently enforced. The majority of companies resist collective negotiating practices and union activities. Companies reportedly fire workers for union activity and blacklist trade unionists, among other anti-union practices. Workers frequently have to sign documents pledging to abstain from participating in union activities. Companies also create and support company-backed unions. Formal strikes occur but are not common.

The law establishes a system of labor courts for dealing with disputes. The process is often long, with cases pending for several years. One exception is workplace injury cases, which typically conclude quickly – and often in the worker’s favor. Both workers and companies report that mediation facilitated by the Ministry of Labor was the most rapid and effective method for resolving worker-company disputes.

Many of the major manufacturers in free trade zones have voluntary codes of conduct that include worker rights protection clauses generally aligned with the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work; however, workers are not always aware of such codes or the principles they contain. The Ministry of Labor monitors labor abuses, health, and safety standards in all worksites where an employer-employee relationship exists. Labor inspectors can request remediation for violations, and if remediation is not undertaken, can refer offending employers to the public prosecutor for sanctions.

12. U.S. International Development Finance Corporation (DFC) and Other Investment Insurance or Development Finance Programs

The Dominican Republic is an eligible country for DFC financing purposes and there are current DFC-funded programs operating in the country. As an upper-middle income country, projects in the Dominican Republic must meet additional criteria to qualify for financing. The project must be in the infrastructure sector, target women’s empowerment, have a substantial development impact, or have a U.S. nexus. For example, a current project that began in 2019 provides two $10 million loan financing facilities to support lending to small- and medium-sized enterprises, with an emphasis on women-owned businesses. Under a 1962 bilateral agreement, DFC funding for a project must also receive approval from the Dominican government. In January 2019, the Dominican government and the DFC clarified the process for obtaining this approval in a bilateral letter. The Dominican government is a party to the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

On October 15, 2020, the Dominican government signed a Growth in the Americas/America Crece MOU with the U.S. government, upholding its commitment to strengthen the already strong bilateral relationship between the United States and the Dominican Republic. This agreement committed the Dominican government to make substantive progress on various policy, legal, regulatory, and institutional barriers to investment, including public procurement reform.

13. Foreign Direct Investment and Foreign Portfolio Investment Statistics

Table 2: Key Macroeconomic Data, U.S. FDI in Host Country/Economy
Host Country Statistical source*USG or international statistical sourceUSG or International Source of Data: BEA; IMF; Eurostat; UNCTAD, Other
Economic DataYearAmountYearAmount
Host Country Gross Domestic Product (GDP) ($M USD)2019$88,9062019$88,941www.worldbank.org/en/country 
Foreign Direct InvestmentHost Country Statistical source*USG or international statistical sourceUSG or international Source of data: BEA; IMF; Eurostat; UNCTAD, Other
U.S. FDI in partner country ($M USD, stock positions)N/AN/A2019$2,604BEA data available at
https://apps.bea.gov/
international/factsheet/ 
Host country’s FDI in the United States ($M USD, stock positions)N/AN/A2019$151BEA data available at
https://www.bea.gov/international/
direct-investment-and-multinational-
enterprises-comprehensive-data 
Total inbound stock of FDI as % host GDPN/AN/A201947.3%UNCTAD data available at
https://stats.unctad.org/handbook/
EconomicTrends/Fdi.html 

* Source for Host Country Data: Central Bank of the Dominican Republic (BCRD). The BCRD does not report investment stock positions.

No information for the Dominican Republic is available on the IMF’s Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) website. According to the Dominican Central Bank (BCRD), total inward flows of FDI for 2020 were $2.6 billion. The BCRD provides a breakdown of FDI to the Dominican Republic by individual source country for the top investing countries. The five largest investing countries accounted for 82.3 percent of total inward FDI in 2019. Neither World Bank nor Dominican sources break down FDI from the Dominican Republic to individual destination countries.

Table 3: Sources and Destination of FDI
Direct Investment from/in Counterpart Economy Data
From Top Five Sources/To Top Five Destinations (US Dollars, Millions)
Inward Direct InvestmentOutward Direct Investment
Total Inward$3,012.8100%Total OutwardAmount100%
United States$948.331.5%N/AN/AN/A
Mexico$640.221.2%N/AN/AN/A
Spain$394.313.1%N/AN/AN/A
Canada$258.38.6%N/AN/AN/A
France$237.87.9%N/AN/AN/A
“0” reflects amounts rounded to +/- USD 500,000.

* Source for Host Country Data: Central Bank of the Dominican Republic (BCRD), 2020 FDI inward flows.

Table 4: Sources of Portfolio Investment
No information for the Dominican Republic is available on the IMF’s Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS) site and the Dominican government only publishes information on general investment flows ( https://www.bancentral.gov.do/a/d/2532-sector-externo ).

14. Contact for More Information

Economic Office
Embassy of the United States of America
Avenida República de Colombia #57
Santo Domingo, Dominican Republic +1 (809) 567-7775
+1 (809) 567-7775
InvestmentDR@State.gov 

https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/dominican-republic/