SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
DIÁLOGO VENEZUELA | 16 ENE 2018, 7:00 PM |ARGÉNIDA ROMERO Acusación de Gobierno venezolano a oposición es sabotaje al diálogo, afirma experto
El politólogo Nelson Espinal Báez considera urgente que el Gobierno dominicano, como mediador, convoque a las partes para establecer un acuerdo sobre el proceso.
SANTO DOMINGO. El señalamiento del gobierno venezolano de que fueron líderes opositores quienes ofrecieron la ubicación del expolicía Oscar Pérez, líder de un grupo armado opositor y que murió ayer en un enfrentamiento con las autoridades de ese país durante un operativo de captura, es “un sabotaje” al diálogo político que ambos sectores protagonizan en República Dominicana.
Así lo afirmó el experto en política y mediación internacional Nelson Espinal Báez, y consideró que el gobierno dominicano como mediador de este diálogo, que busca encontrar soluciones ante la crisis política en que está sumida Venezuela, debe llamar la atención del gobierno de Nicolás Maduro ante esta situación y convocar a las partes con carácter de urgencia con el fin de firmar un acuerdo protocolar.
“Es urgente llamar la atención a las partes, en este caso al gobierno de Venezuela, porque decir eso pone en peligro el proceso”, sostuvo, y agregó: “El equipo de mediación que coordina el presidente (Danilo Medina) y el canciller (Miguel Vargas Maldonado) tienen la obligación de proteger y garantizar la credibilidad de este proceso, y es a ellos, al gobierno venezolano, que tienen que llamar la atención”.
A juicio del experto, Medina debe llamar a la oposición venezolana y al gobierno de Maduro a firmar un acuerdo sobre el proceso, que “ha sido puesto en juego con esta declaración”.
Apuntó que en caso de que el gobierno de Venezuela no asuma el llamado de atención, República Dominicana tendría que poner sobre la mesa el retiro de su mediación en el diálogo.
“Les llamo la atención, convoco a las partes, esto no puede suceder. Firmamos un pacto sobre el proceso. Porque eso es echarle jabón al sancocho, es matar la credibilidad de los que participan en el diálogo”, afirmó.
“Digo todo esto porque una de las partes hace un sabotaje contra el diálogo de Venezuela. Es un sabotaje”, apuntó.
Al confirmar la muerte de Pérez y otros sublevados del gobierno venezolano, el ministro de Interior del país sudamericano, Néstor Reverol, sostuvo que “en el marco del diálogo por la paz, algunos dirigentes políticos dieron información importante sobre la ubicación presuntamente de este grupo terrorista, dónde se encontraba, nos llevó a un lugar en la parroquia El Junquito del distrito capital”, donde fue abatido.
De inmediato, la oposición venezolana rechazó el señalamiento y calificó de “cobardía” las acusaciones. “Rechazamos la forma de manejar la situación de Oscar Pérez y el resto de los venezolanos que murieron ayer, y la cobardía de voceros importantes del Gobierno al pretender enlodar las conversaciones y este proceso de negociación política que muchos queremos que funcione”, afirmó el diputado Enrique Márquez en rueda de prensa.
Gobierno y oposición tienen previsto reunirse el próximo jueves por cuarta vez en Santo Domingo, un encuentro que se espera que arroje resultados definitivos.https://www.diariolibre.com/mundo/latinoamerica/acusacion-de-gobierno-venezolano-a-oposicion-es-sabotaje-al-dialogo-afirma-experto-BG8989276
¿Por qué irritó tanto a los rusos la Ley Magnitsky? Por el motivo obvio que acumular riquezas, una y otra vez, solo tiene sentido para la élite corrupta si puede disfrutarla en su condominio en Nueva York o Londres, o en viajes a todo lujo a París o a la Costa Azul. Para las personas especialmente designadas en la lista OFAC esta posibilidad desaparece, incluyendo el uso de las tarjetas de crédito que prácticamente copan el mercado mundial: Visa, MasterCard y American Express, así como el acceso al grueso de la red interbancaria que conecta a los cajeros automáticos a través del mundo.
Los rusos designados, varios son íntimos del presidente Putin, han quedado prácticamente aislados del mundo occidental ya que no pueden viajar a esos países, donde estudian sus hijos o tienen sus villas o pisos; ni siquiera para hacer negocios.
Ante la eficacia -con precisión quirúrgica- de las sanciones financieras a los rusos, Bill Browder inició una nueva campaña por la adopción de una Ley Magnitsky en EE.UU. de aplicación universal, lográndolo finalmente en diciembre de 2016, como hemos narrado previamente.
EL PROCURADOR GENERAL DE REPUBLICA DOMINICANA, JEAN ALAIN RODRIGUEZ, SE REUNE CON SU HOMOLOGO DE EE.UU., JEFF SESSIONS, EN LA CIUDAD DE WASHINGTON, D.C. 4 DE MAYO 2017
¿Cuál es el fundamento jurídico en que se basa EE.UU. para adoptar las medidas de la Ley Global Magnitsky?
Es esencial subrayar y resaltar que, en su orden ejecutiva de 21 de diciembre pasado, el presidente Trump declaró una emergencia nacional porque consideró que -la existencia de graves violaciones de derechos humanos y actos de corrupción a través del mundo- representan una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de EE.UU.
El poder del presidente para declarar una emergencia nacional y reglamentar el comercio (establecer embargos, congelar o confiscar activos, etc.) se basa en la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales (International Emergency Economic Powers Act) de 1977, cuando este determine que dicha amenaza tiene su origen en su totalidad o en parte sustancial fuera del territorio de Estados Unidos. Estos poderes fueron aumentados, posterior a los actos terroristas del 11 de septiembre, por la Ley Patriótica de 2001 (USA Patriot Act).
A su vez, estas facultades de regular el comercio y de aplicar sus leyes fuera de su territorio encuentran su asidero original en el Artículo 1, sección 8, cláusula 3, y en el poder de negociar tratados y hacerlos cumplir del Artículo 2, sección 2, cláusula 2, ambos de la Constitución de Estados Unidos. Tambien se apoyan en las normas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida también como Convención de Palermo, ambas ratificadas tanto por EE.UU. como por República Dominicana.
En el caso de EE.UU., por lo general, sus leyes pueden ser aplicadas fuera de su territorio cuando existe una actividad o conducta en el exterior que tiene un efecto real o potencial en su propio país, cuando impacta a sus ciudadanos, o a su moneda.
En el caso Odebrecht, durante el período en que efectuó los sobornos, la empresa cotizaba en la bolsa de EE.UU. y usaba para la venta de sus acciones certificados de valores emitidos por bancos de EE.UU. (American Depositary Receipts/ADR’s), utilizó también bancos de Nueva York para realizar transferencias de fondos que eventualmente fueron usados para sobornos, y, en varias ocasiones, altos funcionarios de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht organizaron aspectos de los sobornos desde territorio estadounidense, específicamente desde Miami. En consecuencia, violó también y primordialmente la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior de 1977 (Foreign Corrupt Practices Act).
EL PROCURADOR GENERAL DE REPUBLICA DOMINICANA, JEAN ALAIN RODRIGUEZ, Y SU EQUIPO, SE REUNEN CON SU HOMOLOGO DE EE.UU., JEFF SESSIONS, Y SU EQUIPO EN LA CIUDAD DE WASHINGTON, D.C. 4 DE MAYO 2017
Pero ¿porque decidió EE.UU. incluir a Ángel Rondón en la lista de los 13?
Colocando a Venezuela en una categoría aparte por el caso sui generis que representa, es notorio que, de los países denunciados por Odebrecht ante el gobierno de EE.UU. donde pagó sobornos, República Dominicana es el único de la región que tiene un nacional en dicha lista vinculado a graves actos de corrupción.
Recordemos que fue el mismo procurador, Jean Alain Rodríguez, quien informó al país, el 10 de enero de 2017, que el gerente general de Odebrecht en R.D., Marcelo Hofke, había señalado a Rondón como la persona a quien se le entregó los US$92 millones de dólares del soborno, para que luego los repartiera a funcionarios del gobierno.
Además, como parte de la negociación con el gobierno de Estados Unidos, Odebrecht le entregó todos los nombres que conocía de las personas implicadas en los sobornos. Si bien en la página relacionada a República Dominicana del acuerdo de admisión de culpabilidad (Plea Agreement) entre el Departamento de Justicia de EE.UU. y Odebrecht, no se menciona nombre alguno, dada la admisión de la empresa a la procuraduría dominicana, resulta obvio que el “intermediario responsable de interactuar con el gobierno bajo el entendimiento de que el intermediario transferiría el dinero, en parte, a funcionarios gubernamentales” a que se refiere dicho acuerdo es Ángel Rondón.
Recordemos también que en mayo de 2017, el Procurador Rodríguez viajó por invitación a la ciudad de Washington, conjuntamente con la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, donde se reunieron con el procurador general (Attorney General), Jeff Sessions, y el entonces jefe del Buró Federal de Investigaciones (FBI, la policía federal de EE.UU.), James Comey, justo cuatro días antes de que este fuera despedido espectacularmente por el presidente Trump, en medio de una notoria investigación sobre posible influencia del Kremlin en las elecciones de 2016 en ese país.
EL PROCURADOR GENERAL DE REPUBLICA DOMINICANA, JEAN ALAIN RODRIGUEZ, SE REUNE CON EL ENTONCES JEFE DEL BURO FEDERAL DE INVESTIGACIONES (FBI) EN LA CIUDAD DE WASHINGTON, D.C. 5 DE MAYO 2017
Es lógico suponer que, una reunión de tal trascendencia con personajes tan importantes y ocupados, no fue exactamente para tomar una taza de té. Dada la información acumulada por Estados Unidos sobre los sobornos, las múltiples violaciones ocurridas a sus leyes y el obvio interés en nuestro país, podemos imaginar la seriedad con que se celebraron las discusiones sobre las expectativas de EE.UU. en relación a los resultados judiciales en R.D. ante la gravedad de los casos de corrupción denunciados.
Por otro lado, es importante traer a colación que la denuncia de soborno por la compra de los ocho aviones Súper Tucanos, abierta por el ministerio público desde 2013, de acuerdo a declaraciones del entonces Procurador General Francisco Domínguez Brito en marzo de 2016, todavía, casi cinco años después, languidece prácticamente en el olvido mientras un coronel, que evoca al personaje de García Márquez, es el único que guarda cárcel preventiva.
Casi ni se menciona el acuerdo al cual llegó la compañía Embraer con el Departamento de Justicia de EE.UU., mediante el cual admitió haber sobornado a funcionarios gubernamentales en República Dominicana, Arabia Saudita y Mozambique. En los alegatos del Departamento de Justicia de EE.UU. se menciona con cierto nivel de detalle la forma en que ocurrió el soborno, sin mencionar los nombres de los que lo recibieron, pero sí dice que estos fueron divulgados a las autoridades de ese país.
Recordemos asimismo que, con la variación de las medidas de coerción en contra de Ángel Rondón y Víctor Diaz Rúa en septiembre del año pasado, ninguno de los 14 imputados en el caso Odebrecht guarda prisión. Y que, en los últimos 20 años, ni un solo alto funcionario de gobierno ha sido condenado ejemplarmente por corrupción en nuestro país y todavía esté en la cárcel.
Si a todo lo anterior le añadimos el hecho que, a pesar de las escandalosas y creíbles denuncias, las autoridades dominicanas, con amplia competencia para hacerlo, jamás han abierto un caso para investigar las operaciones de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que estuvo radicada en territorio dominicano por más de un año, ¿sorprende a alguien que se haya incluido a un dominicano en la primera Lista Global Magnitsky por actos de corrupción?
El Partido Alianza País (AlPaís) acaba de publicar un contundente álbum de la Corrupción que supera con creces el de “Vanguardia del Pueblo”, el periódico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en 1981 y se inscribe en la línea de los más recientes informes de Participación Ciudadana “20 Años de Impunidad” y “la Corrupción sin castigo”. La verificación gráfica de la magnitud de los casos de corrupción de los últimos años evidencia la cada vez más complicada trama de corrupción que afecta la sociedad dominicana y el nivel de impunidad predominante a pesar de que crece en la población la consciencia sobre su impacto en la pobreza material y en la institucionalidad democrática. Valioso documento gráfico. El vocero oficial de Al País, “El Aliancista” dedica sus veinte páginas tabloides bajo el título “20 años de corrupción e impunidad” a recopilar más de 50 escándalos de corrupción de dos décadas que incluyen varios del gobierno del presidente Hipólito Mejía 2000-04, pero la mayoría de los tres períodos del presidente Leonel Fernández y luego de los dos que agota el presidente Danilo Medina. Los escándalos más antiguos en que se detiene la publicación son los de las sobrevaluación denunciada en la construcción del aeropuerto La Isabela, el Programa de Empleos Mínimos Estatales (PEME) y desfalco en el Banco Agrícola en el primer gobierno de Fernández. Luego los del período de Mejía: tarjeta de Pepe Goico (Pepegate), en Autoridad Portuaria, el Instituto de la Vivienda y el Plan de Renovación de Vehículos (Renove). Del período de 8 años de Fernández (2004-12) son la mayoría: en la Liga Municipal, Lotería Nacional, direcciones de Migración, Pasaporte e Instituto de Recursos Hidráulicos, desfalco aduanal en Santiago, los mayúsculos de la Sun Land y los aviones Tucano, la construcción de polideportivos del Ministerio de Deportes, las sobrevaluaciones en los parqueos de la UASD, de Bellas Artes, los vagones del Metro, en la OTTT, Ministerio de la Juventud, y 29 empresas encubiertas de Diandino Peña. De los gobiernos de Medina se incluyen los referentes a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), la venta de Los Tres Brazos, la tragedia del CEA en San Pedro de Macorís, la de OMSA y asesinato del abogado Juniol Ramírez, la tecnología de la Junta Central Electoral, y el malecón de Nagua. Espacios especiales tienen el escándalo de Odebrecht, la contratación de las plantas de carbón, el déficit fiscal del 2012 por 153 mil millones de pesos, la Fundación Global, los barrilitos y los cofrecitos de los diputados. Muchos de ellos documentados en auditorías de la Cámara de Cuentas, todos impunes, excepto el Plan Renove, aunque ampliamente dilucidados en los medios informativos. El Álbum de la Corrupción. El PLD hizo historia en 1981 con la publicación de su “Álbum de la Corrupción”, referente solo a los tres primeros años del gobierno del presidente Antonio Guzmán, en los tiempos en que ese mal social formaba parte de su credo político. Cuando se le revisa resulta “un juego de niños” comparado con la magnitud de los escándalos denunciados en sus gobiernos, algunos que han envuelto hasta 130 millones de dólares como el de Sun Land, o las aún no cuantificadas sobrevaluaciones, sobornos y financiamientos electorales de Odebrecht por miles de millones de pesos.. Lo más relevante fueron las fotografías de tres residencias construidas por el vicepresidente Jacobo Majluta, el secretario sin cartera Lorenzo Sánchez Baret y el secretario particular de Peña Gómez, Aridio García de León, con inversión, según el periódico, de $475 mil, 250 mil pesos, y más de cien mil pesos, respectivamente. Resalta que una auditoría reveló que el síndico del DN Pedro Franco Badía gastó 673 mil pesos en asistencia social entre 1977 y 1981, con interés de promoverse. Como “Fraude escandaloso” indica que Frank Desueza Fleury, director del IDSS, efectuó compras por 550 mil pesos, cuando solo le habían autorizado 235 mil, para favorecer a 7 empresas en detrimento de otras 6. A Gustavo Sánchez Díaz, quien después sería aceptado en el PLD, le endilgan como corrupción haber hecho donaciones por 203 mil pesos en los 3 años que dirigió el Inespre. Al vicepresidente Jacobo Majluta y su hermano Freddy que después sería aliado y funcionario del PLD les dedican las páginas centrales del álbum. Al primero le endilgan que como director de CORDE había donado más de $92 mil a 160 personas que no eran empleados, en sumas que oscilaban entre $200 y $4,000. También que gastó $116 mil para imprimir calendarios donde aparece en fotografía con el Papa y otros $28 mil para hacerse 200 mil fotografías a color para promoción política. A Hipólito Mejía, que como secretario de Agricultura hizo compras de fertilizantes de forma irregular por 10 millones de pesos, entre ellas a la empresa Fuerza Agrícola a la que estaría vinculado, sin aportar pruebas. Un referente por años. El álbum de Vanguardia del Pueblo fue de ocho página y tuvo una tirada de 100 mil ejemplares que se distribuyeron en las calles y durante años quedaría como un referente de las denuncias de corrupción. Su análisis pormenorizado revela una carencia de documentación, incluyendo como corrupción programa de asistencia social que realizaba la entonces Secretaría de Salud Pública entre apenas cientos de indigentes. Origen de los programas asistencialistas por miles de millones de pesos en los gobiernos del PLD. Llegaron al extremo de calificar de “repartidera” el gasto de 260 mil pesos del Fondo de Asistencia Social de Salud Pública, documentando cheques de 500 y 600 pesos. Y hasta dos cheques a un restaurante por 454 y 329 pesos, y siete cheques que pagaron dietas entre 200 y 610 pesos a seis funcionarios por viajes al interior de entre dos y cinco días. Denunciaron como “imperdonable derroche” una remodelación del palco presidencial del Estadio Quisqueya por 175 mil pesos, donde los gobiernos del PLD han invertido cientos de millones de pesos en sucesivas remodelaciones y ampliaciones. En 8 páginas el vocero del PLD incluyó otros casos menores de denuncias que quedaron cortas en relación a corrupción y malversación, por escasa investigación y porque la política no había degenerado a los niveles de las últimas décadas, especialmente por la extensión de las campañas electorales que distraen recursos públicos incuantificables. Participación Ciudadana. El movimiento cívico Participación Ciudadana ha dedicado mucho esfuerzo a denunciar la corrupción y la impunidad en sus 25 años de existencia, con decenas de pronunciamientos, resaltando dos libros, bajo los títulos de “20 años de Impunidad” y “La Corrupción sin Castigo”, y un folleto didáctico sobre el expediente de corrupción presentado por la Procuraduría General contra el funcionario y senador Félix Bautista.. El primero fue publicado en febrero del 2004 y se refiere al período 1983-03, abarcando los gobiernos de Salvador Jorge Blanco, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Registra 227 denuncias de corrupción, de las cuales 185 llegaron al Departamento de Prevención de la Corrupción, de la Procuraduría General, solo 22 a los juzgados de instrucción, cámara de calificación y cámaras penales, 2 a cortes de apelación y uno a la Suprema Corte. Apenas en 6 casos hubo decisiones judiciales definitivas. El segundo libro fue publicado en junio del 2014, con investigación de la corrupción del período 2000-13, que incluyó 94 denuncias, pero solo hubo 8 dictámenes de los tribunales, el más significativo sobre el Plan Renove, por sobrevaluación y favoritismo en la asignación de minibuses financiados por el Estado. Participación Ciudadana figura entre las entidades que han promovido la Marcha Verde contra la impunidad que durante el último año ha sacudido el país, mientras las encuestas señalan y registran la corrupción entre los mayores problemas nacionales, junto a la delincuencia e inseguridad ciudadana y el desempleo.
El abogado de Leonardo Faña afirmó que la esposa y dos hijos del ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, se autoincriminaron en la audiencia de este jueves al admitir que son socios de la empresa Tenedora de Inversiones Pasa que, según Leonardo F… https://t.co/fC02KANKWwpic.twitter.com/2Xw32CQp5Q
Esposa e hijos de José Ramón Peralta se autoincriminaron en audiencia, afirma abogado de Faña
El abogado Ramón Emilio Concepción consideró que esto prueba que la empresa tiene negocios con el GobiernoServicios de Acento.com.do- 16 de enero de 2018 - 3:00 pm + Foto: Acento.com.do/Archivo/Leonardo Faña y su abogado Ramón Emilio Concepción.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El abogado de Leonardo Faña afirmó que la esposa y dos hijos del ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, se autoincriminaron en la audiencia de este jueves al admitir que son socios de la empresa Tenedora de Inversiones Pasa que, según Leonardo Faña, el Gobierno beneficia con importaciones irregulares de productos agrícolas.
El abogado Ramón Emilio Concepción consideró que esto prueba que la empresa ”tiene negocios con el Gobierno”.
“El artículo 146 de la Constitución, numerales 1 y 2, prohíbe a los ministros beneficiar a sus allegados, familiares y cónyuges, y al ellos (los familiares) aceptar que en esa empresa ellos son socios, se autoincriminaron”, sostuvo.
Agregó que el numeral dos del citado artículo es preciso al establecer que será sancionada la persona que proporcione ventaja a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados.
El jurista indicó que “cuando nosotros sometimos las pruebas de lo que nosotros pretendíamos probar, que era la sociedad que existe entre el ministro, la esposa y los hijos, sabíamos que ellos estaban violando la Constitución”.
Dijo que aportaron las evidencias de defensa, “en la que están incluidos como testigos a descargo la esposa y los dos hijos, entonces los abogados del ministro objetaron que fuera interrogada la esposa, basados en que según la normativa procesal penal podría excluirla”.
Apuntó que “esa petición fue rechazada porque el magistrado juez sostuvo que los artículos del 194 al 196 del Código Procesal Penal lo que objetan es el testimonio de la esposa del acusado, entonces la esposa de Peralta no cabe en esa normativa para ser excluida porque es la esposa del acusador”.
“Ellos lo aceptaron, se auto incriminaron y nosotros como defensa accedimos a no interrogar a la esposa del ministro y a sus dos hijos. Hay una auto incriminación que conecta con la verdad del ingeniero Faña”, comentó.
El juicio sobre supuesta difamación e injuria en contra de Faña se desarrolla en la Novena Sala Penal del Distrito Nacional. https://acento.com.do/2018/economia/8527978-esposa-e-hijos-de-jose-ramon-peralta-se-autoincriminaron-en-audiencia-afirma-abogado-de-fana/
Pavel Isa Contreras | 13 enero, 2018 La reforma tributaria de Trump y sus implicaciones para República Dominicana
Cambios en las tasas del impuesto sobre la renta en Estados Unidos
El congreso estadounidense acaba de aprobar la reforma más profunda de sistema tributario a nivel federal desde la década de los ochenta. Los cambios más importantes son dos. Primero, reducciones en las tasas de impuesto sobre la renta (IR) de las personas y las empresas; segundo, la conversión del sistema tributario a uno territorial, es decir, que no grava a las empresas estadounidenses cuando éstas generan rentas en el exterior. Antes de esa reforma, las empresas estaban obligadas a pagar impuesto sobre la renta independientemente del lugar donde la generaron.
Este artículo tiene una síntesis de los cambios más importantes en el sistema tributario, y una discusión sobre las implicaciones que éstos pueden tener para la economía dominicana y para otras similares de la región. Aunque en parte refrenda las valiosas contribuciones de los colegas y amigos Pedro Silverio y José Luis de Ramón en columnas aparecidas en dos importantes periódicos, hace un esfuerzo por complementarlas, y en ocasiones las contradice.
Impuesto sobre la renta a las personas
En el caso del (IR) a las personas, la reforma reduce moderadamente, y de forma temporal, hasta 2025, casi todas las tasas impositivas para todos los tramos de ingreso. En Estados Unidos, igual que en República Dominicana y muchos otros países, la tasa es mayor mientras más elevado es el ingreso. La estructura tiene siete tramos, cada uno de los cuales tiene una tasa distinta (en la República Dominicana tenemos cuatro). La tasa mayor era de 39.7% (ahora es de 37%) y la menor es de 10%. En dos tramos de ingreso (el segundo más alto, y el más bajo), no hubo reducciones de tasas, mientras que, en el resto, las reducciones oscilan entre uno y cuatro puntos porcentuales. La reforma también redujo los montos de ingresos que definen los cinco tramos de ingresos más elevados, lo cual compensa un poco las reducciones de tasas para los perceptores de ingresos que cambien de tramo.
La nueva ley reduce en términos netos las deducciones que las personas pueden hacer para reducir su carga tributaria. Aunque las tasas impositivas parecen altas, las tasas efectivas son menores porque la ley permite a las personas y familias deducir de sus ingresos ciertos montos, a fin de calcular el ingreso gravable. Algunas subieron, como la llamada deducción estándar aplicable a todo el mundo y que consiste simplemente en un monto fijo deducible, pero se redujeron las relacionadas con los pagos de intereses sobre hipotecas para parejas que declaren conjuntamente, un gasto que es elevado e importante para los hogares en EE. UU., y limita las deducciones que podrán hacer las personas por impuestos pagados a los Estados o a gobiernos locales.
Impuesto sobre la renta a las corporaciones
En términos de tasas, el cambio más importante se dio para las empresas. La nueva ley redujo de forma permanente la tasa del impuesto sobre la renta desde 35% hasta 21%. Es una reducción enorme. Se estima que, cuando esa tasa se combine con las que pagan a los gobiernos estatales o locales, la tasa media sería de 26.5%.
Sin embargo, aunque antes de la reforma la tasa nominal era de 35%, la tasa efectiva era mucho menor: 18.5%. Esto es debido a todas las deducciones que las empresas pueden hacer para finalmente estimar el monto de renta gravable. Con la nueva tasa nominal, es previsible que la efectiva también se reduzca porque las empresas continuarán haciendo deducciones, aunque seguramente la disminución no será tan significativa como la de las tasas nominales, en particular por el hecho de que algunas deducciones fueron limitadas, como por ejemplo, la del pago neto de intereses, los cuales están ahora sujetos a un tope.
Impuestos sobre ganancias en el exterior
Este es otro gran cambio. De ahora en adelante, las empresas estadounidenses que tienen inversiones en el exterior y producen ganancias, no estarán obligadas a tributar en su país. Antes sí lo estaban cuando repatriaban esas utilidades. Esta medida es un alivio adicional a la carga tributaria de las empresas con inversiones en el extranjero.
Además, en un esfuerzo por atraer las utilidades que las empresas estadounidenses han acumulado y retenido en el extranjero, y aquellas que generarán en el futuro, la ley reduce la obligación tributaria a una tasa de 15.5%, menor a la de 21%, y si esas utilidades fuesen reinvertidas en Estados Unidos, se reduce a 8%. Un banco estimó que las empresas estadounidenses tienen acumulado en el extranjero un total de 3.1 billones de dólares en ganancias.
Por último, las empresas con ingresos anuales superiores a 500 millones de dólares estarán, en lo adelante, sujetas a un mecanismo especial llamado BEAT por sus siglas en inglés, para reducir el riesgo de que maniobren en términos financieros y legales a fin de eludir sus obligaciones tributarias.
Implicaciones
Estas son las más importantes para la economía dominicana. No se listan en orden de importancia ni de intensidad del efecto. Casi todas se asocian al cambio en el tratamiento impositivo a las empresas porque el cambio de tratamiento a las personas es limitado y sus efectos serían menos intensos.
Primero, podría producir un impulso inmediato al crecimiento económico porque deja más dinero disponible en manos de las personas y empresas. Sin embargo, la intensidad de ese impulso es incierta, en particular porque no hay ningún mecanismo que garantice que la disponibilidad de recursos de las empresas se traduzca en inversión. Ese crecimiento debería hacer crecer, poco o mucho, las remesas, las exportaciones y el turismo hacia la República Dominicana.
Segundo, ese crecimiento puede ser de corta duración y puede ser limitado. La reforma reducirá los ingresos tributarios e incrementará el déficit fiscal. Eso va a terminar incrementando las tasas de interés porque para cubrir el aumento del déficit, el fisco estadounidense tendrá que endeudarse, y para ello deberá ofrecer tipos de interés más atractivos. Eso aumentará el costo de la inversión y de la deuda pública, lo cual actuaría en sentido contrario a la rebaja de impuestos, amortiguando el efecto positivo inicial. El aumento del costo de la deuda también afectará al fisco dominicano, que verá constreñido su acceso al crédito.
Tercero, mejora la posición de Estados Unidos como destino de inversión respecto a otros países, lo cual puede terminar atrayendo a ese país inversiones que antes se hubiesen dirigido a otros. Esto es así, aún en el caso de que, en otros países como República Dominicana, y para algunas actividades como las zonas francas o el turismo, los beneficios estén exentos. En cualquier caso, la reducción de la tasa disminuye la brecha tributaria entre Estados Unidos y el resto del mundo. Esto puede reducir, de forma relativa o absoluta, el flujo inversiones hacia el país. Hasta 2013, Estados Unidos fue el origen de capitales número uno de la inversión extranjera en el país, explicando el 27% del total. Es probable que eso no haya cambiado significativamente en años recientes.
Ciertamente, no sólo los impuestos determinan el destino de las inversiones. Hay muchos otros factores como el entorno institucional, la ubicación, la disponibilidad de recursos naturales (p.e. en minería o turismo) y de insumos, las sinergias con otras empresas, el tamaño de los mercados, y la calidad y los costos de la fuerza de trabajo. De hecho, los mayores flujos de inversión se dan entre países con altos impuestos precisamente porque estos otros pesan mucho más. No obstante, los impuestos es uno de ellos, y éste se convierte en importante cuando hay reducidas diferencias para el resto de los factores.
Cuarto, presiona al resto del mundo a bajar las tasas del IR con el objetivo de reducir las ventajas relativas que está ofreciendo el fisco estadounidense.
Este último elemento es el más preocupante porque contribuye a la llamada “carrera hacia abajo” en la que, a largo plazo, nadie termina ganando excepto los dueños de las empresas, especialmente las corporaciones. Sería una carrera por cual país reduce más el impuesto sobre la renta. Esto podría hacer disminuir los ingresos públicos y pondría en riesgo la capacidad de los Estados de proveer bienes públicos y servicios sociales críticos para generar bienestar colectivo. La respuesta automática es que, para compensar, habrá que gravar más con impuestos indirectos como el ITBIS, los cuales recaen más sobre los pobres. La ecuación es clara, y es evidente quien gana en todo este juego distributivo.
Encima de eso, esta presión encuentra a la República Dominicana en una posición muy vulnerable, con un creciente costo de la deuda pública, un déficit público que no cede, unas tasas de interés en el mercado internacional que crecen, y un gobierno sin capital político suficiente para reformar.
Ya sabemos por dónde vienen los tiros. Hay que prepararse.
Denuncian posible exclusión de energías renovables en nuevos contratos eléctricos
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) protestó al anuncio del administrador general de EDESUR Dominicana, de que se realizarán licitaciones para contratos de energía eléctrica de cuatro años exclusivamente a gas natural, y por tanto con exclusión de las energías renovables.
El colectivo dijo que esta exclusión de las energías renovables de las licitaciones para conceder los contratos eléctricos, es una de las principales razones para no suscribir el Pacto Eléctrico.
“Un Pacto Eléctrico que no tiene la fuerza para obligar a la CDEEE y a la Superintendencia de Electricidad a que garantice la participación de las energías renovables y mucho menos de priorizarlas en las licitaciones para la compra de electricidad, es el mejor desmentido de que este acuerdo responda a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo No.1-12”, afirmó.
En entrevista realizada en Acento TV, Radhamés Del Carmen hizo el anuncio (en el 16:58 minuto de la entrevista) al hablar sobre los próximos planes del Gobierno en el sector eléctrico.
Recordó que las últimas licitaciones realizadas para reemplazar los contratos del Acuerdo de Madrid, se excluyó igualmente a las energías renovables.
Manifestó que esta reiterada exclusión de las energías renovables de las licitaciones eléctricas, viola la disposición de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, de descarbonizar la economía nacional y sustituir los combustibles fósiles importados por fuentes renovables de energía.
“Mientras en Chile, Uruguay, España y en otras naciones las licitaciones han sido el instrumento para adquirir electricidad de fuentes renovables mucho más baratas que las fósiles, en el país de forma maliciosa y monopólica, se excluyen las energías renovables de la competencia”, aclaró.
El Comité resaltó que ahora la CDEEE y el Gobierno han descubierto que el país tiene acceso a gas natural, mientras construye dos plantas a carbón en Punta Catalina bajo el pretexto de que no existía en el mercado disponibilidad de este combustible.
“Independientemente de que hubiese o no disponibilidad de gas natural en el pasado, el Gobierno que reconoce que ahora existe esa disponibilidad, está obligado a convertir a gas natural a Punta Catalina”, expuso.
Planteó que si el oficialismo ha decidido comprar electricidad generada a gas natural, y de forma exclusiva, es porque considera que estos proveedores tienen asegurado el suministro de este combustible y porque es un producto de mejor calidad que el carbón.
Señaló que este anuncio de licitación exclusivamente para gas natural, es a la vez una discriminación ilegal y abusiva contra las energías renovables, y un desmentido de la supuesta inexistencia de gas en el mercado, lo que despoja de toda justificación que Punta Catalina permanezca a carbón.
“Acusamos al Gobierno y a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) de práctica monopólica contra la libre competencia al celebrar licitaciones que excluyen a las energías renovables”, enfatizó.
Adujo que estas licitaciones, tanto las anteriores para contratos de corta duración como las que ahora se anuncian para contratos de cuatro años, son para favorecer a los intereses de los grandes dueños de generadores de combustibles fósiles, en detrimento de que el país adquiera electricidad barata y limpia.
El Pacto Eléctrico que el Gobierno pretende que se firme, perpetuará el predominio de los fósiles en la matriz eléctrica nacional y la dependencia del país de la importación de estos combustibles, indicó.
Reiteró que el Pacto Eléctrico únicamente favorecerá ”la mafia” público-privada constituida por funcionarios gubernamentales y los grandes generadores fósiles.
A raíz de eventos como el Brexit y la victoria electoral de Trump, está claro que hay un movimiento creciente de personas que son escépticas sobre una integración más amplia en la economía global y las culturas extranjeras. Si bien el movimiento antiglobalización siempre ha existido, solo recientemente se ha vuelto lo suficientemente poderoso como para cambiar los resultados de elecciones clave y referendos.
Si bien el movimiento antiglobalización siempre ha existido, solo recientemente se ha vuelto lo suficientemente poderoso como para cambiar los resultados de elecciones clave y referendos.
¿Pero qué tan grande es este contingente de la población, y cómo difiere en tamaño de un país a otro? La infografía de hoy destaca los datos de la encuesta sobre el tema de la globalización en 19 países.
La encuesta, publicada por YouGov hace poco más de un año, cubre el comercio internacional, la inversión extranjera directa y el impacto de la inmigración. Aquí están los datos de más alto nivel, que se centran en la globalización en general.
Pregunta: "En general, ¿cree que la globalización es una fuerza para bien o para mal para el mundo?"
El apoyo a la globalización varía desde el 37% (Francia) hasta el 91% (Vietnam), lo que representa una gama muy diversa de actitudes hacia el tema.
Los lugares que se sienten más positivos acerca de la globalización tienden a ser mercados emergentes como Filipinas (85%), India (83%) e Indonesia (72%). Estos son países que están creciendo a un ritmo rápido, a medida que las economías se expanden gracias al acceso a los mercados de capital y el comercio global.
Francia tiene la porción más baja de encuestados que dice que la globalización es una fuerza para el bien.
Los países que parecen ser más escépticos parecen estar más desarrollados económicamente. En Estados Unidos, solo el 40% de los encuestados ven la globalización como una fuerza para el bien, mientras que el 27% lo considera una fuerza para el mal y una gran parte de la población no está segura (33%). El Reino Unido y Australia tienen cifras similares, y Francia tiene la porción más baja de encuestados que dice que la globalización es una fuerza para el bien.
Si bien es cierto que estos países desarrollados muestran escepticismo, también está claro que el mundo occidental está muy dividido sobre el tema. En países europeos como Alemania (60%), Dinamarca (68%), Suecia (63%) y Finlandia (56%) la mayoría de los encuestados está a favor de la globalización.
Esta división en la opinión es difícil de reconciliar, y es probable que sea parte de la razón por la que muchos inversores permanecen enfocados en el riesgo geopolítico del entorno actual.
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