Delia Ferreira: El sector de la salud es propenso a la corrupción
Desde Berlín, la cordobesa advierte sobre la utilización de la pandemia como excusa para no cumplir los procedimientos legales. Analiza lo ocurrido con los sobreprecios.
Delia Ferreira. Titular de Transparencia Internacional. (La Voz) rbattaglino ROBERTO BATTAGLINO Martes 14 de abril de 2020 - 00:03 | Actualizado: 14/04/2020 - 00:51
Desde Berlín, la cordobesa advierte sobre la utilización de la pandemia como excusa para no cumplir los procedimientos legales. Analiza lo ocurrido con los sobreprecios.
Delia Ferreira. Titular de Transparencia Internacional. (La Voz) rbattaglino ROBERTO BATTAGLINO Martes 14 de abril de 2020 - 00:03 | Actualizado: 14/04/2020 - 00:51
La titular de Transparencia Internacional, la cordobesa Delia Ferreira, alerta sobre la utilización de la emergencia y de la urgencia para enfrentar la pandemia del Covid-19 como excusa para no cumplir procedimientos legales, y de esa manera facilitar la corrupción.
Ferreira tenía previsto regresar de Berlín (donde Transparencia Internacional tiene su sede) a la Argentina cuando comenzaron a cerrarse fronteras y aeropuertos.
Desde la capital de Alemania, dialogó con La Voz sobre los recientes escándalos planteados en nuestro país con los sobreprecios en las compras del Estado para productos esenciales.
–¿Los sobreprecios están incorporados a una especie de “cultura” del Estado bajo el argumento de trámites, demoras en el pago o burocracia?
–El sobreprecio no está justificado en ningún caso. Por eso se establecen precios testigo, para que los funcionarios que compran sepan cuánto pueden pagar por cada producto. El argumento de que “los proveedores se plantaron” es absolutamente inaceptable por parte de los funcionarios. Si el Gobierno nos pide a los ciudadanos que no compremos cuando hay abuso de precios o aumentos desmedidos, que no convalidemos esas prácticas abusivas y nos facilita una app para que denunciemos abusos, ¿cómo puede ser que nadie menos que un ministro se amilane porque los proveedores se plantan? Además, hay que tener en cuenta que en estas licitaciones de emergencia que se están utilizando, es el Estado el que invita a algunos proveedores a ofertar. Y ahí claramente hay una restricción que impide la libre competencia y abre una ventana de oportunidad para la corrupción y el conflicto de intereses.
–¿Por qué los gobiernos primero reaccionan negando los hechos y luego, en algunos casos, van revirtiendo lentamente con decisiones administrativas cuando las evidencias son abrumadoras y se genera malestar social?
–La reacción tiene que ver con esquivar la responsabilidad. Negar el problema y criticar o descalificar a los que lo reportan permite desviar la atención y mantener el sistema corrupto en funcionamiento.
–¿Cobra otra dimensión un caso de sobreprecios en el Estado cuando se está en una emergencia como una pandemia y en un área tan sensible como la asistencia social?
–El Covid-19 nos enfrenta a una combinación que aumenta los riesgos de corrupción: emergencia más sector Salud. Por un lado, la emergencia y la urgencia se usan como justificativo para no cumplir con los procedimientos legales. Muchos gobiernos están aprovechando la ocasión para concentrar poder en forma abusiva y para evadir todos los controles. En este sentido debemos tener en cuenta que las situaciones de emergencia y la declaración de estados de excepción no significan un cheque en blanco para los gobiernos. Las medidas excepcionales deben ser siempre limitadas en el tiempo, necesarias para el logro del objetivo perseguido y proporcionales para no afectar los derechos de los ciudadanos más allá de lo estrictamente necesario. Además las decisiones de emergencia deben ser transparentes y estar sujetas a control para evitar abusos y garantizar que la implementación sea efectiva.
–¿Hay áreas más expuestas a esta falta de controles?
–El sector Salud es uno de los más propensos a registrar corrupción, abuso de recursos públicos, sobreprecios, conflictos de intereses y otras prácticas ilegales. En tiempos de normalidad, se estima que 500 billones de dólares se pierden anualmente por corrupción. Sólo en compras de medicamentos, entre el 10 y el 20 por ciento del monto de los recursos públicos se pierde por corrupción.
–¿Cuáles son las recomendaciones que se deben seguir para que las compras del Estado sean más transparentes?
–Los capítulos de América Latina de Transparencia International acaban de publicar un documento especial frente al riesgo creciente de corrupción en las contrataciones públicas durante la emergencia. En síntesis, es necesario garantizar la transparencia y el acceso a la información sobre todos los datos relevantes: quién compra, qué compra, a quién le compra, cuánto paga. Si pensamos en el reciente escándalo de los sobreprecios, la clave del problema está justo en estos aspectos. Los mecanismos de compras on line pueden facilitar el acceso a esta información. Es muy importante también mantener los controles y la rendición de cuentas. El seguimiento del gasto público es central en estos momentos, garantizando los mecanismos de auditoría estatal, así como facilitando los canales y mecanismos de denuncia de irregularidades. En algunos países se observan restricciones al acceso a la información e intentos de coartar la libertad de prensa con la excusa de que la transparencia atenta contra la eficacia del Gobierno en la emergencia, un argumento que, además de ser falso, facilita el abuso de poder y la malversación de los recursos públicos. Un aspecto especial para tener en cuenta en estos momentos se refiere a los subsidios, préstamos, fideicomisos y fondos con asignación específica que el Estado pone en marcha para enfrentar la crisis. La utilización de esos recursos también debe respetar los principios de transparencia y de control.
–¿Cómo evalúa a la Argentina en el contexto internacional en esta materia?
–El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que se concentra en la corrupción percibida en el sector público de los países, ubica a Argentina con 45 puntos en una escala de 100 (percibido como muy transparente) a 0 (percibido como muy corrupto). En nuestra región, los países mejor ranqueados son Uruguay (71 puntos) y Chile (67 puntos).
–¿Hay estudios sobre el impacto económico que tiene sobre las arcas públicas pagar bienes y servicios por encima de los valores de mercado?
–La cifra de lo que se pierde en corrupción es difícil de calcular porque la corrupción es un fenómeno opaco, por lo tanto lo que se conoce con certeza proviene de los casos detectados, aunque no siempre se los investigue y sancione. La ONU estima que anualmente se pagan un billón de dólares en sobornos, mientras que otros 2,6 billones de dólares de dinero público son directamente robados por la corrupción.
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