SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
Su director sabe jugar con los mecanismos del género estableciendo algunas rupturas, pero siempre enfocado en perseguir su objetivo, el cual lo consigue a través de un medido elenco conformado por Daniel Kaluuya, Bradley Whitford, Allison Williams, Catherine Keener y Betty Gabriel.Félix Manuel Lora/Acento.com.do- 6 de Mayo de 2017 Foto: Fuente externa/Acento.com.do Título original:GetOut. Género:Thriller.Dirección:JordanPeele. Guión:JordanPeele. Reparto:Daniel Kaluuya, Bradley Whitford, Allison Williams, Catherine Keener, Betty Gabriel.Duración: 1 hora43 minutos. Clasificación:+ 14 añosPaís: USA
“GetOut” (Huye) es un sorprendente debut del director JordanPeele, actor, guionista y humorista, conocido por protagonizar la serie de Comedy Central Key & Peele y por ser parte del elenco de MADtv.
Su visión y posición sobre una Norteamérica que todavía intenta superar el lastre del racismo, de un país post Obama, es la mejor manera de plantear cuestiones básicas en el orden social. Y es precisamente este uso del elemento racial sirve de hilo conductor para la premisa de terror que se desarrolla hasta el final.
A este filme el propio realizador lo ha llamado un “thriller social”. Y en verdad es así, el filme le da una vuelta de tuerca a los manidos estereotipos que conforman el núcleo del terror colocando a un afroamericano experimentando situaciones agravantes donde el espectador blanco es obligado a ponerse en el lugar de su protagonista.
La historia toma su inicio con la visita de Chris, un joven negro, a la familia de su novia blanca, los Armitage, una familia adinerada quien lo recibe amistosamente, de manera natural subrayando un discurso de tolerancia racial y sin importar la preferencia de su hija.
Pero en la medida que pasa la estancia de Chris en esta casa, una serie de hechos les van indicando otras cuestiones ocultas que dentro de esta familia. Entonces, “Huye” va descendiendo a otros estratos más macabros que apuntan a una realidad distinta a la presentada en el inicio.
Con un sigiloso pulso narrativo Peele va deshaciendo el compacto círculo de esta propuesta y lo va fraguando lentamente dejando establecido un estilo que surca cada rincón del escenario dramático que dispone.
Al mejor estilo de Hitchcock o Polanski este thriller se interna por unos pasillos estrechos por donde irremediablemente el público tendrá que atravesar como si se tratara de un juego laberíntico.
Su director sabe jugar con los mecanismos del género estableciendo algunas rupturas, pero siempre enfocado en perseguir su objetivo, el cual lo consigue a través de un medido elenco conformado por Daniel Kaluuya, Bradley Whitford, Allison Williams, Catherine Keener y Betty Gabriel.
Un debut que aplaudo por ofrecer un punto de vista distinto dentro del thriller y el terror. http://acento.com.do/2017/cultura/cine/criticas-de-cine/8454879-huye/
Gerardo E. Alvarado León | El Nuevo Día y Centro de Periodismo Investigativo
Pese a que los casos y denuncias de privatización de playas son abundantes, poco o nada ha hecho desde su creación hace 18 años la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas en Puerto Rico para intervenir y defender el derecho de acceso de los ciudadanos al principal recurso natural del País.
Esta peligrosa tendencia –y la responsabilidad de la Junta al respecto–, se agrava ahora que la Junta de Control Fiscal (JCF) podría imponer como política pública la venta o traspaso de áreas alto valor natural, incluyendo las playas, a fin de obtener dinero para pagar la deuda pública. Esta es una facultad que le confiere la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA).
Una investigación de El Nuevo Día y el Centro de Periodismo Investigativo encontró que, por los pasados 18 años, la Junta de Playas ha incumplido con el mandato de la ley que la creó para asegurar la conservación, el libre acceso, el desarrollo ordenado y la seguridad en las playas del país. Se constató que la Junta, adscrita al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ha estado prácticamente inoperante, sin liderato y con un mísero presupuesto que, además, fue invertido parcialmente en gastos cuestionables, no relacionados a la protección de las costas.
Como organismo, la Junta no se ha pronunciado, por ejemplo, sobre la construcción del proyecto Christopher Columbus Landing Resort en Playuela, Aguadilla, que supone la privatización de las playas del área, según sus opositores. Tampoco hay constancia de una expresión oficial sobre las múltiples denuncias ciudadanas de falta de acceso a las playas de Isla Verde, en Carolina; y Ocean Park, en San Juan, entre otras.
La Junta tuvo tres reuniones el año pasado y el tema de la privatización de playas solo se discutió una vez, según consta en las minutas. El pasado 19 de mayo, Ruperto Chaparro, director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y representante del sector académico en la Junta, llevó al pleno el caso de la Cueva del Indio, en Arecibo, cuyo acceso es eje de pugna.
El acceso más fácil a esta reserva natural es a través de una finca privada. Su dueño, el presidente de la empresa Pan American Grain, José González Freyre, cobra una tarifa de $5 a quienes quieran estacionarse allí. El acceso gratuito es por la playa, pero es casi imposible llegar por esa vía debido a las rocas y el oleaje.
En la reunión, la licenciada Mildred Sotomayor, de la División Legal del DRNA, indicó que se estaban evaluando posibles accesos y mecanismos legales para ponerle fin a la pugna. Dos de esos mecanismos son la expropiación o una servidumbre de conservación.
Se informó, además, que la reserva natural no cuenta con un plan de manejo, y que había uno en desarrollo.
El DRNA expresó su interés de que el acceso que finalmente se establezca pertenezca a la agencia y sea parte de la reserva natural Cueva del Indio, de forma que puedan fijarse las regulaciones que el área requiere.
Alberto Martí, oficial de Scuba Dogs Society y representante del sector privado en la Junta, le solicitó al DRNA que le presentara al organismo los resultados de su investigación y la información recopilada sobre la limitación de acceso a la Cueva del Indio; “cuál es la hoja de ruta y los próximos pasos a seguir”. Su intención era que la Junta se pronunciara formalmente sobre la controversia y presentara recomendaciones, pero nada de eso ha ocurrido.
“Lo que hay allí (Cueva del Indio) es una burla. Es una cosa ridícula y no puedo entender cómo una reserva natural de Puerto Rico no tiene acceso público. ¿Cómo es que hay que pagarle a un privado? Fui allí y me cobraron $5, tenían una escalera de madera amarrada con una soguita y la gente estaba encaramada en las piedras. ¡Eso no puede ser! Tenemos unas playas sin ningún tipo de manejo de los usuarios”, dijo Chaparro, al explicar su decisión de llevar al pleno de la Junta la controversia de la Cueva del Indio.
Pese a que las minutas confirman que el tema se discutió una sola vez el año pasado, el informe anual que la Junta sometió a la Legislatura el pasado 28 de febrero plantea el acceso a las playas fue uno de los “asuntos recurrentes” en sus reuniones.
El informe, incluso, destaca como “logro” de la Junta la preparación de un vídeo sobre la zona marítimo terrestre, donde se menciona que las playas son bienes de dominio público. El vídeo lo produjo el DRNA, con una subvención del Programa de Manejo de la Zona Costanera (PMZC) adscrito a la agencia. En otras palabras, no fue un logro de la Junta como tal, sino del DRNA.
Derecho constitucional
El acceso a las playas es un derecho cobijado en la Constitución de Puerto Rico. La Sección 19 del Artículo VI reconoce como política pública tanto la conservación de los recursos naturales, como su mayor desarrollo y aprovechamiento para el beneficio de la comunidad.
Esa política pública garantiza el libre acceso a las playas. Diversos estatutos aprobados antes y después de la Constitución lo reafirman. Es, por lo tanto, responsabilidad de la Junta asegurar su cumplimiento, según dispuesto en la Ley 293-1999.
En Puerto Rico, la única playa privada reconocida es la del hotel Caribe Hilton, en San Juan. En 1946 el Gobierno de Puerto Rico traspasó la playa del hotel a la Compañía de Fomento Industrial y esta a su vez le cedió los derechos de uso a Hilton Hotels Corporation ya que, aunque pertenecía a esa agencia pública, era operada por la famosa cadena hotelera. En 1998 el hotel fue privatizado por la administración del exgobernador Pedro Rosselló y el acuerdo de compraventa traspasó a Hilton todas las parcelas, incluyendo 439 correspondiente a la playa, según consta en la escritura. La gerencia del Caribe Hilton no estuvo disponible para entrevista.
Pero la posibilidad de más privatización y venta de recursos naturales amenaza desde junio pasado, tras la aprobación de PROMESA.
Un ejemplo de lo que puede ocurrir en la Isla se dio en la ciudad de Detroit, Michigan, que en julio de 2013 se declaró insolvente. Entonces, se llegó a considerar la venta de la isla Belle, uno de sus principales atractivos turísticos, a fin de allegar ingresos que atajaran su deuda de más de $14,000 millones. Un comprador privado dijo estar dispuesto a pagar hasta $1,000 millones por la isla, que finalmente quedó en manos del estado de Michigan. Detroit salió de la quiebra en diciembre de 2014.
Pero aquí la JCF también puede designar como “críticos” proyectos energéticos o de infraestructura, cuya obtención de permisos y evaluación ambiental estarían sujetos a procesos expeditos, bajo la premisa de que su puesta en marcha redundaría en beneficio económico para la Isla.
Igualmente, la JCF tiene poder absoluto para derogar aquellas leyes, órdenes ejecutivas y reglamentos ambientales que entienda atentan contra el crecimiento económico. La Ley de Puertos de 1886, que dispone que la zona marítimo terrestre es de dominio nacional y uso público, y la Ley de Fomento Industrial de 1990, que ratifica la política pública de garantizar acceso público a las playas de la Isla, son solo dos de las que podrían derogarse.
La JCF tendría la última palabra respecto al presupuesto de las agencias ambientales, lo que pone en riesgo o bajo evaluación la permanencia de programas o iniciativas de protección, conservación y sustentabilidad.
PROMESA, a su vez, reconoce la autoridad del Gobierno sobre la Ley para el Plan de Uso de Terrenos de 2004. Eso significa, en teoría, que la JCF respetaría la autoridad de la Junta de Planificación (JP) para descalificar proyectos de desarrollo o de uso que incumplan con los parámetros del Plan.
Ante este panorama, el presidente de la organización conservacionista Para La Naturaleza, Fernando Lloveras, pidió estar atentos a las acciones de la JCF, recordando que, a nivel constitucional, todas las aguas son de dominio público. “No todas las jurisdicciones tienen ese tipo de conciencia, de que nadie es dueño del recurso. Y eso es importante a la luz de las privatizaciones que pudieran venir por ahí”, dijo.
El exsecretario del DRNA, Carlos Padín, indicó, por su parte, que la Junta de playas debería aprovechar la coyuntura para alcanzar uno de sus mandatos en ley: promover el desarrollo ordenado de instalaciones en la costa. “Algo que no se ha logrado en todos estos años es que se limiten considerablemente los usos de construcción cerca de las playas. Aunque el tema se ha discutido entre agencias, aún no se ha traducido en política pública ni reglamentación”, señaló.
Plan Maestro
En 2014, la firma Estudios Técnicos elaboró el “Plan Maestro de Acceso Público a las Costas de Puerto Rico”, que se esperaba le sirviera al DRNA como guía en su gestión de procurar el mejor aprovechamiento y conservación de los recursos naturales costeros, incluyendo las playas. El trabajo también fue subvencionado por el Programa de Manejo de la Zona Costanera.
El documento identifica a la Junta como una de las instrumentalidades públicas con responsabilidades asociadas al acceso público a la costa. En esa lista también están el DRNA, la JP, la Oficina de Gerencia de Permisos y los 44 municipios costeros.
Como parte del trabajo, se desarrolló un inventario de áreas costeras para las que se evaluó su condición de accesibilidad. Fueron identificadas 369 áreas, de las que se obtuvo información para 354. De esas, se encontró que 143 eran accesibles, 171 tenían accesibilidad limitada y 40 eran inaccesibles.
Las “accesibles” fueron definidas como áreas costeras libres de obstáculos; las de “accesibilidad limitada” son aquellas en las que hay que pedir permiso a los dueños o cruzar solares o interrupciones para accederlas; y las “inaccesibles” requieren sobrepasar obstáculos naturales, legales o intereses particulares.
Pese al marco legal existente, que procura proteger y garantizar el libre acceso al litoral, se encontró que algunos factores que lo obstaculizan son el establecimiento de controles de acceso, la falta de infraestructura adecuada, congestión vehicular, grandes extensiones de terrenos privados, erosión costera, restricciones impuestas para la protección de recursos naturales o por la propia naturaleza, contaminación y acumulación de desperdicios sólidos, actividad delictiva, y conflictos entre usos y usuarios.
Se propuso un “Plan de Acción” para definir los límites de los terrenos de dominio público y los privados, subsanar brechas y complejidades institucionales, incorporar el tema de los accesos en la planificación costera, remover obstáculos, mejorar accesos existentes y utilizar la educación como instrumento para generar cambios.
Se recomendó que las entidades vinculadas al tema, “particularmente la Junta de Playas”, evaluaran las propuestas contenidas en el plan, priorizaran aquellas de mayor urgencia y gestionaran su implantación coordinada. Se recomendó, además, que el plan se evaluara cada dos años para “conocer el alcance” de las acciones propuestas, así como las razones que no permitan la ejecución de otras.
La Junta discutió o hizo referencia al “Plan Maestro” en varias de las cuatro reuniones que tuvo en 2014.
En la reunión del 11 de febrero de ese año, Roberto Varela, entonces director de Asuntos Gubernamentales de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico y representante del sector privado en el organismo, cuestionó “si realmente queremos ampliar los accesos” a las playas, según la minuta.
Varela se cuestionó cuán positivo puede ser facilitar acceso a las playas, particularmente en aquellas que, por su valor ecológico o “lo inapropiado del lugar”, deberían ser restringidas. Varela falleció en el transcurso de esta investigación.
En la reunión del 22 de mayo de 2014, Chaparro insistió en que “cada vez son más las playas cuyo acceso está restringido por entes privados”, según la minuta.
El informe de la Junta del año pasado no da cuenta de que hayan tomado alguna de las acciones recomendadas, incluyendo la revisión del “Plan Maestro”. Solo se hace mención a que, para 2017, se proyecta retomar la división de la Junta en grupos de trabajo “para dirigir la atención a los asuntos medulares, de forma que puedan llevarse a cabo acciones concretas que atiendan las necesidades de nuestras playas y usuarios”. Los cuatro grupos serían seguridad acuática, manejo de residuos sólidos, educación y comunicaciones, y planificación y reglamentación.
Chaparro indicó que por la falta de asignación de presupuesto la Junta ni siquiera se ha podido abrir los accesos públicos que personas han cerrado con portones.
“¡Ni eso se ha podido hacer! Hay portones en playas de Ocean Park y Rincón, por decir algunas. No se toma acción, pese a que en la Junta hay nueve agencias adicionales al DRNA”, concluyó.
La serie investigativa “Junta de Playas a la deriva” es resultado de una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y El Nuevo Día, mediante la beca de periodismo ambiental otorgada por Para la Naturaleza. Vea la serie completa con sus gráficos e interactivos enperiodismoinvestigativo.com y endi.com.
Arzobispado responde reclamo de 120 sacerdotes y explica por qué se vendieron terrenos y dónde está el dinero
La Arquidiócesis de Santo Domingo detalló que no se utilizó todo el dinero fruto de la venta de los inmuebles para la compra del terreno para el seminario, y que la parte sobrante fue guardada en el Banco Central y el Banco de Reservas, mediante inversiones en certificados a plazos.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Arquidiócesis Católica de Santo Domingo respondió al reclamo que han hecho 120 sacerdotes a través del Monseñor Miguel Ángel Santana Marcano, presidente del Tribunal Eclesiástico de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), para que se aclaren las razones de la venta de dos porciones de terrenos de la Casa San Pablo y el Seminario Santo Tomás de Aquino, por más de US$11.2 millones, y el destino o uso de esos recursos.
En un comunicado público la Arquidiócesis explica que vendió las parcelas donde construyó la plaza comercial Downtown Center, y que utilizó el dinero para comprar unos terrenos en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. donde se construirá el nuevo Seminario Mayor.
Asimismo, detalló que no se utilizó todo el dinero fruto de la venta de los inmuebles para la compra del terreno para el seminario, y que la parte sobrante fue guardada en el Banco Central y el Banco de Reservas, mediante inversiones en certificados a plazos.
República Dominicana y el FBI acuerdan redoblar cooperación para combatir el crimen
Rodríguez encabeza las investigaciones en torno a los sobornos que admitió pagó en el país la constructora brasileña Odebrecht, con el propósito de adjudicarse contrataciones de infraestructuras públicas entre 2001 y 2014.
Santo Domingo, 5 may (EFE).- El procurador general dominicano, Jean Alain Rodríguez, se reunió hoy en Washington con el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, con quien acordó redoblar la cooperación para lograr mayor efectividad en la persecución del crimen y la delincuencia organizada.
Un comunicado de la Procuraduría explicó que durante el encuentro realizado en la sede del FBI en Washington, Rodríguez habló de los avances alcanzados con la instauración de la Unidad de Investigaciones Criminales de la Procuraduría General de la República (PGR), creada con el respaldo del Gobierno de EE.UU.
Un Ministerio Público dominicano fortalecido “no solo es beneficioso para República Dominicana, sino para los demás países de la región y los Estados Unidos, ya que nos permite contar con las herramientas para combatir, de forma individual y de manera conjunta, delitos que por su naturaleza afectan a ambas naciones”, expresó el procurador general dominicana en el comunicado.
Según la información, Comey valoró el desarrollo y fortalecimiento institucional en la República Dominicana y ofreció su apoyo y colaboración a las autoridades dominicanas para combatir y perseguir de manera conjunta y con mayor eficacia el crimen organizado y todos los delitos y crímenes afectando ambos países.
La Procuraduría dominicana destacó que la colaboración del FBI fue esencial para la creación e implementación del programa de formación del personal que conforma actualmente la Unidad de Investigaciones Criminales de la institución.
En el marco de la visita que realiza a EE.UU, Rodríguez fue recibido el miércoles por el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, en un “histórico” encuentro que entre otros puntos, abordó el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, según informó este jueves la Procuraduría General dominicana.
Rodríguez encabeza las investigaciones en torno a los sobornos que admitió pagó en el país la constructora brasileña Odebrecht, con el propósito de adjudicarse contrataciones de infraestructuras públicas entre 2001 y 2014.EFE
Crisis económica obliga a Puerto Rico a cerrar 179 escuelas
Las Mundiales sábado, 06 de mayo de 2017
AP
San Juan
El gobierno de Puerto Rico cerrará 179 escuelas públicas para ahorrar más de 7 millones de dólares en medio de una profunda crisis económica que ha desatado un éxodo hacia territorio continental de Estados Unidos, dijeron ayer las autoridades.
Unos 27.000 estudiantes serán reubicados en otros planteles cuando sus escuelas cierren a finales de mayo, dijo la secretaria de Educación, Julia Keleher, recién nombrada en el puesto.
El anuncio sobre el cierre de las escuelas fue la novedad más reciente esta semana en la isla después de que el gobierno adoptó la medida sin precedentes de recurrir a un tribunal federal para reestructurar parte de su deuda por 73.000 millones de dólares. Puerto Rico es territorio estadounidense.
En un principio las autoridades habían dicho que 184 escuelas cerrarían sus puertas, pero posteriormente anunciaron que cinco de ellas seguirán abiertas.
Muchos economistas habían anticipado la medida anunciada el miércoles con la que Puerto Rico busca un proceso similar a la bancarrota en medio de la recesión que ha durado 10 años. Sin embargo, es imposible vaticinar qué depara el futuro a la isla.
La noticia sobre el cierre de las escuelas aumentó las preocupaciones de que la migración de puertorriqueños pueda incrementarse. Casi 450.000 isleños salieron en la última década de Puerto Rico hacia Florida y otras partes del territorio continental de Estados Unidos para escapar de la crisis económica.
Entre otros factores que afectan cada vez más a los puertorriqueños figuran nuevos impuestos, mayores tarifas por el agua y la luz, y la reducción de prestaciones a los empleados públicos. Mucha gente también tiene problemas para encontrar empleos en la isla, de 3,4 millones de habitantes, donde la tasa de desocupación alcanza más o menos el 12%.
El cierre de las escuelas anunciado el viernes será el de mayor escala en la historia de Puerto Rico. Las autoridades cerraron 150 planteles en un lapso de cinco años de 2010 a 2015.
Según los detractores de las medidas similares previas, la autoridad no tomó en cuenta la logística del transporte ni las necesidades de los que requieren educación especial. Un 30% de los estudiantes puertorriqueños reciben educación especializada, el doble que en territorio continental estadounidense.
La isla tiene un total de 1.292 escuelas públicas a las que asisten 365.000 estudiantes.
La matrícula escolar ha caído 42% en las últimas tres décadas y se prevé una baja adicional de 22% en los próximos años, según un informe del Grupo Consultivo de Boston enviado al gobierno anterior para ayudar a reestructurar el sistema escolar de la isla.
Chequea lo que dijo la diputada Zulay Rodriguez Lu sobre Ramón Fonseca Mora [image: diariolacritica] diariolacritica https://youtu.be/r9EVOQfEFjo Chequea lo que dijo la diputada Zulay Rodriguez Lu sobre Ramón Fonseca ... vía @YouTube #odebrecht @LuisOrlandoDia1 @ZulayRL
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