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miércoles, 3 de junio de 2026

Inteligencia, vigilancia y confianza: el costo institucional del caso Pulte en Estados Unidos

Inteligencia, vigilancia y confianza: el costo institucional del caso Pulte en Estados Unidos

La controversia en torno a la designación interina de Bill Pulte y la prórroga de la Sección 702 de FISA ha reactivado un debate estructural en Washington sobre la relación entre seguridad, vigilancia y credibilidad institucional. Más allá del choque partidista, el episodio expone una tensión de fondo: la dificultad de preservar la legitimidad técnica de la comunidad de inteligencia en un entorno de alta polarización política y creciente competencia estratégica internacional.^1 

La crisis descrita por la prensa estadounidense no puede entenderse únicamente como una disputa coyuntural entre la Casa Blanca y el Senado. En realidad, el problema combina dos dimensiones particularmente sensibles del sistema político norteamericano: la jefatura de la comunidad de inteligencia y la continuidad de una herramienta de vigilancia exterior que, por su alcance, ha sido objeto de controversia durante años. La Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) autoriza la recopilación de comunicaciones de extranjeros ubicados fuera de Estados Unidos, aunque ese mecanismo puede también captar de manera incidental comunicaciones de ciudadanos estadounidenses. A finales de abril de 2026, el Congreso aprobó una extensión temporal de 45 días para evitar la expiración inmediata del programa, desplazando la nueva fecha límite al 12 de junio de 2026 mientras seguían abiertas las negociaciones sobre eventuales reformas y salvaguardas adicionales.^2 

Ese equilibrio ya era frágil antes del nombramiento de Bill Pulte como director interino de Inteligencia Nacional. La cobertura de Bloomberg y Politico mostró que el Senado venía arrastrando desacuerdos sobre la renovación de la Sección 702 y que la llegada de Pulte complicó todavía más un entendimiento que dependía de márgenes políticos estrechos. Según esas informaciones, el malestar se agudizó porque Pulte carece de trayectoria conocida en inteligencia o seguridad nacional y, además, arrastra cuestionamientos por el uso previo de su cargo en el ámbito regulatorio de vivienda para impulsar acusaciones contra adversarios políticos del presidente. En consecuencia, el debate sobre la vigilancia dejó de ser un asunto estrictamente legal y pasó a estar condicionado por la confianza —o la desconfianza— que despierta la figura colocada al frente del sistema de inteligencia.^3 

Los análisis especializados coinciden en que el principal problema no es meramente ideológico, sino institucional. Richard K. Betts, del Council on Foreign Relations, ha advertido que la percepción de una inteligencia politizada debilita la confianza en la calidad de las evaluaciones estratégicas y termina afectando la seguridad nacional misma, porque erosiona la convicción de que los diagnósticos producidos por el aparato de inteligencia responden a hechos y no a conveniencias partidistas. Esa alarma converge con valoraciones de exfuncionarios de la CIA citados por Politico, como Marc Polymeropoulos y Brian O’Neill, quienes han expresado preocupación por una eventual deriva de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) desde una función de coordinación profesional hacia un uso político del cargo. El Congressional Research Service recuerda, además, que la ley concibió esa posición para una persona con amplia experiencia en seguridad nacional y con autoridad sobre los 18 elementos de la comunidad de inteligencia, precisamente para fortalecer la coherencia, la objetividad y la calidad analítica del sistema.^4 

La dimensión internacional del caso es igualmente significativa. La documentación institucional de la ODNI y los informes del CRS subrayan que el Director de Inteligencia Nacional no sólo supervisa presupuestos o coordina agencias, sino que también administra relaciones con socios extranjeros, facilita el intercambio de información y articula la cooperación con aliados en asuntos críticos de seguridad. Un estudio del Center for Strategic and International Studies (CSIS) refuerza esa idea al sostener que la cooperación de inteligencia con aliados depende de la confianza, de procedimientos creíbles y de la percepción de que la información será manejada con rigor profesional. Por ello, si la cabeza interina de esa arquitectura es vista como una figura designada por lealtad política y no por experiencia técnica, el daño potencial no es sólo simbólico: también puede traducirse en cautela entre socios internacionales al momento de compartir inteligencia sensible o de coordinar operaciones estratégicas.^5 

Desde esa perspectiva, el impacto sobre la imagen internacional de Estados Unidos sería menos propagandístico que funcional. La percepción de que la inteligencia estadounidense podría estar siendo gestionada bajo criterios de conveniencia política más que de profesionalidad puede debilitar la autoridad de Washington como referente de gobernanza institucional en materia de seguridad. Ello resulta especialmente delicado en un contexto geopolítico marcado por rivalidades con China y Rusia, tensiones en Medio Oriente, amenazas cibernéticas y una creciente dependencia del intercambio de inteligencia entre socios. El Council on Foreign Relations ha advertido que la pérdida de confianza en la integridad de las evaluaciones estratégicas compromete la capacidad de anticipar crisis y sostener decisiones con base técnica. Así, el problema no radica sólo en el ruido partidista doméstico, sino en el mensaje que transmite hacia fuera sobre la calidad de los procesos internos de análisis, coordinación y control del poder estatal.^6 

Los precedentes recientes ayudan a entender por qué el episodio ha generado tanta atención. La historia de la Sección 702 muestra una trayectoria marcada por extensiones de última hora, resistencia bipartidista a renovaciones “limpias” y persistentes presiones para reforzar las garantías de privacidad. En abril de 2026, por ejemplo, el Congreso volvió a recurrir a una prórroga de corto plazo luego de fracasar en el intento de aprobar una salida más estable. En una perspectiva más amplia, el antecedente de 2015 sigue siendo clave: tras las revelaciones de Edward Snowden sobre los programas de vigilancia masiva, varias autoridades expiraron temporalmente y luego fueron parcialmente reformadas mediante la USA FREEDOM Act. La lección política de ese episodio fue clara: cuando la legitimidad pública de la vigilancia se deteriora, la respuesta institucional suele combinar crisis legislativa, renegociación de controles y ajustes parciales al marco jurídico existente.^7 

Hay, además, un precedente estructural todavía más revelador. El cargo de Director de Inteligencia Nacional fue creado en 2004 a partir de las recomendaciones posteriores al 11 de septiembre, en un contexto de severos cuestionamientos sobre la coordinación interagencial y sobre los fallos de inteligencia vinculados a Irak. El propósito explícito era dotar al sistema de una conducción más integrada, profesional y eficaz, capaz de asegurar mejores flujos de información y análisis menos fragmentados. Bajo esa luz, la discusión actual excede con mucho la controversia sobre un nombramiento puntual: reabre la interrogante sobre si la inteligencia en una democracia constitucional debe servir ante todo al gobernante de turno o al Estado como estructura profesional dotada de autonomía analítica suficiente para advertir riesgos, incluso cuando sus conclusiones incomoden al poder político.^8 

La reacción republicana en el Senado ha sido otro factor decisivo. Lejos de un respaldo homogéneo, varias voces del Partido Republicano han mostrado reservas o escepticismo frente a Pulte. John Thune afirmó que no se necesita un DNI “instrumentalizado”, sino “profesionales”, y dejó entrever que una nominación permanente encontraría un camino difícil. Thom Tillis fue todavía más duro al calificar a Pulte como un incendiary attack dog y al sostener que no ve posibilidades reales de confirmación, además de advertir que el nombramiento podría perjudicar la reautorización de la Sección 702. Bill Cassidy cuestionó la competencia de Pulte para el cargo; John Cornyn dijo no ver evidencia de cualificaciones suficientes; Ted Budd se limitó a describirlo como una “interesting choice”; Tom Cotton optó por no comprometerse públicamente; y Mike Johnson, desde la Cámara, se inclinó por una postura deferente hacia la prerrogativa presidencial. Más que una ruptura abierta dentro del partido, ese mosaico sugiere cautela, cálculo y desconfianza contenida en un momento particularmente sensible para la arquitectura de seguridad estadounidense.^9 

En definitiva, el caso Pulte revela que el problema de fondo no es únicamente un nombramiento ni exclusivamente una ley de vigilancia, sino la intersección entre ambas. Cuando la continuidad de un instrumento tan delicado como la Sección 702 depende de la confianza política en quien dirige la comunidad de inteligencia, la discusión deja de ser técnica y se convierte en una prueba de legitimidad institucional. Los expertos advierten sobre el riesgo de politización, los aliados observan el episodio en clave de confiabilidad estratégica y los precedentes muestran que Estados Unidos ya ha debido recalibrar antes el equilibrio entre seguridad, privacidad y credibilidad democrática. Lo que está en juego, por tanto, no es sólo la renovación de una autoridad legal, sino la preservación de una idea esencial para cualquier democracia: que la inteligencia estatal debe servir a la verdad institucional antes que a la conveniencia política.^10 

Notas (estilo Chicago)

  1. Katy O’Donnell, “Pulte Appointment to Intel Chief Puts Spy Powers Law in Jeopardy,” Bloomberg, 3 de junio de 2026; Justin Papp, “FISA Section 702: Congress Passes Extension of Surveillance Program,” CNBC, 30 de abril de 2026; Michael E. DeVine, The Director of National Intelligence (DNI), CRS In Focus IF10470 (Washington, DC: Congressional Research Service, 6 de diciembre de 2024). [nextgov.com], [news.grabien.com], [thecipherbrief.com]

  2. Justin Papp, “FISA Section 702: Congress Passes Extension of Surveillance Program,” CNBC, 30 de abril de 2026; Joey Cappelletti, “Congress Approves Short-Term Extension of Divisive U.S. Surveillance Program,” Associated Press, 30 de abril de 2026; Brennan Center for Justice, “Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA): 2026 Resource Page,” actualizado el 30 de abril de 2026. [news.grabien.com], [politico.com], [globalsecurity.org]

  3. O’Donnell, “Pulte Appointment to Intel Chief Puts Spy Powers Law in Jeopardy”; Calen Razor, “Trump’s Intel Pick Endangers Spy Powers Bill,” Politico, 3 de junio de 2026; “Doesn’t Seem Qualified: Who Is Bill Pulte, Acting U.S. Intelligence Chief?,” Al Jazeera (con reportes de Reuters y AP), 3 de junio de 2026; Daniella Cheslow, “Trump’s Intel Pick Delights MAGA and Shocks Nation’s Spies,” Politico, 2 de junio de 2026. [nextgov.com], [theguardian.com], [abcnews.com], [congress.gov]

  4. Richard K. Betts, “The Intelligence Community’s Politicization: Dueling to Discredit,” Council on Foreign Relations, 21 de agosto de 2025; Cheslow, “Trump’s Intel Pick Delights MAGA and Shocks Nation’s Spies”; DeVine, The Director of National Intelligence (DNI). [aljazeera.com], [congress.gov], [thecipherbrief.com]

  5. Office of the Director of National Intelligence, “What We Do,” consultado el 3 de junio de 2026; DeVine, The Director of National Intelligence (DNI); Daniel Byman, Improving U.S. Intelligence Sharing with Allies and Partners (Washington, DC: CSIS, 28 de enero de 2025). [cfr.org], [thecipherbrief.com], [dni.gov]

  6. Betts, “The Intelligence Community’s Politicization”; Byman, Improving U.S. Intelligence Sharing with Allies and Partners; DeVine, The Director of National Intelligence (DNI). [aljazeera.com], [dni.gov], [thecipherbrief.com]

  7. Papp, “FISA Section 702: Congress Passes Extension of Surveillance Program”; Edward C. Liu, Origins and Impact of the Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) Provisions That Expired on March 15, 2020, CRS Report R40138 (Washington, DC: Congressional Research Service, 31 de marzo de 2021); “Summary of H.R. 2048 (114th): USA FREEDOM Act of 2015,” GovTrack. [news.grabien.com], [congress.gov], [wyden.senate.gov]

  8. DeVine, The Director of National Intelligence (DNI); Liu, Origins and Impact of the Foreign Intelligence Surveillance Act; Betts, “The Intelligence Community’s Politicization.” [thecipherbrief.com], [congress.gov], [aljazeera.com]

  9. Sara Dorn, “Trump’s Pulte Pick for Intelligence Chief Blasted Far and Wide—Top Senate Republican Says ‘We Need Professionals,’” Forbes, 2 de junio de 2026; Kevin Breuninger, “GOP Sen. Tillis Slams Trump Intelligence Pick Pulte,” CNBC, 3 de junio de 2026; Garrett Downs, “Cassidy: Pulte Not ‘Competent’ for Intelligence Director Role,” CNBC, 2 de junio de 2026; Marc Rod, “Senate Republicans Skeptical of Bill Pulte as Intelligence Chief,” Jewish Insider, 2 de junio de 2026; “Top Senate Republicans Dodge on Bill Pulte’s Lack of Qualifications to Be DNI,” Yahoo News/Mediaite, 2 de junio de 2026; Meredith Lee Hill, “Johnson on Pulte,” Politico Live Updates, 2 de junio de 2026. [lansinginstitute.org], [en.wikipedia.org], [belfercenter.org], [dni.gov], [cfr.org], [forbes.com.mx]

  10. Brennan Center for Justice, “Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA): 2026 Resource Page”; Betts, “The Intelligence Community’s Politicization”; Byman, Improving U.S. Intelligence Sharing with Allies and Partners; DeVine, The Director of National Intelligence (DNI). [globalsecurity.org], [aljazeera.com], [dni.gov], [thecipherbrief.com]

Bibliografía breve (Chicago)

Betts, Richard K. “The Intelligence Community’s Politicization: Dueling to Discredit.” Council on Foreign Relations. 21 de agosto de 2025. [aljazeera.com]

Byman, Daniel. Improving U.S. Intelligence Sharing with Allies and Partners. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 28 de enero de 2025. [dni.gov]

DeVine, Michael E. The Director of National Intelligence (DNI). CRS In Focus IF10470. Washington, DC: Congressional Research Service, 6 de diciembre de 2024. [thecipherbrief.com]

Liu, Edward C. Origins and Impact of the Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) Provisions That Expired on March 15, 2020. CRS Report R40138. Washington, DC: Congressional Research Service, 31 de marzo de 2021. [congress.gov]

O’Donnell, Katy. “Pulte Appointment to Intel Chief Puts Spy Powers Law in Jeopardy.” Bloomberg. 3 de junio de 2026. [nextgov.com]

Papp, Justin. “FISA Section 702: Congress Passes Extension of Surveillance Program.” CNBC. 30 de abril de 2026. [news.grabien.com]

Razor, Calen. “Trump’s Intel Pick Endangers Spy Powers Bill.” Politico. 3 de junio de 2026. [theguardian.com]

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La controversia en torno a la designación interina de Bill Pulte y la extensión de la Sección 702 de FISA ha reactivado en Estados Unidos el debate sobre vigilancia, seguridad nacional y credibilidad institucional. La discusión refleja cómo la confianza en el liderazgo de la comunidad de inteligencia puede incidir directamente en la viabilidad política de herramientas clave del sistema de seguridad.

martes, 12 de mayo de 2026

Hegseth eleva la alerta sobre Cuba y reabre el tablero del Caribe: ¿qué implica para República Dominicana?


Hegseth eleva la alerta sobre Cuba y reabre el tablero del Caribe: ¿qué implica para República Dominicana?
La afirmación del secretario de Defensa de EE. UU. de que Cuba constituye una amenaza para la seguridad nacional —vinculada a la presencia naval rusa y a señales de inteligencia— reintroduce la lógica de disuasión en el hemisferio. Para República Dominicana, socio clave de Washington y hub logístico en expansión, el nuevo clima geopolítico refuerza la importancia de la seguridad marítima, la integridad de puertos y la resiliencia de la cadena de suministro.

La geopolítica volvió a tensar el Caribe con un mensaje directo desde Washington. En una audiencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el Gobierno de Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, citando como factor la presencia recurrente de buques militares rusos —incluidos submarinos de propulsión nuclear— en puertos cubanos. La comparecencia, centrada originalmente en prioridades de defensa y presupuesto, derivó hacia la discusión sobre cooperación entre Cuba, Rusia y China y sobre presuntas actividades de inteligencia en la isla. En ese marco, el congresista republicano Mario Díaz‑Balart interrogó a Hegseth sobre si embarcaciones militares rusas habían utilizado territorio cubano; el secretario confirmó que sí, consolidando en registro público una preocupación que suele manejarse con cautela por su sensibilidad estratégica. 

El intercambio fue relevante no solo por el “sí” del jefe del Pentágono, sino por el lenguaje de disuasión que acompañó la respuesta. Hegseth explicó que para Washington es “altamente problemático” que un adversario extranjero utilice una ubicación tan cercana a Estados Unidos, una frase que convierte la geografía cubana en variable de seguridad dura y no solo en tema diplomático. Los reportes también reactivaron el foco sobre infraestructura de inteligencia, incluyendo referencias al histórico complejo de señales en Lourdes, presentado como un motivo persistente de preocupación por la posibilidad de que actores rivales operen capacidades de vigilancia e interceptación en el entorno inmediato de EE. UU. Aunque Hegseth evitó detallar aspectos clasificados, su testimonio fue interpretado como confirmación de actividad de “adversarios extranjeros” cerca de La Habana, en un contexto donde también se mencionó a China, al menos como hipótesis operativa discutida en la audiencia. 

Esta escalada discursiva se inserta en una arquitectura política ya activada por la Casa Blanca. En enero de 2026, una orden ejecutiva declaró una emergencia nacional al considerar que las políticas y acciones del Gobierno de Cuba constituyen una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, citando explícitamente vínculos y apoyos a actores adversarios, incluidos Rusia y la República Popular China, así como el riesgo de que se basen capacidades militares e inteligencia en la isla. En otras palabras, lo ocurrido en el Congreso no es un episodio aislado: es la verbalización de una línea institucional que busca fijar un marco de competencia entre grandes potencias en el hemisferio occidental. Para el Caribe, esto suele traducirse en mayor vigilancia, presión diplomática y una redefinición de umbrales de tolerancia frente a visitas navales, acuerdos portuarios o proyectos tecnológicos que puedan interpretarse como “infraestructura sensible”. 

En ese tablero, República Dominicana aparece como un actor inevitable por su ubicación y por el nivel de cooperación en seguridad que mantiene con Washington. El país ha renovado memorandos de entendimiento para compartir información de radares y sensores mediante redes como el “Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional (CSII)”, orientados a reforzar el conocimiento del espacio marítimo, aéreo y terrestre para seguridad, búsqueda y rescate y respuesta ante desastres. En comunicaciones oficiales, tanto autoridades dominicanas como representantes de EE. UU. han subrayado que esta cooperación busca fortalecer vigilancia, detección temprana de amenazas y toma de decisiones basada en datos, reconociendo la vulnerabilidad del “corredor Caribe” ante dinámicas ilícitas transnacionales. En paralelo, medios dominicanos han descrito a República Dominicana como un aliado clave de Estados Unidos en el Caribe en un contexto regional volátil, lo que eleva la importancia de administrar cuidadosamente señales de alineamiento sin comprometer soberanía ni estabilidad interna.

La lectura dominicana no se limita a lo militar: toca el corazón económico del país. República Dominicana viene consolidando una narrativa de “hub logístico” apoyada en infraestructura portuaria, zonas francas y conectividad. El Puerto/Terminal de Caucedo, operado por DP World, se presenta como la principal puerta marítima del país y como un ecosistema integrado entre terminal, zona económica y servicios logísticos, con énfasis en eficiencia, documentación y seguridad. En 2026, Diario Libre reseñó datos de un estudio (Oxford Economics) que atribuye al puerto contribuciones económicas y proyecciones de impacto en exportaciones hacia 2035, además de reportar que en 2024 movilizó mercancías valoradas en torno a US$13,300 millones y que la conectividad podría traducirse en aumentos relevantes de exportaciones a mediano plazo. Asimismo, se ha divulgado la expansión prevista de Caucedo y su zona franca bajo un memorando de entendimiento por US$760 millones para elevar capacidades, incorporar sistemas avanzados de vigilancia e infraestructura de seguridad y fortalecer la competitividad del país en cadenas de suministro regionales. En un entorno de mayor rivalidad geopolítica en el Caribe, la reputación de los nodos logísticos —puertos, aeropuertos, parques industriales— se vuelve un activo estratégico: la confianza se mide en trazabilidad, cumplimiento y gestión de riesgos.

Por eso, el impacto más sensible para República Dominicana podría sentirse en el terreno de la “seguridad económica”: controles más exigentes, mayor escrutinio sobre rutas, cargas y transbordos, y presión para blindar infraestructuras críticas ante amenazas híbridas (contrabando, crimen transnacional, ciberinterferencias o uso indebido de facilidades logísticas). En ese contexto, herramientas de facilitación y control como los programas de seguridad de la cadena logística cobran un valor adicional. La certificación de Operador Económico Autorizado (OEA) en República Dominicana ha sido presentada como un mecanismo para asegurar y facilitar el comercio, reduciendo riesgos y fortaleciendo confianza en la cadena de suministro mediante estándares de seguridad y validaciones rigurosas. La propia Dirección General de Aduanas define su rol como autoridad de frontera que trasciende la recaudación para actuar como garante de seguridad del Estado y facilitador del comercio, una visión que adquiere mayor relevancia cuando el Caribe vuelve a ser visto como teatro de competencia estratégica. En síntesis, lo dicho por Hegseth sobre Cuba no es solo una noticia internacional: es un recordatorio de que, para un país-hub como República Dominicana, la geopolítica se traduce rápidamente en estándares, controles, reputación y resiliencia de la logística nacional.

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EDITORIAL

El Caribe vuelve a “zona de disuasión”: implicaciones para República Dominicana ante el nuevo endurecimiento de EE. UU. sobre Cuba

La reciente calificación pública de Cuba como amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, vinculada a señales de presencia naval rusa, reintroduce una lógica de vigilancia reforzada en el entorno caribeño. Para República Dominicana —aliado de Washington y hub logístico en expansión— el giro eleva el valor estratégico de la seguridad marítima, la integridad portuaria, la ciberresiliencia y la trazabilidad de la cadena de suministro.

El Caribe ha vuelto a hablar en el idioma de la disuasión. En una audiencia congresual en Washington, la narrativa de seguridad nacional de Estados Unidos reubicó a Cuba en el centro del tablero hemisférico al sostenerse, en registro público, que la isla representa una amenaza para su seguridad nacional y que buques militares rusos han utilizado puertos cubanos de manera recurrente.¹ Esa forma de enmarcar el problema —amenaza, proximidad, adversarios extrarregionales— no es un matiz semántico: es un reordenamiento del clima estratégico regional. Cuando la mayor potencia del hemisferio decide nombrar un riesgo y fijarlo en actas, el resto del vecindario no puede actuar como si solo se tratara de un episodio mediático.

El punto más delicado no es únicamente la afirmación, sino el tipo de lógica que activa. Al describirse como “altamente problemático” que un adversario extranjero opere tan cerca del territorio estadounidense,² la geografía vuelve a convertirse en variable dura: el Caribe deja de ser periferia y retorna, por momentos, a la condición de “frente”. En regiones de distancias cortas, donde un atraque, un ejercicio o un despliegue se interpreta como señal, la percepción puede ser tan determinante como el hecho. Por eso, incluso sin anuncios de medidas inmediatas, el mensaje tiende a traducirse en más vigilancia, mayor escrutinio de infraestructuras críticas y umbrales más estrictos para evaluar “riesgos” en puertos, telecomunicaciones, logística y ciberseguridad.¹

Este endurecimiento discursivo no ocurre en el vacío: se inserta en una arquitectura política previamente activada por Washington. A finales de enero de 2026, una hoja informativa oficial vinculada a la orden ejecutiva que declaró emergencia nacional respecto a Cuba presentó el caso en términos de “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y la política exterior estadounidenses, con énfasis en presuntos vínculos con actores adversarios y en la posibilidad de capacidades de inteligencia situadas en la isla.³ Ese marco convierte el episodio congresual en continuidad, no en excepción: la línea institucional se consolida, y con ella se refuerza la tendencia a securitizar el entorno caribeño.

Ahora bien, para República Dominicana el asunto no es “Cuba” como tema ajeno, sino el efecto dominó sobre el espacio regional que compartimos. Cuando el Caribe se endurece como corredor de seguridad, la primera consecuencia es que los países bisagra —los que conectan rutas marítimas, aéreas, logísticas y financieras— pasan a ser evaluados por su capacidad de control y por la confiabilidad de sus nodos críticos. En ese mapa, República Dominicana aparece como un actor inevitable: por ubicación, por conectividad y por el grado de cooperación con Estados Unidos en seguridad y conocimiento situacional.

Esa cooperación ya tiene instrumentos concretos. Un memorando de entendimiento bilateral sobre el Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional (CSII) describe una red de intercambio que permite fusionar datos de radares y sensores —aéreos, marítimos y terrestres— para construir un panorama operativo común, con usos declarados que van desde la lucha contra el tráfico ilícito hasta búsqueda y rescate y respuesta ante desastres.⁴ En términos geopolíticos, esta capacidad equivale a elevar el “conocimiento del dominio marítimo” (maritime domain awareness), un activo que se vuelve más valioso cuando la región entra en fase de vigilancia reforzada. En el nuevo clima, la cooperación no solo se mide por afinidad política, sino por interoperabilidad, velocidad de intercambio de información y estándares de gestión de riesgo.⁴

La lectura dominicana, además, debe incorporar el ángulo económico: República Dominicana viene consolidando una narrativa de hub logístico apoyada en puertos, zonas francas y servicios. El puerto de Caucedo, operado por DP World, ha sido presentado en la prensa económica como un nodo con impacto medible: un estudio de Oxford Economics reseñado por un medio dominicano atribuye a la terminal contribuciones al PIB, empleo indirecto y un volumen movilizado en 2024 en torno a US$13,300 millones, además de proyectar que mejoras de conectividad podrían impulsar exportaciones hacia 2035.⁵ En paralelo, el Estado dominicano firmó un memorando de entendimiento con DP World Dominicana para una inversión estimada de US$760 millones destinada a expansión de terminal y zona económica, incluyendo sistemas avanzados de monitoreo e infraestructura de seguridad.⁶ Es decir: la apuesta país por logística y nearshoring está íntimamente ligada a la reputación de seguridad del nodo.

Aquí emerge la idea clave: en tiempos de competencia estratégica, la logística deja de ser solo eficiencia y costo; pasa a ser confianza, cumplimiento y resiliencia. Cuando un socio mayor redefine amenazas en el vecindario, tiende a elevar requisitos de trazabilidad, controles de transbordo, verificación de cargas, auditorías de seguridad y, cada vez más, exigencias cibernéticas. Esto puede impactar tiempos, costos y reputación si no se anticipa. Para un país-hub, el riesgo no es únicamente “militar”: es de “seguridad económica”, porque un incidente de integridad portuaria o un evento cibernético en infraestructura crítica puede traducirse en sobrecostos, pérdida de competitividad o degradación del perfil de riesgo ante operadores globales.

En ese punto, instrumentos de facilitación segura del comercio adquieren valor estratégico adicional. El programa de Operador Económico Autorizado (OEA) en República Dominicana se define como una herramienta para garantizar niveles mínimos de seguridad en la cadena de suministro y facilitar el flujo del comercio internacional, consolidando alianzas público‑privadas y reconociendo a actores confiables.⁷ En un Caribe más escrutado, fortalecer la masa crítica de operadores certificados, elevar estándares de cumplimiento y profundizar la gestión de riesgos no es un “proyecto técnico”: es política geoeconómica aplicada. Porque, cuando los flujos globales se fragmentan, el diferencial competitivo no se juega solo en infraestructura dura, sino en gobernanza, transparencia, controles inteligentes y capacidad de respuesta.

También conviene recordar la naturaleza ampliada del rol aduanero contemporáneo. La propia Dirección General de Aduanas describe su responsabilidad como autoridad nacional de frontera que trasciende la recaudación y se extiende a la seguridad del Estado y la protección de la sociedad, con integridad y servicio.⁸ Esa autodefinición encaja con el momento: si el Caribe entra en fase de disuasión y vigilancia, las aduanas —junto a armadores, puertos, operadores logísticos y autoridades de seguridad— se convierten en primera línea de resiliencia. Y resiliencia aquí significa tres cosas: prevenir (gestión de riesgo), resistir (continuidad operativa) y recuperar (capacidad de restablecer flujos con rapidez y credibilidad).

La conclusión estratégica para República Dominicana es nítida: no se trata de reaccionar al titular, sino de anticipar el cambio de época. Si Washington reabre el expediente caribeño como un asunto de seguridad dura, el efecto será más presión por integridad de infraestructuras críticas, más demanda de cooperación operativa y más sensibilidad ante cualquier ambigüedad en puertos, telecomunicaciones o vínculos tecnológicos. En ese contexto, la mejor defensa de un país-hub no es la retórica, sino la arquitectura: seguridad marítima robusta, puertos blindados, ciberhigiene de infraestructura crítica, certificaciones de cadena logística, transparencia regulatoria y diplomacia serena que preserve soberanía sin erosionar confianza. El Caribe puede tensarse; la tarea dominicana es que su logística no se fracture. Ahí, y no en el ruido, se juega la competitividad estratégica del país.

Luis Orlando Díaz Vólquez

Notas (Chicago):

  1. “Secretario de Guerra afirma que Cuba representa amenaza a la seguridad nacional de EEUU,” Infobae (Agencia EFE), 12 de mayo de 2026, https://www.infobae.com/america/agencias/2026/05/12/secretario-de-guerra-afirma-que-cuba-representa-amenaza-a-la-seguridad-nacional-de-eeuu/. [infobae.com]
  2. “U.S. Secretary of Defense confirms that the Cuban regime is a threat to national security,” CiberCuba, 12 de mayo de 2026. [en.cibercuba.com]
  3. “Hoja informativa: El presidente Donald J. Trump se pronuncia respecto a las amenazas a Estados Unidos por parte del Gobierno de Cuba,” U.S. Department of State, 29 de enero de 2026. [state.gov]
  4. “Memorando de Entendimiento… sobre el Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional (CSII),” Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) (documento PDF). [mirex.gob.do]
  5. “DP World genera potencial de US$2,400 millones anuales en exportaciones para la economía dominicana,” Diario Libre, 3 de mayo de 2026. [diariolibre.com]
  6. “DP World pretende invertir US$760 millones en Punta Caucedo,” Listín Diario, 9 de mayo de 2025; ver también “El Gobierno y DP World Dominicana firman un memorando para invertir US$760 millones,” Diario Libre, 9 de mayo de 2025. [listindiario.com], [diariolibre.com]
  7. “¿Quiénes somos? Programa Operador Económico Autorizado (OEA),” Operador Económico Autorizado RD (DGA). [oea.aduanas.gob.do]
  8. “Quiénes somos,” Dirección General de Aduanas (DGA) (sitio institucional). [aduanas.gob.do]


jueves, 20 de noviembre de 2025

Aduanas del Caribe se reúnen en República Dominicana para fortalecer sus capacidades y competencias

Aduanas del Caribe se reúnen en República Dominicana para fortalecer sus capacidades y competencias

En la Reunión del Comité Ejecutivo y grupos de trabajo del Consejo del Caribe para la Aplicación de las Leyes Aduaneras (CCALA).

Santo Domingo, R.D., 19 noviembre 2025.- Representantes de las aduanas, de 12 países del Caribe, se reúnen en la República Dominicana en busca de fortalecer sus capacidades institucionales, sus recursos humanos, mejorar la seguridad fronteriza y el intercambio de información aduanera entre países.

Esto en el marco de la Reunión del Comité Ejecutivo y grupos de trabajo del Consejo del Caribe para la Aplicación de las Leyes Aduaneras (CCALA/CCLEC), que agrupa a las aduanas de habla, inglesa, francesa y neerlandesa, del que, también, son parte de este foro la República Dominicana, Cuba, entre otros.

El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, destacó que tanto el presidente, Luis Abinader, como el canciller, Roberto Álvarez, apoyan la ratificación del acuerdo que se aprobó en Cuba 2019, y  que establece que esta entidad será sustituida por la Organización de Aduanas del Caribe. Y que requiere el voto favorable de al menos diez países miembros.

“Podemos afirmar que la República Dominicana seguirá impulsando este acuerdo y esperamos que todas sus administraciones aduaneras se unan a nosotros en este esfuerzo. Es algo que la región del Caribe necesita con urgencia”, expresó Sanz Lovatón durante el inicio de la reunión.

Significó, además, que el entorno actual del comercio mundial está colocando al Caribe en la primera línea de los movimientos del comercio internacional.

En la reunión se pasó revista a las acciones realizadas de años anteriores y las que se harán en el futuro relacionadas con la cooperación regional, inteligencia, fortalecimiento de las capacidades, la ciberseguridad y el intercambio de información, que sigue siendo un pilar entre estas entidades para combatir las actividades de las organizaciones delictivas, como el contrabando, entre otros.

El encuentro encabezado por Roderick Lionel Croes, presidente del CCLEC y Claude Paul, secretario permanente, también, es clave para la estabilidad económica y de seguridad en el Caribe, y propicia una respuesta colectiva ante las amenazas transnacionales. 

Están presentes las aduanas de Aruba, Antigua y Barbuda, Barbados, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Países Bajos, Haití, Jamaica, Montserrat,  Santa Lucía y República Dominicana.

El CCLEC es un organismo establecido en la década de 1970, formalizado mediante Memorándum de Entendimiento de fecha 1989, con sede en Santa Lucía, es una organización regional que promueve la cooperación aduanera, la seguridad fronteriza y la facilitación del comercio en el Caribe y las Américas.

Forman parte del Comité Ejecutivo del CCLA/CCLEC (Anguilla, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, República Dominicana, Francia, Haití, Jamaica, Monserrat, Países Bajos, St Kitts & Nevis, Santa Lucía y San Vicente.

Cooperación Aduanera en el Caribe: Un Imperativo Estratégico para la Seguridad y el Comercio
Por Luis Orlando Díaz Vólquez

La reciente reunión del Comité Ejecutivo y los grupos de trabajo del Consejo del Caribe para la Aplicación de las Leyes Aduaneras (CCALA/CCLEC), celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, constituye un hito en el proceso de integración regional en materia aduanera. Durante el encuentro se destacó la relevancia de fortalecer las capacidades institucionales, optimizar los recursos humanos y consolidar los mecanismos de cooperación para enfrentar los desafíos del comercio global, la seguridad fronteriza y las amenazas transnacionales. Todo ello bajo la premisa de que la ratificación del acuerdo para la creación de la Organización de Aduanas del Caribe representa una necesidad estratégica para la región.

La globalización y el incremento del comercio internacional han colocado a las aduanas en la primera línea de defensa contra delitos transnacionales, como el contrabando y el narcotráfico (Organización Mundial de Aduanas [OMA], 2023). En este contexto, la cooperación regional se convierte en un pilar fundamental para garantizar la seguridad y la facilitación del comercio. La reunión del CCALA/CCLEC en República Dominicana, celebrada el 19 de noviembre de 2025, refleja la urgencia de consolidar mecanismos de integración aduanera en el Caribe.

La República Dominicana está comprometida con el nuevo acuerdo para la Organización Aduanera del Caribe y espera que todas las organizaciones aduaneras se unan a este esfuerzo. La Dirección General de Aduanas (DGA), como miembro del CCALA y de la OMA, se siente muy comprometida con los objetivos de esta reunión, que buscan fortalecer la capacidad institucional y los recursos humanos de la Aduana, mejorar la seguridad fronteriza y el intercambio de información entre los Estados miembros. Durante la apertura, se destacó que esta reunión del CCLEC es un foro sumamente importante para la región y para la República Dominicana. El director general de Aduanas enfatizó que, tras conversaciones con el Ministro de Relaciones Exteriores y el Presidente Luis Abinader, el país impulsará este acuerdo y confía en que todas las administraciones aduaneras se unan a este esfuerzo, que beneficiará a toda el área del Caribe.

El Consejo del Caribe para la Aplicación de las Leyes Aduaneras (CCLEC) fue creado en la década de 1970 y formalizado en 1989 mediante un Memorándum de Entendimiento (CCLEC, 2024). Desde entonces, ha promovido la cooperación entre administraciones aduaneras de países anglófonos, francófonos y neerlandeses, con sede en Santa Lucía. El entorno global exige respuestas coordinadas ante amenazas como el contrabando, el lavado de activos y el tráfico ilícito (Inter-American Development Bank [IDB], 2022). La región enfrenta vulnerabilidades derivadas de su posición estratégica en las rutas comerciales internacionales (World Bank, 2023).

El acuerdo aprobado en Cuba en 2019 busca transformar el CCLEC en la Organización de Aduanas del Caribe, con mayores competencias y recursos (Dirección General de Aduanas [DGA], 2025). Su ratificación por al menos diez países miembros es crucial para garantizar una estructura más robusta y eficiente. La reunión en Santo Domingo abordó temas como la inteligencia aduanera, la ciberseguridad y el intercambio de información, esenciales para combatir organizaciones criminales transnacionales (OMA, 2023; United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2024).

La integración aduanera en el Caribe no es solo una opción, sino una necesidad estratégica. La creación de la Organización de Aduanas del Caribe representa un paso decisivo hacia la consolidación de capacidades institucionales y la protección de la región frente a amenazas globales. República Dominicana, al liderar este proceso, reafirma su compromiso con la seguridad y el desarrollo económico regional.

20 de noviembre de 2025 | @GuasabaraEditor @LuisOrlandoDia1

Referencias

CCLEC. (2024). Annual Report 2024. Caribbean Customs Law Enforcement Council.

Dirección General de Aduanas (DGA). (2025). Informe sobre cooperación aduanera en el Caribe. Santo Domingo: DGA.

Inter-American Development Bank (IDB). (2022). Trade and Security in the Caribbean. Washington, DC: IDB.

Organización Mundial de Aduanas (OMA). (2023). Customs and Trade Facilitation Report. Brussels: WCO.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2024). Transnational Organized Crime in the Caribbean. Vienna: UNODC.

World Bank. (2023). Caribbean Trade and Logistics Outlook. Washington, DC: World Bank.

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martes, 5 de abril de 2022

Reino Unido: Ucrania retoma "terreno clave" en el norte

EL MUNDO

Reino Unido: Ucrania retoma "terreno clave" en el norte

Fuerzas ucranianas retomaron "terreno clave" en el norte y llevan a efectivos rusos a replegarse de alrededor de Chernígov y el norte de Kiev, según la inteligencia británica. Pero los bombardeos rusos continúan.

Tanque destruido cerca de Kiev.

Tanque destruido cerca de Kiev.

Según los últimos datos de inteligencia militar que divulga a diario en Twitter esa cartera, "es probable que continúen los combates a bajo nivel en algunas partes de regiones recién recapturadas, pero que disminuyan significativamente durante esta semana, mientras se retira el resto de fuerzas rusas".

"Las fuerzas ucranianas han retomado terreno clave en el norte de Ucrania, tras negar a Rusia la capacidad de asegurar sus objetivos y obligar a las fuerzas rusas a replegarse de áreas alrededor de Chernígov y el norte de Kiev", señala esta última evaluación del ministerio británica.

El parte añade que "muchas unidades rusas que se están retirando del norte de Ucrania probablemente requerirán un significativo reequipamiento y rehabilitación antes de poder ser desplegadas de nuevo para acometer operaciones en el este de Ucrania".

Continúan bombardeos rusos en el este

No obstante, el Ejército ruso ha lanzado en las últimas 24 horas un total de 54 ataques contra la ciudad de Járkov y su región, en el este de Ucrania, que se han saldado con al menos seis muertos y ocho heridos de diversa consideración, denunció este martes (5.04.2022) el Ejército ucraniano.

"Durante el último día, los ocupantes lanzaron 54 ataques con varios tipos de armas de largo alcance: artillería, morteros, cañones de tanques, con lanzacohetes del tipo MLRS", denunció el jefe de la Administración Militar Regional de Járkov, Oleh Synehubov, en su cuenta de Telegram. 

Además, varios bombardeos se registraron la noche del lunes al martes en Kramatorsk, ciudad en el este de Ucrania que está aún bajo control de Kiev aunque se ve amenazada por una ofensiva de envergadura de las tropas rusas.

Según un periodista de la AFP, los disparos, probablemente misiles o cohetes de largo alcance, destruyeron una escuela en el centro de la localidad, vecina a un edificio que es sede de la Policía. De madrugada, un cráter humeante de más de 10 metros de diámetro era visible en el patio del colegio, prácticamente en ruinas. Los habitantes del vecindario afirmaron que no había habido víctimas ya que la escuela estaba vacía y no hay por el momento ningún balance oficial.

Desde que Rusia retiró sus tropas de las regiones de Kiev y del centro-norte del país y anunció que "concentraba sus esfuerzos en la liberación del Donbás", en el este de Ucrania, esta zona vive con la angustia de una gran ofensiva rusa.

El Gobierno ucraniano teme que la situación en la zona se agrave. Las fuerzas armadas ucranianas están desplegadas desde 2014 en una línea de frente que bordea Donetsk y Lugansk, capitales de estas dos 'repúblicas' separatistas prorrusas del mismo nombre y llega hasta Izium, en el noroeste, recientemente conquistada por Ucrania.

Kramatorsk, capital regional de facto desde octubre de 2014 de este territorio, que aún está bajo control de Kiev en el este del país, se sitúa en el centro de esta zona y estaría prácticamente rodeada. Miles de personas huyeron de la ciudad estos días por miedo a verse totalmente atrapadas. Según la compañía ferroviaria ucraniana, 3.100 personas fueron evacuadas el lunes, pero los trenes estaban interrumpidos el martes debido a los bombardeos.

rml (efe, afp, Twitter)

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jueves, 24 de junio de 2021

Amplios poderes harían del director del DNI un “Zar de la seguridad nacional"

 La República jueves, 24 de junio de 2021

Amplios poderes harían del director del DNI un “Zar de la seguridad nacional"

La Dirección Nacional de Inteligencia funcionará bajo la dependencia del Presidente y estará conformado por todos organismos de inteligencia y contrainteligencia

Amplios poderes harían del director del DNI un “Zar de la seguridad nacional"

El proyecto de Ley será conocido primero en el Senado de la República.

La nueva Dirección Nacio­nal de Inteligencia que re­unirá todos los servicios de investigación del país, con­vertirá a su director en una especie de “zar” de la inteli­gencia nacional.

Con la aprobación del pro­yecto de ley enviado por pre­sidente Luis Abinader al Se­nado, toda entidad pública que, en el curso de una inves­tigación, proceso o en oca­sión de ejercicio de sus fun­ciones, tenga conocimiento de alguna información que a su juicio sea relevante pa­ra la seguridad nacional, de­berá informarla a esa depen­dencia.

Si la institución se niega a entregar las informaciones solicitadas, para los propó­sitos de seguridad nacional, o si divulgan informaciones sometidas a secreto oficial de la misma, serán sancio­nadas con las penas esta­blecidas en el artículo 88 del proyecto de ley.

Modificaría también el artículo 90 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento el Te­rrorismo para incluir al nue­vo director de la institución como parte del Comité Na­cional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

La Dirección Nacional de Inteligencia funcionará ba­jo la dependencia del presi­dente de la República y esta­rá conformado por todos los organismos y órganos, inde­pendientes entre sí y funcio­nalmente coordinados, que dirigen y ejecutan activida­des específicas de inteligen­cia y contrainteligencia para la seguridad nacional, según indica el artículo 1 y 2 de la iniciativa legislativa.

Dentro de las atribucio­nes que tendrá la nueva di­rección están controlar el in­greso y salida de personas extranjeras del territorio na­cional, investigar cualquier acto cometido por personas, grupos o asociaciones que atenten contra la Constitu­ción y las instituciones del Es­tado, así como cualquier acto que perturbe el Estado de de­recho, ponga en riesgo la se­guridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al or­denamiento constitución.

Además debe evaluar amenazas, internas y exter­nas, al orden constitucional; contrarrestar en el ámbito nacional o intencional acti­vidades de personas, organi­zaciones gobiernos extranje­ros que puedan representar un riesgo, una amenaza, una agresión o subversión para la seguridad nacional, la paz social, la soberanía o la inte­gridad territorial; contribuir a la desarticulación de orga­nizaciones criminales cuya actividad delictiva represen­te una amenaza para la segu­ridad nacional y la seguridad interior del país entre otras.

¿Pero quién será ese nue­vo zar que dirigirá el órgano de inteligencia? Por primera vez desde la creación de esa órgano, estuvo encabezado por un militar, pero con la lle­gada del presidente Luis Abi­nader se designó al aboga­do Luis Soto, quien es civil, a los fines de tener una insti­tución donde sea respetada la privacidad de los ciudada­nos y ley, pero el mandatario no se ha pronunciado si éste permanecerá a la cabeza de la institución. Según el docu­mento, estaría a cargo de un director nacional, el cual se­ría nombrado y destituido li­bremente por el Poder Ejecu­tivo, además de un Inspector General Nacional y un Con­tralor Financiero, que serán designados por el director.

Confidencialidad
Todas las actividades e infor­maciones de la entidad están clasificadas como reservadas o confidenciales así como su organización y estructura interna, medios y procedi­mientos, personal, instala­ciones, bases y centros de da­tos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al co­nocimiento de los asuntos que trate.

El personal que preste ser­vicio en la dirección será so­metido cada seis meses a un régimen de pruebas de com­petencia profesional y de in­tegridad personal. entre las que se podría incluir las de poligrafía, psicometría, anti­dopaje y cualquier otra que se requiera como condición previa para el ingreso o la permanencia en la institu­ción. Todo el personal directi­vo y con funciones operativas deberán realizar declaración jurada de patrimonio.

Adicional a esto el perso­nal tiene prohibido participar en actividades políticas, ma­nifestaciones y cualquier otra actividad de reivindicación de m colectiva o individual.

En lo relacionado a los militares y policías que sean asignados a institución esta­rán bajo las órdenes del di­rector nacional, no pudiendo ser trasladados, removidos o sancionados disciplinaria­mente por sus instituciones de pertenencia sin anuencia de este.

SEPA MÁS
Presupuesto

La Dirección Nacional de Inteligencia elabora­rá anualmente un ante­proyecto de presupuesto y lo elevará al Poder Eje­cutivo que lo integrará en el Presupuesto Gene­ral del Estado, estable­ciendo las normas nece­sarias que garanticen su autonomía e indepen­dencia funcional.

Sin embargo, para el desarrollo de sus acti­vidades informativas, contará con una asigna­ción de gastos reserva­dos, en cuyo uso se pre­servará la confidencia­lidad de identidades, acontecimientos, lugar fechas relacionados con las mismas.

https://listindiario.com/la-republica/2021/06/24/676325/amplios-poderes-harian-del-director-del-dni-un-zar-de-la-seguridad-nacional

Consultor jurídico asegura el Gobierno ha venido “limpiando” el DNI y quiere institucionalizar los cambios

 CONGRESO NACIONAL 

Consultor jurídico asegura el Gobierno ha venido “limpiando” el DNI y quiere institucionalizar los cambios

El nuevo proyecto de ley creará un inspector de la Dirección Nacional de Inteligencia

Melbin Gómez - SANTO DOMINGO 24/06/2021, 09:29 AM

$!Consultor jurídico asegura el Gobierno ha venido “limpiando” el DNI y quiere institucionalizar los cambios
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. 

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, manifestó este jueves que el Gobierno ha estado depurando el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y que con el nuevo proyecto de ley busca institucionalizar estos cambios.

“El presidente Luis Abinader ha querido que esta institución tenga otro perfil y por tanto puso como director a una persona que es un abogado de práctica constitucionalista, Luis Soto, que cree en los derechos de las personas y en que independientemente de estas delicadas tareas hay que hacerlas siempre con respeto a los derechos ciudadanos”, explicó.

Sostuvo que el DNI tradicionalmente había sido dirigido por militares o exmilitares y que en esta ocasión Abinader colocó a un civil al frente de la institución.

“Luis Soto ha venido limpiando el DNI, ya esta no es una institución donde se desmantela una banda de delincuentes o de narcos y aparecen gente con carnet del DNI. Ya no hay armas en manos de particulares, de empleados, de empresarios, de choferes, de comerciantes que tienen carnet y armas del DNI”, manifestó.

Dijo que con el proyecto de ley presentado ante el Congreso Nacional el Poder Ejecutivo busca que los cambios en el DNI se hagan institucionales.

“Lo que plantea esta ley es un sistema nacional de investigaciones, porque ahora el Estado tiene varios órganos que hacen inteligencia... pero todos estos actúan de manera dispersa. Esta ley dice vamos a crear un sistema”, indicó Peralta en una entrevista en el programa El Día, de Telesistema, canal 11.

Explicó que el órgano regulador sería la Dirección Nacional de Inteligencia y cada órgano de las instituciones militares y policiales que hacen actividad de inteligencia la harán, pero tiene que ser dentro del Plan Nacional de Inteligencia “salvo que la circunstancia práctica inmediata ordene otra cosa y tiene que ser discutido”.

Sostuvo que el nuevo proyecto de ley creará un inspector de la Dirección Nacional de Inteligencia que investigará la conducta de los miembros de esa institución.

“Actualmente la ley que regula el DNI del 1978 le da un poder absoluto a su director para hacer y deshacer y disponer y sancionar a sus miembros. Este proyecto crea una inspectoría para investigar la conducta de los miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia”, manifestó.

El presidente Abinader remitió al Senado de la República el pasado lunes un proyecto de ley con el que busca adecuar el marco normativo del sistema nacional de inteligencia.

https://www.diariolibre.com/actualidad/consultor-juridico-a

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