Gobierno informa sobre avances en revisión a reforma de la ley minera en el contexto de Meta RD 2036
El ministro Joel Santos plantea fortalecer la protección ambiental, permisología, clima de inversiones en el sector y fortalecimiento de los beneficios de las comunidades mineras.
Santo Domingo.- El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Energía y Minas, avanzó este miércoles en la revisión de la reforma de la Ley Minera 146-71, al anunciar que está prácticamente listo un anteproyecto actualizado que incorpora las observaciones realizadas en encuentros previos, con miras a someter un texto definitivo en la próxima legislatura.
Así lo informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, durante su participación en la séptima sesión del Comité de Minería de Meta RD 2036, donde explicó que el proceso de socialización con los actores del sector permitirá perfeccionar el contenido del proyecto, mediante una agenda de reuniones continuas, a partir de la próxima semana, orientadas a lograr una propuesta alineada a las prioridades nacionales de desarrollo.
Santos subrayó la necesidad de reforzar los componentes medioambientales de la legislación, fortalecer los procesos de permisología, garantizar un mayor involucramiento y regulación de las inversiones que se desarrollan en las comunidades mineras, así como establecer un tratamiento tributario claro, moderno y bien estructurado para el sector.
La sesión fue encabezada por Peter Prazmowski, director del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), y sirvió de espacio para analizar las necesidades actuales de la minería nacional, así como las acciones a corto, mediano y largo plazo orientadas a impulsar un crecimiento sostenible, competitivo y socialmente responsable de la actividad minera en la República Dominicana.
En ese contexto, el coordinador del Comité de Minería, Pedro Esteva, presentó los resultados y acuerdos de la reciente reunión de avances de los comités sectoriales, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña, celebrada el pasado 16 de enero.
Asimismo, se abordaron los requerimientos identificados y los próximos pasos para la simplificación de los procesos administrativos en el sector, como parte de los esfuerzos por mejorar el clima de inversión y fortalecer la institucionalidad minera.
La jornada forma parte del seguimiento estratégico a los compromisos asumidos dentro de la agenda nacional Meta RD 2036, creada mediante el Decreto 337-24, que tiene como objetivo duplicar el producto interno bruto (PIB) real del país al 2036.
Al encuentro asistieron, además, el viceministro de Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Davis Aracena; el presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera, Alejandro Peña Prieto; el director de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana, Martín Valerio, y el director general de Minería, Rolando Muñoz.
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Editorial | @GuasabaraEditor
La República Dominicana está frente a una de esas coyunturas donde el detalle técnico define el futuro. El anuncio del Ministerio de Energía y Minas de que el anteproyecto de reforma de la Ley Minera 146-71 está “prácticamente listo” y que busca incorporar observaciones levantadas en encuentros previos, para someter un texto definitivo en la próxima legislatura, no es un trámite más: es una señal de que el país intenta pasar de la minería “por inercia” a la minería con reglas modernas, incentivos claros y controles creíbles.
Ese paso ocurre, además, en un marco que obliga a elevar la conversación: Meta RD 2036, agenda creada mediante el Decreto 337-24, cuyo propósito es identificar acciones y reformas necesarias para duplicar el PIB real al 2036, alineando metas con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y la Estrategia Nacional de Competitividad (ENC). En otras palabras, la reforma minera no puede ser un “parche legal” ni un texto solo para especialistas: tiene que servir a una visión-país de productividad, institucionalidad y sostenibilidad.
Un anteproyecto casi listo: la oportunidad (y el riesgo) de hacerlo bien
El ministro Joel Santos presentó el estado del proceso durante la séptima sesión del Comité de Minería de Meta RD 2036, explicando que la socialización con actores del sector continuará mediante una agenda de reuniones a partir de la próxima semana, con el objetivo de perfeccionar el proyecto y alinearlo a prioridades nacionales. La reunión fue encabezada por Peter Prazmowski, director del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), y sirvió para revisar necesidades de la minería nacional y acciones por horizonte temporal para impulsar un crecimiento sostenible, competitivo y socialmente responsable.
Aquí conviene detenerse: “anteproyecto prácticamente listo” no debe significar “texto cerrado”. Debe significar “texto suficientemente maduro” como para resistir escrutinio público, evaluación técnica y un debate legislativo serio. Porque una reforma minera que nazca con ambigüedades —o con incentivos mal calibrados— no solo provoca litigios: erosiona la confianza, encarece el financiamiento y vuelve a poner a las comunidades en el papel de “espectadoras” de decisiones que afectan su territorio.
Tres ejes anunciados: ambiente, permisos, inversión y comunidades (más tributación)
El ministro Santos subrayó cuatro focos: reforzar los componentes medioambientales, fortalecer la permisología, asegurar mayor involucramiento y regulación de inversiones en comunidades mineras, y establecer un tratamiento tributario claro, moderno y bien estructurado. Estos son, en efecto, los pilares correctos. Pero el éxito dependerá de cómo se traduzcan en artículos, definiciones, plazos y sanciones.
1) Protección ambiental: del discurso a la arquitectura de control.
Reforzar “componentes medioambientales” no puede quedarse en enunciados. La experiencia comparada muestra que el corazón de una minería responsable está en el diseño del ciclo completo: evaluación, operación, control, cierre y restauración. El Gobierno ha colocado el tema ambiental como prioridad dentro del contenido a modernizar, y esa es una base indispensable para construir legitimidad. La pregunta editorial es si la reforma incorporará mecanismos verificables: estándares de monitoreo, reportes públicos, auditorías independientes, y reglas de cierre de mina que no dependan de la buena voluntad del operador.
2) Permisología: menos laberinto, más rigor.
En la sesión también se abordaron “próximos pasos” para simplificar procesos administrativos y mejorar el clima de inversión, fortaleciendo la institucionalidad minera. Simplificar no es aflojar; simplificar es eliminar duplicidades, definir ventanillas claras, digitalizar trazabilidad y acotar discrecionalidad. Un permiso más rápido pero más opaco es una mala reforma; un permiso más ágil y más auditable es la reforma que el país necesita.
3) Inversiones y comunidades: la licencia social como requisito económico.
El Gobierno plantea “mayor involucramiento y regulación” de las inversiones que se desarrollan en comunidades mineras, y un fortalecimiento de beneficios para esos territorios. Esto es clave: la minería es intensiva en capital, sí; pero su sostenibilidad depende de algo más frágil: la licencia social. Cuando una comunidad percibe que carga con el costo ambiental y recibe migajas, el conflicto deja de ser eventual y se convierte en estructural. Modernizar la ley debería traducirse en reglas claras de inversión social, transparencia de aportes, mecanismos de quejas y acuerdos vinculantes de desarrollo local.
4) Tributación: claridad para invertir, equidad para el Estado.
La idea de un régimen tributario “claro, moderno y bien estructurado” sugiere que se quiere cerrar zonas grises y mejorar previsibilidad. El reto será equilibrar competitividad con justicia fiscal: si el Estado no captura una porción razonable de la renta minera, se debilita el contrato social; si el marco se percibe confiscatorio o cambiante, se enfría la inversión y se encarece el riesgo país sectorial.
Enmarcar la reforma en Meta RD 2036 es un acierto, porque obliga a pensar en productividad y competitividad como políticas públicas, no como consignas. El Decreto 337-24 crea una comisión orientada a identificar reformas para duplicar el PIB real al 2036 y cumplir metas de END/ENC, con articulación institucional donde el CNC juega un rol de secretaría y coordinación. Además, Meta RD 2036 opera por comités sectoriales y seguimiento, buscando convertir propuestas en rutas críticas.
Si la minería está dentro de esa lógica, entonces la reforma debe incorporar indicadores de desempeño: tiempos promedio de permisos, cumplimiento de planes ambientales, volumen de aportes a comunidades, recaudación efectiva, y calidad del gasto asociado a territorios mineros. Sin medición, la reforma se vuelve retórica; con medición, se convierte en política pública evaluable.
Un proceso que debe blindarse: socialización real y debate legislativo responsable
El Gobierno informó que el proceso de socialización continuará con reuniones a partir de la próxima semana, y que el texto se sometería en la próxima legislatura. También se ha señalado que la legislatura que inicia el 27 de febrero de 2026 sería el momento para llevar una versión definitiva. El tiempo es corto y el tema complejo: por eso, el país necesita una metodología abierta y ordenada.
Una reforma minera seria debería publicarse con suficiente anticipación para observaciones escritas; incorporar matrices de respuesta a comentarios; y dejar trazabilidad de los cambios realizados. Eso no solo mejora el texto: protege al propio Gobierno de la acusación de “cocinar” reformas en privado. Una ley que nace con transparencia gana legitimidad antes de llegar al hemiciclo.
Recomendaciones editoriales: cinco candados para una ley moderna
A partir de lo ya anunciado por el Ministerio, hay cinco “candados” que ayudarían a alinear minería, desarrollo y confianza:
- Transparencia y datos abiertos de concesiones, permisos, pagos y compromisos socioambientales, para reducir discrecionalidad y elevar rendición de cuentas.
- Ventanilla única con trazabilidad digital para permisos (simplificar sin debilitar estándares), vinculada a plazos, requisitos y auditoría de decisiones.
- Reglas robustas de evaluación ambiental y cierre de mina con garantías financieras, porque la sostenibilidad se demuestra al final del ciclo, no al inicio.
- Acuerdos vinculantes con comunidades (beneficios, empleo local, compras locales, inversión social y mecanismo de quejas), para convertir la licencia social en arquitectura institucional.
- Régimen fiscal claro y predecible, con mecanismos que aseguren retorno al Estado y a territorios impactados, evitando que la riqueza mineral se perciba como “extraída” sin retorno.
La sesión del Comité de Minería también conectó el trabajo sectorial con la reunión de avances encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña el 16 de enero, y reunió a actores públicos y privados relevantes (incluyendo representantes de Medio Ambiente, inversión extranjera y entidades del sector). Esa diversidad es saludable: la minería moderna no se gobierna desde una sola oficina; se gobierna con reglas, contrapesos y participación.
El país tiene una oportunidad: actualizar una ley de 1971 para un 2036 que exige competitividad, sostenibilidad y legitimidad. Pero esa oportunidad viene con una condición: hacerlo bien, sin atajos. Una reforma minera que armonice ambiente, permisos, inversión y beneficios comunitarios —y que lo haga con claridad tributaria— puede convertirse en un activo estratégico de Meta RD 2036. Si, en cambio, se convierte en una reforma de “buenas intenciones” sin candados, será un nuevo ciclo de conflictos, incertidumbre y desconfianza.
La modernización minera no es solo una discusión sectorial: es una prueba de madurez institucional. Y esa prueba se gana con técnica, transparencia y sentido de nación.
Fuentes consultadas
Luis Orlando Díaz Vólquez
29 de enero de 2026 | Santo Domingo, República Dominicana
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