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jueves, 13 de agosto de 2026

República Dominicana ante la hora estratégica de la integración regional


Diálogo Ministerial del BID celebrado en Ciudad de Panamá, espacio de alto nivel donde autoridades gubernamentales, líderes empresariales y representantes de organismos internacionales debatieron estrategias para fortalecer la conectividad, la integración logística y la competitividad regional.

República Dominicana ante la hora estratégica de la integración regional

La participación de Magín Díaz y Yayo Sanz Lovatón en el Diálogo Ministerial del BID proyecta una visión de país que procura convertir la ubicación geográfica, la seguridad jurídica, la conectividad y el crecimiento económico en instrumentos de competitividad, inversión, empleo y bienestar colectivo.

Por Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor

La República Dominicana se encuentra ante una oportunidad histórica que no puede interpretarse únicamente desde las estadísticas macroeconómicas ni reducirse a la colocación del país en los mapas del comercio internacional. La participación de los ministros Magín Díaz y Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón en el Diálogo Ministerial “Conectividad e integración para una región más competitiva”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Ciudad de Panamá los días 11 y 12 de agosto de 2026, representa la expresión de una política pública orientada a convertir las ventajas dominicanas en capacidades productivas, logísticas y comerciales sostenibles. [hacienda.gob.do], [mef.gob.pa]

La ubicación geográfica es, sin duda, uno de los principales activos nacionales. Sin embargo, la geografía por sí sola no garantiza desarrollo. Estar cerca de Estados Unidos, disponer de acceso privilegiado al Caribe y encontrarse en una posición estratégica respecto de Centroamérica constituye una ventaja solamente cuando esa localización está acompañada de infraestructura eficiente, seguridad jurídica, estabilidad institucional, conectividad portuaria y aeroportuaria, capital humano preparado y procedimientos comerciales previsibles. Precisamente, el planteamiento dominicano ante el BID procuró presentar esas fortalezas como componentes de una política integral de competitividad. [hacienda.gob.do], [eldia.com.do]

La intervención del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, colocó el debate en el contexto correcto. El nearshoring, entendido como la relocalización de procesos productivos hacia territorios cercanos a los principales mercados de consumo, abre una ventana extraordinaria para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana. No obstante, esa oportunidad se desarrolla en medio de incertidumbres comerciales, transformaciones tecnológicas y reconfiguraciones de las cadenas globales de valor. Por tanto, aprovecharla demanda políticas coherentes y una coordinación regional capaz de ofrecer conectividad, previsibilidad y eficiencia operativa. [eldia.com.do], [mef.gob.pa]

El crecimiento de 4.5 % registrado por la economía dominicana durante el primer semestre de 2026 fortalece la credibilidad del planteamiento presentado en Panamá. Ese desempeño constituye una señal favorable de dinamismo económico, pero también plantea la responsabilidad de traducir el crecimiento en una transformación productiva más profunda. Las cifras adquieren sentido social cuando se convierten en empleos formales, mejores salarios, oportunidades para las mipymes, modernización industrial, expansión de las exportaciones y mayor capacidad de participación en los mercados internacionales. [hacienda.gob.do], [eldia.com.do]

En este punto cobra especial significado la perspectiva expresada por Yayo Sanz Lovatón. Detrás de los indicadores logísticos se encuentra el trabajador de una zona franca, el productor agropecuario, el industrial, el emprendedor y el pequeño empresario que necesita condiciones para competir. La integración no debe limitarse a conectar puertos, carreteras, aeropuertos y plataformas digitales. Tiene que conectar el esfuerzo de la gente con nuevas oportunidades económicas. Una política comercial solamente puede considerarse exitosa cuando aquello que producen las manos dominicanas llega más lejos, conquista nuevos mercados y genera prosperidad dentro del territorio nacional. [hacienda.gob.do], [cdn.com.do]

Esa visión humana de la competitividad resulta fundamental. Durante demasiado tiempo, América Latina ha discutido la integración mediante declaraciones políticas que no siempre terminan transformándose en beneficios perceptibles para sus pueblos. La nueva integración debe medirse por la reducción de los tiempos de tránsito, la disminución de los costos logísticos, la simplificación de los procedimientos, el aumento de las exportaciones, la incorporación de las mipymes a las cadenas de valor y la generación de empleos de calidad. El desafío consiste en pasar de la retórica integracionista a una arquitectura regional basada en resultados verificables. [dailynews507.com], [mef.gob.pa]

La propuesta de avanzar desde controles secuenciales hacia fronteras que gestionen riesgos, compartan información y faciliten el comercio legítimo constituye uno de los puntos más relevantes de la posición dominicana. Una frontera moderna no es aquella que multiplica indiscriminadamente las inspecciones, sino la que utiliza inteligencia, interoperabilidad tecnológica, trazabilidad y análisis de riesgo para distinguir entre las operaciones confiables y las que requieren una fiscalización más rigurosa. Facilitar el comercio legítimo no significa debilitar los controles. Significa hacerlos más inteligentes, coordinados y eficaces. [hacienda.gob.do], [eldia.com.do]

La estrategia regional Cargo Pass apunta precisamente hacia la creación de un ecosistema logístico que combine tecnología, infraestructura, armonización regulatoria y modernización de los pasos fronterizos. El proyecto contempla inicialmente una inversión de US$130 millones en el Corredor Pacífico, por donde circula cerca del 70 % de la carga regional, y sus beneficios económicos potenciales han sido estimados en US$700 millones anuales. Aunque la República Dominicana posee una condición insular distinta, la interoperabilidad, la digitalización y la trazabilidad promovidas por esta iniciativa ofrecen enseñanzas relevantes para su aspiración de consolidarse como centro logístico del Caribe. [dailynews507.com], [mef.gob.pa]

El programa América en el Centro reconoce que ninguna nación podrá responder de manera aislada a los desafíos que afectan la movilidad de mercancías, la infraestructura sostenible, la conectividad energética, la transformación digital y la inserción en las cadenas globales de valor. La competitividad contemporánea ya no se evalúa exclusivamente por países, sino también por regiones capaces de actuar como plataformas confiables de producción y distribución. En consecuencia, la República Dominicana necesita ejercer un liderazgo cooperativo, consciente de que el progreso de sus vecinos puede ampliar las oportunidades de toda la zona. [infobae.com], [mef.gob.pa]

La integración regional, sin embargo, debe construirse sobre principios de reciprocidad, equidad y beneficio compartido. Caminar juntos no significa renunciar a los intereses nacionales, sino comprender que estos pueden fortalecerse mediante alianzas inteligentes. La cooperación con países como Costa Rica, Panamá, Honduras y las demás economías centroamericanas puede generar complementariedades productivas, ampliar mercados y atraer inversiones que difícilmente llegarían a una región fragmentada. El liderazgo dominicano tendrá mayor legitimidad si contribuye a crear riqueza y oportunidades tanto dentro del país como en su entorno regional. [infobae.com], [mef.gob.pa]

También es necesario evitar que la legítima aspiración de convertir al país en el gran centro logístico del Caribe se convierta en una consigna sin suficiente contenido institucional. Para alcanzar esa meta habrá que profundizar la modernización de puertos y aeropuertos, fortalecer la coordinación entre organismos públicos, reducir duplicidades regulatorias, mejorar la infraestructura terrestre, desarrollar talento especializado y garantizar transparencia en cada eslabón de la cadena logística. La seguridad jurídica debe manifestarse no solo en las leyes, sino también en la consistencia de las decisiones administrativas y en la confianza que inspire el Estado. [hacienda.gob.do], [mef.gob.pa]

Igualmente, la competitividad debe alcanzar a las mipymes y a los productores que todavía enfrentan dificultades para incorporarse al comercio internacional. Si la integración logística beneficia únicamente a las grandes corporaciones, su impacto social será limitado. El gran desafío de las políticas públicas consiste en democratizar el acceso a la tecnología, el financiamiento, la capacitación, las certificaciones y los canales de exportación. El país necesita que una mayor cantidad de empresas dominicanas pueda producir con calidad, escalar sus operaciones y participar en cadenas regionales y globales de valor. [dailynews507.com], [mef.gob.pa]

La presencia de Magín Díaz y Yayo Sanz Lovatón en el encuentro del BID proyecta, en definitiva, una República Dominicana consciente de sus fortalezas y dispuesta a asumir responsabilidades regionales. No basta con afirmar que el país está preparado. Es indispensable demostrarlo mediante resultados, continuidad institucional y políticas de Estado que sobrevivan a las coyunturas. La logística, la facilitación del comercio y la integración productiva deben ocupar un lugar permanente en la agenda nacional porque inciden directamente en la inversión, la productividad y la calidad del empleo. [hacienda.gob.do], [cdn.com.do]

La verdadera medida del éxito no será solamente el volumen de mercancías movilizadas ni la cantidad de inversiones anunciadas. Será la capacidad de hacer que la economía se sienta mejor en la vida cotidiana de la población. Si la ubicación estratégica, el crecimiento económico y la conectividad se traducen en más empleos, mejores ingresos y oportunidades para quienes producen, entonces el país habrá convertido sus ventajas comparativas en prosperidad compartida. Ese es el horizonte que debe guiar la política económica dominicana: integrarse para competir, competir para producir y producir para elevar el bienestar de la gente.

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Colomna de opinión

Los ministros Magín Díaz y Yayo Sanz Lovatón durante su participación en el Diálogo Ministerial del BID en Ciudad de Panamá, donde destacaron las condiciones estratégicas de la República Dominicana para impulsar la competitividad, la conectividad y el desarrollo regional 

República Dominicana ante la oportunidad de liderar la integración regional

La ubicación estratégica, la estabilidad jurídica y la conectividad del país representan ventajas importantes, pero convertirlas en empleos, inversiones y bienestar exige políticas sostenidas, instituciones eficientes y una integración orientada a resultados.

Por Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor

La participación de los ministros Magín Díaz y Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón en el Diálogo Ministerial organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Ciudad de Panamá proyecta una República Dominicana consciente de su potencial y dispuesta a ejercer un liderazgo constructivo en la integración regional.

El país posee una ubicación geográfica privilegiada, cercanía con Estados Unidos, seguridad jurídica, conectividad aérea y marítima, estabilidad institucional y un sector privado dinámico. Estas condiciones constituyen una base favorable para aprovechar el nearshoring y avanzar hacia la consolidación de la República Dominicana como centro logístico, industrial y comercial del Caribe.

Sin embargo, la geografía no produce desarrollo por sí sola. Para convertir esa ventaja en prosperidad se requieren puertos y aeropuertos eficientes, carreteras adecuadas, procedimientos aduaneros ágiles, infraestructura tecnológica, capital humano preparado y reglas previsibles. La competitividad moderna depende tanto de la infraestructura física como de la capacidad institucional para simplificar procesos, compartir información y garantizar trazabilidad.

En ese sentido, resulta pertinente la propuesta de avanzar desde controles secuenciales hacia fronteras inteligentes, sustentadas en análisis de riesgo, interoperabilidad y cooperación entre organismos. Facilitar el comercio legítimo no significa debilitar la fiscalización, sino hacerla más precisa, eficiente y segura.

El crecimiento económico de 4.5 % registrado durante el primer semestre de 2026 fortalece la posición dominicana. No obstante, el verdadero desafío es conseguir que ese desempeño se traduzca en empleos formales, mejores ingresos, crecimiento de las mipymes, expansión de las exportaciones y nuevas oportunidades para los productores nacionales.

La integración regional tampoco debe permanecer encerrada en declaraciones diplomáticas. Tiene que medirse mediante resultados concretos: reducción de costos logísticos, menores tiempos de tránsito, simplificación de trámites, apertura de mercados y mayor participación de las empresas locales en las cadenas globales de valor.

La visión expresada por Sanz Lovatón coloca correctamente a la gente en el centro. Detrás de cada cifra logística están los trabajadores de las zonas francas, los industriales, los productores agropecuarios y los emprendedores que necesitan una cancha abierta para competir.

República Dominicana tiene condiciones para liderar, pero ese liderazgo deberá sostenerse con planificación, transparencia y continuidad institucional. La meta no puede limitarse a movilizar más mercancías. Debe consistir en transformar la conectividad, la inversión y el comercio en prosperidad compartida.

Integrarse para competir, competir para producir y producir para mejorar la vida de la gente: ese debe ser el horizonte nacional.

viernes, 10 de julio de 2026

Plan anticrisis: responsabilidad fiscal para proteger la estabilidad y el bolsillo dominicano


Plan anticrisis: responsabilidad fiscal para proteger la estabilidad y el bolsillo dominicano

Frente a una economía abierta, importadora y expuesta a choques internacionales, la Ley 30-26 no debe reducirse a una lectura alarmista sobre nuevos costos, sino entenderse como una respuesta preventiva para preservar la estabilidad macroeconómica, sostener la confianza, evitar más endeudamiento y fortalecer la capacidad del Estado para proteger a familias, empresas y sectores productivos.

El debate sobre el plan anticrisis del Gobierno dominicano exige serenidad, profundidad y responsabilidad pública. En tiempos de incertidumbre global, ninguna economía abierta puede darse el lujo de reaccionar tarde. La República Dominicana, por su alta dependencia de importaciones, combustibles, financiamiento externo, turismo, remesas, comercio internacional y estabilidad cambiaria, necesita instrumentos fiscales que le permitan anticiparse a los choques antes de que estos se conviertan en crisis internas. Por eso, reducir la Ley 30-26 a una simple carga contra el bolsillo de la gente es mirar apenas una parte del problema y ocultar la dimensión estratégica de una política concebida para proteger la estabilidad nacional.

Es legítimo que economistas, sectores productivos y ciudadanos expresen preocupaciones sobre el impacto de cualquier medida fiscal. Toda política tributaria debe ser examinada, corregida si produce distorsiones y aplicada con sensibilidad social. Pero una cosa es advertir riesgos técnicos y otra muy distinta es presentar el plan anticrisis como si fuera una improvisación sin propósito. La Ley 30-26 fue promulgada como una norma orientada al crecimiento económico, la simplificación fiscal y la mitigación de la crisis internacional, con énfasis en preservar la estabilidad económica, fortalecer la disciplina fiscal y mejorar la capacidad del Estado para responder ante la volatilidad externa. [abogadom.net], [diariolibre.com]

La pregunta de fondo no es si una medida fiscal resulta cómoda. Ningún ajuste lo es. La verdadera pregunta es cuál sería el costo de no actuar. ¿Debe el Estado seguir financiando subsidios, programas sociales, inversión pública, servicios esenciales, estabilidad de precios y compromisos institucionales mediante más endeudamiento? ¿Debe esperar a que el petróleo, las tasas internacionales, los fletes, los alimentos importados o las tensiones geopolíticas impongan un ajuste más duro, más abrupto y más regresivo? Gobernar no consiste en evitar decisiones difíciles, sino en adoptarlas antes de que la realidad obligue a medidas más traumáticas.

Quienes afirman que el plan anticrisis encarece la vida deben reconocer que lo que más golpea el bolsillo de la gente no es una política fiscal preventiva, sino la inflación descontrolada, la devaluación, la pérdida de confianza, el deterioro de los servicios públicos, el aumento acelerado de la deuda y la incapacidad del Estado para responder ante una emergencia. La estabilidad macroeconómica no es un concepto abstracto reservado a técnicos y banqueros; es la condición que permite que el salario conserve valor, que las empresas planifiquen, que el crédito fluya, que la inversión llegue y que los hogares no sean arrastrados por una crisis de precios, incertidumbre y desempleo.

La República Dominicana ha construido una reputación regional basada en crecimiento, estabilidad, dinamismo turístico, atracción de inversión, expansión de zonas francas y resiliencia frente a choques externos. Esa posición no se mantiene con discursos, sino con disciplina. Un país competitivo no es simplemente aquel que cobra menos impuestos; es aquel que ofrece reglas claras, cuentas públicas manejables, infraestructura, seguridad jurídica, paz social, estabilidad cambiaria, servicios funcionales y confianza institucional. La competitividad no depende solo de la carga tributaria, sino de la calidad del entorno económico que el Estado es capaz de garantizar.

Desde esa perspectiva, el plan anticrisis debe entenderse como una herramienta de protección, no como una agresión al ciudadano. La propia orientación oficial de la Ley 30-26 destaca el manejo responsable de los recursos públicos, el cumplimiento tributario sobre principios de equidad, progresividad y capacidad de pago, así como la necesidad de preservar la confianza de inversionistas y contribuyentes en medio de un contexto internacional incierto. Ese enfoque no niega que existan costos, pero establece una lógica superior: ordenar las finanzas públicas para evitar que mañana el país pague una factura más pesada. [abogadom.net], [diariolibre.com]

También debe matizarse el argumento de que la ley castiga indiscriminadamente a hogares y empresas. Informaciones públicas sobre la norma han señalado que incluye mecanismos de amnistía fiscal temporal, acuerdos de pago con la DGII, medidas de simplificación, facilidades para micro, pequeñas y medianas empresas, incentivos a la inversión empresarial y beneficios para sectores como el agropecuario. Esto permite comprender que no estamos ante una pieza exclusivamente recaudatoria, sino ante una arquitectura fiscal que combina regularización, ordenamiento, incentivos, cumplimiento y sostenibilidad. [siemprealdia.co], [eldinero.com.do]

El aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas también ha sido presentado como una amenaza directa a la bancarización. Esa preocupación merece seguimiento, pero no debe convertirse en una conclusión absoluta. La propia discusión pública ha reconocido que la ley mantiene exenciones relevantes, incluyendo transferencias entre cuentas de una misma persona, consumos con tarjetas de crédito, pagos a la seguridad social, transacciones de fondos de pensiones, pagos de impuestos al Estado y transferencias del propio Estado. En una economía cada vez más digitalizada, el desafío no es abandonar la formalidad financiera, sino garantizar que los costos sean razonables, que la administración sea transparente y que el sistema siga estimulando el uso de canales bancarios. [elnacional.com.do]

Por supuesto, defender el plan anticrisis no significa otorgar un cheque en blanco. El Gobierno tiene el deber de acompañar la aplicación de la ley con pedagogía pública, transparencia, eficiencia del gasto y resultados visibles. La ciudadanía acepta mejor los sacrificios cuando percibe que sus aportes se convierten en carreteras, escuelas, hospitales, seguridad, agua potable, apoyo al campo, crédito productivo, empleos formales y protección social bien focalizada. La legitimidad de toda medida fiscal descansa en una ecuación simple: quien paga debe sentir que el Estado responde.

Por eso, la mejor defensa del plan no será retórica, sino administrativa. El Gobierno debe acelerar la inversión pública de alto impacto, reducir gastos improductivos, fortalecer la calidad del gasto, mejorar la fiscalización, combatir la evasión, ampliar la base de contribuyentes y garantizar que la ley no se convierta en una carga desproporcionada para los sectores más sensibles. La responsabilidad fiscal debe caminar junto a la responsabilidad social. No basta recaudar; hay que ejecutar bien. No basta estabilizar; hay que proteger. No basta ordenar; hay que transformar.

También resulta importante destacar que una política pública seria puede corregirse sin perder sentido estratégico. Si algún artículo genera distorsiones, debe revisarse. La Cámara de Diputados ya aprobó la derogación del artículo 61 de la Ley 30-26, lo que demuestra que el sistema institucional tiene capacidad de ajustar aspectos específicos sin desmontar el objetivo general del plan. Esa flexibilidad no es debilidad; es madurez democrática. Un Gobierno responsable no es el que nunca rectifica, sino el que sabe preservar el rumbo corrigiendo los mecanismos cuando sea necesario. [hoy.com.do]

La crítica económica cumple una función necesaria en toda democracia. Pero la crítica también debe responder a una exigencia de honestidad intelectual: si se rechaza una medida fiscal, hay que decir cómo se financiarán los subsidios, las obras, los servicios, la protección social y la estabilidad. Si se cuestiona la recaudación, hay que explicar cuál deuda se asumirá o qué gasto se eliminará. Si se plantea que no hay crisis, hay que reconocer que en una economía abierta los riesgos no siempre esperan a materializarse para exigir previsión. La prevención no es alarmismo; es prudencia.

En este momento, la República Dominicana no necesita demagogia fiscal ni complacencia irresponsable. Necesita equilibrio. Necesita cuidar el bolsillo de la gente, pero también proteger la estabilidad que permite que ese bolsillo no sea destruido por una crisis mayor. Necesita incentivar la inversión privada, pero también garantizar finanzas públicas sanas. Necesita escuchar a los sectores productivos, pero sin renunciar al deber de gobernar con visión de largo plazo. Necesita crecer, sí, pero crecer sobre bases sostenibles.

El plan anticrisis del Gobierno dominicano debe ser leído como una apuesta por la anticipación. Su valor no está solo en lo que recauda, sino en lo que puede evitar: mayor endeudamiento, pérdida de confianza, presión cambiaria, deterioro fiscal y vulnerabilidad frente a choques externos. En política económica, a veces la decisión más responsable no es la más popular, sino la que impide que el país termine pagando un precio mucho más alto.

La estabilidad no se improvisa. Se construye con disciplina, previsión y sentido de Estado. En un mundo convulso, donde las crisis viajan más rápido que las respuestas, el Gobierno dominicano tiene la responsabilidad de blindar la economía nacional, sostener la confianza y proteger a las familias, las empresas y los sectores productivos. La Ley 30-26 puede y debe ser perfeccionada en su implementación, pero su sentido estratégico es claro: actuar antes de que el golpe llegue con más fuerza. Y en tiempos de incertidumbre, anticiparse no es castigar al ciudadano; es defender el futuro de la nación.

Luis Orlando Díaz Vólquez
#GuasábaraEditor

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Reforma

Plan anticrisis del Gobierno impacta el bolsillo de la gente

Economistas observan ley encarece los costos de empresas y las familias y la forma de hacer negocios. Plantean revisar la Ley 30-26 en breve, porque resta competitividad frente a otros países.

Santo Domingo, RD 08/07/2026 00:00 | Cándida Acosta

Si alguien se preguntara el motivo por el cual el Gobierno no asume las reformas impositivas igual como en los países desarrollados la respuesta varía. En realidad, la presión por nuevos recursos es una facultad cíclica por la que atraviesan las administraciones, aunque en países como República Dominicana, donde casi todo es importado, los salarios son precarios y no hay reembolsos generalizados, lo primordial es prestar atención a los técnicos y a la gente que tributa.

La Ley 30-26 fue aprobada sin muchas discusiones, pero esa medida está muy lejos de ser inofensiva al bolsillo de la gente común, del “sándwich” de la economía (clase media baja), razón que motiva a varios economistas a pedir una revisión de la pieza.

La llamada Ley anticrisis, incluso, fue titulada este semana como “Un dinosaurio impositivo”, por el reconocido economista Andrés Dauhajre hijo, en su artículo semanal en El Caribe, al referirse específicamente a la Tasa Efectiva de Tributación (TET), que se aplica a todos los sectores y, que según la publicación las grandes empresas pagarían una proporción menor que un pequeño negocio. Define como un absurdo el proyecto de ley aprobado.

Impacto negativo

Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), asegura que la Ley 30-26, pro crecimiento, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, tendrá un impacto negativo sobre hogares y empresas.

Reconoce que hay elementos de simplificación, pero estos son pocos en comparación con aquellos que elevan tasas e introducen costos o elevan las existentes.

“La rentabilidad de las empresas se verá afectada, las inversiones y los precios de bienes y servicios, impactando a los hogares. Vivir y hacer negocios será más caro”, afirma.

Respecto a las retenciones o el impuesto a transferencias y cheque aduce que “son elementos con efectos negativos, sin importar tamaño de los emprendimientos”. El aumento del impuesto de 1.5 a 2.0 por mil aumentaría los costos operativos, dice.

Y, tendrían, además, un efecto sobre la bancarización, ya que las personas toman decisiones de incorporarse formalmente o de realizar transferencias en efectivo de acuerdo a los costos.

A juicio del economista, los puntos que quitan competitividad introducidos en la Ley 30-26 deberán ser revisados con una transformación tributaria futura, que debe ser en poco tiempo. República Dominicana se torna en un destino menos competitivo con esta legislación, asegura.

En tanto que la economista Ellen Pérez Ducy opina que no queda claro cuál es la crisis que ha habido.

“Hubo un aumento temporal de precios de hidrocarburos que impactó la inflación en un punto porcentual desde el inicio de la contienda del Medio Oriente a pesar de que fue sobrellevado con subsidios; el PIB creció 4.2% para enero-mayo”, indica.

Afirma que si se observa el comportamiento internacional el comercio continúa y las exportaciones dominicanas crecieron un 14.4%, ayudados por altos precios de rubros como el oro.

Pérez Ducy aduce que lo que ha habido es un desbalance fiscal que es estructural, el cual deberá ser enfrentado con una verdadera reforma eventualmente.

Para Pérez Ducy esta ley es apenas una reforma tributaria que aumenta algunos impuestos, en general de manera progresiva con la excepción del efecto por tramos del impuesto para residuos sólidos, pero la considera mejor que continuar con el endeudamiento externo.

“Pero lo crítico será revisar el gasto, como lo señalado hace tiempo. Cómo justificar una reforma para RD$40,000-50,000 millones gastando RD$11,000 millones en publicidad?

Respecto al aumento del impuesto de 0.15 a 2.0 sobre transacciones bancarias dice que no le luce que tendrá ningún impacto, debido a que los usuarios no volverán a usar cheques solo por esto, debido a que la gente no dejará de hacerlo para ir al banco por el tiempo y el gasto en combustible que implica.

Falta de plan

El economista Luis Vargas considera que esa ley no responde a ningún plan, porque es una pieza anti-crecimiento que carece de un diagnóstico de los impuestos, crea confusión y viola la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, pues no la deroga.

Entiende que la ley presenta un problema de carácter jurídico y de carácter técnico y por tanto cree que no toca los problemas fundamentales, incluyendo el control de la evasión.

Suelto

Cheques y transferencias

La Ley 30-26, sobre medidas, simplificación fiscal pro-crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional, establece un aumento del impuesto de 1.5 por mil (0.0015) aplicado a los cheques y transferencias electrónicas a 0.002 por mil (2.0 por mil).

Mantiene exento el retiro de efectivo, las transferencias bancarias entre cuentas de una misma persona, consumo con tarjetas de crédito, pagos a la seguridad social, transacciones pagos de los fondos de pensiones, pagos impuestos al Estado y las transferencias del Estado.

https://listindiario.com/economia/finanzas/20260708/plan-anticrisis-gobierno-impacta-bolsillo-gente_912911.html

martes, 23 de junio de 2026

Magín admite que el plan anticrisis no es suficiente

Magín admite que el plan anticrisis no es suficiente
Según explicó, la iniciativa fue una respuesta viable ante la actual coyuntura, pero un pacto fiscal de mayor alcance continúa pendiente.
Andrés Tovar | 23 junio, 2026 4 minutos de lectura
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El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, defendió la Ley 30-26 sobre medidas procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, aunque admitió que el paquete aprobado por el Congreso no resuelve el problema estructural de las finanzas públicas dominicanas.

Según explicó, la iniciativa constituye una respuesta viable ante la actual coyuntura, mientras un pacto fiscal de mayor alcance continúa pendiente.

En conversación este lunes con Despierta con CDN, Díaz sostuvo que el objetivo de la ley era lograr una combinación entre nuevos ingresos, alivios para sectores productivos y corrección de distorsiones tributarias acumuladas durante décadas. El Gobierno había estimado una captación adicional de entre RD$40,000 y RD$50,000 millones, con énfasis en medidas de consolidación fiscal, combate a la evasión, simplificación y estímulos a la inversión. 

El funcionario insistió en que la Ley 30-26 no debe ser definida como una reforma fiscal integral ni como un simple parche. Aseguró que la pieza incorpora cambios al Código Tributario, formaliza acuerdos de pago, regula descuentos por pronto pago y actualiza definiciones que, a su juicio, requerían revisión desde hace años.

El ministro explicó que la derogación del impuesto de 1 % a la constitución de compañías tendrá aplicación inmediata. En cambio, la eliminación del impuesto de 2 % a las hipotecas se realizará de forma gradual durante dos años, mientras que el gravamen selectivo a los seguros de vida será desmontado en un período de tres años.

Díaz indicó que varias disposiciones comenzarán a regir a partir de enero de 2027, entre ellas la ampliación del régimen simplificado de tributación, la eliminación de anticipos para determinados contribuyentes y la indexación del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta. Otras medidas, como los ajustes tributarios aplicables a bancas deportivas y transacciones financieras, entrarían en vigor desde julio, una vez la DGII complete los cambios operativos necesarios.

La Ley 30-26 contempla una sobretasa temporal de tres puntos porcentuales al ISR empresarial para compañías con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales. Según el Gobierno, la medida alcanzaría a poco más de 1,000 empresas de unas 140,000 que presentaron declaración de ISR en 2025.

Combustibles, subsidios y la reforma fiscal pendiente

Sobre el comportamiento de los combustibles, Díaz afirmó que el Gobierno acumula más de RD$20,500 millones en subsidios durante las semanas de mayor presión internacional sobre el petróleo. Explicó que Hacienda analiza mecanismos de cobertura o seguros financieros para limitar la exposición del país a aumentos bruscos de los precios internacionales.

El ministro también defendió la necesidad de revisar la focalización de subsidios y señaló que el Sistema Único de Beneficiarios será sometido a un proceso de depuración para reducir errores de inclusión y exclusión. Sin embargo, advirtió que la revisión no necesariamente producirá un ahorro fiscal considerable, debido a que también existen hogares vulnerables que aún no reciben asistencia estatal.

Díaz sostuvo que la discusión de fondo sigue abierta: República Dominicana mantiene un déficit estructural cercano a 3 % del producto interno bruto y deberá abordar, en algún momento, una reforma más amplia sobre gasto público, ingresos, calidad institucional y protección social. El cierre fiscal de 2025 registró un déficit equivalente a 3.45 % del PIB, según datos oficiales.

Plataformas digitales no están gravadas

El Ministerio de Hacienda y Economía aclaró que la Ley 30-26, sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, reduce de 27 % a 15 % la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) aplicable a determinados pagos realizados por empresas dominicanas a proveedores no residentes por concepto de licencias de software, regalías, derechos de autor, publicidad digital y servicios de almacenamiento en la nube, lo cual representa una reducción de doce puntos porcentuales respecto al régimen anterior.

Con este cambio, se genera un alivio para las empresas locales que utilizan herramientas tecnológicas provistas desde el exterior y se acerca el tratamiento tributario del país a los estándares aplicados en otras economías de la región.

Ante interpretaciones inexactas que han circulado en redes sociales sobre el alcance de la medida, Hacienda y Economía precisó que esta retención aplica exclusivamente en el ámbito de las relaciones comerciales entre empresas dominicanas y proveedores extranjeros. En ese sentido, explicó que son las compañías domiciliadas en el país las que actúan como agentes de retención al momento de realizar pagos al exterior.

https://www.elcaribe.com.do/panorama/dinero/magin-plan-anticrisis-no-es-suficiente/

Magín Díaz cataloga como un hito histórico el plan anticrisis
https://youtu.be/R4xTMJKLmgQ?si=jrAI2mQPyGmlaMny a través de @YouTube @Magindiazrd @MinHaciendard

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El funcionario insistió en que la Ley 30-26 no debe ser definida como una reforma fiscal integral ni como un simple parche. Aseguró que la pieza incorpora cambios al Código Tributario, formaliza acuerdos de pago, regula descuentos por pronto pago y actualiza definiciones que, a su juicio, requerían revisión desde hace años.

El ministro explicó que la derogación del impuesto de 1 % a la constitución de compañías tendrá aplicación inmediata. En cambio, la eliminación del impuesto de 2 % a las hipotecas se realizará de forma gradual durante dos años, mientras que el gravamen selectivo a los seguros de vida será desmontado en un período de tres años.

Díaz indicó que varias disposiciones comenzarán a regir a partir de enero de 2027, entre ellas la ampliación del régimen simplificado de tributación, la eliminación de anticipos para determinados contribuyentes y la indexación del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta. Otras medidas, como los ajustes tributarios aplicables a bancas deportivas y transacciones financieras, entrarían en vigor desde julio, una vez la DGII complete los cambios operativos necesarios

La Ley 30-26 contempla una sobretasa temporal de tres puntos porcentuales al ISR empresarial para compañías con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales. Según el Gobierno, la medida alcanzaría a poco más de 1,000 empresas de unas 140,000 que presentaron declaración de ISR en 2025.

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El ministro también defendió la necesidad de revisar la focalización de subsidios y señaló que el Sistema Único de Beneficiarios será sometido a un proceso de depuración para reducir errores de inclusión y exclusión. Sin embargo, advirtió que la revisión no necesariamente producirá un ahorro fiscal considerable, debido a que también existen hogares vulnerables que aún no reciben asistencia estatal.

Díaz sostuvo que la discusión de fondo sigue abierta: República Dominicana mantiene un déficit estructural cercano a 3 % del producto interno bruto y deberá abordar, en algún momento, una reforma más amplia sobre gasto público, ingresos, calidad institucional y protección social. El cierre fiscal de 2025 registró un déficit equivalente a 3.45 % del PIB, según datos oficiales.

Plataformas digitales no están gravadas

El Ministerio de Hacienda y Economía aclaró que la Ley 30-26, sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, reduce de 27 % a 15 % la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) aplicable a determinados pagos realizados por empresas dominicanas a proveedores no residentes por concepto de licencias de software, regalías, derechos de autor, publicidad digital y servicios de almacenamiento en la nube, lo cual representa una reducción de doce puntos porcentuales respecto al régimen anterior.

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https://www.elcaribe.com.do/panorama/dinero/magin-plan-anticrisis-no-es-suficiente/

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lunes, 22 de junio de 2026

Economía | Magín señala medidas económicas no bastan; advierte RD requerirá un pacto económico mucho más grande

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Magín señala medidas económicas no bastan; advierte RD requerirá un pacto económico mucho más grande

Detalló que el plan implementado fue el resultado de lo viable en términos de economía política, logrando consenso y evitando los conflictos sociales

Magín Díaz, ministro de Hacienda.

Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía 

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El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que el recién aprobado plan anticrisis representa un avance para la coyuntura del país, pero aclaró que estas disposiciones no solucionarán el déficit estructural de las finanzas públicas a largo plazo.

Durante una entrevistaen el programa Despierta con CDN, Díaz explicó que el paquete de medidas tributarias proveerá un margen de estabilidad financiera hasta el año 2028. 

"En ningún momento se ha dicho que va a resolver el problema estructural de las finanzas públicas, que requerirá un pacto mucho más grande", señaló el funcionario.

El ministro indicó que el Estado dominicano opera con un déficit que promedia el 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) desde hace dos décadas, por lo que las acciones recientes responden a la restricción presupuestaria actual y no a una solución definitiva. 

Díaz detalló que el plan implementado fue el resultado de lo viable en términos de economía política, logrando consenso y evitando los conflictos sociales que han desencadenado propuestas similares en otros países de la región.

Entre las disposiciones del plan, el funcionario destacó la derogación de tres impuestos, la eliminación del pago de anticipos para el 78 % de las empresas, la ampliación del régimen simplificado y ajustes en el impuesto sobre la renta dirigidos exclusivamente a los contribuyentes de mayor capacidad económica.

Díaz reiteró que la reforma fiscal de carácter integral sigue siendo un tema pendiente en la agenda nacional. 

Según el titular de Hacienda y Economía, este pacto definitivo deberá ser abordado para poder hacer frente a las constantes demandas de la población en materia de gasto público, especialmente en los sectores de salud, educación y seguridad.

Sobre el autor
Frank PachecoFrank Pacheco

📊🇩🇴 El economista @Magindiazrd advierte que las medidas actuales no bastan; la República Dominicana necesitará un pacto económico más amplio para enfrentar los retos futuros.💬 

Desde el Gobierno, @MinHaciendard explicó que el plan implementado fue lo más viable en términos de economía política, logrando consenso y evitando conflictos sociales.🔗 Más detalles aquí 👉 https://elnacional.com.do/economia/magin-senala-medidas-economicas-bastan-advierte-rd-requerira-pacto-economico-grande_574018.html
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📰 Opinión: El pacto económico que la República Dominicana no puede seguir postergando  

Las recientes declaraciones del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ponen en evidencia una realidad que el país ha preferido esquivar durante demasiado tiempo: las medidas anticrisis aprobadas son un alivio momentáneo, pero no atacan el corazón del problema. Con un déficit fiscal que se mantiene en torno al 3 % del PIB desde hace dos décadas, la República Dominicana enfrenta un desafío estructural que no se resolverá con ajustes parciales ni con parches tributarios.  

El plan actual, que incluye la derogación de impuestos, la eliminación de anticipos para la mayoría de las empresas y ajustes en el impuesto sobre la renta para los sectores de mayor capacidad económica, es un esfuerzo pragmático. Fue diseñado bajo criterios de viabilidad política, evitando choques sociales y logrando consenso. Sin embargo, como el propio Díaz reconoce, este paquete solo garantiza estabilidad hasta 2028.  

La pregunta de fondo es: ¿qué pasará después? La respuesta es clara: sin una reforma fiscal integral, el país seguirá atrapado en un ciclo de déficits y soluciones temporales. El pacto económico que se requiere no es solo un acuerdo técnico, sino un compromiso político y social que involucre a todos los sectores.  

La población demanda más inversión en salud, educación y seguridad. Pero esas demandas chocan con un Estado limitado por su déficit crónico. La sostenibilidad de las finanzas públicas no puede seguir siendo un tema pendiente en la agenda nacional.  

En definitiva, lo aprobado hoy es un paso necesario, pero insuficiente. La República Dominicana necesita un gran pacto económico nacional, capaz de trascender coyunturas y garantizar estabilidad y desarrollo a largo plazo. El tiempo para discutirlo no es mañana: es ahora.  

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