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miércoles, 22 de julio de 2026

RD en un momento decisivo | Por Andrés Lugo Risk

RD EN UN MOMENTO DECISIVO

Por Andrés Lugo Risk 

La República Dominicana vive un momento decisivo. Hemos desarrollado una economía con un crecimiento sostenido durante más de tres décadas, hemos consolidado sesenta años de estabilidad política, hemos avanzado como una sociedad con paz social perdurable, hemos demostrado poseer solidez institucional y hemos afianzado nuestra posición mundial como destino de inversión. Logros alcanzados por el trabajo, la responsabilidad, el esfuerzo y la madurez que debemos de reconocerle a toda la sociedad, desde nuestro liderazgo político, hasta la clase empresarial, los colectivos de trabajadores, la sociedad civil organizada, los medios de comunicación junto con amplios y diversos sectores que han incidido positivamente en la vida nacional en los últimos tiempos. 

Sin embargo, esta gran realidad, concreta y demostrable, avalada no solo por las estadísticas oficiales, sino también, por los índices, rankings y evaluaciones de los más creíbles organismos y entidades internacionales nos presenta nuevos retos. El desarrollo trae consigo nuevos desafíos ante una ciudadanía que crece, se educa, tiene más conciencia social y exige más y mejores condiciones. El crecimiento obliga a servicios públicos de mejor calidad, mayores infraestructuras, mejores carreteras, mejores puertos, mejor movilidad, agua, saneamiento, energía, salud y tecnología. 

Frente a esas necesidades, hay una situación que debemos asumir con responsabilidad: ningún Estado por sí solo puede financiar todas las obras y servicios que demanda una nación moderna. Los recursos públicos son valiosos, pero limitados. Por eso, la pregunta no es si necesitamos más inversión, es como nos organizamos mejor para obtener los recursos y el financiamiento necesario para que el Estado siga trabajando en favor del desarrollo nacional. Ahí entra un mecanismo moderno y alterno, un novedoso modelo de contratación pública que ha tomado mucho auge en el mundo por su efectividad y conveniencia, las conocidas alianzas o asociaciones público-privadas (APP).

Las APP no son una fórmula para reducir el papel del Estado. Son una herramienta para fortalecerlo. El Estado conserva la rectoría, define el interés público, establece las reglas, supervisa el cumplimiento y protege al ciudadano. El sector privado aporta capital, innovación, experiencia técnica y capacidad de ejecución. Cuando ese equilibrio funciona, el resultado es poderoso: proyectos mejor preparados, riesgos mejor distribuidos, servicios más sostenibles y beneficios más tangibles para nuestras comunidades.

En la DGAPP lo decimos todo el tiempo: una alianza público-privada no comienza cuando se firma un contrato. Comienza cuando una necesidad pública se convierte en una decisión estratégica. Comienza cuando una institución identifica una brecha, cuando se evalúa si existe valor por dinero, cuando se estudian los riesgos, cuando se mide la sostenibilidad fiscal, cuando se escucha al mercado y cuando se diseña una iniciativa capaz de generar confianza.

Y es que el financiamiento persigue la confianza. El capital llega donde hay reglas claras. Los inversionistas participan donde existe seguridad jurídica. Las instituciones avanzan cuando hay coordinación. Y los ciudadanos respaldan los proyectos cuando comprenden que detrás de cada obra hay un beneficio real para sus vidas cotidianas.

Por eso los gobiernos dominicanos deben pasar de la estrategia a la acción. Y ese es el compromiso de la administración del presidente Luis Abinader. Como alinear políticas públicas, instrumentos financieros, organismos multilaterales, banca, fiduciarias, instituciones sectoriales y capacidades técnicas para construir una ruta de ejecución de proyectos APP más robustos, transparentes y confiables. Esa es la clave del avance en las sociedades modernas.  

El Marco Nacional Integrado de Financiamiento de las Naciones Unidas nos ofrece una ruta para pensar el financiamiento de manera más inteligente. No se trata solo de buscar recursos; se trata de secuenciar decisiones, mitigar riesgos, combinar instrumentos y preparar proyectos que puedan pasar del papel a la realidad.

Desde la creación de la DGAPP, nuestro país ha dado pasos firmes en la construcción de una cultura de profunda colaboración entre el sector público y el privado. Hemos avanzado en estructuración, promoción, fortalecimiento institucional y generación de confianza. Port Samaná (un pequeño puerto de carga convertido en moderna terminal de cruceros en Arroyo Barril, Samaná) primera APP adjudicada en nuestra historia, es una muestra de que el modelo puede transformar infraestructura, dinamizar territorios, generar empleo y abrir nuevas oportunidades sin que el Estado renuncie a su rol ni a la propiedad pública.

Pero este es apenas el comienzo. El país necesita una nueva generación de obras y servicios públicos capaces de conectar comunidades, elevar servicios, ampliar oportunidades y aportar a los objetivos nacionales de desarrollo, como el Plan Meta 2036. Esa es la tarea que tenemos por delante: convertir necesidades públicas en proyectos bien preparados; convertir proyectos bien preparados en inversión; y convertir esa inversión en bienestar para todos los dominicanos.

lunes, 20 de julio de 2026

¿Peligra la supremacía científica de Estados Unidos? | Por Andrés Oppenheimer

Andrés Oppenhaimer
aoppenheimer@email.com

¿Peligra la supremacía científica de Estados Unidos?
Por Andrés Oppenheimer
17/07/2026 00:00

La noticia de que el Premio Nobel de Química estadounidense Omar Yaghi dejará su cargo en la Universidad de California en Berkeley para irse a dirigir un centro científico en China ha sacudido el mundo académico en Estados Unidos. Para muchos, es una señal alarmante de que los recortes presupuestarios y las medidas antiinmigrantes del presidente Donald Trump ya están golpeando de lleno a la ciencia local.

Yaghi, un inmigrante nacido en Jordania que llegó a Estados Unidos a los 15 años y fue uno de los ganadores del Nobel de Química el año pasado, aceptó un cargo de tiempo completo en la Universidad Tsinghua de Beijing, según informó el diario South China Morning Post. Allí dirigirá un nuevo centro de inteligencia artificial dedicado a investigar nuevos materiales.

El científico, que fue recibido en la universidad china con una ceremonia el 3 de julio, había dicho en una entrevista reciente con la revista Scientific American que el panorama actual de las ciencias en Estados Unidos “no es tan alentador debido a los tijeretazos presupuestarios” y la falta de apoyo gubernamental a las agencias que promueven la investigación.

Casi simultáneamente, un nuevo estudio reveló que el número de estudiantes que están cursando doctorados en Estados Unidos cayó en un 15% el año pasado. El estudio, realizado por la Asociación de Intercambio de Datos de Universidades Estadounidenses, abarcó datos de más de 50 de las principales universidades dedicadas a la investigación.

Esta caída hizo sonar las alarmas en círculos académicos. La prestigiosa revista científica Nature, por ejemplo, dio la noticia sobre el nuevo cargo de Yaghi en China señalando que se produce “en momentos en que la administración de Trump continúa tratando de reducir el gasto en ciencias y limitar los proyectos de investigación científica con otros países”.

Según Nature, China y otros países están a la caza de talentos de Estados Unidos “con la promesa de más dinero y apoyo”. De hecho, Francia anunció hace pocos meses fondos especiales para científicos estadounidenses que estén dispuestos a mudarse al país europeo.

El gobierno de Trump respondió que solo está recortando presupuestos de programas académicos “woke”, o de tendencia izquierdista, que no contribuyen al progreso del país.

Pero los críticos argumentan que, en lugar de recortar gastos superfluos, Trump ha cortado fondos a ciegas, y ha impuesto trabas migratorias a los estudiantes extranjeros. Todo esto pone en riesgo la supremacía científica estadounidense, señalan.

La realidad es que una parte significativa de los investigadores científicos estadounidenses son inmigrantes de China, India y otros países.

Tres de los seis ganadores estadounidenses de premios Nobel en ciencias el año pasado, incluyendo a Yaghi, son inmigrantes. Desde el año 2000, el 40% de los galardonados estadounidenses con el Nobel en física, química y medicina son nacidos en el extranjero.

Mi esposa, que es doctora en bioquímica y trabaja en un laboratorio de investigación de la Universidad de Miami, me cuenta que la mayoría de sus colegas son inmigrantes. Los científicos nacidos en Estados Unidos suelen optar por trabajar en empresas farmacéuticas o aeroespaciales, donde ganan mucho más que haciendo investigación en las universidades.

¿Hay un peligro inminente de que Estados Unidos sea superado por China en ciencia y tecnología? Según me dicen varios expertos, el riesgo existe, pero no pasará de la noche a la mañana.

Estados Unidos tiene todavía una enorme superioridad, gracias a sus universidades de primer nivel. No es casualidad que el país sea la cuna de la inteligencia artificial, la tecnología más importante del siglo XXI, y que las principales empresas de IA estén en Silicon Valley.

Además, cuando la pandemia del COVID-19 azotó al mundo, en la mayoría de los países la gente no corrió a comprar vacunas chinas ni rusas, sino estadounidenses.

Según el ranking de las mejores universidades del mundo de la consultora Shanghai Ranking, creado originalmente por la Universidad de Shanghai, la número uno es Harvard, y ocho de las primeras diez están en Estados Unidos. Otros rankings dicen que las diez primeras son todas estadounidenses.

Sin embargo, si se mantienen en el tiempo los recortes miopes a las ciencias y el populismo antiinmigrante de Trump, no faltará mucho tiempo para que otros grandes científicos sigan los pasos de Yaghi. Mientras tanto, en Beijing, ya se están frotando las manos.

https://listindiario.com/puntos-de-vista/20260717/peligra-supremacia-cientifica-estados-unidos_914171.html

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Andrés Oppenheimer | aoppenheimer@email.com

viernes, 10 de julio de 2026

República Dominicana y Estados Unidos: valores compartidos, soberanía respetada y diplomacia con sentido estratégico

República Dominicana y Estados Unidos: valores compartidos, soberanía respetada y diplomacia con sentido estratégico
Embajadora Leah Francis Campos
Embajada de EE.UU. en R.D.

Las declaraciones de la embajadora Leah Francis Campos abren una lectura mayor sobre la relación dominico-estadounidense: no se trata solo de cooperación, comercio o seguridad, sino de una convergencia de valores —libertad, fe, patriotismo, responsabilidad democrática y defensa de la soberanía— que puede redefinir el vínculo bilateral en una etapa de profundas tensiones hemisféricas.

Por Luis Orlando Díaz Vólquez 

La afirmación de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos —“comparto los valores de libertad y cristianos de los dominicanos”— no debe interpretarse como una simple frase diplomática para agradar al país anfitrión. En el lenguaje estratégico de las relaciones internacionales, esa expresión tiene un peso mayor: coloca la conversación bilateral en el terreno de los valores, no únicamente en el de los intereses. Y cuando una potencia como Estados Unidos procura reconstruir prioridades en su vecindad hemisférica, la República Dominicana aparece no como un punto periférico del Caribe, sino como un socio político, económico, democrático y cultural de primer orden. La propia diplomática resaltó que el país fue uno de los primeros en los que el presidente Donald Trump designó embajador, señalándolo como evidencia de la importancia que Washington concede a esta relación en la región.

La diplomacia moderna ya no se reduce al protocolo, a las recepciones oficiales ni a los comunicados cuidadosamente redactados. Hoy, la diplomacia también se libra en el terreno de la percepción pública, de las afinidades culturales, de la confianza institucional y de la lectura geopolítica de los pueblos. En ese contexto, cuando Campos identifica similitudes entre el patriotismo estadounidense y el dominicano, está reconociendo una verdad profunda: ambos países poseen sociedades que valoran intensamente su bandera, su identidad nacional, su historia y su derecho a decidir su propio destino. Esa coincidencia no es menor. En un hemisferio atravesado por presiones migratorias, crimen transnacional, vulnerabilidades económicas, competencia de potencias globales y crisis democráticas, los socios más sólidos no son solo los que firman acuerdos, sino los que comparten principios capaces de sostener esos acuerdos en tiempos difíciles.

La República Dominicana tiene una relación histórica, humana y económica con Estados Unidos que supera cualquier coyuntura gubernamental. Millones de dominicanos viven, trabajan, estudian, emprenden y construyen futuro en territorio estadounidense. A su vez, el comercio, las remesas, el turismo, la seguridad regional, la cooperación institucional y la inversión privada enlazan a ambos países con una densidad que pocos vínculos bilaterales tienen en el Caribe. Pero esa cercanía, precisamente por su profundidad, exige madurez. La amistad entre naciones no debe confundirse con subordinación, ni la cooperación con tutela. La mejor relación posible entre Santo Domingo y Washington es aquella basada en respeto mutuo, beneficios recíprocos, soberanía clara y franqueza estratégica.

Por eso resulta relevante que la embajadora haya insistido en la libertad de expresión como valor fundacional y haya observado en la República Dominicana un ambiente de debate público sano, donde la gente discrepa, opina y discute temas nacionales con apertura. Esa valoración tiene importancia institucional. En momentos en que muchas democracias enfrentan polarización, desinformación, censura encubierta o deterioro del debate público, que una representante estadounidense reconozca el clima dominicano de libertad de expresión representa una señal positiva para la reputación democrática del país. Pero también encierra una advertencia ética: la libertad no puede separarse de la responsabilidad; no es libertinaje, ni licencia para destruir reputaciones, ni permiso para sustituir la verdad por propaganda.

Ese equilibrio entre libertad y responsabilidad es esencial para una democracia como la dominicana, que ha avanzado, con tropiezos y logros, hacia una sociedad cada vez más exigente, plural y vigilante. La prensa, las redes sociales, los liderazgos comunitarios, los partidos políticos, la sociedad civil y las instituciones públicas tienen el deber de defender la libertad sin degradarla. Porque una democracia no se fortalece únicamente cuando todos pueden hablar, sino cuando el debate público se eleva por encima del odio, la mentira, la manipulación y el oportunismo. La libertad de expresión es oxígeno democrático, pero necesita pulmones institucionales sanos para no convertirse en ruido tóxico.

También merece una lectura cuidadosa su referencia a los valores cristianos. En un país cuyo lema constitucional y simbólico coloca a Dios, la Patria y la Libertad como ejes de identidad histórica, la apelación a esos valores conecta con una sensibilidad social real. Sin embargo, el desafío consiste en comprender que los valores cristianos, dentro de una sociedad democrática, deben traducirse en dignidad humana, solidaridad, justicia, responsabilidad familiar, respeto al otro, compasión hacia los vulnerables y defensa del bien común. No pueden ser usados como herramienta de exclusión, sino como fundamento ético para una república más humana, más decente y más consciente de sus deberes.

La dimensión haitiana de sus declaraciones también revela una zona crítica de la agenda bilateral. Campos sostuvo que, aunque la comunidad internacional y especialmente Estados Unidos han invertido recursos durante años en Haití sin obtener los resultados esperados, corresponde a los propios haitianos encontrar la manera de reconstruir su país, con apoyo externo orientado a estabilizar el ambiente. Esa posición coincide con una preocupación dominicana histórica: la solución de Haití no puede descansar sobre los hombros de la República Dominicana. La solidaridad internacional debe existir, pero no puede imponerse como carga unilateral al pueblo dominicano. Ayudar a Haití no significa diluir la soberanía dominicana, ni desconocer los límites institucionales, territoriales, económicos y sociales del Estado dominicano.

En materia de cooperación, la afirmación de que la asistencia estadounidense continuará, aunque ya no bajo el modelo tradicional de USAID, también plantea un giro relevante. La embajadora defendió que la cooperación debe estar alineada con la política exterior de Estados Unidos y con sus intereses nacionales, al tiempo que cuestionó programas que, según su visión, podían invadir la soberanía de otros países. Esta declaración abre una conversación necesaria para la República Dominicana: toda cooperación externa debe ser bienvenida cuando respeta las prioridades nacionales, fortalece capacidades locales y no sustituye la voluntad democrática del país receptor. La ayuda internacional no debe convertirse en una agenda paralela, administrada desde fuera, sino en un instrumento transparente, medible y soberanamente coordinado.

Otro punto sensible es su agenda de encuentros con dirigentes políticos dominicanos. Campos explicó que busca conocer cómo piensan figuras con potencial presidencial hacia 2028 y cómo una eventual gestión de cada una podría afectar los intereses de Estados Unidos. Esa franqueza puede resultar incómoda, pero no sorprendente: todas las grandes potencias observan, analizan y dialogan con los actores políticos de los países estratégicos. Lo importante es que ese intercambio se mantenga dentro de los cauces del respeto institucional, sin interferencia, sin favoritismos indebidos y sin alterar la competencia democrática interna. En una república madura, reunirse con actores políticos no debe escandalizar; lo que debe exigirse es transparencia, equilibrio y respeto absoluto al derecho soberano del pueblo dominicano a elegir su destino.

La República Dominicana debe leer esta etapa con inteligencia estratégica. Estados Unidos está mirando con renovado interés al hemisferio occidental. La competencia global, la seguridad regional, las cadenas de suministro, el nearshoring, la migración, el crimen organizado, la energía, la tecnología y la influencia de otras potencias han devuelto al Caribe un valor geopolítico que durante años fue subestimado. En esa nueva cartografía, la República Dominicana tiene ventajas evidentes: estabilidad democrática, crecimiento económico, ubicación geográfica privilegiada, vínculos humanos con Estados Unidos, liderazgo regional y una vocación cada vez mayor de inserción global.

Pero ninguna oportunidad estratégica se aprovecha desde la ingenuidad. El país debe cultivar su alianza con Estados Unidos sin renunciar a una política exterior digna, equilibrada y soberana. Debe fortalecer la cooperación en seguridad sin ceder control de sus decisiones internas. Debe ampliar el comercio sin descuidar la producción nacional. Debe atraer inversión sin hipotecar su territorio ni su institucionalidad. Debe defender valores compartidos sin convertir la diplomacia en prédica ideológica. Y debe recordar siempre que las relaciones internacionales se respetan más cuando los países pequeños actúan con claridad, unidad interna y sentido de Estado.

Leah Francis Campos ha colocado sobre la mesa una narrativa de cercanía: libertad, cristianismo, patriotismo, soberanía, democracia y responsabilidad. Corresponde ahora a la República Dominicana convertir esa cercanía en una relación de alto valor estratégico, sustentada en resultados concretos para su gente. Porque los valores compartidos son importantes, pero deben traducirse en más comercio justo, más inversión productiva, más seguridad fronteriza, más cooperación tecnológica, más oportunidades educativas, más fortalecimiento institucional y más respeto a la soberanía nacional.

La verdadera amistad entre naciones no se mide por la intensidad de los elogios, sino por la calidad de los compromisos. Y si República Dominicana y Estados Unidos comparten libertad, fe, patriotismo y visión democrática, entonces el reto no es repetir esas coincidencias en discursos, sino convertirlas en una agenda bilateral capaz de proteger la dignidad dominicana, fortalecer la democracia y abrir caminos de prosperidad compartida en un hemisferio que necesita aliados serios, pueblos libres y gobiernos responsables.

Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor | Ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación.

Pie de foto: Embajadora Leah Francis Campos, representante diplomática de los Estados Unidos en la República Dominicana | Foto: Embajada de EE.UU. en R. D.

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República Dominicana y Estados Unidos: valores compartidos, soberanía respetada y diplomacia con sentido estratégico

Luis Orlando Díaz Vólquez
#GuasábaraEditor

Resumen

Este artículo analiza las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, quien afirmó compartir los valores de libertad y cristianos del pueblo dominicano. A partir de esa expresión, se examina el alcance estratégico de la relación bilateral entre República Dominicana y Estados Unidos, destacando sus dimensiones democráticas, culturales, geopolíticas, económicas y de soberanía. El texto sostiene que la relación dominico-estadounidense atraviesa una etapa de renovada importancia hemisférica, en la cual los valores compartidos deben traducirse en cooperación concreta, respeto institucional, fortalecimiento democrático, seguridad regional y prosperidad compartida.

Palabras clave: República Dominicana, Estados Unidos, diplomacia, soberanía, libertad, valores cristianos, cooperación bilateral, Leah Francis Campos.

La afirmación de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos —“comparto los valores de libertad y cristianos de los dominicanos”— no debe interpretarse como una simple frase diplomática para agradar al país anfitrión. En el lenguaje estratégico de las relaciones internacionales, esa expresión tiene un peso mayor: coloca la conversación bilateral en el terreno de los valores, no únicamente en el de los intereses. Y cuando una potencia como Estados Unidos procura reconstruir prioridades en su vecindad hemisférica, la República Dominicana aparece no como un punto periférico del Caribe, sino como un socio político, económico, democrático y cultural de primer orden. La propia diplomática resaltó que el país fue uno de los primeros en los que el presidente Donald Trump designó embajador, señalándolo como evidencia de la importancia que Washington concede a esta relación en la región (Espinal, 2026). [enterateatiempo.com]

La diplomacia moderna ya no se reduce al protocolo, a las recepciones oficiales ni a los comunicados cuidadosamente redactados. Hoy, la diplomacia también se libra en el terreno de la percepción pública, de las afinidades culturales, de la confianza institucional y de la lectura geopolítica de los pueblos. En ese contexto, cuando Campos identifica similitudes entre el patriotismo estadounidense y el dominicano, está reconociendo una verdad profunda: ambos países poseen sociedades que valoran intensamente su bandera, su identidad nacional, su historia y su derecho a decidir su propio destino. Esa coincidencia no es menor. En un hemisferio atravesado por presiones migratorias, crimen transnacional, vulnerabilidades económicas, competencia de potencias globales y crisis democráticas, los socios más sólidos no son solo los que firman acuerdos, sino los que comparten principios capaces de sostener esos acuerdos en tiempos difíciles.

La República Dominicana tiene una relación histórica, humana y económica con Estados Unidos que supera cualquier coyuntura gubernamental. Millones de dominicanos viven, trabajan, estudian, emprenden y construyen futuro en territorio estadounidense. A su vez, el comercio, las remesas, el turismo, la seguridad regional, la cooperación institucional y la inversión privada enlazan a ambos países con una densidad que pocos vínculos bilaterales tienen en el Caribe. Pero esa cercanía, precisamente por su profundidad, exige madurez. La amistad entre naciones no debe confundirse con subordinación, ni la cooperación con tutela. La mejor relación posible entre Santo Domingo y Washington es aquella basada en respeto mutuo, beneficios recíprocos, soberanía clara y franqueza estratégica.

Por eso resulta relevante que la embajadora haya insistido en la libertad de expresión como valor fundacional y haya observado en la República Dominicana un ambiente de debate público sano, donde la gente discrepa, opina y discute temas nacionales con apertura. Esa valoración tiene importancia institucional. En momentos en que muchas democracias enfrentan polarización, desinformación, censura encubierta o deterioro del debate público, que una representante estadounidense reconozca el clima dominicano de libertad de expresión representa una señal positiva para la reputación democrática del país. Pero también encierra una advertencia ética: la libertad no puede separarse de la responsabilidad; no es libertinaje, ni licencia para destruir reputaciones, ni permiso para sustituir la verdad por propaganda.

Ese equilibrio entre libertad y responsabilidad es esencial para una democracia como la dominicana, que ha avanzado, con tropiezos y logros, hacia una sociedad cada vez más exigente, plural y vigilante. La prensa, las redes sociales, los liderazgos comunitarios, los partidos políticos, la sociedad civil y las instituciones públicas tienen el deber de defender la libertad sin degradarla. Porque una democracia no se fortalece únicamente cuando todos pueden hablar, sino cuando el debate público se eleva por encima del odio, la mentira, la manipulación y el oportunismo. La libertad de expresión es oxígeno democrático, pero necesita pulmones institucionales sanos para no convertirse en ruido tóxico.

También merece una lectura cuidadosa su referencia a los valores cristianos. En un país cuyo lema constitucional y simbólico coloca a Dios, la Patria y la Libertad como ejes de identidad histórica, la apelación a esos valores conecta con una sensibilidad social real. Sin embargo, el desafío consiste en comprender que los valores cristianos, dentro de una sociedad democrática, deben traducirse en dignidad humana, solidaridad, justicia, responsabilidad familiar, respeto al otro, compasión hacia los vulnerables y defensa del bien común. No pueden ser usados como herramienta de exclusión, sino como fundamento ético para una república más humana, más decente y más consciente de sus deberes.

La dimensión haitiana de sus declaraciones también revela una zona crítica de la agenda bilateral. Campos sostuvo que, aunque la comunidad internacional y especialmente Estados Unidos han invertido recursos durante años en Haití sin obtener los resultados esperados, corresponde a los propios haitianos encontrar la manera de reconstruir su país, con apoyo externo orientado a estabilizar el ambiente. Esa posición coincide con una preocupación dominicana histórica: la solución de Haití no puede descansar sobre los hombros de la República Dominicana. La solidaridad internacional debe existir, pero no puede imponerse como carga unilateral al pueblo dominicano. Ayudar a Haití no significa diluir la soberanía dominicana, ni desconocer los límites institucionales, territoriales, económicos y sociales del Estado dominicano.

En materia de cooperación, la afirmación de que la asistencia estadounidense continuará, aunque ya no bajo el modelo tradicional de USAID, también plantea un giro relevante. La embajadora defendió que la cooperación debe estar alineada con la política exterior de Estados Unidos y con sus intereses nacionales, al tiempo que cuestionó programas que, según su visión, podían invadir la soberanía de otros países. Esta declaración abre una conversación necesaria para la República Dominicana: toda cooperación externa debe ser bienvenida cuando respeta las prioridades nacionales, fortalece capacidades locales y no sustituye la voluntad democrática del país receptor. La ayuda internacional no debe convertirse en una agenda paralela, administrada desde fuera, sino en un instrumento transparente, medible y soberanamente coordinado.

Otro punto sensible es su agenda de encuentros con dirigentes políticos dominicanos. Campos explicó que busca conocer cómo piensan figuras con potencial presidencial hacia 2028 y cómo una eventual gestión de cada una podría afectar los intereses de Estados Unidos. Esa franqueza puede resultar incómoda, pero no sorprendente: todas las grandes potencias observan, analizan y dialogan con los actores políticos de los países estratégicos. Lo importante es que ese intercambio se mantenga dentro de los cauces del respeto institucional, sin interferencia, sin favoritismos indebidos y sin alterar la competencia democrática interna. En una república madura, reunirse con actores políticos no debe escandalizar; lo que debe exigirse es transparencia, equilibrio y respeto absoluto al derecho soberano del pueblo dominicano a elegir su destino.

La República Dominicana debe leer esta etapa con inteligencia estratégica. Estados Unidos está mirando con renovado interés al hemisferio occidental. La competencia global, la seguridad regional, las cadenas de suministro, el nearshoring, la migración, el crimen organizado, la energía, la tecnología y la influencia de otras potencias han devuelto al Caribe un valor geopolítico que durante años fue subestimado. En esa nueva cartografía, la República Dominicana tiene ventajas evidentes: estabilidad democrática, crecimiento económico, ubicación geográfica privilegiada, vínculos humanos con Estados Unidos, liderazgo regional y una vocación cada vez mayor de inserción global.

Pero ninguna oportunidad estratégica se aprovecha desde la ingenuidad. El país debe cultivar su alianza con Estados Unidos sin renunciar a una política exterior digna, equilibrada y soberana. Debe fortalecer la cooperación en seguridad sin ceder control de sus decisiones internas. Debe ampliar el comercio sin descuidar la producción nacional. Debe atraer inversión sin hipotecar su territorio ni su institucionalidad. Debe defender valores compartidos sin convertir la diplomacia en prédica ideológica. Y debe recordar siempre que las relaciones internacionales se respetan más cuando los países pequeños actúan con claridad, unidad interna y sentido de Estado.

Leah Francis Campos ha colocado sobre la mesa una narrativa de cercanía: libertad, cristianismo, patriotismo, soberanía, democracia y responsabilidad. Corresponde ahora a la República Dominicana convertir esa cercanía en una relación de alto valor estratégico, sustentada en resultados concretos para su gente. Porque los valores compartidos son importantes, pero deben traducirse en más comercio justo, más inversión productiva, más seguridad fronteriza, más cooperación tecnológica, más oportunidades educativas, más fortalecimiento institucional y más respeto a la soberanía nacional.

La verdadera amistad entre naciones no se mide por la intensidad de los elogios, sino por la calidad de los compromisos. Y si República Dominicana y Estados Unidos comparten libertad, fe, patriotismo y visión democrática, entonces el reto no es repetir esas coincidencias en discursos, sino convertirlas en una agenda bilateral capaz de proteger la dignidad dominicana, fortalecer la democracia y abrir caminos de prosperidad compartida en un hemisferio que necesita aliados serios, pueblos libres y gobiernos responsables.

Referencias

Espinal, Y. (2026, 9 de julio). “Comparto los valores de libertad y cristianos de los dominicanos”. elCaribe. https://www.elcaribe.com.do/panorama/almuerzo-semanal/comparto-los-valores-de-libertad-y-cristianos-de-los-dominicanos/

sábado, 4 de julio de 2026

Estados Unidos, felicidades en sus 250 años


Estados Unidos, felicidades en sus 250 años
Eduardo Sanz Lovaton 04/07/2026 00:00
Avatar del Eduardo Sanz Lovaton

A propósito de la conmemoración de su aniversario, y al margen de las diferencias que puedan existir con su historia, sus decisiones y el ejercicio de su poder, esta es una fecha para reconocer la magnitud de un país nacido del empuje de hombres y mujeres soñadores que abandonaron una Europa marcada por la intolerancia, las jerarquías heredadas y las persecuciones religiosas.

Esta es la historia del país que, en su documento fundacional, proclama por primera vez que todos los hombres son creados iguales y que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables. Es la primera vez que se consagra como sagrada la búsqueda de la felicidad. Es el mismo país que libra una guerra civil para, entre otras cosas, liberar a una raza del oprobio de la esclavitud. Es también el país que derrota al nazismo y que evita que el comunismo se esparza por el mundo. Todas las diferencias podrán existir, pero sería mezquino no reconocerle al país de la esperanza que encarnó Kennedy, y de la justicia que impulsó Roosevelt, el mérito de que la humanidad, en estos 250 años, viva mejor —y sí, mucho mejor— gracias a este experimento democrático que se convirtió, en apenas sus primeros lustros, en una potencia mundial.

Además, la libertad humana jamás tuvo mejor campeón. Sea por las frases de Lincoln en Gettysburg, con aquello de “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, sea por ser el primer éxito humano de una democracia plena, después del fallido intento de los terratenientes griegos. Sea por el éxito de una inventiva que le ha regalado al mundo los mejores avances en la medicina, en el espacio, en el transporte y en la tecnología. Hoy está de moda Silicon Valley en California; antes lo estuvo Henry Ford y su Detroit automotriz; así mismo Rockefeller y la integración vertical de lo que fue Standard Oil. Esos, junto a Carnegie, Vanderbilt o Morgan, evocan a los Elon Musk, Bill Gates o Buffett de hoy. Esa libertad económica le ha regalado al mundo riquezas y avances tecnológicos que hacen posible la vida actual.

Obvio que no todo ha sido justo, que no todo ha sido noble, pues este país del éxito, la libertad y la inventiva está poblado por seres humanos con todos sus defectos. Sin embargo, si comparamos su preeminencia con la del antiguo Egipto, con la era de Grecia y Roma, con los experimentos germánicos u otomanos, o con los imperios de oriente —desde las victorias de Gengis Kan hasta la milenaria historia china—, debemos concluir que este es el imperio más justo que hemos visto los humanos.

Y para llegar a nuestros días, basta pensar en algún amigo venezolano, o en la defensa de los valores cristianos por parte de la actual administración Trump, para tener, al margen de todo, muestras adicionales de lo que hemos planteado. El mundo ha necesitado a América para vencer el autoritarismo, para vencer enfermedades y para comenzar la conquista del espacio. Dios le conceda a esa gran nación tiempo para consagrar su obra de libertad, y sabiduría para administrar su inmenso poder. Nosotros, desde nuestra media isla, los miramos con ojos de amistad y esperanza.

¡Feliz aniversario! ¡Vamos!

/ listindiario.com 

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viernes, 12 de junio de 2026

Puertos secos sí, pero con justicia

Enfoque
Puertos secos sí, pero con justicia
Luis Orlando Díaz |
10/06/2026 00:00
La discusión surgida en Jimaní en torno a la construcción de un puerto seco no puede reducirse a una consigna simplista entre modernidad y atraso. Lo expresado por comerciantes, legisladores, autoridades municipales y comunicadores en la Alcaldía de ese municipio revela una preocupación legítima: que una infraestructura concebida para ordenar el comercio termine alterando la economía real que durante décadas ha sostenido a miles de familias en Jimaní, Dajabón, Elías Piña y Pedernales. Los mercados binacionales no son un mecanismo marginal; son una red de ingresos, empleo, circulación de mercancías y estabilidad social en una franja históricamente vulnerable y estratégicamente decisiva para la República Dominicana.

Sería injusto, sin embargo, ignorar que la propuesta de puertos secos tiene una lógica de Estado. El Gobierno dominicano anunció en febrero de 2026 una red de puertos secos en la frontera con Haití, bajo régimen de zona franca y con una inversión privada superior a los US$300 millones, como parte de una estrategia para formalizar el comercio, fortalecer el control aduanero y cerrar espacios a la irregularidad. Esa visión fue reforzada por el Decreto 166-26, que declaró de alto interés nacional el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de estas instalaciones en la zona fronteriza. Desde el punto de vista logístico, aduanero y fiscal, el planteamiento tiene sentido.

El problema comienza cuando la racionalidad técnica no conversa con la realidad social. La Ley 168-21 de Aduanas y su reglamentación apuntan a insertar al país en estándares modernos de facilitación del comercio, mientras distintos estudios han advertido que el intercambio dominico-haitiano sigue dependiendo en gran medida de flujos terrestres y de una alta informalidad. El FMI ha señalado que cerca del 85 % del comercio bilateral se mueve por vía terrestre, y diagnósticos sobre la relación económica entre ambos países han recomendado mejorar la infraestructura física y administrativa de la frontera. Todo eso respalda la necesidad de modernizar. Pero modernizar no debe significar desalojar a quienes hoy viven del comercio tradicional.

En Dajabón, reportes periodísticos describen un movimiento semanal superior a RD$400 millones y la participación de más de mil pequeños comerciantes. Ese dato ayuda a entender por qué en Jimaní se teme que un puerto seco mal diseñado concentre operaciones, favorezca a grandes operadores y deje fuera a comerciantes minoritarios, transportistas, cargadores y pequeños suplidores. Una política pública puede ser eficiente en los papeles y, al mismo tiempo, profundamente regresiva en el territorio si no mide quiénes pagan el costo de la transición. No tendría sentido ordenar la mercancía mientras se desordena la vida de los ciudadanos de la frontera.

La salida razonable no es rechazar de plano toda infraestructura logística, sino exigir una política de Estado inclusiva, gradual y territorialmente justa. Si los puertos secos han de existir, deben ser complementarios y no sustitutivos de los mercados binacionales. Eso implica diseñar un modelo dual: una plataforma moderna para carga, inspección, almacenamiento y despacho, y al mismo tiempo reglas de protección y acceso preferente para comerciantes tradicionales, cooperativas, transportistas y mipymes locales. También exige financiamiento, acompañamiento técnico, formalización simplificada y participación real de los actores fronterizos en la gobernanza del proyecto.

Jimaní y los demás pueblos fronterizos no necesitan una modernización que los empobrezca en nombre de la eficiencia, sino una transformación que los incorpore al desarrollo nacional. La frontera dominicana tiene derecho a más institucionalidad, más competitividad y más seguridad, pero también tiene derecho a que el progreso no se construya sobre el sacrificio de su economía popular. Si los puertos secos han de formar parte del futuro, que lo hagan como instrumentos de inclusión, prosperidad compartida y justicia territorial. Solo así dejarán de ser una amenaza y podrán convertirse en una verdadera política de desarrollo.
https://listindiario.com/puntos-de-vista/20260610/puertos-secos-justicia_909178.html

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El autor es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.

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jueves, 11 de junio de 2026

Puertos secos sí, pero con justicia territorial y sin desalojar la economía viva de la frontera | Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Opinión

Puertos secos sí, pero con justicia territorial y sin desalojar la economía viva de la frontera

Luis Orlando Díaz Vólquez | 10/06/2026 00:00

La frontera dominico-haitiana necesita modernización, control y eficiencia logística. Pero ninguna política pública será legítima si, en nombre del orden, termina debilitando el tejido económico que durante décadas ha sostenido a Jimaní, Dajabón, Elías Piña y Pedernales. El verdadero desarrollo no reemplaza a los pequeños comerciantes: los integra, los fortalece y les abre un lugar digno en el nuevo modelo productivo.

La discusión surgida en Jimaní alrededor de la posible instalación de un puerto seco no debe simplificarse como una confrontación entre modernidad y atraso. Lo expresado por comerciantes, legisladores, autoridades municipales y actores comunitarios en esa demarcación revela una preocupación legítima: que una infraestructura concebida para organizar el comercio termine alterando, o incluso desplazando, la economía real que hoy da sustento a miles de familias en la franja fronteriza. Los mercados binacionales no son un residuo del pasado ni una anomalía informal que deba ser removida del mapa; son una estructura de supervivencia, intercambio y cohesión social en provincias que han cargado históricamente con rezagos estructurales, baja inversión y fragilidad institucional.

Sería un error, sin embargo, negar que la propuesta de puertos secos tiene una lógica estratégica de Estado. El 27 de febrero de 2026, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona anunció una red de puertos secos en la frontera con Haití, bajo régimen de zona franca, como parte de un proyecto logístico que busca formalizar el intercambio, fortalecer el control aduanero y cerrar espacios a la irregularidad; esa iniciativa fue presentada como un “muro económico” complementario al control territorial ya existente. La medida fue luego reforzada por el Decreto 166-26, que declaró de alto interés nacional el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de estos puertos secos en la zona fronteriza. Además, la propuesta contempla una inversión privada superior a los US$300 millones, lo que confirma que no se trata de una medida marginal, sino de una apuesta estructural por reordenar el comercio binacional. 

Desde el punto de vista técnico, logístico y aduanero, el planteamiento tiene fundamentos atendibles. La Ley 168-21 modernizó el marco normativo de aduanas en la República Dominicana y fue concebida precisamente para alinear el país con estándares internacionales de facilitación del comercio, control y procedimientos aduaneros. A la vez, diagnósticos recientes del Consejo Económico y Social recuerdan que el comercio con Haití tiene una magnitud que supera por mucho lo que reflejan únicamente las operaciones formalizadas: en 2024, el intercambio oficial alcanzó US$909.5 millones, mientras estudios previos del Banco Central citados por el CES mostraron que solo el comercio informal fronterizo había representado US$429.6 millones en 2017. Es decir, la frontera no solo necesita vigilancia: necesita instituciones capaces de ordenar sin destruir y formalizar sin asfixiar.

Pero la racionalidad técnica no basta cuando no conversa con la sociología del territorio. En Dajabón, reportes periodísticos recientes describen un movimiento semanal superior a RD$400 millones en el mercado binacional y una participación de más de mil pequeños comerciantes entre dominicanos y haitianos. Ese dato no es anecdótico: permite dimensionar por qué en Jimaní y en otros puntos de la frontera existe el temor de que un puerto seco mal concebido concentre operaciones en pocos operadores, favorezca estructuras empresariales de mayor escala y arrincone a comerciantes minoristas, transportistas, cargadores, pequeños suplidores y economías familiares que viven del flujo cotidiano del intercambio. Una política pública puede ser eficiente en el papel y, al mismo tiempo, regresiva en el territorio si no mide quiénes pagan el costo de la transición.

En este punto conviene despejar una confusión importante: la línea oficial no ha sido la de eliminar los mercados binacionales, sino la de reordenarlos y hacerlos convivir con una infraestructura más moderna. El propio Gobierno, al presentar la estrategia “Frontera Fuerte”, anunció la construcción de un nuevo mercado binacional en Restauración, cerca de Tilorí, como parte del mismo paquete de seguridad, conectividad y desarrollo económico para la frontera. A eso se suma que el ministro de Defensa y otros voceros oficiales han sostenido públicamente que los puertos secos no están pensados para afectar el comercio fronterizo, sino para dinamizarlo y fortalecerlo. Incluso en el debate mediático posterior, voces como la de Julio Martínez Pozo resumieron un criterio clave: el puerto seco solo tendría legitimidad si no sustituye el mercado fronterizo, sino si lo ordena, lo formaliza y lo integra.

Ahí está, precisamente, el punto de equilibrio que debería asumir el Estado. La salida más inteligente no es rechazar toda infraestructura logística ni abrazar de forma acrítica cada promesa de modernización. La salida correcta es diseñar un modelo dual y territorialmente sensible: puertos secos para inspección, despacho, almacenamiento y trazabilidad de cargas; y, al mismo tiempo, mercados binacionales fortalecidos, formalizados y protegidos como espacios de economía popular transfronteriza. Eso exige reglas de transición, gobernanza local, crédito para mipymes, formalización simplificada, asistencia técnica, acceso a servicios logísticos y representación efectiva de comerciantes y transportistas en el diseño del nuevo esquema. Si la frontera va a modernizarse, debe hacerlo ampliando ciudadanía económica, no reduciéndola.

Jimaní, Dajabón, Elías Piña y Pedernales no necesitan una modernización que los vacíe, sino una que los eleve. La frontera dominicana tiene derecho a más institucionalidad, más control, más competitividad y más seguridad; pero también tiene derecho a que la eficiencia no se construya sobre el sacrificio de quienes han sostenido durante décadas el intercambio comercial en condiciones adversas. Los puertos secos pueden ser parte del futuro, sí, pero solo tendrán legitimidad histórica si se convierten en una herramienta de prosperidad compartida y no en un mecanismo de concentración económica. Modernizar la frontera no puede significar desalojar su economía viva; debe significar, precisamente, reconocerla, protegerla y llevarla a una etapa superior de desarrollo.


Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor

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El autor es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.

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Enfoque
Puertos secos sí, pero con justicia
Luis Orlando Díaz |
10/06/2026 00:00

La discusión surgida en Jimaní en torno a la construcción de un puerto seco no puede reducirse a una consigna simplista entre modernidad y atraso. Lo expresado por comerciantes, legisladores, autoridades municipales y comunicadores en la Alcaldía de ese municipio revela una preocupación legítima: que una infraestructura concebida para ordenar el comercio termine alterando la economía real que durante décadas ha sostenido a miles de familias en Jimaní, Dajabón, Elías Piña y Pedernales. Los mercados binacionales no son un mecanismo marginal; son una red de ingresos, empleo, circulación de mercancías y estabilidad social en una franja históricamente vulnerable y estratégicamente decisiva para la República Dominicana.

Sería injusto, sin embargo, ignorar que la propuesta de puertos secos tiene una lógica de Estado. El Gobierno dominicano anunció en febrero de 2026 una red de puertos secos en la frontera con Haití, bajo régimen de zona franca y con una inversión privada superior a los US$300 millones, como parte de una estrategia para formalizar el comercio, fortalecer el control aduanero y cerrar espacios a la irregularidad. Esa visión fue reforzada por el Decreto 166-26, que declaró de alto interés nacional el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de estas instalaciones en la zona fronteriza. Desde el punto de vista logístico, aduanero y fiscal, el planteamiento tiene sentido.

El problema comienza cuando la racionalidad técnica no conversa con la realidad social. La Ley 168-21 de Aduanas y su reglamentación apuntan a insertar al país en estándares modernos de facilitación del comercio, mientras distintos estudios han advertido que el intercambio dominico-haitiano sigue dependiendo en gran medida de flujos terrestres y de una alta informalidad. El FMI ha señalado que cerca del 85 % del comercio bilateral se mueve por vía terrestre, y diagnósticos sobre la relación económica entre ambos países han recomendado mejorar la infraestructura física y administrativa de la frontera. Todo eso respalda la necesidad de modernizar. Pero modernizar no debe significar desalojar a quienes hoy viven del comercio tradicional.

En Dajabón, reportes periodísticos describen un movimiento semanal superior a RD$400 millones y la participación de más de mil pequeños comerciantes. Ese dato ayuda a entender por qué en Jimaní se teme que un puerto seco mal diseñado concentre operaciones, favorezca a grandes operadores y deje fuera a comerciantes minoritarios, transportistas, cargadores y pequeños suplidores. Una política pública puede ser eficiente en los papeles y, al mismo tiempo, profundamente regresiva en el territorio si no mide quiénes pagan el costo de la transición. No tendría sentido ordenar la mercancía mientras se desordena la vida de los ciudadanos de la frontera.

La salida razonable no es rechazar de plano toda infraestructura logística, sino exigir una política de Estado inclusiva, gradual y territorialmente justa. Si los puertos secos han de existir, deben ser complementarios y no sustitutivos de los mercados binacionales. Eso implica diseñar un modelo dual: una plataforma moderna para carga, inspección, almacenamiento y despacho, y al mismo tiempo reglas de protección y acceso preferente para comerciantes tradicionales, cooperativas, transportistas y mipymes locales. También exige financiamiento, acompañamiento técnico, formalización simplificada y participación real de los actores fronterizos en la gobernanza del proyecto.

Jimaní y los demás pueblos fronterizos no necesitan una modernización que los empobrezca en nombre de la eficiencia, sino una transformación que los incorpore al desarrollo nacional. La frontera dominicana tiene derecho a más institucionalidad, más competitividad y más seguridad, pero también tiene derecho a que el progreso no se construya sobre el sacrificio de su economía popular. Si los puertos secos han de formar parte del futuro, que lo hagan como instrumentos de inclusión, prosperidad compartida y justicia territorial. Solo así dejarán de ser una amenaza y podrán convertirse en una verdadera política de desarrollo.
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viernes, 5 de junio de 2026

Diáspora dominicana: del sacrificio a la fuerza organizada

 

Diáspora dominicana: del sacrificio a la fuerza organizada

La diáspora dominicana ha dejado de ser, desde hace tiempo, una historia contada únicamente en clave de sacrificio, nostalgia y remesas. Hoy constituye una realidad demográfica, económica y cultural de dimensión nacional, con una presencia que incide de manera directa tanto en la vida cotidiana de miles de hogares como en la estabilidad misma de la República Dominicana. Al cierre de 2024, el registro oficial del Estado contabilizó 2,874,124 dominicanos y dominicanas en el exterior, de los cuales 2,398,009 residen en Estados Unidos y 201,162 en España, además de comunidades importantes en Italia, Canadá, Chile, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Alemania y Suiza. Esa magnitud obliga a mirar la emigración dominicana no como un fenómeno periférico, sino como una prolongación viva de la nación. [s.giannini.ucop.edu], [graphicnews.com], [20minutos.es]

Pero esa centralidad convive con una verdad menos celebrada: nunca como ahora la diáspora había sido tan decisiva para el país y, al mismo tiempo, tan vulnerable a las nuevas condiciones de las grandes metrópolis donde construyó su arraigo. Nueva York, durante décadas capital simbólica de la dominicanidad fuera de la isla, se ha convertido también en el escenario de una presión creciente sobre la permanencia de las familias trabajadoras. Un informe del CUNY Graduate Center mostró que la población dominicana de la ciudad cayó casi 13 % entre 2021 y 2024, no por una reducción de la inmigración desde República Dominicana, sino por la salida de miles de dominicanos hacia otras zonas de Estados Unidos impulsados por el encarecimiento del costo de vida y de la vivienda. [nytimes.com], [cooking.nytimes.com], [taxfoundation.org], [cnbc.com]

Ese desplazamiento resulta aún más elocuente cuando se observa que no afecta a una comunidad inmóvil ni desconectada del progreso. El Migration Policy Institute ha documentado que el área metropolitana de Nueva York sigue siendo el principal centro de asentamiento dominicano en Estados Unidos, mientras los estudios recientes muestran avances educativos importantes en esa comunidad. Sin embargo, ese progreso convive con una persistente fragilidad material: los dominicanos continúan figurando entre los grupos latinos con menores ingresos familiares en la ciudad, en un contexto nacional donde el costo del alquiler pesa de forma cada vez más severa sobre los hogares de ingresos modestos. El trabajo duro, por sí solo, ya no garantiza ascenso. [fewaglobal.org], [nytimes.com], [gsb.stanford.edu], [aeaweb.org]

En Europa, el cuadro cambia de forma, pero no de fondo. España se ha consolidado como el segundo gran polo de la diáspora dominicana y el principal en ese continente. Un estudio del CUNY Dominican Studies Institute estimó que en 2024 había 269,356 personas de origen dominicano en España, incluyendo a quienes nacieron en República Dominicana y a sus descendientes nacidos allí. La concentración en Madrid y Cataluña confirma la profundidad de ese arraigo, pero también revela una inserción laboral desigual: aunque la participación en el mercado de trabajo es elevada, los niveles de desempleo y los salarios de la población dominicana siguen situándose por debajo de los promedios españoles, particularmente en sectores como hostelería, servicios y trabajo doméstico. El reto ya no es solamente llegar; es ascender. [lawyersand...ements.com], [s.giannini.ucop.edu], [edworkforc....house.gov]

De ahí que el gran imperativo de esta hora sea transformar la cultura migratoria de la resistencia en una cultura migratoria del desarrollo. El primer escalón de ese tránsito es la seguridad jurídica y documental. Ninguna familia puede construir estabilidad sobre trámites vencidos, estatus incierto o documentos dispersos. En Estados Unidos, USCIS mantiene mecanismos oficiales para solicitar exenciones de tarifas en ciertos procesos migratorios cuando existe incapacidad demostrada de pago. Del lado dominicano, el Portal Único de Servicios de Relaciones Exteriores y la red consular del MIREX ofrecen acceso a pasaportes, certificaciones, registros y otros servicios esenciales. La regularidad jurídica no es un detalle administrativo: es el cimiento de cualquier proyecto de progreso. [jornada.com.mx], [infoespacial.com], [fronteraespacial.com], [infoespacial.com]

El segundo escalón es la formación. Durante décadas, la migración dominicana fue admirada con razón por su capacidad de trabajo; hoy debe ser reconocida también por su capacidad de cualificación. En España, los procesos oficiales de homologación y convalidación de estudios extranjeros continúan abiertos de forma permanente, y el INDEX ha ampliado acuerdos de becas y programas de formación para dominicanos en el exterior. Esa combinación de estudio, certificación y actualización profesional es fundamental para dejar atrás la inserción laboral estrecha y avanzar hacia trayectorias más sólidas. En un mercado cada vez más exigente, la precariedad no castiga únicamente al que vino de fuera: castiga, sobre todo, al que deja de prepararse. [ground.news], [youtube.com], [abcnoticias.mx], [redmundial...ticias.com]

El tercer escalón consiste en convertir ingreso en patrimonio. La diáspora dominicana sostiene hogares, comunidades y una parte importante del equilibrio financiero nacional. El Banco Central informó que las remesas alcanzaron US$11,866.3 millones en 2025, con Estados Unidos como principal origen y España en segundo lugar. Esa cifra expresa una responsabilidad económica gigantesca, pero también un desafío. El futuro de la diáspora no puede seguir descansando únicamente en el envío de dinero para el consumo inmediato. Una parte creciente de ese esfuerzo debe traducirse en ahorro, vivienda formal, salud, educación y pequeños negocios sostenibles. La remesa que socorre una urgencia es valiosa; la que cambia el destino de una familia es transformadora. [cis.org], [usafarmlabor.com], [sesolabor.com]

Finalmente, la diáspora necesita pasar de la heroicidad dispersa a la fuerza organizada. El tiempo del avance puramente individual se estrecha en ciudades donde la vivienda, el empleo y la presión emocional se vuelven cada día más costosos. El INDEX ha definido entre sus ejes la vinculación, el codesarrollo, la formación y el fortalecimiento comunitario, y ya dispone de programas concretos para la población dominicana en el exterior. Pero la pregunta decisiva no es cuántos dominicanos viven fuera del país, sino qué clase de poder social, económico y humano está siendo capaz de construir esa diáspora. Porque una comunidad que solo resiste sigue siendo vulnerable; en cambio, una comunidad que se documenta, se forma, invierte, se organiza y piensa en generaciones deja de ser solamente indispensable para el país y empieza, por fin, a ser decisiva para su propio destino y para el porvenir de la República Dominicana. [abcnoticias.mx], [redmundial...ticias.com], [s.giannini.ucop.edu], [cis.org]

Luis Orlando Díaz Vólquez
#GuasábaraEditor


jueves, 28 de mayo de 2026

Crecer en la tormenta: la economía dominicana valida su fortaleza estructural | Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Crecer en la tormenta: la economía dominicana valida su fortaleza estructural

El crecimiento promedio de 4.0 % registrado entre enero y abril de 2026 no debe leerse como una cifra rutinaria, sino como una señal de fondo: la República Dominicana sigue expandiéndose por encima del ritmo de la economía mundial en un entorno internacional marcado por guerra, encarecimiento energético e incertidumbre financiera. El desafío ahora no es solo celebrar la resiliencia, sino convertirla en productividad, competitividad y estabilidad duradera.

La economía dominicana ha vuelto a enviar una señal que merece una lectura más profunda que el titular coyuntural. El crecimiento acumulado de 4.0 % en el período enero-abril de 2026, superior al 2.7 % registrado en igual lapso de 2025, junto con una expansión interanual de 3.8 % en abril frente al 1.7 % de abril del año anterior, confirma que el aparato productivo nacional mantiene capacidad de respuesta aun cuando el entorno internacional se ha tornado más adverso. No se trata simplemente de crecer; se trata de hacerlo en medio de tensiones geopolíticas que han elevado los costos de transporte, presionado al alza los precios del petróleo y debilitado las expectativas de crecimiento global.

Ese dato adquiere todavía más valor cuando se contrasta con el escenario internacional. El Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía mundial crecerá apenas 3.1 % en 2026 bajo un escenario de conflicto limitado en Medio Oriente, acompañado de un repunte de la inflación global y de riesgos claramente sesgados a la baja. En otras palabras, la República Dominicana no solo está creciendo: está creciendo por encima del promedio mundial en un contexto donde los países importadores de energía y las economías emergentes enfrentan mayor vulnerabilidad. Esa diferencia no es menor. Habla de una macroeconomía que conserva tracción interna, de instituciones que han preservado credibilidad y de una estructura productiva que, aun con debilidades, ha sabido encontrar puntos de apoyo en varios sectores simultáneamente. 

Lo más significativo del desempeño del primer cuatrimestre es precisamente la composición del crecimiento. La expansión no descansó en un solo motor ni en un espejismo estadístico, sino en una combinación de minería, construcción, manufactura de zonas francas, manufactura local, agropecuaria y servicios. La minería avanzó 10.7 %, la construcción 4.6 %, las zonas francas 3.7 %, la manufactura local 3.6 % y el conjunto del sector servicios 4.4 %, con desempeños particularmente sólidos en enseñanza, servicios financieros, hoteles, bares y restaurantes, salud, transporte y almacenamiento. Cuando una economía logra crecer con varios cilindros encendidos a la vez, la lectura correcta es que existe una base de resiliencia más amplia que la de un simple rebote coyuntural.

La construcción merece una atención particular porque suele ser un termómetro sensible de la confianza. Aunque en abril registró una caída interanual de 1.8 %, su crecimiento promedio de 4.6 % en el cuatrimestre, impulsado por proyectos privados comerciales, turísticos y residenciales, sugiere que la inversión sigue apostando al país. Más revelador aún es el incremento interanual de 26.1 % en el crédito al sector construcción a abril de 2026, una señal de que el sistema financiero todavía encuentra espacio para canalizar recursos hacia actividades con efecto multiplicador sobre empleo, consumo e infraestructura. Hay, desde luego, una advertencia en la caída puntual de abril: el crecimiento no está blindado. Pero incluso esa moderación obliga a una lectura madura, no alarmista: los ciclos mensuales fluctúan; lo relevante es que la tendencia agregada sigue siendo expansiva. 

También resulta elocuente el aporte del turismo y de los servicios financieros. El valor agregado de hoteles, bares y restaurantes creció 5.9 %, apoyado en campañas de promoción orientadas a sostener los principales mercados emisores y a diversificar el origen de los visitantes. Entre enero y marzo llegaron más de 2.6 millones de pasajeros no residentes por vía aérea, y marzo superó por primera vez la barrera de los 900 mil pasajeros. A la vez, la intermediación financiera, seguros y actividades conexas se expandió 6.2 %, en correspondencia con un crecimiento de 9.3 % del crédito al sector privado, equivalente a RD$216 mil millones adicionales respecto a abril de 2025. La lectura de ambos datos es contundente: la economía dominicana no solo está produciendo más, sino que está movilizando demanda, financiamiento y servicios de valor agregado que sostienen el dinamismo interno.

La minería y las zonas francas completan el mapa de esta resistencia económica. El alza de 10.7 % en minería, asociada a mayores volúmenes de extracción de oro y plata, refuerza la capacidad del país para generar divisas en un momento en que los mercados internacionales premian los activos refugio y encarecen los insumos energéticos. Por su parte, el crecimiento de 3.7 % en la manufactura de zonas francas, acompañado de un aumento de 4.3 % en las exportaciones bajo ese régimen, confirma que la inserción exportadora dominicana conserva vigor. La manufactura local, a su vez, muestra que el tejido industrial doméstico sigue vivo, impulsado por bebidas, minerales no metálicos y productos químicos. No son datos aislados; son piezas de una misma conclusión: la economía dominicana ha logrado sostener un equilibrio entre mercado interno, exportación, inversión y servicios. 

Ahora bien, ningún editorial serio debe confundir resiliencia con inmunidad. El propio Banco Central advierte que el entorno externo constituye un nuevo choque de oferta negativo por el encarecimiento del petróleo y sus derivados. El Banco Mundial ha señalado que la guerra en Medio Oriente provocó el mayor shock de oferta petrolera registrado, con un alza proyectada de 24 % en los precios de la energía en 2026 y un promedio estimado del Brent de US$86 por barril, asumiendo que la fase más aguda de las disrupciones ceda. Ese mismo informe subraya que el estrecho de Ormuz maneja alrededor de 35 % del comercio marítimo mundial de crudo, de modo que cualquier perturbación prolongada repercute sobre inflación, fletes y costos de producción. En un país altamente sensible a los combustibles y al transporte, esas variables no son abstractas: pueden erosionar márgenes empresariales, poder adquisitivo y expectativas. 

Por eso, el principal mérito de la política económica no está únicamente en acompañar el crecimiento, sino en administrarlo con prudencia. La estabilidad de precios, la credibilidad monetaria y el manejo cuidadoso de las condiciones financieras internas son hoy tan importantes como la expansión del IMAE. Crecer a 4.0 % en medio de una economía mundial que desacelera es una noticia positiva; hacerlo sin perder de vista los riesgos inflacionarios, la dependencia energética y la fragilidad del contexto geopolítico es una obligación de Estado. La República Dominicana necesita seguir estimulando inversión, exportaciones, turismo y crédito productivo, pero también debe traducir este momento favorable en reformas que eleven productividad, fortalezcan la logística, profundicen la digitalización, mejoren el capital humano y reduzcan vulnerabilidades externas.

En definitiva, el 4.0 % del primer cuatrimestre de 2026 vale más de lo que dice el número. Vale porque se produce cuando el mundo se desacelera. Vale porque se sostiene en varios sectores y no en uno solo. Vale porque muestra que la economía dominicana conserva reflejos, confianza e iniciativa aun bajo presión. Pero, sobre todo, vale porque plantea una responsabilidad: no administrar este desempeño como una victoria retórica, sino como una oportunidad estratégica. Los países no se hacen prósperos por crecer un trimestre; se hacen prósperos cuando convierten cada episodio de resiliencia en una plataforma de transformación. Y ese, precisamente, es el próximo paso que la República Dominicana no debe posponer.

Luis Orlando Díaz Vólquez
#GuasábaraEditor

Miércoles 27 de mayo de 2026

 



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📈 Miércoles 27 de mayo de 2026

📈🇩🇴 Crecer en la tormenta también es una forma de liderazgo económico. La República Dominicana registró un crecimiento promedio de 4.0 % entre enero y abril de 2026, mientras que en abril la expansión interanual fue de 3.8 %, por encima del 1.7 % observado en abril de 2025. Más que una cifra, es una señal de fortaleza estructural en medio de un contexto internacional marcado por incertidumbre, tensiones geopolíticas y mayores costos energéticos. [bancentral.gov.do], [diariolibre.com], [imf.org], [documents....ldbank.org]

⛏️🏗️🏭🌴 El dato adquiere mayor valor porque el crecimiento no descansó en un solo sector: avanzaron la minería (10.7 %), la construcción (4.6 %), la manufactura de zonas francas (3.7 %), la manufactura local (3.6 %) y los servicios (4.4 %), con destaque para servicios financieros (6.2 %) y hoteles, bares y restaurantes (5.9 %). Cuando una economía logra sostenerse con varios motores al mismo tiempo, demuestra resiliencia real y capacidad de adaptación. [bancentral.gov.do], [diariolibre.com]

⚠️🌍 Pero la verdadera prueba empieza ahora: no basta con resistir, hay que transformar. En un mundo donde el FMI proyecta un crecimiento global de apenas 3.1 % en 2026 y el Banco Mundial advierte sobre un fuerte choque energético por la crisis en Medio Oriente, el reto dominicano es convertir esta resiliencia en productividad, competitividad y estabilidad duradera. Ese debe ser el próximo paso. [imf.org], [documents....ldbank.org]

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