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domingo, 23 de agosto de 2026

Japón no es revanchismo: es una democracia que reclama su derecho a defenderse

 

Japón no es revanchismo: es una democracia que reclama su derecho a defenderse

A la luz de la democracia occidental: soberanía, disuasión y orden internacional en el Indo-Pacífico de 2026

Por Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor


Resumen

Este ensayo de opinión geopolítica examina el giro estratégico de Japón bajo el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi y refuta la tesis —promovida por Moscú y Pekín— de que dicho giro constituye una forma de "revanchismo" o de retorno al militarismo imperial. Desde el marco normativo de la democracia occidental, se argumenta que las decisiones japonesas en materia de defensa (aumento presupuestario, adquisición de capacidades de contraataque, debate sobre los principios antinucleares y eventual reforma del artículo 9 constitucional) responden a procedimientos democráticos, gozan de mandato electoral y se ajustan al derecho de legítima defensa reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El texto sostiene que la etiqueta de "revanchismo" opera como una construcción retórica destinada a deslegitimar la respuesta defensiva de un Estado democrático frente a un entorno de seguridad deteriorado por sus propios acusadores.

Palabras clave: Japón, seguridad internacional, Indo-Pacífico, disuasión, democracia, Kuriles, Senkaku, orden liberal.


Introducción

En la gramática de la propaganda existe una figura tan antigua como eficaz: la inversión del sujeto y el predicado morales. Consiste en atribuir al agredido los rasgos del agresor, y al que se defiende, la intención del que ataca. El relato que hoy retrata a Tokio como heredero del militarismo imperial de la primera mitad del siglo XX es un ejemplo de manual de esa operación semántica. Lo que Moscú y Pekín califican de "revanchismo" es, examinado con rigor, la respuesta legítima de una democracia consolidada a un entorno de seguridad que ellos mismos han deteriorado.

Conviene empezar por lo esencial, porque el titular del "aliado clave que apuesta por el rearme" descansa precisamente sobre esa operación: se toma cada decisión soberana de una democracia parlamentaria —aprobar un presupuesto, debatir su Constitución, protestar por la ocupación de un territorio— y se la reviste con el vocabulario de 1937. Pero el Japón de 2026 no es el Imperio que invadió Manchuria; es una de las mayores economías del planeta, un actor internacional confiable y una democracia madura cuyo giro en defensa fue votado en las urnas, no impuesto por casta militar alguna. El propósito de este ensayo es demostrar, a la luz de los valores de la democracia occidental, que la remilitarización controlada de Japón no es una recaída revanchista, sino un ejercicio de soberanía defensiva plenamente compatible con el orden internacional de posguerra que sus críticos dicen defender.


El mandato democrático como fundamento de legitimidad

La primera distinción que desmonta la tesis del revanchismo es de naturaleza procedimental. En las autocracias, la política de defensa emana de un núcleo de poder cerrado; en las democracias, se somete al escrutinio del electorado y al control parlamentario. En febrero de 2026 el Partido Liberal Democrático (PLD) de Sanae Takaichi obtuvo 316 escaños en una victoria histórica, y el bloque gobernante alcanzó una posición de dominio legislativo con el respaldo explícito de un electorado que avaló el fortalecimiento de la seguridad nacional (Takenaka, 2026)¹. Llamar "revanchismo" al mandato de un pueblo es negarle a Tokio el derecho democrático que sí se reconoce a cualquier otra nación.

Resulta significativo que analistas del Council on Foreign Relations hayan subrayado que, en el ciclo electoral de 2026, lo llamativo no fue la polarización sobre la defensa, sino la ausencia de contención: por primera vez en décadas, se conformó un consenso transversal sobre las necesidades de seguridad del país, con prácticamente ninguna fuerza de oposición reclamando moderación en el gasto militar (Smith, Merow y Baylor, 2026)². Este dato es decisivo, porque erosiona la caricatura de una élite militarista que impone su agenda a una sociedad reticente. La deliberación japonesa ha sido, si acaso, más lenta que su entorno estratégico: como han advertido observadores del propio archipiélago, la política de defensa se ha acelerado mientras el debate público permanece rezagado, concentrado en la inflación y el costo de vida más que en la gran estrategia (Takahashi, 2026)³. Una nación que discute su seguridad en campaña electoral, con prensa libre y alternancia posible, no es una amenaza para el orden liberal: es su expresión.


Las Kuriles del Sur: el espejo de la inversión histórica

La disputa de las Kuriles del Sur es el espejo perfecto de esa inversión. Los llamados Territorios del Norte —Etorofu, Kunashiri, Shikotan y el grupo de las Habomai— quedaron delimitados como territorio japonés en el Tratado de Comercio, Navegación y Delimitación de 1855, pactado de forma completamente amistosa y pacífica, y nunca antes pertenecieron a potencia extranjera alguna (Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón [MOFA], 2026a)⁴. La historia jurídica es inequívoca: fue la Unión Soviética la que, violando el Pacto de Neutralidad soviético-japonés aún vigente, abrió hostilidades en los estertores de la Segunda Guerra Mundial y ocupó las cuatro islas entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre de 1945 —es decir, después de que Japón hubiera aceptado la Declaración de Potsdam— para luego incorporarlas unilateralmente sin base jurídica y deportar por la fuerza a unos 17.000 residentes japoneses (MOFA, 2026a)⁵.

No es dato menor que Estados Unidos haya respaldado de manera consistente la posición japonesa sobre estos territorios (MOFA, 2026a)⁶. La visita del presidente Vladímir Putin a la isla de Iturup en agosto de 2026 —la primera de un jefe de Estado ruso a la cadena disputada desde 2010— fue concebida como una señal de que Moscú considera su soberanía "no negociable" (Singla, 2026)⁷. Que el Kremlin invoque hoy la Carta de las Naciones Unidas y hable de "línea de la decencia" mientras sostiene una guerra de agresión contra Ucrania y utiliza esa visita como "bofetada" política a Tokio revela quién ejerce realmente el hecho consumado. La coherencia moral no puede ser selectiva: quien reclama el respeto a las fronteras en el Pacífico difícilmente puede vulnerarlas en Europa oriental sin incurrir en una contradicción performativa.


Las Senkaku: la cronología desmiente la coerción

Lo mismo ocurre con las islas Senkaku. Japón las incorporó a su territorio en enero de 1895, tras verificar cuidadosamente que constituían terra nullius —tierra sin dueño— sin rastro de control previo por parte de ningún Estado, mediante los procedimientos lícitos del derecho internacional de la época (MOFA, 2026b)⁸. El dato cronológico que desarma la narrativa de la "usurpación" es contundente: China no cuestionó esa soberanía durante aproximadamente 75 años, y solo comenzó a reclamarla en la primera mitad de la década de 1970, cuando estudios geológicos revelaron el potencial de reservas de hidrocarburos en el mar de China Oriental (MOFA, 2026b; Senkaku Islands dispute, 2026)⁹.

Presentar la expulsión de un pesquero japonés de aguas que Tokio administra efectivamente como si Japón fuera el intruso equivale a premiar la coerción. La documentación oficial es taxativa en sentido contrario: son los buques de la Guardia Costera china los que, de forma casi diaria desde 2012, penetran en la zona contigua y en el mar territorial en torno a las islas, en un patrón sostenido de intentos unilaterales de alterar el statu quo por la fuerza o la coacción (MOFA, 2026c)¹⁰. Cuando un Estado ejerce control administrativo pacífico durante más de un siglo y otro despliega guardacostas armados para desafiarlo, la carga de la prueba del revisionismo recae sobre el segundo, no sobre el primero.


El tabú nuclear: deliberación democrática, no rearme atómico

Ningún capítulo de la campaña de deslegitimación es más engañoso que el de la supuesta "nuclearización" de Japón. La precisión aquí es un deber intelectual: ningún dirigente japonés ha anunciado la adquisición de armas atómicas. Lo que el ministro de Defensa Shinjiro Koizumi solicitó fue debatir la cuestión "sin tabúes", invocando los precedentes de Francia —que reforzó sus capacidades nucleares— y de Finlandia tras la invasión rusa de Ucrania (Johnson, 2026)¹¹. El propio Gobierno mantiene formalmente su compromiso con los tres principios antinucleares —no fabricar, no poseer y no permitir el despliegue de armas nucleares—, respaldados por cerca del 75 % de la población según encuestas recientes (Johnson, 2026)¹².

Deliberar sobre la defensa en el único país que ha sufrido el ataque de armas atómicas, en Hiroshima y Nagasaki, con supervivientes (hibakusha) que protestan libremente y una prensa que critica con dureza al ministro, no es blanqueo del pasado: es democracia en ejercicio (Arimoto, 2026; The Asahi Shimbun, 2026)¹³. La reacción crítica del Asahi Shimbun y de treinta y dos organizaciones de supervivientes en Nagasaki demuestra que el sistema japonés conserva plenos contrapesos deliberativos, algo impensable en las autocracias que hoy señalan a Tokio con el dedo¹⁴. El debate, en democracia, no es sinónimo de decisión; es su antesala legítima.


El artículo 9 y el presupuesto: garantías, no aventurerismo

Otro tanto vale para el eventual cambio del artículo 9 de la Constitución. La primera ministra Takaichi ha manifestado su deseo de reconocer explícitamente a las Fuerzas de Autodefensa como organización militar legítima, pero cualquier reforma constitucional exige un procedimiento agravado: aprobación por dos tercios de ambas cámaras de la Dieta seguida de un referéndum nacional (Sato, 2026)¹⁵. Difícilmente existe un mecanismo más garantista y menos "militarista" que someter la definición de la defensa nacional al voto directo del pueblo soberano. La eventual revisión no derogaría la vocación pacífica del texto: la dotaría de precisión jurídica, terminando con la ambigüedad que durante décadas ha rodeado el estatuto legal de los militares japoneses.

En cuanto al gasto récord —que supera los 9 billones de yenes para 2026, con un incremento del orden del 9,4 % respecto al año anterior—, conviene enmarcarlo correctamente: apunta a la meta del 2 % del PIB, estándar compartido con los aliados de la OTAN, y choca de frente con el freno estructural de una deuda pública colosal que actúa como límite natural de cualquier expansión (Smith, Merow y Baylor, 2026; Takenaka, 2026)¹⁶. Un Estado que se rearma dentro de los parámetros de sus aliados democráticos y bajo la restricción de sus propias finanzas públicas no se comporta como una potencia revisionista, sino como un socio responsable que asume su parte de la carga colectiva.


¿Qué impulsa el giro? La respuesta está en el vecindario

La pregunta honesta no es por qué Japón se rearma, sino qué lo empuja a hacerlo. La respuesta está inscrita en su vecindario estratégico. El propio Libro Blanco de Defensa 2026 identifica a China como "el mayor desafío estratégico sin precedentes" y describe el momento como "la mayor prueba de la era de posguerra", en un entorno marcado por intentos unilaterales de alterar el statu quo por parte de Estados que no comparten valores universales (Rej, 2026)¹⁷. A ello se suman los ensayos misilísticos de Corea del Norte y la creciente alineación militar entre Pekín, Moscú y Pyongyang, un eje que ha transformado la periferia japonesa en uno de los teatros más tensos del planeta (Singla, 2026)¹⁸.

Aquí opera un principio elemental de la teoría de la disuasión y de la ética de la legítima defensa: una nación que renuncia para siempre a la guerra —como hace Japón en su Constitución— no está obligada a renunciar también a existir. El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas reconoce el derecho inmanente de legítima defensa individual y colectiva, y ningún principio del derecho internacional obliga a un Estado democrático a permanecer inerme frente a la coerción de sus vecinos. Japón no busca revancha: busca lo que cualquier Estado soberano reclama tras ocho décadas de pacifismo desarmado —la capacidad de defenderse dentro de la ley, con el aval de sus votantes y sin pedir permiso a quienes hoy redibujan por la fuerza el mapa de Eurasia.


Conclusión: la democracia occidental y el derecho a la disuasión

A la luz de los valores de la democracia occidental, la acusación de "revanchismo" no resiste el análisis. El revanchismo es una pulsión emocional que busca reparar una humillación mediante la fuerza; lo que Japón ejerce es un derecho procedimental, sometido a elecciones, parlamento, prensa libre y, en su caso, referéndum. Las cuatro piezas del expediente —Kuriles, Senkaku, principios antinucleares y artículo 9— comparten un denominador común: en todas ellas Tokio actúa dentro del derecho, mientras sus acusadores actúan dentro del hecho consumado.

La paradoja final es reveladora. Quienes exigen a Japón "quietud" en nombre del orden de posguerra son, precisamente, quienes más lo han erosionado: uno mediante una guerra de agresión en Europa; el otro mediante la coerción marítima sistemática en Asia. Defender el orden internacional liberal no consiste en pedir a las democracias que se desarmen frente a las autocracias, sino en garantizar que el uso de la fuerza permanezca sujeto al derecho y al consentimiento de los gobernados. Japón, al hacer exactamente eso, no traiciona el legado de 1945: lo honra. No es revanchismo. Es una democracia que reclama, con hechos y con derecho, su derecho a defenderse. Por un Indo-Pacífico libre, abierto y próspero.

Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor


Notas (estilo Chicago)

  1. Harukata Takenaka, "Takaichi's Security Agenda After the Landslide Election", Carnegie Endowment for International Peace, 19 de marzo de 2026, https://carnegieendowment.org/research/2026/03/takaichis-security-agenda-after-the-landslide-election.

  2. Sheila A. Smith, John E. Merow y Chris Baylor, "Japan's 2026 Election: National Security", Council on Foreign Relations, 6 de febrero de 2026, https://www.cfr.org/articles/japans-2026-election-national-security.

  3. Takahashi Kosuke, "Japan's Defense Policy Accelerates as Public Debate Lags Behind", The Diplomat, 4 de febrero de 2026, https://thediplomat.com/2026/02/japans-defense-policy-accelerates-as-public-debate-lags-behind/.

  4. Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, "Northern Territories Issue", consultado el 23 de agosto de 2026, https://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/territory/overview.html.

  5. Ibíd.

  6. Ibíd.

  7. Anmol Singla, "What Are the Disputed Kuril Islands That Putin Visited, Triggering Japan's Protest?", Firstpost, 13 de agosto de 2026, https://www.firstpost.com/explainers/what-are-disputed-kuril-islands-putin-visit-japan-protest-14037974.html.

  8. Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, "Situation of the Senkaku Islands", consultado el 23 de agosto de 2026, https://www.mofa.go.jp/a_o/c_m1/senkaku/page1we_000010.html.

  9. Ibíd.; "Senkaku Islands Dispute", Wikipedia, consultado el 23 de agosto de 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Senkaku_Islands_dispute.

  10. Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, "Trends in China Coast Guard and Other Vessels in the Waters Surrounding the Senkaku Islands, and Japan's Response", 4 de agosto de 2026, https://www.mofa.go.jp/region/page23e_000021.html.

  11. Jesse Johnson, "Japan 'Cannot Avoid' Nuclear Weapons Debate, Defense Chief Koizumi Says", The Japan Times, 19 de julio de 2026, reproducido en Nuclear-News, https://nuclear-news.net/2026/08/08/8-b1-japan-cannot-avoid-nuclear-weapons-debate-defense-chief-koizumi-says/.

  12. Ibíd.

  13. Takashi Arimoto, "Defense Minister Koizumi Calls for Nuclear Discussion Without Taboo", Japan Forward, 19 de agosto de 2026, https://japan-forward.com/koizumi-nuclear-debate-taboo-defense-minister/.

  14. "Koizumi's Call for Nuclear Debate 'Without Taboos' Triggers Backlash", The Asahi Shimbun, 5 de agosto de 2026, https://www.asahi.com/ajw/articles/16786411.

  15. Daisuke Sato, "Japan Pushes Constitutional Change to Recognize Military Forces", Defence Blog, 3 de febrero de 2026, https://defence-blog.com/japan-pushes-constitutional-change-to-recognize-military-forces/.

  16. Smith, Merow y Baylor, "Japan's 2026 Election"; Takenaka, "Takaichi's Security Agenda".

  17. Abhishek Rej [redacción MP-IDSA], "Assessing Japan's 2026 Defence White Paper", Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses, 21 de agosto de 2026, https://idsa.in/publisher/issuebrief/assessing-japans-2026-defence-white-paper.

  18. Singla, "What Are the Disputed Kuril Islands".


Referencias (estilo APA, 7.ª edición)

Arimoto, T. (2026, 19 de agosto). Defense Minister Koizumi calls for nuclear discussion without taboo. Japan Forward. https://japan-forward.com/koizumi-nuclear-debate-taboo-defense-minister/

Johnson, J. (2026, 19 de julio). Japan 'cannot avoid' nuclear weapons debate, defense chief Koizumi says. The Japan Times. https://nuclear-news.net/2026/08/08/8-b1-japan-cannot-avoid-nuclear-weapons-debate-defense-chief-koizumi-says/

Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. (2026a). Northern Territories issue. https://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/territory/overview.html

Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. (2026b). Situation of the Senkaku Islands. https://www.mofa.go.jp/a_o/c_m1/senkaku/page1we_000010.html

Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. (2026c). Trends in China Coast Guard and other vessels in the waters surrounding the Senkaku Islands, and Japan's response. https://www.mofa.go.jp/region/page23e_000021.html

Rej, A. (2026, 21 de agosto). Assessing Japan's 2026 Defence White Paper. Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses. https://idsa.in/publisher/issuebrief/assessing-japans-2026-defence-white-paper

Sato, D. (2026, 3 de febrero). Japan pushes constitutional change to recognize military forces. Defence Blog. https://defence-blog.com/japan-pushes-constitutional-change-to-recognize-military-forces/

Senkaku Islands dispute. (2026). En Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Senkaku_Islands_dispute

Singla, A. (2026, 13 de agosto). What are the disputed Kuril Islands that Putin visited, triggering Japan's protest? Firstpost. https://www.firstpost.com/explainers/what-are-disputed-kuril-islands-putin-visit-japan-protest-14037974.html

Smith, S. A., Merow, J. E., & Baylor, C. (2026, 6 de febrero). Japan's 2026 election: National security. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/articles/japans-2026-election-national-security

Takahashi, K. (2026, 4 de febrero). Japan's defense policy accelerates as public debate lags behind. The Diplomat. https://thediplomat.com/2026/02/japans-defense-policy-accelerates-as-public-debate-lags-behind/

The Asahi Shimbun. (2026, 5 de agosto). Koizumi's call for nuclear debate 'without taboos' triggers backlash. https://www.asahi.com/ajw/articles/16786411

Takenaka, H. (2026, 19 de marzo). Takaichi's security agenda after the landslide election. Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org/research/2026/03/takaichis-security-agenda-after-the-landslide-election


Japón no es revanchismo: es una democracia que reclama su derecho a defenderse

El relato que retrata a Tokio como heredero del militarismo imperial invierte la historia, la geografía y el derecho. Lo que Moscú y Pekín califican de "revanchismo" es, en rigor, la respuesta legítima de una democracia consolidada a un entorno de seguridad que ellos mismos han deteriorado.

Por Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor

Conviene empezar por lo esencial, porque el titular del "aliado clave que apuesta por el rearme" descansa sobre una operación semántica: se toma cada decisión soberana de una democracia parlamentaria —aprobar un presupuesto, debatir su Constitución, protestar por la ocupación de un territorio— y se la reviste con el vocabulario de 1937. Pero el Japón de 2026 no es el Imperio que invadió Manchuria; es una de las mayores economías del planeta, un actor internacional confiable y una democracia madura cuyo giro en defensa fue votado en las urnas, no impuesto por casta militar alguna. En febrero de 2026 el Partido Liberal Democrático de Sanae Takaichi obtuvo 316 escaños en una victoria histórica, con un electorado que respaldó explícitamente el fortalecimiento de la seguridad nacional. Llamar "revanchismo" al mandato de un pueblo es negarle a Tokio el derecho democrático que sí se reconoce a cualquier otra nación. [carnegieen...owment.org]

La disputa de las Kuriles del Sur es el espejo perfecto de esa inversión. Los llamados Territorios del Norte —Etorofu, Kunashiri, Shikotan y las Habomai— quedaron delimitados como territorio japonés en el Tratado de Comercio, Navegación y Delimitación de 1855, pactado de forma pacífica, y nunca antes pertenecieron a potencia extranjera alguna. Fue la Unión Soviética la que, violando el Pacto de Neutralidad aún vigente, abrió hostilidades en los estertores de la guerra y ocupó las cuatro islas entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre de 1945, cuando Japón ya había aceptado la Declaración de Potsdam; luego las incorporó unilateralmente sin base jurídica y deportó por la fuerza a unos 17.000 residentes. No es dato menor que Estados Unidos haya respaldado de manera consistente la posición japonesa. Que Moscú invoque hoy la Carta de la ONU y hable de "línea de la decencia" mientras sostiene una guerra de agresión en Ucrania y usa la visita de Putin a Iturup como "bofetada" política revela quién ejerce realmente el hecho consumado. [mofa.go.jp] [mofa.go.jp] [mofa.go.jp] [firstpost.com]

Lo mismo ocurre con las Senkaku. Japón las incorporó en enero de 1895, tras verificar que eran terra nullius sin control previo de ningún Estado, y China no cuestionó esa soberanía durante unos 75 años: solo lo hizo en los setenta, cuando asomó el potencial de hidrocarburos en el mar de China Oriental. Presentar la expulsión de un pesquero japonés de aguas que Tokio administra como si Japón fuera el intruso es premiar la coerción, cuando son los buques de la Guardia Costera china los que casi a diario intentan alterar por la fuerza el statu quo. [mofa.go.jp], [en.wikipedia.org] [mofa.go.jp]

También la supuesta nuclearización merece precisión. Ningún dirigente ha anunciado adquirir armas atómicas: el ministro Shinjiro Koizumi pidió debatir el tema "sin tabúes", invocando a Francia y Finlandia tras la invasión rusa, pero el Gobierno mantiene su compromiso con los tres principios antinucleares, respaldados por el 75 % de la población. Deliberar sobre defensa en el país que sufrió Hiroshima y Nagasaki, con hibakusha protestando libremente y prensa criticando al ministro, no es blanqueo del pasado: es democracia en ejercicio. Otro tanto vale para el artículo 9, cuya reforma exige dos tercios de ambas cámaras y un referéndum popular, el procedimiento más garantista imaginable. Y el gasto récord apunta a la meta aliada del 2 % del PIB, contra el freno estructural de una deuda pública colosal. [nuclear-news.net], [japan-forward.com] [asahi.com] [defence-blog.com] [cfr.org], [carnegieen...owment.org]

La pregunta honesta no es por qué Japón se rearma, sino qué lo empuja. La respuesta está en su vecindario: su propio Libro Blanco de Defensa 2026 señala a China como "el mayor desafío estratégico sin precedentes", junto a los ensayos misilísticos norcoreanos y la creciente alineación militar entre Pekín, Moscú y Pyongyang. Una nación que renuncia para siempre a la guerra no está obligada a renunciar también a existir. Japón no busca revancha: busca lo que cualquier Estado soberano reclama tras ocho décadas de pacifismo desarmado, la capacidad de defenderse dentro de la ley, con el aval de sus votantes y sin pedir permiso a quienes rediseñan por la fuerza el mapa de Eurasia. [idsa.in], [thediplomat.com]

Titular: Japón no es revanchismo: es una democracia que reclama su derecho a defenderse+++++++++++++++++++++

martes, 14 de julio de 2026

A 24 años de su muerte, el legado de Joaquín Balaguer sigue marcado por luces y sombras


A 24 años de su muerte, el legado de Joaquín Balaguer sigue marcado por luces y sombras

Santo Domingo, RD. 14 de julio de 2026.- A veinticuatro años del fallecimiento de Joaquín Balaguer, ocurrido el 14 de julio de 2002, su figura continúa ocupando un lugar central y controversial en la historia política dominicana. Seis veces presidente de la República, líder histórico del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y protagonista de momentos decisivos del siglo XX, Balaguer dejó una huella profunda en la vida institucional del país, aunque acompañada de fuertes cuestionamientos por denuncias de fraude electoral, persecución política y represión durante varios de sus gobiernos.

Balaguer falleció a los 96 años a causa de una insuficiencia cardíaca, cuando todavía conservaba una influencia significativa dentro del reformismo. En las elecciones presidenciales del año 2000, dos años antes de su muerte, volvió a ser candidato presidencial y obtuvo un 24.60 % de los votos, consolidando al PRSC como tercera fuerza política en ese momento. Esa participación fue considerada su última demostración de poder electoral y político.

Su trayectoria pública comenzó durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, período en el que ocupó diversas funciones gubernamentales. En 1960 llegó formalmente a la Presidencia de la República, en el tramo final del régimen trujillista. Tras la muerte de Trujillo en 1961 y luego de un período de exilio, regresó al país y fue electo presidente en 1966, en unas elecciones celebradas después de la Guerra de Abril de 1965 y la intervención militar estadounidense.

El primer ciclo de gobierno de Balaguer, conocido como “los doce años”, abarcó de 1966 a 1978. Durante ese período se impulsaron obras de infraestructura, políticas de desarrollo industrial, programas de vivienda y proyectos de reforma agraria. Sin embargo, también se registraron numerosas denuncias de persecución contra opositores, violaciones a derechos humanos y restricciones al ejercicio pleno de la democracia, señalamientos que han marcado la evaluación histórica de esa etapa.

Balaguer perdió el poder en 1978 frente a Antonio Guzmán Fernández, candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en un proceso que abrió paso a la alternancia democrática. Posteriormente fue derrotado nuevamente en 1982 por Salvador Jorge Blanco. No obstante, regresó a la Presidencia en 1986, beneficiado por divisiones internas del PRD y por el desgaste del gobierno perredeísta.

Su segundo gran ciclo de poder se extendió entre 1986 y 1996. En esos años, Balaguer volvió a ocupar el centro de la política nacional. Las elecciones de 1990 y 1994 estuvieron marcadas por estrechos márgenes de victoria y fuertes denuncias de fraude por parte de sus adversarios políticos, especialmente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del PRD. La crisis electoral de 1994 derivó en el denominado Pacto por la Democracia, mediante el cual se redujo su período presidencial a dos años y se reformó la Constitución para prohibir la reelección consecutiva e introducir la segunda vuelta electoral.

En 1996, Balaguer no fue candidato, pero desempeñó un papel decisivo al apoyar a Leonel Fernández y al PLD en la segunda vuelta electoral frente a José Francisco Peña Gómez, del PRD. Ese respaldo, conocido como el “Frente Patriótico”, modificó el escenario electoral y contribuyó al triunfo de Fernández. Cuatro años después, en 2000, Balaguer volvió a competir como candidato presidencial del PRSC, aunque sin posibilidades reales de retornar al poder.

Tras su muerte, el Partido Reformista Social Cristiano no logró construir un liderazgo con la misma fuerza electoral. Eduardo Estrella en 2004 y Amable Aristy Castro en 2008 fueron los últimos candidatos presidenciales propios del partido con presencia significativa, aunque ninguno alcanzó los niveles históricos obtenidos por Balaguer. Desde 2012, el PRSC ha optado mayormente por respaldar candidaturas de otras organizaciones políticas.

El legado de Joaquín Balaguer permanece dividido. Para sus simpatizantes, fue un estadista austero, constructor de obras públicas y defensor del orden institucional en momentos de alta tensión política. Para sus críticos, representa una etapa de autoritarismo, control político, denuncias de represión y procesos electorales cuestionados. Esa dualidad explica por qué, más de dos décadas después de su muerte, su nombre sigue generando debates intensos en la sociedad dominicana.

A 24 años de su fallecimiento, Balaguer continúa siendo una figura difícil de encasillar. Su influencia política, su prolongada permanencia en el poder y las controversias que rodearon sus gobiernos lo mantienen como uno de los personajes más estudiados, discutidos y polarizantes de la historia contemporánea de la República Dominicana.

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https://listindiario.com/la-republica/politica/20260714/24-anos-reformistas-aun-buscan-sustituira-balaguer_913786.html LEGADO DIVIDIDO 24 años después, los reformistas aún buscan quien sustituirá a Balaguer Al momento de su fallecimiento, Balaguer era una de las figuras más veneradas por la población dominicana; sin embargo, las acusaciones de fraude y los señalamientos de persecución y represión política lo convierten, de la misma forma, en una de las más repudiadas durante sus 24 años como Presidente de la República.

El fenecido expresidente Joaquín Balaguer (1906-2002) fue una figura central y controversial en la historia política de la República Dominicana.

  Javier FloresSanto Domingo, RD 14/07/2026 00:00 | Actualizado a 14/07/2026 00:00 El 14 de julio de 2002, a la edad de 96 años, Joaquín Balaguer fallecería en su casa fruto de una insuficiencia cardiaca. Aun acercándose a los 100 años de edad, Balaguer continuaba siendo el líder indiscutible del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y tan reciente como en las elecciones presidenciales del 2000 consolidó al partido rojo como tercera fuerza política al alcanzar un 24.60%, quedando solo un 0.34 detrás de Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Esos comicios del 2000 fue la última demostración de poder de Balaguer tanto dentro del reformismo como en el ámbito político nacional; entre 1966 y ese año 2000, el seis veces presidente de la República fue el candidato de parte del Partido Reformista en todas las elecciones realizadas en ese periodo (1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994 y 2000), a excepción del torneo de 1996.

¿Cómo se convirtió en el líder reformista? El hijo de Joaquín Balaguer Lespier y Carmen Cecilia Ricardo comenzó su carrera política dentro del entonces Partido Dominicano y bajo el manto del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Durante los 30 años del régimen, el nacido en el primer día de septiembre de 1906 en Santiago de los Caballeros ocupó varios puestos dentro del gabinete gubernamental, llegando, incluso, a “ocupar” el título de Presidente de la República en 1960 como uno de los jefes de Estado que eran “puestos” por el dictador en búsqueda de “legitimar” su régimen.

Foto de archivo de Joaquín Balaguer

Tras la muerte del tirano en mayo de 1961, al igual que la gran mayoría de los rostros que acompañaron al “jefe”, el mismo fue exiliado hacia los Estados Unidos. Balaguer retornaría al país justo después de que culminara la intervención norteamericana y el país preparándose para las elecciones presidenciales de 1966, el mismo fue postulado como se enfrentaría a Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quien ganó los comicios de 1962 pero fue derrocado solo meses después.

Los 12 años Tanto Bosch como los dirigentes del PRD alegaron recibir “constantes amenazas”, por lo que su campaña electoral se vio reducida a alocuciones y discursos radiales su campaña electoral por las “constantes amenazas”. Con esas circunstancias, Balaguer y los reformistas ganaron las elecciones el 57.66% de los votos a su favor contra un 39.04% obtenido por Bosch. En esos primeros cuatro, de los denominados 12 años, las denuncias de represión y persecución política contra los adversarios de Balaguer se comenzaron a acentuar y debido a esto, Bosch decidió que ni él ni el PRD participarían en las elecciones de 1970, debido a que “no existían las condiciones de llevar a cabo unas elecciones democráticas”. Con la Constitución de la Republica en la mano, el presidente Balaguer presta juramento para un nuevo periodo presidencial ante la Asamblea Nacional.

Con la Constitución de la Republica en la mano, el presidente Balaguer presta juramento para un nuevo periodo presidencial ante la Asamblea Nacional.Listín Diario/ García Valoy

La oposición a los reformistas vino de la mano de Francisco Lora, quien a pesar de ser el vicepresidente de Balaguer durante ese primer mandato se postuló como el candidato presidencial del Movimiento de Integración Democrática (MIDA), partido fundado por él tras “descontentos” con los reformistas y el propio Presidente de la República. En esas elecciones presidenciales, Balaguer y los colorados volverían a ganar la Presidencia de la República con 57.11% de los votos dejando en un lejano segundo lugar a Lora y el MIDA, quienes apenas alcanzaron un 20.37% de los sufragios emitidos. Durante el siguiente cuatreño, mientras desde el Gobierno se “enfocaban” en impulsar leyes para una reforma agraria y otra para estimular el desarrollo de la industria y fortalecimiento de las zonas francas, las denuncias de represión, violación de derechos se continuaron acentuando llegando al punto de que para las elecciones de 1974, la coalición de partidos que buscaba integrar el denominado “Acuerdo de Santiago”, entre ellos el PRD, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), un naciente PLD y otro, se abstuvo de participar citando que “no existían las condiciones democráticas necesarias”, según los reportes periodísticos de la época.

El presidente del Senado, Adriano Uribe Silva coloca la banda presidencial a Joaquín Balaguer.

El presidente del Senado, Adriano Uribe Silva coloca la banda presidencial a Joaquín Balaguer.Listín Diario

Las circunstancias dieron como resultado que Balaguer y los reformistas alcanzaran un 84.67%, siendo el máximo alcanzado por un candidato presidencial desde la caída de la dictadura de Trujillo a la fecha. Su único contrincante fue Luis Homero Lajara Burgos, del Partido Demócrata Popular (PDP).

El fin de los 12 años La primera derrota electoral de Balaguer llegaría en 1978 de la mano de Antonio Guzmán Fernández y el PRD. Guzmán Fernández sacó un 52.36% de los votos emitidos, mientras que el entonces saliente mandatario saldría con un segundo lugar y un 42.96%.

Traspaso de mando del extinto presidente Joaquín Balaguer al nuevo presidente electo, Antonio Guzmán, en el año 1978.

Traspaso de mando del extinto presidente Joaquín Balaguer al nuevo presidente electo, Antonio Guzmán, en el año 1978.Archivo Listín Diario

El PRD continuaría su buen ritmo, a pesar del suicidio de Guzmán Fernández y Salvador Jorge Blanco derrotaría también a un Balaguer que quedó terminó con un 39.20%, frente a un 46.70% del partido blanco.

10 años más Aprovechando la división del PRD en varias facciones, y el rechazo a la gestión de Gobierno de Jorge Blanco, los dominicanos volverían a elegir a Balaguer quien en unas cerradas elecciones terminó con 41.55% a su favor frente a un 39.49% obtenido por Jacobo Majluta y los perredeistas. El presidente saliente, Salvador Jorge Blanco felicita al presidente entrante, Joaquín Balaguer.

El presidente saliente, Salvador Jorge Blanco felicita al presidente entrante, Joaquín Balaguer.Listín Diario

Con su retorno a la cabeza del Poder Ejecutivo, las denuncias de abuso de poder volvieron a aparecer. Para las elecciones de 1990, a las cuales Balaguer se volvería a presentar como el candidato presidencial de los reformistas, los reportes periodísticos de la época indicaban que Bosch, quien se presentó como candidato presidencial del PLD denunció, señaló que se realizó un “fraude colosal” en su contra. Los reformistas alcanzaron un 35.05%, mientras que Bosch se quedó con un 33.79%, una distancia de solo 25,000 votos entre ambos. Con el país aun resistiendo los efectos de la crisis postelectoral, la República Dominicana se preparaba para las elecciones presidenciales de 1994 en donde un PRD encabezado por Peña Gómez eran los “favoritos” para ganar. Sin embargo, los resultados finales arrojaron otra cerrada victoria para Balaguer con un 42.29 % y 1,275,460 votos, aventajando solo por 22,281 a Peña Gómez quien se quedó con 1,253,179 sufragios a su favor y un 41.55%.

El presidente Joaquín Balaguer junto al vicepresidente, Carlos MoralesTroncoso.

El presidente Joaquín Balaguer junto al vicepresidente, Carlos Morales Troncoso.Listín Diario/ Napoleón Leraux

Pacto por la democracia Las acusaciones de fraude y el reclamo de la población dejaron al país al borde de otra “guerra civil” y en búsqueda de evadir esa situación tanto Balaguer como Peña Gómez se sentaron en la mesa de diálogo para trabajar en un acuerdo para alivianar la tensión nacional. Balaguer propuso continuar en la presidencia por los dos años siguientes, mientras que Peña Gómez sería designado vicepresidente y lo reemplazaría en 1996. De su lado, el líder del PRD en su contra oferta le daba la potestad a Balaguer para que gobernara por dos años y que después debía abandonar entonces la presidencia para permitir nuevas elecciones libres que estarían organizadas bajo una nueva Junta Central Electoral (JCE), sujeta a una nueva ley electoral, con estrictos controles y bajo supervisión internacional. Posteriormente, se realizó una modificación a la Constitución en donde se estableció que la reelección presidencial para un segundo término consecutivo quedaría prohibida. Y que para que resulte electo un presidente, un candidato debería obtener una votación de 45 por ciento más un voto. Si este no era el caso, tendría que realizarse una segunda vuelta. Balaguer aceptó el trato pero luego de una negociación con el PLD, el límite para obtener una victoria se aumentó a un 50 % + 1.

José Francisco Pena Gómez y Joaquín Balaguer en la firma del Pacto por la democracia

José Francisco Pena Gómez y Joaquín Balaguer en la firma del Pacto por la democraciaArchivo / Listín Diario

Los últimos pasos Como consecuencia de ese pacto, Balaguer no se presentaría como candidato presidencial en las elecciones de 1996, y Jacinto Peynado, quien fuera su vicepresidente en su último periodo, lo sustituiría en la boleta. Con Bosch cediendo la candidatura del PLD a Leonel Fernández y Balaguer ausente durante toda la campaña electoral, colocaban a Peña Gómez como el candidato a vencer. Los resultados de los comicios del 16 de mayo fueron los esperados, el PRD y Peña Gómez encabezaron las votaciones al obtener un 45.94%, aventajando por siente puntos porcentuales a Fernández y el PLD quienes sacaron un 38.93% de los votos. Peynado y el PRSC fueron víctimas del ausentismo de Balaguer, y apenas sacaron un 15%, siendo el porcentaje más bajo en su historia partidaria hasta ese momento. A pesar de esos resultados, Peña Gómez y Leonel irían a una segunda vuelta electoral debido a las nuevas estipulaciones establecidas en la entonces nueva Constitución. Balaguer volvería al escaparate público para apoyar a Fernández y en un acto multitudinario, con Bosch y el líder reformista sentados a un lado del otro, se anunció la firma del denominado “Frente Patriótico”.
Con los comicios de 1996 termina el antagonismo del PRSC y el PLD, con la conformación de un Frente Patriótico que presentó a Leonel Fernández como el candidato presidencial para enfrentarse, en una segunda vuelta electoral, a José Francisco Peña Gómez, candidato del PRD.

Con los comicios de 1996 termina el antagonismo del PRSC y el PLD, con la conformación de un Frente Patriótico que presentó a Leonel Fernández como el candidato presidencial para enfrentarse, en una segunda vuelta electoral, a José Francisco Peña Gómez, candidato del PRD.

"El camino malo está cerrado… cerrado definitivamente a la maldad y a la demagogia y abierto de par en par al patriotismo dominicano", fue la oración pronunciada por Balaguer al momento de levantarle las manos a Bosch y Fernández y sellando la alianza. El “Frente Patriótico” de inmediato en embarco en una campaña agresiva en contra de Peña Gómez, en donde le cuestionaron su dominicanidad. La estrategia funcionó y Fernández sobrepasó la ventaja que tenía en su contra para derrotar a Peña Gómez. Ese domingo 30, el PLD ganó una cerrada segunda vuelta, al obtener un millón 466,382 votos, contra un millón 394,641 sufragios del PRD. Volvería para las citadas elecciones del 2000 como candidato presidencial y su 24.60% lograron dividir el voto lo suficiente como para que Hipólito Mejía y el PRD sacaran 49.87%, indicando que se debería celebrar una segunda vuelta entre Mejía y Medina. Medina iría en búsqueda del apoyo de Balaguer y los reformistas, sin embargo, estos se negarían apoyar una nueva vez al PLD debido a que alegaron que los peledeístas no cumplieron con su parte del acuerdo logrado en 1996. La negativa llevo a Medina a reconocer la victoria de Mejía, lo que permitió que no se llevara a cabo una segunda vuelta electoral.

Un legado dividido Al momento de su fallecimiento, Balaguer era una de las figuras más veneradas por la población dominicana; sin embargo, las acusaciones de fraude y los señalamientos de persecución y represión política lo convierten, de la misma forma, en una de las más repudiadas durante sus 24 años como Presidente de la República. Funeral de Estado al expresidente Joaquín Balaguer, fallecido el 14 de julio de 2002.
Funeral de Estado al expresidente Joaquín Balaguer, fallecido el 14 de julio de 2002.

Funeral de Estado al expresidente Joaquín Balaguer, fallecido el 14 de julio de 2002.

De Balaguer… a Alofoke Tras el fallecimiento de Balaguer, el PRSC llevó a Eduardo Estrella (2004) y Amable Aristy (2008) como sus candidatos presidenciales en las próximas dos elecciones con ninguno sobrepasando el umbral del 10% votos. Con esos resultados en mente, desde las elecciones de 2012 a la fecha, el PRSC ha optado por utilizar su casilla electoral para apoyar a candidatos de otros partidos incluyendo a Medina, Luis Abinader (2016 y 2024) y Fernández (2020). Con Aristy Castro siendo el último candidato presidencial propio del PRSC, las autoridades del partido rojo se encuentran evaluando presentar a alguien fuera del ámbito político actual, como la persona que encabece su propuesta en el torneo electoral del 2028. Esa posición ha llevado a que el debate gire en torno a si Santiago Matías, empresario e influencer conocido como Alofoke, aceptará la nominación presidencial de ese partido.
Imagen tomada de una captura de pantalla de un audiovisual del PRSC en X

Imagen tomada de una captura de pantalla de un audiovisual del PRSC en XFuente Externa

Alofoke ha señalado en varias ocasiones que se encuentra sopesando la idea de presentarse como candidato presidencial de los reformistas, mientras que estos han defendido la posibilidad de la idea indicando que cualquiera que cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución de la República.

Avatar Javier Flores

https://listindiario.com/la-republica/politica/20260714/24-anos-reformistas-aun-buscan-sustituira-balaguer_913786.html

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Gobierno deja fuera el “hostigamiento laboral” en nuevo

Nuevo código penal | Gobierno deja fuera el “hostigamiento laboral” en nuevo

En la modificación del Ejecutivo, se implanta el solo en el ámbito educativo, formativo, deportivo, recreativo, de cuidado extracurricular o con ocasión de este; descartando el hostigamiento en el ámbito laboral o social.

    Senado de la República aprobó modificaciones al Código Penal.

    Senado de la República aprobó modificaciones al Código Penal.Fuente Externa

    Santo Domingo, RD | 13/07/2026 21:00 |  Audry Trinidad |

    La entrada en vigencia del Código Penal ha sido tema de debate en los últimos días debido a las quejas y cuestionamientos que han surgido sobre distintos artículos de la pieza que contienen definiciones imprecisas, términos ambiguos, y sanciones consideradas excesivas para delitos como la difamación e injuria.

    La entrada en vigencia del Código Penal ha sido tema de debate en los últimos días debido a las quejas y cuestionamientos que han surgido sobre distintos artículos de la pieza que contienen definiciones imprecisas, términos ambiguos, y sanciones consideradas excesivas para delitos como la difamación e injuria.

    En las recientes modificaciones sometidas por el Poder Ejecutivo al marco penal, se encuentra la del artículo 121, donde se eliminó la palabra "bullying" para sustituirla por el término “hostigamiento”, pero también elimina del artículo la penalidad por hostigamiento en el ámbito laboral o social, como estaba contenida de manera inicial.

    El Código Penal promulgado el pasado tres de agosto de 2025 establece que comete bullying (ahora hostigamiento) quien intimide, insulte, incurra en burlas, agresiones verbales, fomente exclusión o aislamiento en el ámbito educativo, laboral, social o cualquier otro, con el objetivo de avergonzar, denigrar, asustar, humillar, manipular a una persona o grupo.

    No obstante, en la modificación del Ejecutivo, se implanta el hostigamiento solo en el ámbito educativo, formativo, deportivo, recreativo, de cuidado extracurricular o con ocasión de este; descartando el hostigamiento en el ámbito laboral o social.

    “Comete hostigamiento quien, actuando individualmente o en concierto con otros, y de manera reiterada y sistemática, someta a una persona, en el ámbito educativo, formativo, deportivo, recreativo, de cuidado extracurricular o con ocasión de este, a actos de amenaza, intimidación, humillación, degradación, actos obscenos, deshonrosos, o deliberadamente excluyentes, mediante insultos, burlas degradantes, agresiones verbales graves o actos deliberados de aislamiento, cuando tales conductas sean capaces de menoscabar gravemente su integridad moral o afectar gravemente su normal desenvolvimiento personal”, instaura el texto.

    Las penas por hostigamiento se mantienen con 15 días a un año de prisión y multa de uno a dos salarios mínimos del sector público, y en caso de reincidencia con sanciones de uno a dos años de prisión menor, y multa de tres a seis salarios mínimos del sector público.

    En cuanto al hostigamiento agravado, cuando la víctima sea discapacitada física o psíquicamente, será castigado con dos a cinco años de prisión y una multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público. Si el hostigamiento lleva a un niño o adolescente al suicidio, el autor será sancionado con cinco o 10 años de prisión.

    El artículo 123 que cambia el nombre de “cyberbullying” por hostigamiento cibernético, también fue modificado, por lo que ahora limita su aplicación a ámbitos determinados como en educativo, formativo, deportivo, recreativo, de cuidado extracurricular. De igual forma, no menciona el ámbito laboral.

    Asimismo, la nueva reforma al este artículo no sanciona la difusión de fotografías, videos o información íntima o personal en plataformas digitales, conducta que aparecía en primera instancia.

    ACOSO LABORAL

    Las penas por acoso agravado, contenida en el artículo 144, fueron aumentadas hasta un máximo de dos a cinco años de prisión y un multa de nueve a quince salarios públicos.

    El apartado implanta que estas penas serán aplicables cuando el acoso se lleve a cabo en el marco de una relación laboral, educativa o formativa de la víctima.

    Además, si víctima y el agresor compartan espacios comunes; si la víctima y el agresor tengan o hayan tenido una relación de pareja, sean o hayan sido convivientes o cónyuges, o en caso de que se trate de un niño, adolescente o adulto mayor con discapacidad. 

    De igual forma, el Código Penal condena el acoso sexual en contextos laborales en el artículo 145. 

    Audry Trinidad https://listindiario.com/la-republica/congreso/20260713/gobierno-deja-fuera-hostigamiento-laboral-nuevo-codigo-penal_913770.html

    Código Penal y hostigamiento laboral: una omisión que debilita la protección de la dignidad humana

    Excluir el hostigamiento laboral y social de la tipificación penal reduce el alcance protector de la reforma, deja zonas grises en espacios donde también se destruye la integridad moral de las personas y obliga al país a debatir si la modernización penal puede avanzar sin mirar de frente las violencias cotidianas del mundo del trabajo.

    Por Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor

    La discusión sobre el nuevo Código Penal dominicano ha entrado en una fase decisiva, no solo por la sensibilidad jurídica de sus artículos, sino por el impacto humano, social e institucional que tendrá sobre la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Una legislación penal moderna no se mide únicamente por la severidad de sus sanciones ni por la actualización de sus términos; se mide, sobre todo, por su capacidad de proteger bienes fundamentales como la dignidad, la integridad moral, la libertad, la seguridad personal y el derecho de toda persona a desenvolverse sin miedo en los espacios donde estudia, trabaja, convive o participa socialmente.

    En ese contexto, la decisión de limitar la figura del “hostigamiento” al ámbito educativo, formativo, deportivo, recreativo o extracurricular, dejando fuera expresamente el ámbito laboral y social, constituye una omisión de alto calado. Según lo reportado por Listín Diario, las modificaciones sometidas por el Poder Ejecutivo sustituyen el término “bullying” por “hostigamiento”, pero restringen su aplicación a espacios determinados, excluyendo el hostigamiento laboral o social que sí aparecía en la redacción inicial. [listindiario.com]

    El problema no es meramente semántico. Cambiar “bullying” por “hostigamiento” puede ser jurídicamente razonable si se busca utilizar una expresión más amplia, clara y compatible con el lenguaje normativo dominicano. Pero reducir su alcance puede terminar debilitando la protección que el propio concepto pretende ofrecer. Si el hostigamiento consiste en actos reiterados y sistemáticos de humillación, amenaza, degradación, insultos, burlas graves, exclusión deliberada o aislamiento capaces de afectar la integridad moral de una persona, resulta difícil justificar que esas conductas sean penalmente relevantes en un aula, un club deportivo o un espacio formativo, pero pierdan fuerza jurídica cuando ocurren en una oficina, una fábrica, una institución pública, un comercio, un gremio, una comunidad o un entorno social.

    El lugar donde ocurre la agresión no debería disminuir la gravedad del daño. Una persona humillada de manera constante en su centro de trabajo puede sufrir consecuencias tan severas como quien padece hostigamiento en un espacio educativo. El deterioro emocional, la pérdida de autoestima, el miedo, la ansiedad, el aislamiento, la afectación del rendimiento, la renuncia forzada, el deterioro de la salud mental y, en casos extremos, las tragedias personales, no son realidades exclusivas de la niñez, la adolescencia o la etapa formativa. También ocurren en el mundo adulto, especialmente en relaciones laborales marcadas por jerarquías, dependencia económica y temor a represalias.

    El ámbito laboral es uno de los espacios donde más poder se concentra y donde más difícil resulta para una víctima defenderse. Quien depende de un salario, de una evaluación de desempeño, de una promoción, de la permanencia en su puesto o de la recomendación de un superior, puede soportar durante meses o años conductas degradantes por miedo a perder su sustento. En ese escenario, el hostigamiento no es una simple fricción interpersonal ni un conflicto menor entre compañeros. Puede convertirse en una forma sostenida de violencia psicológica, disciplinamiento abusivo o expulsión encubierta.

    El Código Penal no debe confundirse con un manual de relaciones humanas ni con un reglamento interno de empresas e instituciones. No toda tensión laboral debe ser penalizada, ni todo desacuerdo debe convertirse en delito. Pero cuando las conductas son reiteradas, sistemáticas, objetivamente degradantes y capaces de menoscabar gravemente la integridad moral de una persona, el Estado no puede mirar hacia otro lado. La frontera entre la convivencia difícil y el hostigamiento punible debe ser clara, estricta y garantista; pero esa frontera no debe construirse mediante la exclusión total del ámbito laboral.

    Es cierto que la reforma mantiene previsiones sobre acoso agravado y acoso sexual en contextos laborales. Sin embargo, acoso sexual, acoso agravado y hostigamiento laboral no son figuras idénticas. Una persona puede ser víctima de hostigamiento psicológico sostenido sin que exista necesariamente una connotación sexual. Puede ser ridiculizada, aislada, descalificada, intimidada, sobrecargada deliberadamente, expuesta al escarnio o sometida a actos degradantes por razones de poder, represalia, discriminación, rivalidad o abuso jerárquico. Si la ley no reconoce con precisión esa realidad, deja un vacío que afectará principalmente a quienes menos herramientas tienen para defenderse.

    La exclusión también resulta preocupante desde una perspectiva institucional. República Dominicana necesita fortalecer una cultura laboral basada en respeto, productividad, meritocracia y salud organizacional. El hostigamiento no solo destruye personas; también erosiona instituciones, reduce eficiencia, promueve la rotación laboral, alimenta la conflictividad y convierte los espacios de trabajo en territorios de miedo. Un país que aspira a modernizar su economía, atraer inversión, fortalecer servicios públicos y elevar la calidad del empleo no puede tolerar ambientes laborales donde la dignidad humana dependa del carácter de un superior o de la indiferencia de una estructura administrativa.

    La legislación penal, por supuesto, debe evitar excesos. También debe impedir que figuras amplias sean utilizadas para criminalizar conflictos ordinarios, opiniones incómodas, críticas legítimas o decisiones administrativas. Pero la respuesta a ese riesgo no debe ser la eliminación del ámbito laboral, sino una redacción más precisa. El legislador puede establecer requisitos rigurosos: reiteración, sistematicidad, gravedad objetiva, afectación demostrable de la integridad moral, intención o conocimiento del daño, y exclusión expresa de actos legítimos de supervisión, evaluación, disciplina o dirección laboral cuando sean proporcionales y no degradantes. Eso permitiría proteger a las víctimas sin abrir la puerta a abusos interpretativos.

    La reforma penal dominicana ha sido cuestionada por definiciones ambiguas, sanciones discutibles y artículos que podrían afectar derechos fundamentales si no se formulan con suficiente precisión. Precisamente por eso, el debate actual debe servir para corregir, no para reducir garantías. La madurez democrática se expresa cuando el poder escucha, revisa, ajusta y mejora. Una ley penal no debe aprobarse como trofeo político ni imponerse por cansancio legislativo. Debe ser una arquitectura jurídica cuidadosamente diseñada, porque sus efectos recaerán sobre la libertad, la reputación, la convivencia y la justicia.

    El hostigamiento laboral no es una moda conceptual ni una exageración importada. Es una realidad silenciosa que muchas personas padecen en soledad. A veces no deja moretones visibles, pero destruye lentamente la tranquilidad, la salud emocional y el sentido de pertenencia de quienes lo sufren. Si el Estado reconoce que la humillación sistemática puede ser punible en determinados espacios, debe explicar por qué no lo sería en aquellos donde los adultos pasan buena parte de su vida y de donde depende su estabilidad económica.

    El nuevo Código Penal tiene la oportunidad de convertirse en una herramienta de modernización jurídica y protección efectiva de derechos. Pero para lograrlo necesita coherencia. No puede proteger la dignidad de manera fragmentada. No puede reconocer el daño moral causado por el hostigamiento y, al mismo tiempo, dejar fuera escenarios donde ese daño ocurre con frecuencia. No puede limitar la defensa de la persona a ciertos espacios institucionales mientras abandona otros bajo el argumento de que existen vías administrativas, laborales o civiles. Hay conductas cuya gravedad exige una respuesta integral del ordenamiento jurídico.

    La discusión debe continuar con responsabilidad, sin alarmismo, pero también sin indiferencia. El Congreso, el Poder Ejecutivo, los juristas, los sindicatos, las empresas, las universidades, las organizaciones sociales y la ciudadanía tienen ante sí una pregunta de fondo: ¿quiere el país un Código Penal que nombre las nuevas formas de violencia o uno que las deje escondidas detrás de vacíos normativos?

    La dignidad humana no termina en la puerta del aula ni comienza únicamente en el ámbito educativo. También se defiende en el trabajo, en la comunidad, en la vida social y en cada espacio donde una persona pueda ser sometida de manera reiterada a humillación, degradación o intimidación. Si el nuevo Código Penal aspira a ser verdaderamente moderno, no debe dejar sin respuesta una forma de violencia que, aunque muchas veces invisible, tiene consecuencias profundamente reales.

    Influencers, polarización y periodismo militante: la disputa por la verdad en la esfera pública digital

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    Influencers, polarización y periodismo militante: la disputa por la verdad en la esfera pública digital

    Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor

    Resumen | La expansión de influencers, streamers, creadores de contenido político y plataformas algorítmicas ha transformado profundamente el ecosistema informativo contemporáneo. Este paper analiza cómo la migración del debate público hacia entornos digitales ha modificado la relación entre ciudadanía, medios tradicionales, actores políticos y productores no profesionales de información. A partir del caso latinoamericano y de los datos recientes del Digital News Report 2026 y del informe Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2026 del Reuters Institute, se examinan tres fenómenos convergentes: la erosión de la confianza en los medios, el crecimiento de contenidos parcializados y la normalización de la violencia verbal en línea. E
    l análisis sostiene que el problema central no radica en la existencia de nuevos comunicadores digitales, sino en la sustitución del método periodístico por prácticas de activismo, propaganda, espectáculo emocional y desinformación algorítmica. Frente a este escenario, se plantea que la supervivencia democrática del periodismo dependerá de su capacidad para recuperar legitimidad pública mediante rigor, transparencia, innovación narrativa, independencia editorial, alfabetización mediática y defensa de la información verificada como bien público.

    Palabras clave: periodismo digital, influencers, polarización, desinformación, inteligencia artificial, confianza pública, democracia, América Latina.


    Introducción

    La transformación tecnológica de la comunicación pública ha producido una reconfiguración acelerada del periodismo, de la política y de la circulación social de la verdad. Lo que antes estaba mediado fundamentalmente por periódicos, radio, televisión, agencias informativas y periodistas profesionales, hoy se distribuye a través de plataformas digitales, redes sociales, canales de video, pódcast, transmisiones en vivo, aplicaciones de mensajería, motores de búsqueda con inteligencia artificial y comunidades algorítmicas altamente fragmentadas. En ese nuevo entorno, la autoridad informativa ya no depende exclusivamente de la credibilidad institucional de un medio, sino también de la cercanía emocional, la visibilidad digital, la capacidad de viralización y la identidad simbólica que determinados actores construyen con sus audiencias.

    El artículo publicado por Listín Diario bajo el título “Influencers, polarización y el periodismo militante” plantea con claridad esta nueva realidad: los cambios tecnológicos y la expansión de nuevos actores han generado contenidos parcializados, violencia verbal y una degradación del debate público en línea. El texto señala que el llamado Informe Sombra registró 182 alertas de violencia digital, entre ellas hackeos, doxxing y uso de inteligencia artificial para campañas difamatorias. Más allá del dato cuantitativo, el fenómeno más profundo consiste en la transformación de la relación entre audiencias y productores de información, así como en la proliferación de creadores de contenido con agendas políticas o ideológicas explícitas. [reutersins...s.ox.ac.uk]

    Este fenómeno no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una crisis más amplia de intermediación democrática. Los medios tradicionales pierden centralidad; las plataformas digitales capturan la distribución; los influencers disputan legitimidad; los gobiernos y actores políticos reducen la mediación periodística; la inteligencia artificial automatiza la producción de contenido; y las audiencias, saturadas por el ruido, oscilan entre la indignación, la desconfianza y la evasión informativa. El Digital News Report 2026 del Reuters Institute documenta esa transformación al indicar que, por primera vez, las redes sociales y plataformas de video son, en promedio global, más populares que la televisión y los sitios web o aplicaciones de noticias como fuentes de información. [newscaststudio.com]

    La pregunta central, por tanto, no es si el periodismo tradicional puede volver al pasado. No puede. La cuestión estratégica es si puede adaptarse sin perder su esencia. En otras palabras: si puede hablar los lenguajes de la época digital sin renunciar al método periodístico, a la verificación de los hechos, al contraste de fuentes, a la independencia editorial y a la responsabilidad pública. Este paper sostiene que el periodismo enfrenta una disputa civilizatoria: o reconstruye su legitimidad como institución democrática en medio del ruido digital, o será desplazado progresivamente por un ecosistema donde la emoción, la tribu, la propaganda y la manipulación ocupen el lugar de la información verificada.

    La esfera pública digital y la mutación de la autoridad informativa

    La esfera pública contemporánea ya no se estructura únicamente en torno a medios profesionales ni a instituciones formales de deliberación. La ciudadanía conversa, se informa, discute, se indigna y toma posición política en espacios digitales diseñados prioritariamente para maximizar atención, permanencia, reacción emocional y rentabilidad publicitaria. Esa arquitectura técnica afecta la calidad del debate democrático porque premia la intensidad sobre la precisión, la velocidad sobre la verificación y la identidad tribal sobre la deliberación racional.

    El Reuters Institute enfatiza en su Digital News Report 2026 que existe una creciente “plataformización” del consumo de noticias. Las audiencias se mueven hacia redes sociales, video y, de manera emergente, sistemas de inteligencia artificial generativa como nuevos accesos a la información. Al mismo tiempo, persisten preocupaciones crecientes sobre confianza, desinformación e impacto de las plataformas en el ecosistema noticioso. [newscaststudio.com]

    En esa nueva esfera pública, los influencers y streamers construyen legitimidad de una forma distinta a los medios tradicionales. Su autoridad no depende necesariamente de la verificación documental, de una sala de redacción, de editores responsables ni de códigos de ética profesionales. Depende, sobre todo, de la percepción de autenticidad, cercanía, espontaneidad y comunidad. La audiencia siente que no escucha a una institución distante, sino a una persona “real”, con lenguaje coloquial, emociones visibles y una identidad compartida.

    Esta cercanía tiene valor democrático cuando permite incorporar voces excluidas, narrativas territoriales, experiencias ciudadanas y formas creativas de explicación pública. Sin embargo, también puede convertirse en una fuente de vulnerabilidad cuando esa confianza emocional es utilizada para difundir propaganda, simplificaciones extremas, ataques personales, campañas coordinadas o desinformación. El Reuters Institute ha identificado que el 27% de los usuarios obtiene noticias de creadores especializados en información y que el 46% recibe información de algún tipo de creador digital, aunque esos actores son percibidos como menos confiables e imparciales que los medios tradicionales. [reutersins...s.ox.ac.uk]

    La mutación es profunda: el periodismo tradicional se basaba en la mediación institucional; el nuevo ecosistema privilegia la intermediación personal. Antes importaba la cabecera del periódico, la marca televisiva o la trayectoria de una redacción. Ahora, muchas audiencias siguen a individuos que interpretan la realidad desde una mezcla de opinión, entretenimiento, identidad política y emocionalidad. El resultado es una crisis del criterio público: la popularidad comienza a confundirse con autoridad, la viralidad con verdad y la lealtad de audiencia con legitimidad democrática.

    Periodismo militante, activismo e impugnación del disenso

    Uno de los conceptos más relevantes del debate es el de “periodismo militante”. La expresión describe una práctica comunicacional en la que la búsqueda de la verdad queda subordinada a la defensa de una causa política, ideológica, partidaria o identitaria. No se trata simplemente de periodismo de opinión, que es legítimo y necesario en sociedades abiertas. El problema aparece cuando el contenido se presenta como información mientras opera como propaganda; cuando se ocultan premisas ideológicas; cuando se seleccionan hechos de manera interesada; y cuando se impugna moralmente a quien piensa distinto.

    El artículo de Listín Diario recoge una advertencia de Dessein sobre cómo, en Argentina, el rol que ocupó el periodismo militante durante el kirchnerismo habría sido reemplazado por influencers militantes, fenómeno que, según su observación, se extiende a distintos países y promueve un falso debate basado en la impugnación de todo pensamiento contrario. [reutersins...s.ox.ac.uk]

    Esta degradación tiene consecuencias democráticas graves. La democracia no exige unanimidad; exige reglas para tramitar civilizadamente el conflicto. Cuando el debate público se convierte en una guerra permanente de descalificación, la ciudadanía pierde capacidad de escuchar, matizar, rectificar y deliberar. La discrepancia deja de ser parte natural de la vida democrática y pasa a ser tratada como amenaza existencial. Esa dinámica alimenta la polarización afectiva: no solo se rechazan ideas, sino también personas, grupos y comunidades enteras.

    La reflexión citada de Salazar Zimmermann resulta particularmente pertinente: ser objetivo no equivale a ser tibio. En un ecosistema dominado por algoritmos que premian la exageración y el grito, la búsqueda de equilibrio, contraste y complejidad puede ser interpretada como debilidad. Pero esa interpretación es profundamente dañina. La objetividad no es ausencia de valores; es disciplina metodológica. No significa negar injusticias ni evitar posiciones editoriales, sino distinguir entre hecho, interpretación, opinión y propaganda.

    El activismo tiene una función legítima en la sociedad civil. Puede visibilizar causas, movilizar comunidades y presionar por cambios. Pero no debe confundirse con periodismo. El activista busca favorecer una agenda; el periodista busca establecer hechos verificables y ofrecer contexto para que la ciudadanía forme criterio. Cuando ambas funciones se mezclan sin transparencia, se produce una pérdida de confianza: el ciudadano ya no sabe si está recibiendo información, opinión, propaganda o entretenimiento político.

    Polarización algorítmica y violencia verbal

    La polarización contemporánea no surge solo de diferencias ideológicas. También es amplificada por el diseño de las plataformas. Los algoritmos priorizan contenidos que generan interacción intensa: indignación, miedo, burla, rabia, escándalo, sorpresa. En consecuencia, los discursos más estridentes suelen obtener mayor alcance que las explicaciones matizadas. La arquitectura digital recompensa el conflicto permanente.

    El problema se agrava cuando la violencia simbólica se normaliza como estilo comunicacional. Insultos, burlas, campañas de descrédito, amenazas, apodos degradantes y ataques coordinados se vuelven parte de la conversación cotidiana. En América Latina, donde la cultura política ya arrastra fragilidades institucionales, desigualdades sociales y tensiones históricas, la violencia verbal digital puede trasladarse rápidamente a formas de intimidación, persecución o silenciamiento.

    El caso descrito por Listín Diario, con 182 alertas de violencia digital relacionadas con hackeos, doxxing e inteligencia artificial para campañas difamatorias, muestra que la violencia en línea no es un fenómeno abstracto. Tiene víctimas, costos personales y efectos inhibidores sobre la participación pública. [reutersins...s.ox.ac.uk]

    Este proceso afecta especialmente al periodismo. Los periodistas que investigan corrupción, crimen organizado, abuso de poder, desigualdad, violencia o campañas políticas pueden enfrentar acoso digital organizado. La violencia verbal no solo busca desacreditar una información; busca intimidar a quien informa. Esta estrategia tiene un efecto disciplinador: reduce la disposición a investigar temas sensibles y promueve la autocensura.

    En una democracia saludable, la crítica al periodismo es legítima y necesaria. Los medios deben ser cuestionados, corregidos y fiscalizados. Pero una cosa es la crítica ciudadana y otra la violencia digital organizada. Una cosa es pedir rigor y otra destruir reputaciones mediante mentiras. Una cosa es debatir ideas y otra convertir la esfera pública en un territorio de hostilidad permanente.

    Inteligencia artificial, “AI Slop” y crisis de visibilidad

    La inteligencia artificial generativa introduce una nueva dimensión en la crisis informativa. Su potencial productivo es enorme: puede apoyar análisis de datos, traducción, depuración documental, automatización de tareas repetitivas, identificación de patrones y personalización de contenidos. Sin embargo, también incrementa la capacidad de producir desinformación a escala, fabricar imágenes falsas, crear audios sintéticos, generar textos engañosos y saturar el ecosistema con contenido de baja calidad.

    El informe Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2026, citado por la Federación Internacional de Periodistas, plantea que los medios enfrentan dos fuerzas simultáneas: por un lado, los motores de respuesta basados en inteligencia artificial, que pueden desviar audiencias antes de que lleguen a los sitios de noticias; por otro, la economía de creadores, que captura atención y confianza mediante formatos personalizados. [listindiario.com]

    La amenaza del “cero clic” es especialmente delicada. Si los motores de búsqueda y asistentes de IA responden directamente las preguntas del usuario utilizando información producida por medios, pero sin dirigir tráfico hacia las fuentes originales, se erosiona el modelo financiero del periodismo. Según el análisis citado por la IFJ sobre el informe del Reuters Institute, las organizaciones noticiosas prevén una caída importante en las referencias provenientes de buscadores durante los próximos años. [listindiario.com]

    Al mismo tiempo, la proliferación de contenido sintético o “AI Slop” reduce la calidad general del ecosistema. Cuando la red se llena de textos, imágenes, videos y sitios generados automáticamente, la información verificada pierde visibilidad frente a volúmenes masivos de contenido barato, optimizado para captar clics o manipular tendencias. Este fenómeno obliga a los medios a diferenciarse mediante aquello que la IA no puede replicar plenamente: reportería en terreno, investigación original, criterio editorial, presencia humana, conocimiento contextual y responsabilidad ética.

    La respuesta estratégica no debe ser rechazar la IA, sino gobernarla editorialmente. Los medios deben desarrollar políticas claras sobre uso de inteligencia artificial, etiquetado de contenidos, verificación humana, protección de fuentes, derechos de autor y trazabilidad. La IA puede ser una herramienta del periodismo, pero no debe sustituir el juicio periodístico.

    Evasión informativa, desconfianza y fatiga ciudadana

    Uno de los efectos más preocupantes del ecosistema actual es la evasión informativa. Cuando las audiencias perciben que las noticias son demasiado negativas, conflictivas, manipuladas o emocionalmente agotadoras, optan por desconectarse. Esta desconexión no fortalece la democracia; la debilita, porque deja a los ciudadanos menos preparados para comprender decisiones públicas, evaluar liderazgos, exigir rendición de cuentas y resistir manipulación.

    El Digital News Report 2026 registra que la confianza promedio en las noticias se sitúa en 37% a nivel global, mientras la preocupación por la desinformación en línea alcanza al 62% de los encuestados. También muestra un aumento de la evasión de noticias y una caída del interés intenso por la información en diferentes mercados. [gijn.org]

    La Federación Internacional de Periodistas, al comentar el informe, subraya que la confianza en las noticias se encuentra en niveles bajos y que el consumo informativo se desplaza hacia redes sociales y plataformas de video, las cuales se han convertido en fuentes principales de noticias para amplios segmentos de la población. [listindiario.com]

    La desconfianza no surge de la nada. Parte de ella responde a errores reales del periodismo: sesgos, dependencia económica, espectacularización, cobertura superficial, falta de diversidad, desconexión territorial y confusión entre información y opinión. Pero otra parte es alimentada por actores interesados en debilitar a la prensa para reducir la fiscalización pública. En ese sentido, recuperar la confianza exige autocrítica interna y defensa externa de la libertad de prensa.

    Agenda estratégica para medios tradicionales

    Los medios tradicionales deben asumir que su autoridad ya no está garantizada por trayectoria o marca. En la era digital, la legitimidad debe demostrarse diariamente. Para adaptarse, deben combinar rigor clásico con innovación contemporánea.

    Primero, deben apostar por periodismo distintivo: investigaciones originales, reportería territorial, análisis de profundidad, periodismo de datos, verificación de discurso público y narrativas humanas. La IFJ señala que, frente a la automatización, los editores planean reforzar investigaciones originales, análisis contextual, video y audio como formatos más resistentes a la mercantilización algorítmica. [listindiario.com]

    Segundo, deben reconstruir comunidad. El medio no puede ser únicamente emisor; debe escuchar, responder, explicar y transparentar. La audiencia contemporánea exige cercanía, pero esa cercanía no debe confundirse con complacencia. El periodismo debe ser accesible sin volverse banal; humano sin volverse propagandístico; narrativo sin sacrificar precisión.

    Tercero, deben diferenciar claramente noticia, análisis, opinión, publicidad y contenido patrocinado. Gran parte de la desconfianza nace cuando el ciudadano no sabe qué está leyendo. La transparencia editorial es una forma de pedagogía democrática.

    Cuarto, deben desarrollar una ética robusta frente a la inteligencia artificial. Todo contenido generado o asistido por IA que pueda afectar la interpretación pública debe pasar por revisión humana. Además, los medios deben defender derechos de autor, propiedad intelectual y remuneración justa por el uso de sus contenidos en sistemas automatizados.

    Quinto, deben formar periodistas con capacidades híbridas: investigación clásica, análisis de datos, verificación digital, seguridad informática, comprensión algorítmica, producción audiovisual, escritura explicativa y enfoque ético.

    El papel de los gobiernos: regular sin censurar

    Los gobiernos tienen responsabilidad en la protección del ecosistema informativo, pero deben actuar con límites democráticos estrictos. La regulación del periodismo digital no debe convertirse en un mecanismo para controlar contenidos, castigar críticas o imponer verdades oficiales. La historia latinoamericana demuestra que muchas veces el poder político invoca el orden, la seguridad o la lucha contra la desinformación para limitar libertades fundamentales.

    La política pública debe enfocarse en conductas verificablemente dañinas: violencia digital, amenazas, suplantación de identidad, difusión maliciosa de datos personales, campañas coordinadas de manipulación, publicidad política encubierta, uso fraudulento de IA y opacidad en financiamiento de propaganda digital. El artículo de Listín Diario evidencia que hackeos, doxxing y campañas difamatorias con inteligencia artificial ya forman parte del nuevo mapa de riesgos informativos. [reutersins...s.ox.ac.uk]

    Los Estados también deben exigir mayor transparencia a las plataformas: reglas claras sobre moderación, trazabilidad de publicidad política, mecanismos de apelación, acceso a datos para investigación académica independiente y medidas contra redes coordinadas de desinformación. Pero esa regulación debe estar sometida a control judicial, participación de sociedad civil, estándares internacionales de derechos humanos y garantías de libertad de prensa.

    La alfabetización mediática debe ser política de Estado. No basta con perseguir desinformación después de que circula; hay que formar ciudadanos capaces de identificar fuentes confiables, distinguir hechos de opinión, verificar imágenes, reconocer manipulación emocional y entender cómo funcionan los algoritmos.

    Recuperar confianza: el nuevo capital del periodismo

    La confianza será el recurso estratégico del periodismo en el siglo XXI. Sin confianza, no hay sostenibilidad económica, influencia pública ni legitimidad democrática. Pero la confianza no se decreta; se construye mediante coherencia.

    Los medios deben corregir errores de manera visible, explicar sus procesos, publicar metodologías, transparentar conflictos de interés, diversificar fuentes y evitar la dependencia excesiva de filtraciones interesadas. También deben incomodar a todos los poderes, no solo a los adversarios ideológicos de su línea editorial. Un periodismo selectivo puede ser rentable en el corto plazo, pero destruye credibilidad en el largo plazo.

    La confianza también requiere humildad. Los medios deben reconocer que ya no monopolizan la conversación pública. Deben colaborar con verificadores, universidades, organizaciones cívicas, periodistas independientes y comunidades digitales responsables. La defensa del periodismo no puede ser corporativa; debe ser democrática.

    Conclusión

    La expansión de influencers, streamers, creadores políticos, inteligencia artificial y plataformas algorítmicas no representa simplemente una transformación tecnológica. Representa una disputa por la autoridad pública, por la verdad socialmente aceptada y por la calidad misma de la democracia. El problema no es que existan nuevos actores comunicacionales. El problema es que muchos de ellos ocupan funciones informativas sin asumir responsabilidades informativas.

    El periodismo profesional atraviesa una crisis real, pero también una oportunidad histórica. Si logra diferenciarse mediante rigor, humanidad, transparencia, innovación y servicio público, puede recuperar centralidad. Si intenta competir con el ruido en los términos del ruido, perderá su razón de ser.

    La democracia necesita libertad de expresión, pluralidad digital y nuevas voces. Pero también necesita información verificada, memoria institucional, investigación independiente y medios capaces de fiscalizar al poder. En medio de la polarización, la violencia verbal y la manipulación algorítmica, el periodismo no debe ser militancia disfrazada ni espectáculo emocional. Debe ser una disciplina pública de búsqueda de verdad.

    La supervivencia del periodismo dependerá de una convicción esencial: informar no es gritar más fuerte, sino iluminar mejor. Y en una época donde la mentira puede viralizarse en segundos, la verdad necesita método, coraje, instituciones y ciudadanía dispuesta a defenderla.

    Referencias

    Federación Internacional de Periodistas. (2026, junio 18). Reuters Digital News Report 2026: Key takeaways for newsrooms and journalists’ unions. https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/ai/article/reuters-digital-news-report-2026-key-takeaways-for-newsrooms-and-journalists-unions

    Federación Internacional de Periodistas. (2026). Reuters digital report 2026: Journalism’s pivot – navigating the AI and creators squeeze. https://www.ifj.org/media-centre/blog/detail/article/reuters-digital-report-2026-journalisms-pivot-navigating-the-ai-and-creators-squeeze

    Listín Diario. (2026, julio 14). Influencers, polarización y el periodismo militante. https://listindiario.com/la-republica/20260714/influencers-polarizacion-periodismo-militante_913780.html

    Reuters Institute for the Study of Journalism. (2026). Digital News Report 2026. University of Oxford. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2026

    Reuters Institute for the Study of Journalism. (2026, junio 16). Overview and key findings of the 2026 Digital News Report. University of Oxford. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2026/dnr-executive-summary

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